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ATE demandó ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley Bases
«Esta norma aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de Nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.
«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.
«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.
En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.
El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».
¿Qué dice la presentación judicial de ATE?
El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».
El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.
Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».
Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
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ATE rechazó el 1,7% mensual y prepara medidas de fuerza contra «una nueva paritaria por debajo de la inflación»
«Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero», indicó Aguiar. El ofrecimiento contempla además una suma fija por única vez de $80.000 en diciembre.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó el ofrecimiento de la paritaria de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año.
«Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato convocará en las próximas horas a un plenario federal de delegados para la semana que viene y evaluar el plan de acción. «Tenemos que definir nuevas medidas de fuerza y lograr que el Gobierno se siga debilitando. O se terminan de debilitar ellos, o nosotros desaparecemos. No hay término medio», indicó.
«Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada. Es una tomada de pelo. No alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes», concluyó Aguiar.
Desde que asumió Javier Milei, la pérdida del poder adquisitivo supera el 44% en la administración pública nacional (CCT 214/06), con paritarias a la baja rechazadas sistemáticamente por ATE y aceptadas por UPCN.
Cabe recordar que ATE realizó una encuesta a trabajadores de todos los organismos y ministerios en cada una de las provincias y arrojó como resultado que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
Paralelamente, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros, movimientos sociales y decenas de organizaciones de todas las centrales obreras, en su informe mensual realizado con datos oficiales del Indec y ponderado en función de las necesidades básicas de los trabajadores, señaló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de $3.065.161 para no ser pobre.
El mismo informe da cuenta de que en promedio, cada trabajador de la Administración Pública perdió en promedio 14,9 millones de pesos durante la gestión de Javier Milei.
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Marcha contra el endeudamiento: Aguiar no descarta que «el creciente nivel de deudas se convierta en el desencadenante de un estallido social en el país»
«El presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos», indicó.
En el inicio de la movilización contra el creciente endeudamiento de las familias trabajadoras, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «no hay que descartar que sea el alto nivel de endeudamiento el que se termine convirtiendo en el desencadenante de un estallido social en el país. La situación que en este momento atraviesan millones de hogares en Argentina es dramática».
«El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado. Tiene todas las herramientas para ponerle límites a la usura e implementar un programa de desendeudamiento de todas las familias que se endeudaron para poder sobrevivir», agregó.
En este marco, Aguiar apuntó que «el presidente miente cuando dice que no le pusieron una pistola en la cabeza a la gente. Son sus políticas económicas y las de Caputo las que se convirtieron en una 9 milímetros que ahora está apoyada en la sien de millones de argentinos».
«Es un Gobierno que le da todo a los que más tienen y nada a los que están sufriendo. Es increíble que hayan beneficiado con 68.000 millones de dólares en contribuciones a Mercado Pago y que los ciudadanos tengan que endeudarse para llegar a fin de mes. Hoy existen claramente dos argentinas: una llena de privilegios, con beneficios y subsidios, y otra Argentina llena de injusticias», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según los propios datos del Banco Central, son más de 20 millones de personas las que mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en la Argentina. Además, la morosidad de las familias se cuadriplicó desde diciembre de 2023 y llegó al 17,5% de los créditos personales.
En paralelo, ATE realizó una encuesta para monitorear cómo afecta esta situación en el sector público de todo el país y el resultado arrojó que el 87% tiene deudas vigentes, y de ese grupo, el 73% las tiene con varias entidades a la vez. En cuanto a para qué usan ese dinero, el 40% dijo que lo destina a urgencias médicas, gastos de educación o al pago de alquiler y expensas, y el 37% lo usa para pagar otras deudas o cubrir comida y ropa.
El relevamiento también mostró un impacto fuerte en la salud mental: el 85,4% de los estatales consultados reportó un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. El 19,5% mencionó ansiedad, el 17% angustia y agotamiento, el 16% desánimo y el 15% insomnio.
