Sociedad
EdERSA solicitó un incremento de más del 12% en sus tarifas
«Para una familia tipo, importa un incremento mensual de $745, sin impuestos», aseguró en audiencia pública el subgerente General de la distribuidora, Jorge Agnelli.
Se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre mayo del año pasado hasta la actualidad.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti y puede verse nuevamente en el siguiente link: https://bit.ly/3WBoQbv
La propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que por los plazos administrativos la pretensión de la distribuidora comprende todo el período posterior a la última autorización del organismo que conduce. En rigor, indicó que se analizará desde mayo de 2022 hasta marzo 2023. «Se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico», advirtió.
También contó que el proceso de revisión también incluye la contemplación en la tarifa para afrontar el adelantamiento una serie de obras definidas como prioritarias por la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro. «Ello implica una modificación del Plan de Inversiones Especiales vigente con el fin de reemplazar las obras previstas en el tercer año identificadas como Interconexión El Cuy – Cerro Policía por otra obra cuyo propósito es abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre, así como mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico a esa última localidad», detalló.
Tipping aclaró que se exigirá que la valorización de las inversiones sea resuelta en una compulsa pública, por lo que el costo definitivo surgirá de ese proceso, que estará a cargo de EdERSA. De igual modo, anticipó que cumplir con ese paso no será suficiente sino que «antes de su adjudicación, se deberá realizar una audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto».
El secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, fue quien explicó los pormenores del adelantamiento de las inversiones. «Es una de las tres obras que consideramos de carácter estratégico en el Plan de Inversiones Especiales y, como tal, cuentan con un sistema de aprobación y seguimiento. Una fue la Línea de 33 kV que une la zona céntrica de Cipolletti con Balsa Las Perlas, que se está ejecutando y se prevé inaugurar antes de fin de año. La segunda fue una línea para abastecer El Cuy y Cerro Policía; y la tercera, es una nueva línea de 13,2 kV que unirá Los Menucos con Sierra Colorada», describió.
«Solicitamos el cambio de la segunda de las obras por esta línea de 33 kV, por dos razones. La primera tiene que ver con el alto grado de avance que tiene una gestión para conseguir financiamiento externo para la vinculación de El Cuy y Cerro Policía, a partir de los beneficios ambientales que implica», reconoció Pérez. Además, enumeró una serie de reclamos que han recibido ante la imposibilidad de poner en producción el valle cercano al río ubicado entre General Conesa y Guardia Mitre. «Como consideramos que son obras de dimensiones similares e intercambiables, lo cual no debería tener un efecto tarifario», evaluó.
La posición de EdERSA
Luego, el subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación, José Cainelli, intervinieron en representación de la EdERSA y dieron los detalles técnicos de la obra analizada. Además, aludieron a las consecuencias para la empresa del proceso inflacionario acumulado desde que entró en vigencia la nueva tarifa el año pasado hasta marzo del corriente año.
Fue Agnelli, tras describir cómo se compone la tarifa y cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de un transformador de distribución en mayo del año pasado a 5.641 dólares y otro en marzo de este año, a 11.168 dólares oficiales. El incremento del precio en dólares adujo que es de 98% y de un 274% si se hace la conversión a pesos.
«La inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación del Índice de Precios Internos Mayoristas a Nivel General, elaborado por el INDEC», requirió.
El representante de EdERSA señaló que el efecto de la actualización solicitada sería del 12,4%, según las proyecciones que mostró, lo cual a nivel promedio y para una familia tipo, «importa un incremento mensual de $745, sin impuestos». Aunque no expuso qué tipo de consumo es el aludido en el ejemplo, también pidió considerar al momento del análisis, el aumento de los costos de abril de este año, que no habían sido incluidos en la presentación original.
El resto de las intervenciones
Luego llegó el turno de las personas que se anotaron como oradoras. En general, se trató de representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido y hubo una sola empresa que intervino en el cierre, en defensa de sus intereses como usuaria del servicio público de electricidad.
En primer término, lo hizo la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca, Miguel Grasso, quien fue crítico y rechazó un ajuste por inflación ya que «no existe actividad económica que goce de semejante beneficio porque es imposible trasladar el aumento de costos linealmente a precios». De igual modo, manifestó su oposición a adelantar fondos para obras de infraestructura porque, según dijo, lo prohíbe la Ley N° 2902. Debería financiarse por otras vías, deslizó, como recursos propios u otros que puede gestionar la Provincia como el FEDEI (Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior).
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, inició su participación señalando que se están discutiendo temas que no considera sean de interés de los usuarios. «Todos los usuarios no pueden hacerse cargo de las obras de infraestructura del sistema eléctrico en los lugares más alejados, ya que no tienen nada que ver con el uso. Para eso están los fondos públicos de la Provincia y de la Nación, y así debe hacerse», entendió.
Otros oradores que se expresaron en términos similares fueron Walter Fiore, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados; Antonio D’Angelo, Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén: Sebastián Hernández, de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Marcela García, de la Asociacion Civil de Productores Alto Valle; y Silvano Pacher, de Química del Valle SRL.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Política
Río Negro achicará en un 60% los impuestos en servicios de luz y gas
Bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y se convertirá en una de las provincias con menor presión impositiva en los servicios.
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que propone un alivio directo en los servicios: se reduce en 60% la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas, lo que bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y ubicará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos.
La medida representa un ahorro anual de 6.300 millones de pesos para familias, comercios, pymes, industrias, productores y entidades sin fines de lucro. El impacto alcanza a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.
El proyecto reduce la alícuota aplicada a la distribución de electricidad y gas, que pasa de 2,5% a 1%, una disminución del 60% en este impuesto, determinado en función del consumo. Esto se traducirá en una baja directa en las boletas de todos los usuarios residenciales y productivos.
Es una decisión fiscalmente relevante, pero orientada a acompañar a las familias, aliviar el costo de los servicios y generar mejores condiciones para producir, trabajar y sostener la vida cotidiana en cada localidad.
En paralelo, la Ley Impositiva 2026 mantiene sin cambios todas las alícuotas de Ingresos Brutos vigentes este año, garantizando que los sectores productivos sigan tributando bajo las mismas reglas. «El objetivo es dar previsibilidad en un contexto de costos crecientes y recuperación lenta en comercios, industrias y servicios», destacó Weretilneck.
Roca
Controles de tránsito en Roca: 13 alcoholemias positivas y casi 200 infracciones en una semana
La ordenanza de Alcohol Cero establece multas de hasta 3 millones de pesos.
Como ocurre semanalmente en General Roca, los inspectores municipales de Tránsito realizaron controles en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de preservar la seguridad vial tanto en la zona urbana como en los sectores rurales. Los operativos se desarrollaron entre el lunes 24 y el domingo 30 de noviembre y arrojaron un total de 178 actas labradas, entre ellas 13 por alcoholemia positiva.
A raíz de estas infracciones, se procedió a la retención preventiva de 10 vehículos. Sumadas otras intervenciones por faltas diversas, se alcanzó un total de 27 vehículos secuestrados, de los cuales 17 fueron motocicletas y 10 automóviles. Entre las infracciones más frecuentes se destacaron la falta de licencia habilitante y la ausencia de seguro obligatorio.
Desde la Dirección de Tránsito recordaron que continúa vigente la Ordenanza N° 5020/23, que establece el régimen de Alcohol Cero al Volante, prohibiendo la conducción con cualquier nivel detectable de alcohol en sangre. La normativa considera esta falta como grave, con multas que van desde 1.000 a 3.000 USAM, equivalentes a entre $1.000.000 y $3.000.000 según la tarifaria vigente al 1 de diciembre de 2025, además de la posible inhabilitación de la licencia.
Las autoridades remarcaron que «el consumo de alcohol, incluso en cantidades reducidas, incrementa significativamente el riesgo de protagonizar siniestros viales». Señalaron que «conducir bajo los efectos del alcohol compromete la seguridad de todos los usuarios de la vía pública y no solo del conductor».
Por ello, se recomienda evitar el consumo previo a la conducción o designar un conductor responsable, a fin de garantizar la circulación segura en la ciudad.
Roca
Advierten por acumulación de residuos en la defensa aluvional Roca–Catini
Equipos técnicos realizaron inspecciones y limpieza en cauces, banquinas y canales, pero alertan que el uso indebido de la defensa como basural compromete su funcionamiento.
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), avanzó en nuevas tareas de inspección y mantenimiento del sistema de defensa aluvional Roca-Catini, del canal de trasvase y del canal de descarga, infraestructura clave para la prevención de eventos aluvionales en la región. Las acciones se desarrollaron durante el año y fueron reforzadas a fines de noviembre, con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
Los equipos técnicos realizaron limpiezas periódicas de banquinas, cauces y del canal de descarga, trabajos fundamentales para mantener la capacidad operativa de las obras. Sin embargo, las inspecciones detectaron un problema que afecta directamente la eficiencia del sistema: el uso de la defensa aluvional como depósito de residuos voluminosos y basura domiciliaria.
Desde el DPA señalaron que «esta práctica no solo incrementa los costos de mantenimiento, sino que además compromete la capacidad de respuesta ante lluvias intensas, ya que la obstrucción de los cauces dificulta el escurrimiento natural del agua».
En septiembre, equipos técnicos del organismo llevaron adelante un relevamiento topográfico y una inspección completa del sistema Roca-Catini. Ese trabajo permitió programar y ejecutar tareas de mantenimiento en diques, cauces y microdiques ubicados bajo la defensa; el desembanque de las torres de descarga en las defensas Roca y Catini; y la limpieza del último tramo del cauce hasta el puente canal sobre el Canal Principal de Riego del Alto Valle, donde nuevamente se detectó acumulación de basura.
Asimismo, en noviembre de 2024 se reforzaron las intervenciones con nuevas tareas de limpieza en banquinas y en el cauce del canal de descarga de la defensa Catini.
Todos los trabajos fueron realizados con equipos y personal técnico del DPA.
