Judiciales
En un mismo juicio confesó dos robos en chacras de Allen y aceptó la condena
Serán cinco años de prisión efectiva, más una declaración de segunda reincidencia.
Un hombre de Allen admitió haber participado de dos violentos robos en chacras de la zona, ocurridos en enero de este año. En un acuerdo de juicio abreviado reconoció su coautoría en ambos asaltos y aceptó la pena de cinco años de prisión efectiva, más una declaración de segunda reincidencia.
El imputado, de 47 años, se encuentra actualmente detenido. Los demás partícipes identificados en ambos robos ya fueron condenados.
El primer hecho ocurrió el 22 de enero de 2024 en un galpón de empaque de Allen, ubicado en la calle rural N° 4. Según la acusación que presentó la fiscalía, entre las 2 y las 3 de la madrugada el imputado Germán Ángel Antilaf, de 47 años, ingresó junto a otros hombres al predio del galpón luego de cortar un alambrado.
Primero fueron hasta la garita del sereno, a quien inmovilizaron con precintos y le taparon la cabeza con una campera. Luego rompieron la puerta de una oficina, de donde robaron una caja fuerte de un metro y medio de altura, una notebook, dinero en efectivo, documentación y chequeras. La banda escapó en una camioneta Chevrolet S10 oscura.
La investigación posterior encontró elementos de prueba en varios allanamientos, conversaciones telefónicas que acreditaron el vínculo de la organización e incluso un video en el que se ve al grupo de hombres cortando la caja fuerte con una amoladora.
El segundo hecho ocurrió unos pocos días después, en horas del mediodía del 27 enero de 2024. Una banda a bordo de un Suzuki Fun rojo llegó a una chacra de Allen ubicada al sur de la Ruta 22 justo cuando el propietario y el encargado se disponían a pagar salarios al personal del establecimiento.
El grupo de encapuchados se distribuyó tareas: uno quedó en el auto para asegurar la huida, otros dos amenazaron a los trabajadores de la chacra fuera de la oficina donde se hacían los pagos y los dos restantes ingresaron al despacho del empleador. Allí amenazaron y maniataron al dueño y al encargado y sustrajeron 5 millones de pesos en efectivo.
La investigación permitió encontrar numerosos elementos, entre ellos un video del grupo de hombres en Balsa Las Perlas, cuando se encontraban contando el dinero producto del atraco.
En el juicio abreviado Antilaf admitió haber participado de los dos robos y con el acuerdo de su defensora oficial y de la fiscalía se propuso una condena de 5 años de prisión, como coautor de los delitos de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, y con armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, dos hechos en concurso real.
Los jueces Gastón Martín, Fernando Sánchez Freytes y Julio Martínez Vivot admitieron y homologaron el acuerdo y dictaron la sentencia en forma inmediata. La condena quedó firme porque todas las partes renunciaron a los plazos procesales para interponer recursos.
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Solicitó la baja del servicio de TV y le debitaron 14 facturas más: Condenan a la empresa de cable
La compañía reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio.
Un hombre solicitó la baja del servicio de televisión por cable. Lo hizo de manera personal en la sucursal de Roca. En esa ocasión tomó nota del número de trámite y se retiró del local. A pesar de las gestiones, la empresa siguió debitando el servicio. Desde ese momento, el hombre persiguió el reclamo por el reintegro de 14 facturas abonadas sin su consentimiento. Ante la falta de respuestas, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra Telecom Argentina S.A. El Tribunal consideró que la empresa no brindó un trato digno al cliente ni proporcionó la información necesaria. Esta situación demoró la resolución del conflicto, lo que derivó en el reclamo judicial.
La empresa reconoció que el hombre solicitó la baja, pero alegó que, a los pocos días, pidió la reactivación del servicio. Según su versión, el vínculo contractual continuó durante un año y dos meses más.
La jueza consideró que la proveedora del servicio no presentó el contrato actualizado ni documentación suficiente sobre la presunta recontratación. La empresa, finalmente, también reconoció un saldo a favor del cliente, correspondiente a ajustes por facturación indebida.
La magistrada explicó que «el incumplimiento de la carga probatoria constituye una presunción en contra de los proveedores, en tanto es la parte fuerte de la relación de consumo quien se encuentra en mejor posición para aportar una evidencia que acredite la finalización de la relación de consumo y la presunta renovación del servicio».
Un peritaje informático reveló una solicitud telefónica de anulación del servicio, lo que despejó dudas sobre la supuesta reactivación. Incluso en su sistema interno, la empresa consignó «no lo quiere», en referencia al servicio.
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Condenaron a 10 años de prisión al cuarto acusado por el homicidio de Oscar Ripari
El brutal hecho ocurrió en diciembre del año pasado en la zona norte de Roca, en una vivienda ubicada lindante a una carnicería.
El último imputado por el homicidio de Oscar Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en General Roca, fue condenado a 10 años de prisión tras reconocer su participación en el hecho, al igual que los otros tres coautores ya sentenciados.
La calificación legal aceptada fue la de homicidio en ocasión de robo, según los artículos 45 y 165 del Código Penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía en el acuerdo abreviado se destacan los procedimientos realizados por el personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de Procuración General, además del análisis de celulares secuestrados y las imágenes captadas por las cámaras del 911.
El hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4.20, en una vivienda ubicada sobre Cardenales casi San Juan, margen sur, lindante a la carnicería La Familia.
Según la investigación, el imputado -junto a los demás condenados- ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo, tras violentar varias puertas. Una vez dentro, golpearon a Ripari, provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas después.
Posteriormente, los agresores sustrajeron la billetera del hombre, dinero en efectivo, tarjetas, su celular y mercadería de la carnicería, entre ellas unos 10 costillares de carne y varias cajas de pollo, que fueron trasladadas a una vivienda alquilada por uno de los involucrados.
Tras un cuarto intermedio, y con el acuerdo de las partes de renunciar a los plazos procesales, el Tribunal Colegiado condenó al hombre de 32 años a 10 años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba.
De esta manera, el condenado comenzó a cumplir la pena desde este viernes (17/10).
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Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
