Judiciales
Más dilataciones para la causa Ipross: El inicio del juicio se aplazó al 8 de junio
Se debe a la imposibilidad de uno de los imputados de contar con su defensa, ya que el abogado está enfermo.
La causa por la estafa millonaria a la obra social provincial, Ipross, ingresaba hoy (jueves 18/5) en la etapa de juicio, pero hubo un aplazamiento hasta el 8 de junio.
De este modo el expediente por uno de los hechos más resonantes de los últimos años en Río Negro sufre otra dilación, que se suma a lo sucedido en numerosas audiencias.
Los imputados son Raúl Mascaró, Fabio Caffaratti y Rodolfo Mastandrea. Se los acusa del delito de estafa reiterada, agravada por cometerse contra la administración pública, considerando que los hechos se cometieron en concurso real. La ex auditora Sandra Fasano se encuentra en este momento con dificultades de salud y por ende fuera del proceso.
La reprogramación del juicio se debe a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa técnica adecuada de uno de los tres hombres imputados, atento a los problemas de salud que está atravesando su abogado defensor particular, indicaron desde el Poder Judicial.
Los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido y la jueza Laura Pérez, quienes integran el Tribunal de Juicio, rechazaron la posibilidad de iniciar este jueves el debate sólo con respecto a los otros dos imputados y de excluir al tercero para un futuro juicio.
Se definitió que la ausencia por razones de salud del abogado defensor “se encuentra suficientemente justificada” a partir de la información que brindó en la audiencia su médico de cabecera. En función de ese diagnóstico, el Tribunal explicó “el derecho del imputado a contar con el letrado que lo ha asistido durante la etapa previa, y cuenta con una estrategia de defensa ya acordada y definida a esta altura del proceso”.
De todas maneras, el Tribunal puso una fecha límite para comenzar el debate, definiendo un plazo para que el imputado pueda completar su defensa técnica.
Cabe mencionar que el derecho a la defensa en juicio es una de las principales garantías del debido proceso que establece la Constitución Nacional para cualquier persona imputada.
“Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”, dice el artículo 18 de la Carta Magna.
La resolución definió, entonces, otorgar al imputado “un plazo que se estima prudencial y que compatibiliza el interés de todas las partes hasta el día 8 de junio de 2023 a las 8.30 hs, oportunidad en que se dará inicio a la audiencia de debate”. Ese día deberá comenzar el juicio con su actual defensor particular, si así lo permite su estado de salud, más un co-defensor de su confianza “a fin de cubrir cualquier tipo de eventualidad a lo largo de todo el juicio”, todo ello “bajo apercibimiento de designarle un Defensor Oficial”.
Se trata del juicio por la estafa millonaria a la obra social provincial, que se vio perjudicada en alrededor de70.020.552,39 aproximadamente, de acuerdo a los datos del sistema informático Xarion y Xelion que usa el Colegio de Farmacéuticos.
El monto de la estafa se divide del siguiente modo:
$ 6.220.592,43 (Farmacia Fasano);
$ 30.386.591,28 (Farmacia Tucumán);
$ 14.056.807,59 (Farmacia Santa Teresita);
$ 17.115.765,04 (Farmacia Araucana-Jacobacci)
$ 2.240.796,05 (Farmacia Farmacentro).
Además como prueba de la acusación se cuentan las numerosas recetas de medicamentos de los planes Epilepsia y Diabetes presentadas en la denuncia inicial del legajo, como también las requeridas a IPROSS por la Fiscalía, y que fueron peritadas. Las mismas tuvieron que ser rastreadas por la obra social y entregar las versiones físicas.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Judiciales
Negó ser el padre, murió durante el juicio y una prueba de ADN confirmó la paternidad
Antes de su fallecimiento, los progenitores habían firmado un acuerdo sobre distintos aspectos, entre ellos el nombre con el que quedaría inscripta la niña.
La búsqueda de una madre por la identidad de su hija comenzó con una respuesta negativa. Cuando la niña tenía cuatro meses, la mujer le comunicó al hombre con quien había mantenido una relación que era el padre. Él rechazó esa posibilidad. Le dijo que tenía un problema orgánico que le impedía tener hijos. Con ese argumento, no asumió la paternidad.
Frente a esa negativa, la mujer inició un recorrido para que su hija tuviera reconocida su identidad y su vínculo paterno. Recurrió al Poder Judicial y, en representación de la niña, promovió una acción de filiación. De esta manera, el fuero de Familia de Villa Regina ordenó una prueba genética para determinar si existía el vínculo biológico.
Antes de que el proceso llegara a una sentencia, el hombre falleció. La mujer informó su muerte en y presentó el acta de defunción. También acompañó un acuerdo que ambos habían firmado unos meses antes. Allí habían establecido, entre otras cuestiones, el nombre con el cual quedaría inscripta la niña.
Durante el trámite judicial se ordenó una extracción de muestras y el análisis molecular de ADN. La pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro determinó una probabilidad de vínculo biológico de paternidad superior al 99,99998 por ciento. El resultado no recibió objeciones de las partes.
El fallecimiento del hombre no impidió que el expediente continuara. Se suspendió la tramitación y se citó a sus herederos. Luego se ordenó la publicación de edictos y, ante la eventual existencia de sucesores, se designó un Defensor de Ausentes. La Defensoría Oficial asumió esa representación. Antes de la sentencia, el Defensor de Menores e Incapaces dictaminó que correspondía hacer lugar a la acción de filiación.
Con la prueba genética como elemento central, el fuero de Familia tuvo por acreditado que el hombre era el progenitor biológico de la niña. La sentencia destacó el valor de este tipo de estudios para establecer la denominada verdad biológica y señaló que el resultado obtenido aportaba una certeza casi absoluta sobre la paternidad.
El fallo también hizo lugar a la incorporación del apellido paterno. De acuerdo con lo que los progenitores habían pactado antes del fallecimiento del hombre, la niña llevará un apellido compuesto, primero el materno y luego el paterno.
La jueza ordenó librar oficio y testimonio al Registro Civil para que se modifique la inscripción correspondiente y dispuso que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado.
