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Reconocimiento positivo por el robo al ciber de las 250 viviendas

El juez Camarda dispuso que los dos sospechosos que después se atrincheraron permanezcan detenidos.

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El juez Maximiliano Camarda, titular del Juzgado de Instrucción N° 12 de General Roca, dispuso hoy que permanezcan detenidos hasta la resolución de su situación procesal dos hombres sospechados de haber cometido un robo en un ciber de la calle Jujuy al 1.400 de esta ciudad. El hecho que se investiga ocurrió el pasado 6 de junio, alrededor de las 10, y por el mismo la fiscalía imputó a Marcelo Fabián Bravo y a Darío Damián Cofré como presuntos coautores del delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se encuentra acreditada”. La audiencia oral y pública de indagatoria se desarrolló este mediodía.

Previamente se había llevado a cabo un reconocimiento en rueda de personas dispuesto por el juez Camarda respecto de los cuatro hombres que habían sido detenidos en el Barrio 250 Viviendas a raíz del robo, arrojando esa diligencia resultado positivo con relación a Bravo y a Cofré.

En la imputación se sostuvo que dos hombres ingresaron al ciber “Versus”, portando uno de ellos un arma de fuego con la que fueron amedrentados el propietario del local y otra persona. Se les atribuyó la presunta sustracción de una caja que contenía aproximadamente 500 pesos y de dos teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas.

Según surge de la imputación, los autores del hecho emprendieron la fuga a bordo de una moto y fueron perseguidos por el comerciante. Finalmente cuatro personas, entre las que estaban los dos hombres ahora imputados, fueron detenidas por la Policía en una vivienda de la calle Paraná al 2.500. Desde el interior de la vivienda, durante el procedimiento, fueron arrojados a la calle los dos teléfonos celulares que habían sido sustraídos.

En la audiencia de indagatoria la fiscalía solicitó que ambos imputados permanezcan detenidos y así lo dispuso el magistrado. La medida se mantendrá al menos por diez días hábiles, hasta la resolución de la situación procesal de los dos hombres. Previamente se realizará también una audiencia para que la fiscalía y la defensa expongan sus argumentos sobre la eventual prisión preventiva que pueda dictarse.

Con respecto a Bravo se precisó en la audiencia que no registra antecedentes penales computables, mientras que Cofré tenía vigente una orden de captura desde febrero de 2016 dictada por el Juzgado de Ejecución N° 10 de esta ciudad y una declaración de rebeldía del Juzgado de Instrucción N° 12 para la realización de un examen obligatorio en el marco de otra causa penal en trámite.

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Judiciales

Solicitaron 19 años de prisión para sujeto que abusó sexualmente de tres de sus hijas

Ya fue declarado culpable por un jurado popular en diciembre pasado. Ahora se definirá su condena.

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Tras haber sido declarado culpable por un jurado popular en diciembre pasado por varios delitos cometidos contra la integridad sexual de tres de sus hijas, hoy (21/02) el hombre escuchó el pedido de las partes en relación al monto de pena. Es así que la Fiscalía pidió 19 años de prisión efectiva, mientras que el defensor penal público 16 años. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles (28/02) al mediodía.

De esta manera, la fiscal jefa fundamentó su pedido en varios agravantes, entre ellos que «se trató de un hecho con pluralidad de víctimas, que son tres niñas vulnerables por estas características y por la relación asimétrica de poder con el victimario, que es su padre».

Además «fueron víctimas desde muy temprana edad, esto las vuelve aún más vulnerables, no tuvieron la chance de elegir ni de opinar acerca del inicio de su sexualidad, y los abusos marcaron una intromisión a su vida sexual», agregó la Fiscalía.

«Otro agravante que consideramos es la naturaleza de la acción, en el juicio por jurados quedó acreditado el prolongado lapso de tiempo en que los hechos sucedieron, que los mismos ocurrían en una zona rural, a veces de noche, otras veces cuando el hombre procuraba estar con las niñas solo, cuando las llevaba al colegio, cuando las tenía a su alcance», dijo la representante fiscal.

«La intensidad del daño causado, es decir, que quienes las debía cuidar abusó de ellas, y esta situación tuvo y aún hoy tiene un impacto en la psiquis de las menores de edad, cuestión enfatizada hoy con el testimonio de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI)», subrayó la fiscal.

«Consideramos agravante también que cuando el hombre se tuvo que ir del hogar a raíz de la denuncia y la intervención del Estado en el hecho, nunca se ocupó del bienestar ni de las hijas víctimas ni del resto. La denunciante de los abusos, la madre de las chicas tuvo además que iniciar un reclamo de cuota alimentaria ya que el hombre aún estando en libertad no cumplía con la misma», remarcó la fiscal jefa.

Por su parte, la defensora de menores que representa a las víctimas en el juicio, adhirió al pedido fiscal y solicitó al Tribunal que «se tenga en cuenta el interés superior, es decir, el de las niñas, ya que están protegidas por la Declaración Universal de los derechos del niño, niña y adolescentes, como también la Ley 26.061, la Guía de buenas prácticas de UNICEF, entre otras normativas vigentes en nuestro país».

El defensor penal público que asiste al hombre en el juicio, dijo que «no vamos a discutir el agravante de la pluralidad de víctimas. Pero sí la cuestión del género creemos que no debe ser admitida, como tampoco la duración en el tiempo ya que está incluida en el delito de corrupción, como también está incluida la cuestión de la relación asimétrica y la clandestinidad en el Artículo 119 presente en la calificación legal por la que ya fue condenado mi asistido».

Calificación legal por la que ya fue condenado por el jurado popular

En relación a una de las víctimas se lo declaró culpable del delito de «abuso sexual simple agravado por el vínculo, reiterado en un número indeterminado de veces, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores agravada por el vínculo».

Para otra de las víctimas, el hombre es culpable de «abuso sexual simple agravado por el vinculo, reiterado en un número indeterminado de veces y corrupción de menores agravada por el vínculo».

En tanto para la última, se lo condenó por «abuso sexual simple agravado por el vinculo, reiterado en un número indeterminado de veces y corrupción de menores agravada por el vínculo».

Prórroga de la prisión preventiva

El Ministerio Público Fiscal teniendo presente que la prisión preventiva que cumple el hombre desde el inicio del juicio está próxima a vencerse, solicitó y así resolvió el juez interviniente, que la misma se prorrogue por el plazo de cuatro meses, teniendo presente que «el riesgo de fuga se encuentra latente por la expectativa de una pena alta».

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Judiciales

Cobertura preventiva para una adolescente por las secuelas de una presunta mala praxis

La familia de la joven asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.

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Un sanatorio, dos médicos y sus respectivas aseguradoras deberán cubrir todos los gastos de una adolescente mientras avanza la demanda civil que inició la familia por un presunto caso de mala praxis. Siendo una niña sufrió un siniestro vial y fue operada. En la demanda principal, la familia asegura que la deficiente intervención quirúrgica en un centro médico de Roca le habría causado una incapacidad total.

Mientras en el expediente principal se recopilan las pruebas para determinar efectivamente las responsabilidades del caso, en otro proceso la familia inició una «acción preventiva del daño». Esta figura, reconocida en el Código Civil y Comercial de la Nación, permite fijar una cobertura para evitar que se agrave un daño provocado por cualquier tipo de acción antijurídica, basándose en una visión del derecho como una herramienta para prevenir y no sólo para indemnizar los daños ya producidos.

Un fallo del Juzgado Civil N° 9 de Roca hizo lugar a la acción preventiva y condenó a los seis demandados a abonar una suma fija por mes, basándose en los gastos y necesidades urgentes que acreditó la familia de la adolescente, en concepto te tutela anticipada. Pero tanto la familia como los demandados apelaron la medida y el caso fue nuevamente analizado por la Cámara Civil de Apelaciones. Ese Tribunal definió ahora una cobertura mayor, que además de la suma fija mensual incorpora la provisión de un colchón ortopédico, una cama ortopédica y una silla de ruedas para que la adolescente «pueda tener acceso a una estadía más cómoda, saludable y digna» mientras se definen las eventuales responsabilidades.

La sentencia valoró que la suma fija es suficiente para costear los gastos básicos y los tratamientos neurológicos, psicológicos y kinesiológicos, los insumos, remedios y traslados para la atención médica, además de la contratación de personas idóneas que puedan asistir a la adolescente en forma permanente. El fallo, además, previó un sistema de actualización de la suma de acuerdo con el proceso inflacionario.

En la sentencia de primera instancia, como es normal en los procesos de acción preventiva, se definió qué ocurrirá con estos pagos en el futuro, según lo que se defina en el expediente principal. Así, si prospera la demanda de daños y perjuicios que impulsa la familia y se determina que los demandados son responsables de la mala praxis, todo lo que hayan pagado anticipadamente se descontará de la indemnización final. Sobre ese punto, la Cámara agregó un cómputo de intereses para el eventual descuento. En cambio, si la demanda de la familia no prospera, los demandados que hayan pagado la cobertura preventiva tendrán derecho a iniciar acciones para pedir la devolución.

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Compró una moto a plazos y, cuando quiso retirarla, valía casi el doble

Le prometieron entregarlo en la cuarta cuota pero cuando llegó esa instancia, el valor del rodado se había incrementado prácticamente al doble de lo pactado.

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Un hombre de Cipolletti que pretendía comprar una moto recibirá una compensación económica por el incumplimiento del contrato de financiación del vehículo. Cuando realizó las gestiones para adquirir el rodado, le informaron de un precio y le prometieron entregarlo en la cuarta cuota. Al cumplir con esa instancia, el valor se había incrementado prácticamente al doble de lo pactado.

El cliente presentó una reclamo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y, posteriormente, inició un proceso de menor cuantía ante el juzgado de Paz de Cipolletti.

El fallo determinó que la empresa de financiamiento Ban S.R.L. debe indemnizar al consumidor debido a un incumplimiento contractual relacionado con la compra de la motocicleta marca Benelli, modelo TNT, de 150 cc de cilindrada.

El desacuerdo surgió cuando, después de acordar la compra del vehículo bajo un plan de financiación específico, al cliente se le notificó un incremento considerable en el precio inicialmente acordado, lo cual fue considerado excesivo y no acorde con la valuación fiscal del vehículo para ese año.

El litigio comenzó tras la presentación de una demanda por parte del cliente, quien actuó sin representación legal, reclamando por el aumento inesperado y solicitando el reintegro de los pagos efectuados, alegando que el cambio de precio constituía un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad financiera.

A lo largo del proceso, se destacó la ausencia de una respuesta adecuada por parte de la empresa ante el requerimiento legal específico, interpretándose esto como un reconocimiento de la veracidad de los hechos alegados por el cliente.

El análisis se centró en la relación de consumo y el derecho a la información, resaltando que la información proporcionada por la financiera sobre el precio del vehículo fue insuficiente y engañosa, afectando negativamente la libertad de elección y las condiciones equitativas del consumidor.

La resolución judicial no solo incluyó una compensación por los daños y perjuicios sufridos por el cliente, sino que también impuso un monto adicional como daño punitivo, con el objetivo de penalizar la conducta de la entidad financiera y disuadir futuras prácticas similares. Este aspecto del fallo subraya la importancia de la obligación de proveer información clara y precisa en las relaciones de consumo, así como de garantizar el derecho de los consumidores a tomar decisiones informadas sobre los bienes y servicios que adquieren.

La sentencia reafirmó la necesidad de transparencia y equidad en las prácticas comerciales y financieras.

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