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La reforma penal impide que los condenados caminen entre sus víctimas

Asegura la prisión preventiva de condenados a penas efectivas mientras esperan el fallo de la Corte Suprema, algo que no sucedía hasta la reforma sancionada por la Legislatura.

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El nuevo artículo 109 bis del Código Procesal Penal de Río Negro asegura la prisión preventiva de condenados a penas efectivas mientras esperan el fallo de la Corte Suprema.

La semana pasada, la Justicia de Río Negro aplicó esta reforma al dictar la prisión preventiva de un hombre condenado a 12 años de prisión por un caso de abuso sexual.

En mayo pasado, la Legislatura de Río Negro aprobó una significativa reforma al Código Procesal Penal a pedido del gobernador Alberto Weretilneck. Esta modificación, que incorpora el artículo 109 bis, establece que los condenados a prisión efectiva deberán permanecer detenidos mientras sus recursos sean revisados por la Corte Suprema de la Nación, poniendo fin a la posibilidad de que transiten en libertad durante el proceso de apelación.

La semana pasada, la Justicia de Río Negro aplicó esta reforma al dictar la prisión preventiva de un hombre condenado a 12 años de prisión por un caso de abuso sexual. La Fiscalía y la querella solicitaron la medida argumentando el riesgo de fuga del condenado, quien podría intentar evadir la pena impuesta. El tribunal, de manera unánime, aceptó el pedido y ordenó la detención inmediata del acusado, quien fue retirado del recinto bajo custodia policial.

El artículo 109 bis, recientemente sancionado, permite que la fiscalía o la querella soliciten la prisión preventiva de una persona condenada a pena efectiva cuando la sentencia ya no pueda ser recurrida a nivel provincial. Esta medida busca asegurar que el condenado cumpla con la sentencia impuesta, evitando que las víctimas tengan que cruzarse con sus victimarios mientras estos esperan el fallo final de la Corte Suprema.

La reforma impulsada por el gobernador Weretilneck responde a la necesidad de una «Justicia más ágil y efectiva», garantizando que aquellos condenados por crímenes graves, como homicidios o violaciones, permanezcan detenidos durante todo el proceso judicial, hasta que se dicte una sentencia firme. «Con esta medida, se pone fin a las largas esperas y se protege a las víctimas de tener que convivir en la misma comunidad que sus agresores, garantizando una mayor seguridad y paz social en la provincia de Río Negro», celebró el mandatario provincial tras la sanción de la reforma en al Legislatura.

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Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años

La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.

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Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.

Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.

El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.

El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.

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Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva

El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.

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El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».

El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».

La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».

Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».

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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca

Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.

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Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de  Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.

«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.

El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.

«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.

La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.

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