En el marco del control del ausentismo en dependencias del Estado provincial, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, confirmó que detectaron muchos empleados y empleadas que estaban siendo atendidos por el mismo médico en distintas partes de Río Negro. «Los certificados psiquiátricos eran de los más caros», aseguró.

«Las Juntas Médicas de la provincia están bajo el ala de Función Pública y fue a través de ellas que se encendieron las primeras alarmas. En algunos casos se emitían hasta 20 o 30 certificados por día. Encontramos una fábrica de certificados que eran vendidos a las y los agentes públicos que los solicitaban», detalló Lastra.

El Gobierno provincial puso el ojo en la cantidad de certificados que llegaron a las áreas de recursos humanos de cada ministerio, provocando un marcado ausentismo en las áreas de trabajo. «El presentismo hace que se resientan servicios como los de Salud, Seguridad y Educación, por ejemplo», aseguró.

«Los certificados tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología. Los certificados psiquiátricos eran de los más caros», agregó Lastra.

Respecto a cuál es el mecanismo correcto, Lastra explicó que «si el certificado supera las 72hs de tratamiento, la Junta Médica debe hacer un monitoreo, llamar al empleado que lo presentó, convocarlo a que se apersone en sede de la Junta Médica y, eventualmente en algunos casos, ir hasta el domicilio a constatar el hecho que se notifica en el certificado».

A mediados de este mes, Alberto Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación. El Gobierno provincial detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales y también se descubrieron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

Radicales de distintas localidades de la provincia de Rio Negro se convocaron en Choele Choel el pasado fin de semana, con el objetivo de recuperar la iniciativa en el debate político, «pensando y actuando en defensa de los intereses de los rionegrinos y no de los intereses personales de aquellos que negocian con los cargos como moneda de cambio», resaltaron tras el encuentro.

«Buscando recuperar todos los espacios institucionales donde la representación radical es necesaria, para mantener el sistema democrático, los valores éticos y los principios republicanos de gobierno», agregaron.

Frente a la actual situación de la política provincial en «la que la UCR ha perdido su identidad histórica, mimetizándose con el partido de gobierno y abandonó los principios y valores que son la base fundacional desde su creación, transformando a nuestro partido en una vergonzosa dependencia del partido de gobierno», destacaron.

En este primer encuentro se reunieron dirigentes y autoridades partidarias de diferentes localidades, entre ellas Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Choele Choel, Lamarque, Viedma, Chimpay, Río Colorado, General Conesa, Darwin y Villa Regina, dando de esta manera un punto de partida para ampliar la propuesta a cada rincón de la provincia.

«Este Nuevo Radicalismo rionegrino se empezó a conformar, entendiendo que la ética y la honestidad se predican con el ejemplo. Ese ejemplo que está ausente en la dirigencia política en general y en la dirigencia conductora de la UCR en particular. Consideramos que es el momento de impulsar las modificaciones necesarias y propiciar la participación ciudadana y partidaria», indicaron.

«Los partidos políticos son la base del sistema democrático y desde este espacio buscamos construir una sociedad más justa, equitativa y próspera, para los rionegrinos, por eso nos convocamos y convocamos a los afiliados a trabajar por una UCR protagonista», concluyeron desde la Línea interna ‘Conducta radical’.

Un hombre de Viedma compró una moto en un local de electrodomésticos y a los tres meses ya reportó problemas técnicos. Le informaron que debía llevarla al servicio oficial para no perder la garantía. Y allí empezó la odisea.

La llevó al más cercano, que estaba en Bahía Blanca, donde la revisaron. Cuando la moto volvió, el tablero seguía funcionando mal, por lo que volvió a enviar el vehículo. En esa oportunidad, cambiaron todo el tablero. Semanas después, volvió a reportar fallas y le indicaron que remitiese otra vez la motocicleta, lo cual no fue posible debido a la pandemia de COVID-19.

Una vez que se levantaron las restricciones, contrató un transporte. En el service estuvo parada por tres meses porque no había repuestos. Después de ser reparada por segunda vez y tras varios meses sin poder usarla, contrató nuevamente un transporte por su cuenta para traer el vehículo a Viedma. Señaló que no se le entregó ningún comprobante de las intervenciones, ya que Benelli cuenta con un sistema digital oficial donde el servicio técnico carga todo lo relativo a las intervenciones mecánicas de la moto.

Con la moto en su poder, realizó un viaje a Puerto Madryn y allí nuevamente reportó fallas, las mismas que las anteriores, solo que esta vez se apagó y no encendió más. Fue la tercera vez y a pocos meses de la adquisición. Además, la moto perdía aceite y el disco de freno trasero no tenía un color habitual, sino que parecía deteriorado. Informó de ello a la firma Benelli, quienes le indicaron que la llevará nuevamente al servicio oficial, pero debía abonar el traslado.

Decidió iniciar el reclamo ante Defensa del Consumidor, para lo cual se convocó a Naldo Lombardi S.A., quien en esta oportunidad citó a La Emilia S.A. como proveedor del producto. La Emilia solo ofreció poner a su disposición el servicio técnico, lo cual fue rehusado por el hombre, pues la moto había sido revisada por ese servicio tres veces y todas con resultados negativos, ya que nunca pudieron encontrar la falla.

Por ello, solicitó un nuevo vehículo, como la ley autoriza. En esta instancia no fue posible llegar a un acuerdo, por lo que, ante el incumplimiento, el organismo multó a ambas firmas y el dueño de la moto inició una demanda civil.

Ya en el expediente se realizó un informe pericial mecánico. «El estado actual de la motocicleta, al momento de la pericia, es sin funcionamiento. Asimismo, refiere que la moto presenta defectos, entre ellos un armado/ensamblado defectuoso de fábrica. Ello ha hecho que quedaran juntos, tocándose entre sí los cables de electricidad con el cable del acelerador. Observa que ello generó desgaste entre sí hasta perder la protección aislante».

Agregó que «se ha producido un cortocircuito dejando sin funcionamiento el sistema eléctrico, incluyendo el tablero, instrumentos, bomba de combustible y el CDI». Aclaró que «esa circunstancia es totalmente ajena al uso de la moto, ya que los cables en cuestión se encuentran dentro del cuadro/chasis de la misma, donde no se llega fácilmente».

Refirió que se evidencia que los defectos presentados no fueron resueltos y que para resolverlos es necesario el reemplazo completo del sistema eléctrico, incluyendo tablero de instrumentos, computadora y batería.

Después del análisis de las declaraciones testimoniales y las pruebas documentales, el juez civil concluyó que «el producto que fue puesto en el mercado en la cadena de comercialización -fabricante y vendedor- a disposición del consumidor y usuario ha sido defectuoso, siendo este el caso donde claramente se observa que la motocicleta dejó de funcionar, pese a la asistencia del servicio oficial, situación constatada por el perito designado».

Por todo ello, el magistrado condenó a Naldo Lombardi S.A. y La Emilia S.A. de forma solidaria a abonar por daño emergente, daño moral y daño punitivo más de 4 millones de pesos. Además, deberá pagar el valor del vehículo.