La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.

«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.

En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.

«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.

El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».

De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».

Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».

«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.

Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.

El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.

«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.

«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.

«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.

El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, se reunió este lunes (250) en paritarias con representantes del gremio docente UnTER. El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo de Río Negro y en ella se dio continuidad a los diferentes temas que se estuvieron trabajando en la paritaria realizada el 8 de agosto.

Al finalizar el encuentro, desde el gremio docente calificaron como «paupérrima» la propuesta del Gobierno. Es que desde el Ministerio se ofreció una suma fija no remunerativa por agente pago por única vez de $20.000 con los haberes de septiembre. Esta propuesta se suma a la convenida en la paritaria de julio la cual consistió en una propuesta trimestral que consiste en un 1% para julio al básico más $20.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente; 1% para agosto más $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente, y 1% al básico + $10.000 con criterio FONID a liquidarse en el concepto Asignación Docente.

Además se había incorporado el pago de una suma fija no remunerativa a pagar por única vez por agente en complementaria la última semana de julio de $40.000.

«La propuesta salarial es paupérrima e insuficiente frente a la crítica situación económica que atravesamos los trabajadores de la educación. Los representantes del Gobierno llevaron como única oferta el pago de una suma fija no remunerativa y por agente de $20.000 para el mes de septiembre. Exigimos una nueva convocatoria con un ofrecimiento que dé respuestas a los requerimientos y necesidades de quienes sostenemos el sistema educativo», indicaron desde UnTER.

Asimismo, ratificaron su reclamo de «una recomposición que contemple la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, agravada por el impacto del aumento del dólar sobre los precios de los artículos de consumo, el costo de los alquileres y servicios básicos».

«El salario docente no puede seguir siendo una variable de ajuste, y resulta imprescindible que el Ministerio avance hacia una propuesta que dignifique nuestro trabajo, garantice condiciones laborales justas, y esté a la altura de la responsabilidad institucional y del compromiso que día a día demostramos los trabajadores en las aulas», concluyeron.