El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional N° 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.

Al respecto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que «actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional N° 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado».

«Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad» afirmó Echarren y agregó que «pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa», ejemplificó.

Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.

Luego del anuncio del vocero Manuel Adorni de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «se ponen en riesgo millones de vidas» y pidió la intervención de los gobernadores.

«El cierre de Vialidad Nacional implica un desinterés total de este Gobierno insensible al que no le importan las vidas que se puedan perder por el estado de las rutas. En estos últimos 18 meses el abandono de nuestras autopistas ha sido notorio y, a partir de ahora, será todo peor», auguró el dirigente estatal.

En este marco, Aguiar pidió a los gobernadores que «tomen partido en favor de la gente. Deben dejar el letargo en el que se encuentran. Ahora tienen que saltar, los queremos ver poniendo la cara por cada uno de los distritos. Esto va a ser un retroceso sin precedentes para todas las provincias del país. Esto rompe la conectividad y lesiona de manera grave el federalismo, mutila el desarrollo de todas las regiones del país. Con el cierre de Vialidad, se ponen en riesgo la vida de millones de argentinos», agregó.

«Este decreto da nacimiento a mega negociados. Buscan privatizar tareas estratégicas como la del mantenimiento vial. Estamos ante el desmantelamiento de estructuras claves para la soberanía nacional. La creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones es la habilitación de una gran caja negra para la política», agregó el secretario general de ATE Nacional.

A partir de esta decisión, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. «Es una ilegalidad manifiesta que a partir de ahora sea la Gendarmería la que aborde la prevención y el control de tránsito en las Rutas Nacionales y otros espacios públicos. Es una militarización de las rutas», concluyó Aguiar.

De esta forma, el sindicato profundizará las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional.

Son alrededor de 40.000 los kilómetros de Rutas Nacionales que quedarán abandonadas a partir de esta decisión que afectará, además, a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras.

La Dirección Nacional de Vialidad fue creada a partir de la Ley N° 11.658 en 1932 como respuesta a la necesidad de construir caminos que se ajustaran a las nuevas demandas del transporte automotor.

El gobernador Alberto Weretilneck advirtió que el estado calamitoso de la Ruta Nacional N° 151, «es un símbolo del abandono del Gobierno Nacional hacia el interior productivo del país». Aseguró que la presentación judicial colectiva impulsada por la Provincia, junto a intendentes e instituciones, busca que la Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.

La acción de amparo colectivo, presentada el 5 de julio ante el Juzgado Federal de General Roca, fue acompañada por la Defensoría del Pueblo, los intendentes de Catriel, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y Cipolletti, así como por cámaras empresariales de las localidades afectadas.

El objetivo es que la Justicia exija a Vialidad Nacional un plan inmediato de mantenimiento, señalización y bacheo, y ordene la reparación completa de los 150 kilómetros que unen Cipolletti con el límite con La Pampa.

«Agotamos todas las instancias de reclamo sin recibir respuesta alguna. Este Gobernador, los Intendentes y los medios locales llevamos años denunciando el abandono de la Ruta 151 y la única herramienta que nos queda es la Justicia», subrayó Weretilneck en diálogo con Canal 10. El juez federal ya aceptó la demanda y dio once días a Vialidad Nacional para responder sobre el estado de la ruta y las acciones previstas, iniciando la tramitación formal del expediente.

La demanda detalla que el pésimo estado de la Ruta Nacional N° 151 obstaculiza servicios esenciales: en lo que va del año, más de 576 traslados sanitarios dependen de este tramo, mientras que más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas utilizan diariamente la ruta para acceder a la educación. Además, impacta directamente en actividades estratégicas como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, de la que depende el 72% del petróleo y el 42% del gas del país.

«Estamos viviendo la peor época de abandono de las provincias por parte de la Nación desde la recuperación democrática. Mientras el 85% de los impuestos que pagamos se quedan en Buenos Aires, no hay ni un peso que vuelva en rutas, subsidios al transporte o viviendas», denunció el gobernador.

Entendió que las provincias «no generamos inflación ni deuda externa, pero somos quienes sostenemos la producción y la vida del país. Es hora de que la Nación cumpla con sus obligaciones».

La presentación judicial reclama también por la desnaturalización del régimen de financiamiento vial: recursos como el 28,58% del Impuesto a los Combustibles, que deberían destinarse al mantenimiento de rutas, son desviados sistemáticamente, agravando la situación.