Gremios
Posible reforma de la Ley de alquileres: «Es un ejemplo de recorte de derechos»
En Argentina en la actualidad hay 9 millones de personas que no tienen vivienda propia y deben alquilar viviendas.

El tratamiento en el Congreso de la Nación de un proyecto de reforma de la ley de Alquileres, que obtuvo medio sanción en Diputados, sigue generando criticas especialmente entre quienes deben alquilar una propiedad.
Entre los aspectos centrales de las modificaciones resaltan el acortamiento en la duración de los contratos, que pasarán de los tres años actuales a dos e introduce otro cambio: indexaciones entre los cuatro y los 12 meses con porcentajes que se acordarán entre locadores y locatarios.
Nahuel Capobianco, referente de la Asociación de Inquilinos de Río Negro habló este lunes con el programa Ahí Vamos (radio La Super 96.3 lunes a viernes de 7 a 9) y expresó que la reforma «es un ejemplo de recorte de derechos» y una cuestión netamente «económica».
«Hoy en la Argentina se están peleando entre el lobby inmobiliario y los formadores de precios, quien se queda con el salario del trabajador», dijo Capobianco.
Sobre la posibilidad de que el Senado apruebe los cambios introducidos en la cámara baja, el referente de los Inquilinos manifestó su deseo de que no prospere: «Espero que no, contrario a lo que es la Cámara de Diputados, senadores es más seria, estas cosas se analizan mucho más en detalle. Lo que se hizo fue una pantomima para tapar el fracaso económico que va a seguir siendo, y es una medida meramente electoral».
Capobianco: «Si aprueban esto legitiman la perdida real del salario. Hoy en Río Negro un inquilino destina entre el 70 y el 80 por ciento de su sueldo a pagar alquiler».
En Argentina en la actualidad hay 9 millones de personas que no tienen vivienda propia y deben alquilar viviendas.
Gremios
ATE fijó la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación para rechazar la reforma laboral del Gobierno, exigir la inmediata reapertura de paritarias con una recomposición salarial de emergencia y en rechazo al intento de recorte del 10% de los trabajadores estatales.
«Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron. Si analizamos la historia más reciente, el periodo de mayor creación de empleo y registro de trabajadores fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización. Y aún con doble indemnización igual se registraban trabajadores. Eso prueba que la única manera de superar la crisis que hoy vive el mundo del trabajo es poniendo en valor las convenciones colectivas», explicó el dirigente estatal.
En base a la pérdida del poder adquisitivo que se profundizó en el sector público durante el 2025, Aguiar sostuvo que «quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata».
«Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico», concluyó el secretario general de ATE.
El sindicato había definido adelantar la medida de fuerza -votada por unanimidad en su Confederal realizado en San Luis el pasado 27 de noviembre- y ahora la convocatoria podría coincidir con la presentación del proyecto de reforma laboral en el Congreso. Además, cada provincia definirá las modalidades de protesta y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispondrán retiros de los lugares de trabajo a partir de las 10.30 horas.
Entre los principales reclamos se encuentra el intento de recorte del 10% en el Estado que intenta el Gobierno, el cual apuntaría a los organismos descentralizados como la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom.
El sindicato también reclama por la inmediata reapertura de las paritarias y exige una recomposición salarial de emergencia, recordando que el Ejecutivo realizó una convocatoria el pasado viernes 28 de noviembre de manera virtual a la cual asistió sin ofrecimiento.
Gremios
Municipio y gremios cerraron un nuevo incremento salarial para trabajadores
El Ejecutivo roquense y los sindicatos definieron subas del 2,5% en diciembre y 2,2% en enero y febrero para recomponer los haberes.

El Municipio de Roca y los gremios que representan a las y los trabajadores municipales cerraron un nuevo acuerdo salarial durante la última reunión paritaria. Del encuentro participaron representantes del Poder Ejecutivo local y las organizaciones sindicales ATE, ATM, SOYEM y UPCN.
La propuesta, aprobada por unanimidad, establece una suba acumulativa del salario básico: un 2,5% correspondiente a los haberes de diciembre de 2025; un 2,2% en enero de 2026; y un 2,2% adicional en febrero de 2026.
Tras el acuerdo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de «sostener un mecanismo de actualización que acompañe el contexto económico, asegurando la continuidad del diálogo paritario para evaluar nuevos acuerdos en los próximos meses, según los índices inflacionarios».
Gremios
Ante la amenaza de un nuevo recorte del 10% de la planta estatal, ATE evalúa adelantar el Paro Nacional
«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes», indicó Aguiar.

Luego de que el Gobierno diera a conocer un nuevo plan de recorte para intentar despedir al 10% de la planta la Administración Pública Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado informó que evalúa adelantar la medida de fuerza, definida en primera instancia para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso nacional.
«Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente agregó que «el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico. Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%».
«A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que actúan en nuestro país. Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
La medida de fuerza había sido definida en el Confederal del sindicato realizado el pasado jueves (27/11), con la participación de las 24 provincias y las 191 seccionales de ATE en todo el país. Pero ante el intento del Ejecutivo de llevar a cabo una nueva ola de despidos, el sindicato convocará a sus instancias orgánicas para adelantar el paro.
La información que dio a conocer el Gobierno es de reducir en un 10% la planta de trabajadores, que representaría aproximadamente 28.000 despidos.
Las cesantías apuntarían principalmente a los organismos descentralizados del Estado, entre los cuales aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.








