Judiciales
Sufría violencia económica y psicológica de parte de su hijo y nuera
La Defensa Pública logró recuperar parte del patrimonio del señor.
Durante una visita de rutina de la Defensa Pública a un hogar para adultos y adultas mayores, un residente pudo trasmitir sus preocupaciones respecto al manejo de propiedades y dinero de su pertenencia, que administraban, por una cuestión de confianza y cariño, uno de sus hijos y su nuera.
A raíz de un trabajo integral del defensor que asumió la representación del señor y de la defensora que asistió a la pareja involucrada, la Defensa Pública logró recuperar parte del patrimonio del señor.
Eran los primeros días de marzo y entre las tareas que realizan los y las defensoras se encuentra la de recorrer los lugares de gestión pública y privada donde se alojan a adultos/as mayores. En ese contexto, se llevan a cabo entrevistas con las personas residentes respecto de la alimentación que reciben, la atención médica, la medicación que deben tomar, los hábitos de higiene que se les deben facilitar, las actividades lúdicas, visitas de sus familiares. Además, se concreta un recorrido por los espacios, las habitaciones, los baños, la cocina, se consulta acerca de los alimentos que pueden o deben ingerir, el personal necesario por cantidad de residentes.
Así fue que el señor describió situaciones que la mirada especializada del defensor identificó como graves episodios de violencia económica y psicológica «En el relato, el adulto mayor contó que lo primero que hicieron su hijo y su nuera fue trasladarlo de su localidad de origen a la ciudad donde ellos vivían. Refirió que lo obligaron a vender su casa junto a sus muebles y que con ese dinero armaron un plazo fijo pero que desconoce el monto del mismo. Describió que le quitaron su celular, la billetera con las tarjetas de débito y crédito. Además que tenía una camioneta, que seguramente la pareja estuviera utilizando por supuesto que sin su consentimiento», explicó el defensor que representa al hombre.
«El señor nos solicitó residir de manera permanente en el hogar, ya que allí estaba contento y sentía que lo cuidaban muy bien, pero sobretodo insistió en que no quería regresar a vivir con su hijo ni su nuera», agregó el representante del Ministerio Público de la Defensa.
¿Cuál es la intervención de la Defensa Pública?
«Surge de los hechos relatados en forma palmaria, uno de los tipos de violencia en el ámbito de las relaciones familiares establecidas en la Ley 3040, la violencia económica y psicológica, donde mi cliente resulta ser víctima de su hijo y su nuera. Por ello solicitamos la inmediata devolución de las tarjetas bancarias, el celular, el vehículo, el manejo de su pensión jubilatoria, como también pedimos la aplicación de la medida cautelar de prohibición de acercamiento y la inmediata traba de cuentas bancarias para que no se pudiera retirar más dinero», explicó el defensor.
El hijo y la nuera fueron asistidos por la Defensa Pública y gracias a dicha intervención se ha logrado restituir los bienes objetos del reclamo judicial.
De esta manera, el señor tiene en su poder, varias de las cuestiones reclamadas, que tras la constatación de que la pareja «utilizaba los bienes del señor como propios, y habían violentado la confianza que él tenía sobre su propio hijo, es que de a poco y con constante diálogo entre las partes y entre los abogados, logramos que en escaso tiempo el señor volviera a tener sus pertenencias», dijo la defensora.
Argumentos jurídicos para sostener el pedido
Argentina ha rectificado en el año 2003 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude expresamente a los y las adultas mayores.
En el Artículo 9 establece que «toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez a fin de llevar una vida digna y decorosa». Además el Artículo 17 instituye que «toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad y constriñe a los Estados parte a adoptar medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica».
Esto en concordancia con la Ley 3040, también las Reglas de Brasilia en su punto 2 sección 2 dice «el envejecimiento puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia».
¿Dónde puedo dirigirme si necesito ayuda con una temática similar?
Tenés que acercarte al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) más cercano a tu casa, conocé dónde quedan: https://ministeriopublico.jusrionegro.gov.ar/asesoria_legal_def.php.
Judiciales
El STJ anuló la prescripción y confirmó la orden de captura para Chechile
En 2012 fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión pero nunca cumplió la pena. Fue el responsable del siniestro vial que dejó como víctima fatal a la joven Paola Acuña.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, quien fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones. La víctima fatal fue Paola Acuña, de Roca.
Chechile fue condenado en 2012 por el entonces Juzgado Correccional N° 14, pero evadió la justicia después de que la sentencia fue confirmada. Permanece prófugo desde 2014. A lo largo de estos años se llevaron a cabo múltiples intentos de captura, sin éxito. En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.
El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.
El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que «el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza».
En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial. La orden de captura y la declaración de rebeldía de Chechile continúan vigentes.
Entre sus fundamentos, el STJ citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitan «severamente el derecho a la jurisdicción del imputado prófugo o rebelde». Esa limitación se basa en la contradicción de que una persona reclame un beneficio ante la misma autoridad que ha desconocido con sus propias acciones, es decir, con su voluntad de mantenerse prófugo. «Quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción», precisó.
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Una joven estudiante universitaria denunció a un martillero y dueño de una inmobiliaria por abuso sexual
La víctima se encontraba en el departamento de un amigo que le había pedido si podía atender al encargado de su alquiler porque él no iba a estar. Allí se habría producido el ataque.
Una joven estudiante universitaria de 20 años radicó una denuncia por abuso sexual en contra de un martillero público y dueño de una inmobiliaria radicada en General Roca, por un hecho que habría tenido lugar el martes (15/10) al mediodía.
Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), el hecho ocurrió en el departamento de un amigo de ella, quien le había pedido el favor de que se acercara a esperar al martillero ya que él debía salir. El sujeto que luego terminó denunciado, tenía que asistir al lugar con un plomero que iba a hacer una reparación.
En ese momento, el titular de la inmobiliaria, habría aprovechado la situación para abusar de la joven. Según consta en la denuncia policial, el hombre habría tocado a la estudiante, violentando sus derechos e intentando besarla. También habría cometido acoso verbal. Usando todas sus fuerzas, la denunciante pudo escapar y encerrarse en una habitación.
Una vez que el martillero abandonó la vivienda, la víctima pudo contarle al plomero, que había llegado unos minutos antes, lo que había sucedido. Este trabajador afirmó haber tenido experiencias similares previas de relatos de personas respecto al agente inmobiliario. Según contó, el denunciado ya habría tenido actitudes inapropiadas con otras mujeres en el pasado.
Ante estos hechos, la joven radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, donde se inició una investigación. La fiscal interviniente ordenó tomar declaración testimonial a la víctima, al amigo y al plomero, como así también se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar al denunciado.
Este medio de comunicación se resguarda la identidad de la persona denunciada, ya que cómo establece la ley, hasta tanto se realice la formulación de cargos, no se pueden dar nombres.
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La intervención del Poder Judicial le permitió a una madre obtener su DNI y acceder a derechos familiares
El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal.
La intervención de una trabajadora social del Poder Judicial permitió a una madre de Cipolletti obtener su DNI. El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal. En la partida de nacimiento del adolescente estaban los datos de la mujer aunque se consignaba: «DNI no posee».
Una jueza de Cipolletti resolvió un pedido de rectificación de partida de nacimiento solicitado por la madre de un adolescente. La mujer inició la acción luego de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no poseía al momento de inscribir el nacimiento de su hijo. En esa instancia, contó con el acompañamiento de una trabajadora social del Poder Judicial.
Luego contó con el patrocinio de una defensora pública que, en su presentación, explicó que al no contar con DNI en la partida de nacimiento se dejó constancia de que «no posee» en el apartado correspondiente al número de documento. A partir del fallecimiento del padre del joven, quien hasta ese momento ejercía los derechos sobre sus hijos, la madre gestionó y obtuvo su DNI. Esto la llevó a solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo para incluir sus datos completos y poder acceder a derechos como las asignaciones familiares.
Según se consignó en la demanda, antes de que falleciera el marido, la mujer no creía en la necesidad de tener DNI. Aunque todos los derechos derivados, no sólo del hijo, sino de ella iban a quedar inconclusos por no tener documento.
La solicitud planteó que, además de añadir el número de DNI, debía corregirse el nombre de la progenitora en el acta, ya que faltaban datos.
Como el niño nació en Buenos Aires intervino la Dirección del Registro de esa provincia. Desde el organismo se dictaminó que la jueza de Familia de Cipolletti podía ordenar la rectificación solicitada. Asimismo, la Fiscalía expresó su acuerdo con la medida. Consideró que no existían objeciones para llevarla a cabo y que los motivos eran justificados.
Sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 26.413, que regula las inscripciones en los Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la jueza decidió hacer lugar a la solicitud. Se ordenó rectificar la partida de nacimiento e incorporar el número de DNI de la madre además de completar su nombre de forma correcta.
