Judiciales
Denuncias por violencia de género: Río Negro aplicará el sistema URGE
Río Negro se convierte en la primera provincia en aplicar un sistema de este tipo.
Ayer (19/09) se presentó en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE). De esta manera, Río Negro se convierte en la primera provincia en aplicar un sistema de este tipo.
El acto protocolar estuvo encabezado por la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, acompañada por la directora Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación, Zaida Gatti; el ministro de la Jefatura de Gabinete, Pablo Zúccaro; el secretario de Justicia, Mariano Sacchetti, y el jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería. También estuvieron presentes la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Méndez; la secretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Luz Val Heredia, y el jefe de Gabinete de la municipalidad de Viedma, Marcos Castro, entre otras autoridades provinciales, policiales y representantes del Poder Judicial.
Por otra parte, durante la jornada de ayer y hoy (20/09), la Dirección Nacional de Políticas de Género estará realizando la capacitación respecto al sistema que tiene como objetivos homogeneizar la actuación de la Policía y fuerzas de seguridad para la toma de denuncias y atención ciudadana, y reunir en un solo sistema, toda la información relevante de las denuncias recepcionadas.
Zaida Gatti destacó que el objetivo final del sistema es prevenir femicidios. «El registro único de denuncias se crea para que todas las comisarías de todo el país, de cada jurisdicción, de cada provincia de nuestro país pueda tomar de manera unificada una denuncia por casos de violencia basada en género. Esto va a arrojar por medio de un algoritmo una situación de riesgo, y esto es muy importante porque la situación de riesgo que conlleva para la víctima esa denuncia que está haciendo, inmediatamente se va a reflejar en el sistema, inmediatamente va al Poder Judicial o a la Fiscalía que esté de turno para actuar con las medidas que tenemos que actuar», sostuvo.
Gatti explicó que el sistema URGE interactúa con bases como el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales que a la vez hace lo propio con bases del RENAPER, al tiempo que agradeció a las autoridades rionegrinas por el trabajo en conjunto. «Lo difícil de trabajar en un país federal es implementar estos sistemas pero lo maravilloso de trabajar en un país federal es cuando podemos sentarnos, hablar, conversar y trabajar de manera mancomunada», señaló.
Por su parte, la ministra Minor celebró la implementación del sistema y que sea Río Negro la primera provincia en hacerlo. «El Ministerio basó su gestión, no solo en el paradigma de cuidado y de control, sino también en la modernización y profesionalización permanente». En ese sentido resaltó que «esta es una muestra más del cumplimiento de las metas trazadas y al respecto agregó que era fundamental que las Comisarías de la Familia también pudieran tener su denuncia digital, no solamente por todos los beneficios en el marco de tramitación de las causas «sino también para las respuestas que podemos darle a todas las mujeres que sufren violencia en la provincia de Río Negro».
A su vez, Minor manifestó que «hoy es una realidad que Río Negro sea la primera provincia en implementar el Sistema Único de Denuncia, eso es un orgullo para Río Negro pero también es una gran responsabilidad para nosotros porque tenemos que comenzar a transitar el camino todas las Comisarías de la Familia, las unidades de orden público en interacción con el Poder Judicial, con el Ministerio Público Fiscal y con los equipos técnicos».
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El STJ anuló la prescripción y confirmó la orden de captura para Chechile
En 2012 fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión pero nunca cumplió la pena. Fue el responsable del siniestro vial que dejó como víctima fatal a la joven Paola Acuña.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la sentencia que declaraba la prescripción de la pena de un prófugo por homicidio culposo. Consideró que su rebeldía impedía la extinción de la pena. La decisión involucra a Jorge Chechile, quien fue condenado a 3 años y 5 meses de prisión, además de 10 años de inhabilitación para conducir, por su responsabilidad en un siniestro vial con resultado de muerte y múltiples lesiones. La víctima fatal fue Paola Acuña, de Roca.
Chechile fue condenado en 2012 por el entonces Juzgado Correccional N° 14, pero evadió la justicia después de que la sentencia fue confirmada. Permanece prófugo desde 2014. A lo largo de estos años se llevaron a cabo múltiples intentos de captura, sin éxito. En 2024, la madre del condenado, asistida por un abogado, solicitó la prescripción de la pena. Argumentó que había transcurrido el tiempo suficiente para extinguir la condena. El ex Juzgado Correccional aceptó el pedido: declaró extinguida la pena y levantó la captura.
El Ministerio Público Fiscal y los querellantes apelaron esta decisión ante el STJ. Afirmaron que la prescripción de la pena no se podía aplicar mientras el condenado estuviera en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que Chechile había eludido deliberadamente la acción de la justicia y que, según la ley, en esas circunstancias no es posible computar los plazos a su favor para extinguir la condena.
El STJ, en una decisión unánime, aceptó el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía y anuló la sentencia que extinguía la pena. Subrayó que la rebeldía de Chechile impide que se considere el plazo de prescripción de la pena. Además de la jurisprudencia propia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citó el artículo 144 del Código Procesal Penal (Ley P 2107), que ordena suspender el proceso y reservar el legajo hasta que «el rebelde comparezca, por propia voluntad o por la fuerza».
En consecuencia, el STJ anuló la sentencia del Juzgado Correccional y reenvió la causa a Roca para que se mantenga la suspensión del proceso hasta que el condenado sea capturado o se presente voluntariamente ante el Poder Judicial. La orden de captura y la declaración de rebeldía de Chechile continúan vigentes.
Entre sus fundamentos, el STJ citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que limitan «severamente el derecho a la jurisdicción del imputado prófugo o rebelde». Esa limitación se basa en la contradicción de que una persona reclame un beneficio ante la misma autoridad que ha desconocido con sus propias acciones, es decir, con su voluntad de mantenerse prófugo. «Quien se sustrae voluntariamente de la acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar, ante la autoridad que él ha desconocido, el cumplimiento de preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual satisfacción», precisó.
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Una joven estudiante universitaria denunció a un martillero y dueño de una inmobiliaria por abuso sexual
La víctima se encontraba en el departamento de un amigo que le había pedido si podía atender al encargado de su alquiler porque él no iba a estar. Allí se habría producido el ataque.
Una joven estudiante universitaria de 20 años radicó una denuncia por abuso sexual en contra de un martillero público y dueño de una inmobiliaria radicada en General Roca, por un hecho que habría tenido lugar el martes (15/10) al mediodía.
Según informó la Agencia de Noticias Roca (ANR), el hecho ocurrió en el departamento de un amigo de ella, quien le había pedido el favor de que se acercara a esperar al martillero ya que él debía salir. El sujeto que luego terminó denunciado, tenía que asistir al lugar con un plomero que iba a hacer una reparación.
En ese momento, el titular de la inmobiliaria, habría aprovechado la situación para abusar de la joven. Según consta en la denuncia policial, el hombre habría tocado a la estudiante, violentando sus derechos e intentando besarla. También habría cometido acoso verbal. Usando todas sus fuerzas, la denunciante pudo escapar y encerrarse en una habitación.
Una vez que el martillero abandonó la vivienda, la víctima pudo contarle al plomero, que había llegado unos minutos antes, lo que había sucedido. Este trabajador afirmó haber tenido experiencias similares previas de relatos de personas respecto al agente inmobiliario. Según contó, el denunciado ya habría tenido actitudes inapropiadas con otras mujeres en el pasado.
Ante estos hechos, la joven radicó la denuncia correspondiente en la Fiscalía, donde se inició una investigación. La fiscal interviniente ordenó tomar declaración testimonial a la víctima, al amigo y al plomero, como así también se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar al denunciado.
Este medio de comunicación se resguarda la identidad de la persona denunciada, ya que cómo establece la ley, hasta tanto se realice la formulación de cargos, no se pueden dar nombres.
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La intervención del Poder Judicial le permitió a una madre obtener su DNI y acceder a derechos familiares
El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal.
La intervención de una trabajadora social del Poder Judicial permitió a una madre de Cipolletti obtener su DNI. El padre de su hijo falleció y ella no pudo tramitar la asignación universal. En la partida de nacimiento del adolescente estaban los datos de la mujer aunque se consignaba: «DNI no posee».
Una jueza de Cipolletti resolvió un pedido de rectificación de partida de nacimiento solicitado por la madre de un adolescente. La mujer inició la acción luego de obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) que no poseía al momento de inscribir el nacimiento de su hijo. En esa instancia, contó con el acompañamiento de una trabajadora social del Poder Judicial.
Luego contó con el patrocinio de una defensora pública que, en su presentación, explicó que al no contar con DNI en la partida de nacimiento se dejó constancia de que «no posee» en el apartado correspondiente al número de documento. A partir del fallecimiento del padre del joven, quien hasta ese momento ejercía los derechos sobre sus hijos, la madre gestionó y obtuvo su DNI. Esto la llevó a solicitar la rectificación del acta de nacimiento de su hijo para incluir sus datos completos y poder acceder a derechos como las asignaciones familiares.
Según se consignó en la demanda, antes de que falleciera el marido, la mujer no creía en la necesidad de tener DNI. Aunque todos los derechos derivados, no sólo del hijo, sino de ella iban a quedar inconclusos por no tener documento.
La solicitud planteó que, además de añadir el número de DNI, debía corregirse el nombre de la progenitora en el acta, ya que faltaban datos.
Como el niño nació en Buenos Aires intervino la Dirección del Registro de esa provincia. Desde el organismo se dictaminó que la jueza de Familia de Cipolletti podía ordenar la rectificación solicitada. Asimismo, la Fiscalía expresó su acuerdo con la medida. Consideró que no existían objeciones para llevarla a cabo y que los motivos eran justificados.
Sobre la base de lo dispuesto por la Ley N° 26.413, que regula las inscripciones en los Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas, la jueza decidió hacer lugar a la solicitud. Se ordenó rectificar la partida de nacimiento e incorporar el número de DNI de la madre además de completar su nombre de forma correcta.
