Río Negro
Realizan audiencia pública para analizar cambios en la tarifa de EdERSA
La resolución se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante la jornada.
Ayer (25/10) por la mañana se debatió en una nueva audiencia pública la pretensión de la distribuidora de electricidad EdERSA relacionada con eventuales cambios a la tarifa eléctrica, a partir de una serie de inversiones en el sistema y por el efecto inflacionario medido entre abril y agosto de este año.
La audiencia se realizó de forma virtual con el fin de facilitar una mayor participación de vecinos y vecinas de toda la provincia. Fue transmitida desde la sede del EPRE en Cipolletti.
Esa propuesta de modificación tarifaria fue presentada por dos representantes de EdERSA durante la audiencia pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que es el organismo que tiene a cargo la definición del proceso.
En la introducción al debate, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que «se excluye de la pretensión los costos laborales, que ya cuentan con un mecanismo de ajuste legal específico». A su vez, adelantó que a instancias de la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro se retiró del proceso de revisión al análisis del paso a tarifa de una línea eléctrica de 33 kV que tenía como propósito abastecer el área productiva del valle de Río Negro entre General Conesa y Guardia Mitre. «Quedó suspendida su ejecución producto de la situación económica actual», indicó Tipping.
Esa obra ya había sido autorizada en mayo pasado, para lo cual se habilitó a la distribuidora EdERSA a realizar una compulsa pública para determinar el valor de la línea, de unos 85 kms., más la estación transformadora correspondiente. De igual modo, se había anticipado en aquella oportunidad, que cumplir con ese paso no era suficiente sino que antes de su adjudicación, se debería realizar una nueva audiencia para demostrar la razonabilidad del valor propuesto.
Más allá de la determinación de último momento de detener el paso a tarifa de la inversión, la cual quedó en suspenso, la valorización de esa inversión fue referida por los dos representantes de EdERSA que expusieron en la audiencia de esta mañana. Se mostraron dos cotizaciones, con precios a julio de este año, que van de los 4.700 a 6.000 millones pesos, según los diferentes plazos de ejecución propuestos.
El subgerente General, Jorge Agnelli, junto al gerente de Planificación de EdERSA, José Cainelli, tras dar los detalles técnicos de la obra analizada, se focalizaron en lo que sí formará parte de la evaluación del EPRE, que es el incremento de costos no salariales como consecuencia del proceso inflacionario acumulado en los cinco meses aludidos.
Agnelli exhibió cómo se compone la tarifa y contó cuál es el rol de la empresa a rasgos generales, el encargado de mostrar las variaciones en los costos de una serie de insumos relevantes para la adecuada prestación del servicio. Puso como ejemplo dos facturas por la compra de postes de eucalipto preservado de abril a un valor unitario de $9.990 y otro de este mes, a $19.500 cada poste. El incremento del precio en dólares adujo que fue de 10% y de un 95% si se hace la conversión oficial a pesos.
«Al haber transcurrido cinco meses desde la última actualización del VAD No Salarial, incluido en el actual cuadro tarifario, la inflación nos ha menguado en forma relevante el poder de compra y contratación de los ítems anteriormente descriptos, necesarios para el desarrollo de los distintos trabajos de Operación, Mantenimiento y Obras. Como no podemos dejar de ejecutar estas acciones, solicitamos una actualización del VAD-NS, basada en la variación de un índice, de publicación oficial y permanente, representativo de la variación de los costos de materiales, servicios y suministros», resumió el representante de EdERSA.
Agnelli no habló de porcentajes, sino que refirió que el efecto de la actualización solicitada proyectado a nivel promedio para una familia tipo, de la cual no especificó consumo, importa un incremento de 706 $/mes (más Impuestos), y su correspondiente correlación para los demás categorías tarifarias según régimen vigente.
Las intervenciones de las partes inscriptas:
En primer término, habló el Defensor Adjunto de la Provincia de Río Negro, Álvaro Larreguy, para poner de manifiesto que se considere especialmente el contexto económico que atraviesa el país y su repercusión en los hogares rionegrinos. Aludiendo a pactos internacionales suscriptos por nuestro país en relación a los servicios básicos esenciales como el de electricidad, Larreguy instó a que, en el caso de producirse aumentos, deben darse necesariamente en forma gradual, previsible y progresiva.
En paralelo, Larreguy comentó que recibieron reclamos por irregularidades y una aparente deficiente prestación del servicio en la zona de Guardia Mitre, mayormente durante la temporada estival. «Apreciamos que el ente regulador haya constatado esta situación e intervenido requiriendo un plan integral de disminución de contingencias a la concesionaria, por lo que consideramos que la obra tendrá un impacto positivo», apuntó, independientemente de que ese tema fue retirado del proceso de revisión.
Luego, llegó el turno a diferentes representantes sectoriales que rechazaron el aumento pretendido, como lo hizo en primer término Miguel Grasso, de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca. El referente de la cámara aludió a una falta de una adecuada divulgación de los detalles de la convocatoria y del impacto posible en las tarifas, más allá de que estaban publicadas formalmente en los espacios públicos virtuales con los que cuenta el EPRE. Y tras cuestionar los montos de la obra en cuestión, consideró «inoportuno otorgar un nuevo aumento a una distribuidora que goza de una posición dominante y excesiva rentabilidad, máxime cuando el mismo se da en este difícil contexto, donde las PyMES de la provincia se debaten por sobrevivir».
Carlos Zanardi, del Consorcio de Regantes de Allen y Fernández Oro, en el mismo sentido pidió que se rechace la audiencia y un consecuente aumento, además de requerir la realización de este tipo de debates en forma presencial. Tampoco se mostró a favor de que los usuarios financien las obras de infraestructura del sistema eléctrico, las que entendió que deberían ser afrontadas por el Estado.
En términos similares se expresó Ornela Susca, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina; y Miguel Sabbadini, de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados.
En esta oportunidad, también intervino el titular del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, Antonio D’Angelo, quien sin negar la situación de incrementos constantes en los precios entendió que las inversiones son necesarias para una mejora del servicio eléctrico y para garantizar la seguridad de la ciudadanía y trabajadores que representa.
En el cierre, la presidenta del EPRE, Isabel Tipping, aclaró que ninguna obra es un activo de la empresa sino que es parte de una concesión, propiedad de la Provincia de Río Negro. «No hay propiedad por parte de EdERSA», aclaró y reiteró que «esta obra no va a ser trasladada a tarifa en noviembre por la situación económica imperante, donde no hay precios relativos para tamaña inversión». Y anticipó que llegado el momento, se va a analizar en un ámbito de debate similar al que hoy se celebró.
El objetivo del organismo regulador durante la Audiencia Pública siempre es el de escuchar a las personas interesadas y reunir los suficientes elementos de juicio que permitan arribar a una resolución, la cual se tomará en los próximos meses considerando todos los aportes presentados durante este útil mecanismo de participación popular.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Política
La Provincia junto a los roquenses: 545 atenciones en IPPV en tu barrio
189 adjudicatarios se acercaron a querer cancelar su vivienda.
El plan de abordaje IPPV en tu barrio se instaló durante tres días en el Salón de las 500 Viviendas de General Roca, donde atendió a 545 personas que se acercaron por diferentes trámites relacionados a su vivienda.
«Una vez más, se cumplió con el objetivo de atender, escuchar y resolver los problemas a los vecinos», enfatizó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.
En este marco, cabe destacar la colaboración de la Comisión Normalizadora de las 500 Viviendas al momento de coordinar cada jornada, tanto en la prestación de las instalaciones, como en la atención hacia los trabajadores del IPPV.
Cancelar y escriturar, los trámites más requeridos
En lo que hace a los trámites, se destacó la cantidad de adjudicatarios que se acercaron a querer cancelar su vivienda: 189. Incluso, muchos de ellos, pagaron el mismo día y volvieron para iniciar el trámite previo a la escrituración, que es obtener el certificado de cancelación, documento indispensable al momento de tramitar la escritura. Es así que el área de control habitacional del IPPV recepcionó 70 certificados de cancelación.
A su vez, 162 familias iniciaron el trámite de escrituración. Desde el IPPV se viene fomentando la importancia de tener el título de propiedad, que se traduce en tranquilidad para las familias.
También 50 vecinos se acercaron para regularizar su situación, aprovechando las facilidades de pago que ofrece el IPPV y, además, se registraron cambios de titularidad, readjudicaciones e inscripciones al registro de demanda.
Los tres días de atención estuvieron a cargo de un equipo del IPPV, quienes recepcionaron los distintos trámites y en la mayoría de los casos pudieron resolverlos.
El IPPV llega y los vecinos lo agradecen
Cada vecino que fue atendido, se mostró muy conforme que «queríamos agradecer; fue todo muy rápido y la atención divina», destacó Alicia Nievas. «Me voy contenta porque en unos meses me van a entregar mi título de propiedad’, sostuvo María González.
«Me atendieron muy bien y me voy con la nota, tengo que volver para arreglar algunas cosas, pero muy conforme con las chicas», enfatizó Mabel Lorente.
Río Negro
Registro Civil: Crece la demanda de trámites online en Río Negro
Aumentaron considerablemente la realización de trámites como las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial.
Con más de 20.000 gestiones realizadas en el primer semestre del 2025, el Registro Civil continúa acercando a la comunidad la posibilidad de realizar distintos trámites vinculados al organismo de manera online, facilitando el acceso a documentaciones de forma ágil y gratuita.
Se trata de las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial que hayan sido inscriptas en la provincia que pueden tramitarse vía online en https://registrocivilpartidas.rionegro.gov.ar y posteriormente recibirse vía email o retirarla en alguna de las 63 delegaciones con las que el Registro Civil cuenta en la Provincia en un máximo de 5 días hábiles.
Al respecto el director del Registro Civil, Pedro Sánchez, destacó que «es un trámite muy sencillo que forma parte de los 25 gratuitos que el gobernador Alberto Weretilneck decretó en nuestra provincia, y en lo que va del año totalizamos más de 45.000 tramitaciones realizadas para las y los rionegrinos sin costo alguno».
Asimismo, el funcionario agregó que «desde la gratuidad vemos una curva muy pronunciada con lo que tiene que ver en la solicitud de partidas, ya que en 2024 procesamos 17.000, mientras que en el primer semestre de este año contabilizamos 20.000, así que vamos en una tendencia a duplicar la cifra anterior».
De esta manera, el Registro Civil continúa trabajando para que todas y todos los vecinos de la provincia puedan acceder a las distintas gestiones pertinentes a la documentación de identidad de forma sencilla, en muchos casos sin la necesidad de trasladarse hacia una delegación.
