Judiciales
Culminó el juicio contra cuatro personas por presunta defraudación al IPROSS
El Tribunal dará a conocer la sentencia el próximo viernes 22 de marzo. El debate inició el año pasado y declararon 312 testigos.
Luego de tres días de alegatos, concluyó hoy (09/03) al mediodía el debate oral y público que se llevó adelante contra cuatro personas acusadas por el Ministerio Público Fiscal de haber defraudado a la obra social provincial IPROSS, a través de presuntas ventas simuladas de medicamentos.
De esta manera y luego de 95 jornadas de debate que iniciaron el 27 de junio del año pasado, se cerró la etapa en que las partes acusadoras y las defensas particulares expusieron sus alegatos respecto de la responsabilidad penal de tres hombres propietarios de farmacias de General Roca y una mujer que se desempeñaba como auditoria del Colegio de Farmacéuticos.
La primera jornada de alegatos se desarrolló el jueves (07/03) a la tarde cuando el equipo fiscal, conformado por la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales del caso, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos, explicó por qué consideran que los imputados debían ser declarados responsables.
Al día siguiente la querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, adhirió a dicho pedido solicitando también que se declare responsable penal a cada uno de los tres hombres, de manera individual como autores de «estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas contra la Administración Pública» (Artículos 174 inc 5 en función del 172 del Código Penal, todos hechos reiterados en concurso real, según el Artículo 55). Mientras que se sumó al requirimiento de que la mujer sea considerada coautora de esos hechos.
Durante la tarde del viernes (08/03) y la mañana de hoy, las defensas particulares pidieron la no culpabilidad para sus asistidos.
Cabe recordar que durante el debate se escucharon alrededor de 312 testigos: 234 propuestos por la acusación, 28 de las defensas y 50 testigos comunes. Entre ellos pacientes de IPROSS, dueños y empleados de farmacias, representantes de droguerías, agentes de la obra social y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial. También a numerosos peritos y expertos que abordaron la prueba informática, contable, caligráfica y criminalística, entre otras especialidades.
El Tribunal de Juicio integrado por la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido, junto a Claudia Lemunao como magistrada suplente, dará a conocer su resolución el próximo viernes 22 de marzo a las 8.30.
Alegatos del Ministerio Público Fiscal
La acusación pública explicó durante sus alegatos detalladamente el origen de la causa, las maniobras a través de las cuales se perpetró la estafa y enfatizó en el papel de la auditora. Todo ello aludiendo a diversos testimonios que se escucharon en las audiencias. Focalizó en la relación entre los imputados y la connivencia entre ellos.
La fiscal jefa enfatizó en la prueba pericial de informática forense. «Permitió acreditar todos los hechos que la Fiscalía trajo a juicio. Desde el 20 de mayo de 2019 donde se realizó el procedimiento iniciado en el Colegio de Farmacéuticos, la extracción del sistema Xaron y Xeron, la realización de las planillas de análisis», indicó.
También describió datos relativos a la pericia contable. Ambos estudios fueron concretados por profesionales pertenecientes al Poder Judicial, y fue prueba a la que también tuvieron acceso los peritos de la defensa particular.
Además explicaron cómo era la maniobra efectuada valiéndose para ello de los afiliados a la obra social provincial que desconocían tal situación. «El relevamiento que mostramos de las recetas es demostrativo. No se encontró ni una sola receta física de los medicamentos supuestamente vendidos a los afiliados de IPROSS, que estuvieron en esta sala como testigos y dijeron no haber recibido esa medicación. Todo es ficticio».
«A mayor ahondamiento, tenemos el ejemplo de un afiliado que fallece y realizando la pericia encontramos cargas de medicamentos para esa persona luego de que se registrara su muerte. Se suman los múltiples afiliados que declararon tanto no haber comprado en alguna de esas farmacias, o que no presentaban esas enfermedades o que no vivían en la ciudad de la farmacia», agregaron antes de requerir la culpabilidad de los acusados y la acusada.
Judiciales
Imputaron a un sujeto acusado de asesinar a su amigo en J.J. Gómez
Le dictaron prisión preventiva mientras continúa la investigación.
El equipo fiscal de turno de General Roca formuló cargos a un hombre de 37 años por el homicidio de Nazareno Cristóbal Aedo, hecho que ocurrió el miércoles (20/11) a la madrugada en J.J. Gómez.
Según la acusación fiscal, «los dos hombres se encontraban reunidos en el domicilio de calle Pública al 1900, cuando el imputado habría disparado sobre el cuerpo de la víctima con la intención de causarle la muerte».
«La herida le habría producido un trauma de cráneo con orificio de entrada en la región parietal derecha, sin orificio de salida. Luego, el imputado habría ocultado el arma de fuego calibre 32, proyectiles, el teléfono celular que sería de la víctima y el propio, estupefacientes y envases de cerveza recién consumidos, elementos que fueron encontrados mediante un posterior rastrillaje en inmediaciones del lugar», agregó la Fiscalía.
Entre el sustento probatorio para sostener la imputación de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego», el Ministerio Público Fiscal presentó el acta de procedimiento policial de la Comisaría 47, los resultados del rastrillaje concretado, entrevistas varias, el acta de defunción de la víctima.
«Restan por recepcionar el informe de la autopsia, que se está concretando mientras hacemos la audiencia, el barrido de las muestras que se obtuvieron tanto en el imputado como en la víctima, realizar más entrevistas, entre otra prueba», explicó la fiscal del caso.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre teniendo presente los peligros procesales de entorpecimiento al accionar de la justicia y la posibilidad de que se de a la fuga. «No hay evidencia de que había una tercera persona en el domicilio donde se encontraban la víctima fatal y el imputado», agregó la fiscal.
Por su parte, la defensa penal pública se opuso al pedido de preventiva, explicando que «nuestro asistido no cuenta con los medios para fugarse, tiene arraigo, y tenemos presente que varios testigos dijeron no haber escuchado nada inusual».
«Asimismo, él dio una versión de los hechos, que es diferente a la teoría del caso de la fiscalía, y sumamos que no cuenta con ningún tipo de antecedente penal. Por ello, solicitamos una medida menos gravosa, como presentaciones personales en comisaría, o la colocación de un dispositivo electrónico», explicó la defensora.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y resolvió que el hombre continúe detenido por el plazo de un mes y determinó que la investigación penal preparatoria se extienda por cuatro meses.
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Imputaron a conocido médico roquense acusado de abuso sexual con acceso carnal
El hecho habría ocurrido en junio de este año en el consultorio del profesional, ubicado en barrio Los Olmos.
Esta mañana (22/11), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un conocido médico roquense de 75 años por delitos que habría cometido en junio de este año contra la integridad sexual de una mujer.
La Fiscalía, con la adhesión de la querella, explicó que «el hecho habría ocurrido durante la tarde, cuando la víctima habría acudido a la consulta por ser el imputado su médico clínico, con el fin de solicitarle una receta de medicamentos. Fue en ese marco, que el hombre habría abusado de la mujer, situación que la víctima no pudo consentir libremente», mencionó la Fiscalía.
El consultorio del acusado está ubicado en su propia vivienda, en el barrio Los Olmos de General Roca.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentra la denuncia y la entrevista realizada a la víctima, el informe de intervención de la Oficina Atención a la Víctima (OFAVI), documentación respaldatoria de la denuncia, informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal a diversos organismos, una pericia social forense del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial, entrevistas varias.
Así mismo se mencionó la pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), dependiente de Procuración General, el acta de la inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar donde habrían sucedido los hechos que fue confeccionando por el Gabinete de Criminalística de General Roca, entre otra prueba.
La defensa particular no presentó objeciones a la imputación realizada por la acusación.
Luego, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal y se estableció como plazo de investigación penal preparatoria cuatro meses, restando realizar pericias por parte del Cuerpo de Investigación Forense.
Cabe mencionar que antes de iniciar la audiencia las partes plantearon cuestiones relativas a la publicidad del acto, y tras el acuerdo entre Fiscalía, querella y defensa particular, la jueza de Garantías interviniente determinó, en pos del resguardo de la intimidad de la víctima, que ni el nombre ni la imagen de la mujer sean publicados en los medios de comunicación.
Judiciales
Su mejor amiga de la secundaria resultó ser su hermana
Años después, una prueba de ADN confirmó que compartían el mismo padre.
Durante la secundaria, formó una estrecha amistad con una compañera de clase, con quien compartió momentos únicos y creó un vínculo especial. Sin saberlo, aquella joven resultó ser su hermana, ya que compartían el mismo padre. Esa relación la llevó a frecuentar la casa de su progenitor, aunque nunca se mencionó la verdad que las unía. Años después, una prueba de ADN confirmó el lazo familiar. Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti ordenó la filiación.
La atmósfera de esas visitas a la casa de su padre siempre fue cordial, pero nunca surgió mención alguna a la verdad que las unía. Ni una mirada distinta ni una palabra reveladora.
Fue solo años después, tras la confirmación de una prueba de ADN, que todo encajó. La revelación de que su mejor amiga de la adolescencia era su hermana tuvo un impacto profundo en la vida del adolescente.
Aquella amistad que siempre había sentido como especial tenía ahora una explicación irrefutable: eran familia, aunque el silencio y las circunstancias les hubieran negado ese reconocimiento por tanto tiempo.
Juicio y multa
Durante el proceso judicial, el progenitor expresó que desconocía la existencia de un hijo y afirmó que la prueba de ADN, aunque positiva, no le resultaba fiable. En tanto, el Laboratorio de Genética Forense ratificó el resultado obtenido previamente: confirmó una probabilidad de vínculo superior al 99,99%.
La jueza de Familia de Cipolletti hizo lugar a la filiación y le ordenó al Registro Civil adicionar al nombre del joven el apellido de su progenitor biológico.
La jueza invocó el artículo 62 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de las personas a llevar el nombre y apellido que les corresponde según su filiación. También se basó en el artículo 64 del mismo código, que regula el uso del apellido en casos de filiación extramatrimonial.
El fallo consideró que, al no haber realizado el reconocimiento dentro del plazo dispuesto, correspondía aplicar una multa según lo establecido por el Código Procesal de Familia.
Esta norma establece que, ante un resultado positivo en la pericia genética, el progenitor debe realizar el reconocimiento en un plazo determinado. En caso de incumplimiento, se autoriza la imposición de una multa a favor del actor.
En este caso, aunque el hombre demandado participó en la prueba de ADN, su negativa a reconocer la filiación fue interpretada como una actitud dilatoria. Esto justificó no solo la aplicación de la multa, sino también la inscripción forzosa del apellido paterno en el Registro Civil.
