El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ratificó que «el Gobierno de Río Negro defiende a la educación como un derecho y para garantizarlo, tienen que estar abiertas las escuelas». De esta manera se refirió a la aprobación en la Legislatura Provincial del proyecto del PRO declarando a la Educación como servicio esencial, «para garantizar guardias mínimas en las jornadas de paro que afecten el normal dictado de clases».

«La educación es un derecho y el primer derecho lo tienen los estudiantes y los padres. Para asegurar ese primer derecho necesitamos que las escuelas estén abiertas, garantizando el derecho a huelga que está garantizado también en la Constitución Nacional y Provincial», sintetizó.

Explicó que «se puede llevar adelante una medida de fuerza, pero siempre garantizando el derecho, primero a los estudiantes, después los padres y también a aquellos trabajadores de la educación que quieren trabajar». Citó como ejemplo el caso de Bariloche, donde durante la jornada de paro de ayer, el 50% de los educadores fue a trabajar normalmente y a dictar clases.

Por otra parte, en declaraciones realizadas a la prensa en San Carlos de Bariloche, Weretilneck sostuvo que «también me preocupan algunos aspectos morales. La primera obligación de un agente público, de un docente, de un médico, de un enfermero, de un policía, es ir a trabajar, partiendo de la premisa que quienes nos pagan los salarios a los integrantes del Estado Provincial, desde el gobernador al último agente público, son los contribuyentes, las ciudadanas y los ciudadanos de Río Negro».

«Hay una cuestión moral de cumplirle a quienes a nosotros nos pagan los sueldos. Esto no se ve en UnTER de, por lo menos en la dirigencia, que parece no querer responderle a esos ciudadanos. Además, nadie se puede enojar que le controlen por qué no va a trabajar, porque en definitiva, estos dos días de medida de fuerza tienen que ver con una decisión del Gobierno de controlar los certificados de los docentes que no van a trabajar. Me parece que es algo sumamente lógico y razonable que el Estado controle esto», sostuvo.

Recordó en este marco que «venimos de antecedentes graves. Nosotros denunciamos a dos médicos, entre más de 20 y pico de médicos, que entregaban cientos de certificados truchos médicos de enfermedades que no eran tales. Tenemos pediatras dando certificados psiquiátricos. Tenemos 10 días por un dolor de cabeza. Tenemos 35 días por un dolor de espalda. Entonces, lo que estamos haciendo es controlando a los médicos que dan los certificados que el Estado considera que no se encuadran dentro de las leyes que tiene el Estado».

El mandatario reiteró sus críticas por los hechos de violencia que se vivieron entra la Policía y el gremio UnTER fuera de la Legislatura. «La finalidad era ingresar a la Legislatura para que no sesione. O sea, si hay un delito en Democracia es precisamente ese. Si hay un delito en democracia es precisamente ese. Es no permitir que las organizaciones que están fijadas en la Constitución y que son base de nuestro organismo, de nuestra organización institucional, no puedan cumplir con su tarea. Varios efectivos policiales resultaron heridos«, sostuvo.

«Nosotros tampoco podemos caer en la anarquía porque un sector de la sociedad no esté de acuerdo con lo que va a debatir la Legislatura, e intentar que el Parlamento no sesione», sostuvo finalmente.

El legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) elevó una nota al vicegobernador Pedro Pesatti solicitándole que arbitre los medios para que la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) se haga cargo de los costos del operativo policial dispuesto frente a la protesta que llevaron adelante en la Legislatura en el marco del tratamiento de la Ley de esencialidad educativa y los daños que se ocasionaron en el edificio.

«No es justo ni equitativo que los contribuyentes rionegrinos deban hacerse cargo de los costos de las acciones ilegales de parte del gremio UnTER», señala el pedido.

En su nota, Juan Martin cita la tesitura adoptada por el Gobierno Nacional a partir de la Resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad (Protocolo para el mantenimiento del orden público), que prevé que «los organizadores de protestas que deriven en gastos ilegales afronten los operativos de las fuerzas de seguridad». Cabe recordar que desde el PRO-Unión Republicana, se propuso que la provincia de Río Negro adhiriera a este protocolo.

«La protesta violenta de la UnTER obligó a que se desplegaran policías que deberían haber estado cuidando a los vecinos de Viedma, además de los gastos en combustible y materiales», subrayó Juan Martin, indicando que «a esto hay que sumarle los destrozos que hicieron en su intento por impedir el funcionamiento de las instituciones».

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno de Río Negro denunció que «10 policías rionegrinos, entre ellos, una mujer, resultaron con heridas de distinta magnitud como consecuencia de las agresiones recibidas ayer (26/09) por algunos manifestantes del gremio UnTER que quisieron irrumpir por la fuerza en el edificio de la Legislatura de Río Negro mientras se desarrollaba la sesión». Los efectivos sufrieron diversas lesiones físicas y debieron recibir asistencia médica. Se encuentran en buen estado de salud.

Detallaron desde el Ejecutivo que «mientras se desarrollaba la protesta encabezada por UnTER y otros gremios adherentes, el personal policial realizaba una cobertura de seguridad en las inmediaciones del lugar, haciendo cumplir la determinación de evitar el ingreso de los manifestantes al recinto. Ante esta situación, los efectivos fueron agredidos con botellas llenas de agua, palos y trozos de madera, lesionando a varios empleados y empleadas policiales y destrozando los vidrios del frente de la Legislatura».

«En consecuencia, el Grupo COER de la Policía de Río Negro intervino con acciones de disuasión para restablecer el cordón perimetral. Al mismo tiempo se resguardó a los heridos en el interior del edificio, para recibir asistencia médica por parte del médico policial», agregaron.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen dispuso el inicio de actuaciones por atentado, resistencia a la autoridad, daños y lesiones. Se solicitó la revisión médica de los 10 empleados y se determinó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para que trabaje el Gabinete de Criminalística.

Resultaron lesionados la oficial subinspectora Y. Pérez (Comisaría de la Familia), el subcomisario principal N. Kreiber (Automotores), el sargento ayudante J.J. García (Unidad 41), el subcomisario principal J. Victorica (Unidad 34), el sargento primero G. Espinoza, el sargento ayudante C. Palopoli (Unidad 38), el oficial inspector C. Oropel (Unidad 38), el subcomisario principal D. Amaya (Unidad 38), el agente J. Lebeau y el comisario inspector G. Yanca (Jefe Regional Primera).