Judiciales
Procesaron a Cufre, Villanova y Hermosa por represión policial
La ex cúpula policial rionegrina está acusada de homicidio culposo en la represión policial del 17 de junio del 2010 en Bariloche.
El Juez de Instrucción Ricardo Calcagno dictó el procesamiento de Victor Angel Cufre, Jorge José Villanova y Argentino Hermosa, al considerar que existen elementos para considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de homicidio culposo-dos hechos-, lesiones leves culposas en diez ocasiones y lesiones Graves culposas en tres ocasiones, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, todos en concurso ideal y en calidad de coautores y por el que fueran oportunamente indagados, por los hechos ocurridos el 17 de junio de 2010. La resolución fue tomada en fecha 2 de junio del año en curso y se encuentra debidamente notificada.
Se consigna que se ha dictado el procesamiento en los términos señalados, por cuanto se ha entendido que los imputados, – quienes ostentaban altísimos cargos al momento de los hechos-, situación que conllevan poder de decisión , liderazgo, conocimientos, antigüedad y experiencia, no ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento les incumbía. En este sentido, se omitió recurrir a los medios idóneos para el caso, -concretamente el grupo BORA (en atención a lo ordenado en el art. 52 del decreto 363/2002), se omitió adoptar acciones tendientes a disuadir a los manifestantes en forma pacífica (art. 3 inc. D ley 4200) y se omitió ajustar el actuar policial a lo dispuesto en el Manual de Táctica en el control de disturbios. Por el contrario, señala el fallo, agravaron la situación al convocar en forma indiscriminada a policías que no tenían ni la preparación ni la experiencia para afrontar el caso.
De esa forma Cufré causó una agresión armada y desmedida, con uso irracional y desproporcionado de la fuerza policial en contra de los manifestantes. Por caso, se señala la portación de escopetas 12/70 y 12/76 por parte de personal policial que no había realizado previamente el curso de escopetero, la utilización de proyectiles Propósito General (PG), la concreción de disparos con las armas referidas sin la realización del necesario rebote previo en el suelo, el suministro de proyectiles Propósito General (PG) por una empresa de seguridad privada, la portación y exhibición de armas reglamentarias en forma innecesaria, todos comportamientos contrario a las normas Constitucionales y legales vigentes.
Con respecto al accionar de Villanova la resolución señala que omitió ejercer el comando Superior de la Policía Provincial, dejando de lado la conducción operativa que debía ejercer sobre la institución abandonando el control personal de los servicios, en clara violación a los arts. 30, 31 y 32 inc a de la ley 1965. De esta manera y en esta etapa del proceso, queda acreditado , en esta etapa, la relación de causalidad en el accionar del Secretario de Seguridad, Jefe de Policía y del Jefe de la Unidad Regional III quienes no actuaron como lo debieron hacer según las disposiciones legales descriptas.
Consigna el Juez Calcagno que si los imputados la hubieran cumplido integralmente las normas señaladas, el resultado seguramente hubiera sido menos lesivo y hasta quizás podría no haber ocurrido, por lo cual concluyo que la violación de dichas normas efectivamente creó un peligro mayor que desencadenó el resultado no querido.
El hecho de haber permitido un operativo policial con decenas de patrulleros, personal policial perteneciente a todas las Unidades Policiales sin control ni líder alguno que guiara sus accionar, con personal policial para nada capacitado en este tipo de situaciones, es una circunstancia que por sí sola incrementa el riesgo de que se produzcan afectaciones a distintos bienes jurídicos. La decisión de haber desplegado un operativo de tal envergadura debería haber recaído naturalmente en los jefes de las fuerzas policiales y no en el libre albedrío de cada efectivo policial que no posee la capacitación para llevar a cabo tal tarea. Asimismo los aquí imputados estaban informados de los acontecimientos y ello surge de los dichos de numerosos testigos.
Este incremento del riesgo normal para las personas y cosas producto de la disposición de semejante operativo represivo acrecienta el deber de los funcionarios públicos y políticos encargados de controlar y supervisar la labor de la policía y las fuerzas de seguridad, especialmente el deber del Jefe de Policía, Jefe de la Unidad Regional III y del Secretario de Seguridad quienes mientras todo sucedía, estaban de paseo en la vecina localidad de El Bolsón. Por todo ello, Hermosa, Villanova y Cufré resultan necesariamente responsables por los hechos que aquí se investigan.
Menciona el fallo también que resulta innegable que los imputados no pudieran prever la posibilidad de este desenlace, habida cuenta que en la madrugada del día 17 de junio de 2010, en San Carlos de Bariloche, el Cabo de la Policía de la Provincia de Río Negro, Sergio Colombil durante un acto de servicio, mató de un disparo de arma de fuego, al menor Diego Bonefoi y no puede tenerse por «normal» dicho acontecimiento de enorme repercusión social y periodística también. La acción de llevar adelante el mencionado despliegue de fuerzas el día de los hechos incrementó el riesgo de que se produzcan muertes y lesiones. Como consecuencia de esta acción imprudente que violó deberes de proteger la integridad física de los manifestantes y del personal policial, se produjeron las muertes de dos personas y las numerosas lesiones que ya fueran descriptas.
La calificación legal escogida obedece a que ninguno de los resultados antes mencionados fue producto de una acción policial individual motivada, por otro tipo de razón que no fuera el de contener a los manifestantes para sofocar la conflictiva situación. No se ha podido constatar la existencia de una orden directa de lesionar o quitar la vida a los ciudadanos que se pronunciaban. Tan solo se advierte un despliegue imperito en la conducción de las fuerzas de seguridad al momento de encontrarse los imputados en esta ciudad y que con total desidia viajaron a El Bolsón a llevar a cabo una entrevista que no revestía el carácter de urgencia que el suceso aquí investigado sí ameritaba. Todo ello muestra la actitud negligente en lo que hace al momento en que, conociendo el riesgo que se cernía sobre los bienes jurídicos que se les habían confiado dejaron la cuestión en manos de sus subordinados causando a la postre los resultados que ya descriptos. Ello justifica la calificación legal que se pretende para encuadrar la conducta de los imputados, teniendo en cuenta que el conocimiento acabado que tenían de la situación admite suponer que pudieron representarse los resultados lesivos que habrían de sobrevenir y violando deliberadamente los deberes a su cargo, llevaron adelante un accionar imperito que provocó las lesiones y muertes aquí investigadas.
Cabe señalar que esta resolución ha sido apelada por uno de los imputados y se encuentra aun en plazo de apelación respecto del resto de los imputados y querellantes . Asimismo y con respecto al incidente de falta de acción interpuesto oportunamente por el defensor de los imputados, Dr. Mario Altuna fue recibido por esta Judicatura en fecha 12 de abril de 2016 por parte de la Cámara Segunda en lo Criminal, debiéndose solicitar el expediente principal a la Cámara Primera en lo Criminal en préstamo y a partir de allí los autos se encontraran en condiciones de ser resueltos.
Judiciales
Río Negro busca prohibir las salidas nocturnas a personas con tobilleras electrónicas
La iniciativa establece una prohibición de salir del domicilio entre las 20 y las 8 para personas con monitoreo electrónico. El proyecto contempla a quienes cumplen prisión domiciliaria, tienen prisión preventiva domiciliaria o están sujetos a una medida cautelar con dispositivos de seguimiento.
La Legislatura de Río Negro avanza en el tratamiento de un proyecto que busca endurecer las condiciones de control sobre las personas que utilizan tobilleras o pulseras electrónicas, mediante la prohibición de salidas de sus domicilios entre las 20 y las 8 horas del día siguiente.
La propuesta fue modificada durante su tratamiento en comisión para ampliar expresamente el alcance de la restricción, que ahora comprenderá tres situaciones diferentes: personas que cumplen condenas bajo prisión domiciliaria, imputados con prisión preventiva domiciliaria y personas sometidas a monitoreo electrónico como medida cautelar, aunque no tengan restringida su libertad mediante una prisión domiciliaria.
El legislador Lucas Pica explicó que esta última situación fue incorporada al texto original durante el debate parlamentario, con el objetivo de evitar diferencias en la aplicación de la normativa. «La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica«, precisó.
El parlamentario detalló que la disposición alcanzará tanto a quienes se encuentran privados de su libertad en sus viviendas como a aquellos que utilizan dispositivos electrónicos de seguimiento por disposición judicial, sin estar sometidos a prisión domiciliaria.
«Para los tres casos se va a aplicar esta restricción horaria. Y los jueces no van a poder excepcionar sino en casos de emergencia médica», remarcó.
Los jueces no podrán autorizar salidas nocturnas, salvo por emergencias médicas
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la limitación de las facultades judiciales para autorizar salidas durante el horario establecido.
Pica aclaró que la restricción también se aplicará expresamente a quienes cumplen prisión domiciliaria, pese a que esas personas ya tienen la obligación de permanecer en sus viviendas.
La inclusión de estos casos responde a la intención de impedir que se concedan permisos de salida transitoria durante la noche.
«Uno podría pensar que aquellos que tienen tobillera electrónica y están en domicilio con prisión domiciliaria por cumplimiento de condena o por cautelar de prisión preventiva domiciliaria, que esta restricción no se aplicaría porque ya están en el domicilio, presos en sus domicilios», explicó.
Sin embargo, señaló que el proyecto establece expresamente la prohibición para evitar interpretaciones que permitan excepciones judiciales. «Lo que hicimos es dejar expresamente así para que los jueces no puedan excepcionar y habilitar una salida transitoria en ese rango horario, es decir, entre las 20 y las 8», sostuvo.
De esta manera, las emergencias médicas quedarán como el único supuesto de excepción previsto para ese período.
Una modificación que amplía el alcance del proyecto original
El legislador destacó que el texto fue reformulado durante la reunión de comisión para incorporar a quienes están sometidos a medidas cautelares de monitoreo electrónico sin prisión domiciliaria.
«Eso es lo que se terminó resolviendo hoy en la comisión y, por lo tanto, se modificó el proyecto original, porque le agregamos este tercer supuesto, que es para casos de monitoreo de tobillera electrónica en el marco de una cautelar dictada sin prisión domiciliaria», explicó.
Esta modificación resulta especialmente relevante porque extiende la restricción nocturna a personas que no están cumpliendo una condena ni una prisión preventiva domiciliaria, pero que deben utilizar un dispositivo de seguimiento por orden judicial.
Pica insistió en que los tres supuestos fueron analizados expresamente durante el trabajo legislativo y que la intención es establecer una regla uniforme respecto de las salidas nocturnas.
La iniciativa continúa su recorrido parlamentario y, para que las nuevas restricciones entren en vigencia, deberá completar el procedimiento legislativo correspondiente.
De aprobarse, Río Negro contará con una disposición que limitará las autorizaciones judiciales de salidas entre las 20 y las 8 para las personas alcanzadas por el monitoreo electrónico, con la emergencia médica como única excepción contemplada en el proyecto.
Judiciales
Le duplicaron el chip del celular y perdió el control de las cuentas bancarias de su empresa
Una metalúrgica del Alto Valle sufrió transferencias fraudulentas y la gestión de un préstamo tras el cambio no autorizado de su tarjeta SIM. La Justicia Civil de Roca condenó a Banco Galicia y Telefónica.
Una empresa del rubro metalúrgico del Alto Valle sufrió una estafa que comenzó a más de 1.000 kilómetros de distancia. El teléfono que utilizaba para sus operaciones bancarias funcionaba en Río Negro y Neuquén. Sin embargo, una persona se presentó en una oficina de telefónica de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y retiró una nueva tarjeta SIM correspondiente a esa línea. La empresa nunca había solicitado el cambio.
El teléfono original perdió el servicio y la línea comenzó a funcionar en otro dispositivo. Apenas unos minutos después, los estafadores consiguieron activar el sistema de seguridad bancaria en un nuevo equipo.
Se registraron transferencias hacia cuentas desconocidas y se gestionó un préstamo por internet. El propio sistema del banco rechazó dos operaciones porque detectó cuentas sospechosas, pero permitió que continuaran otras transferencias. Cuando la firma advirtió los movimientos, ya había perdido el control de sus fondos.
La empresa metalúrgica presentó en el Poder Judicial una demanda por daños y perjuicios contra Banco Galicia y Telefónica. El fuero Civil de Roca hizo lugar al reclamo y condenó a ambas compañías de manera solidaria. La sentencia consideró que las dos empresas incumplieron sus obligaciones de seguridad.
La modalidad utilizada se conoce como SIM swapping. Este tipo de fraude deja a los usuarios sin acceso a sus cuentas bancarias y aplicaciones en cuestión de minutos. Consiste en obtener fraudulentamente una nueva tarjeta SIM asociada al número telefónico de la víctima para suplantar su identidad y acceder a claves o datos confidenciales sin que lo advierta de inmediato.
Durante el proceso, las dos compañías rechazaron su responsabilidad. Banco Galicia sostuvo que sus sistemas de seguridad no habían sido vulnerados y atribuyó el fraude a la empresa telefónica o a terceros.
Telefónica, por su parte, afirmó que el cambio de SIM se había realizado de manera presencial, con una autorización telefónica previa. También sostuvo que el fraude bancario respondía a problemas en los mecanismos de verificación de identidad utilizados por el banco. Ambas cuestionaron los daños reclamados y la aplicación de la normativa de defensa del consumidor.
La jueza determinó que correspondía aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, aunque la damnificada fuera una sociedad comercial. Explicó que los servicios bancarios y telefónicos no se incorporaban directamente a la actividad productiva de la metalúrgica, sino que eran utilizados para su funcionamiento cotidiano.
También señaló la desigualdad técnica y de información entre una empresa del Alto Valle y dos grandes prestadoras nacionales. Sobre esa base, aplicó las normas que protegen la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, además de las obligaciones previstas en el Código Civil y Comercial.
Las pericias informática y contable permitieron reconstruir la maniobra. La compañía telefónica había entregado la nueva SIM sin documentación suficiente para acreditar su autorización. Tampoco pudo demostrar la existencia de la llamada que supuestamente habilitó el trámite. En cuanto al banco, los registros mostraron que el nuevo dispositivo obtuvo acceso al sistema de autenticación desde una dirección de internet ajena a la habitual de la empresa. Además, la entidad detectó operaciones sospechosas, pero no bloqueó la cuenta ni acreditó haber alertado a su clienta.
Al analizar las responsabilidades, la jueza sostuvo que «en el caso de la empresa de telefonía debía asegurar que solo el titular de la línea y/o o quien éste autorice, pueda disponer de ella; mientras que la entidad bancaria debía asegurar que solo su cliente pueda disponer de los fondos depositados y obligarse en su nombre. Nada de ello fue cumplido, encontrándose acreditada la vulnerabilidad en las medidas de seguridad de las empresas demandadas».
Para fundamentar la sanción adicional, la jueza valoró la gravedad de los incumplimientos y la falta de respuesta efectiva ante el fraude. También tuvo en cuenta la capacidad de ambas compañías para implementar controles de seguridad y la necesidad de evitar que estas situaciones se repitan.
Judiciales
Un conductor de radio deberá pedir disculpas públicas y capacitarse por un hecho de violencia simbólica y mediática
El caso ocurrió durante un programa en una radio de Roca, después de que una mujer expresara su opinión por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Una mujer expresó su opinión en el contexto del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, durante un programa de radio. Su intervención provocó la reacción de un oyente, quien envió un audio con una expresión sexista hacia ella. El hombre profirió un insulto basado en su condición de mujer. El episodio ocurrió en un espacio de comunicación pública, a través de un medio de amplia difusión.
La situación se agravó por la actitud del conductor del programa. En lugar de cuestionar el comentario del oyente, el comunicador lo avaló y minimizó su contenido discriminatorio. La mujer consideró que había recibido un trato humillante y degradante por el solo hecho de ser mujer y que la reacción del periodista había legitimado públicamente esa agresión. El episodio motivó una denuncia por violencia de género, en su modalidad simbólica y mediática.
Tras analizar los hechos denunciados, una jueza del fuero de Familia de Roca consideró que el comportamiento del conductor radiofónico constituyó una manifestación de violencia simbólica mediática.
La magistrada ordenó que el comunicador se abstenga de reproducir o avalar mensajes discriminatorios contra las mujeres. También solicitó que ofrezca disculpas públicas por el mismo medio donde ocurrieron los hechos y que realice una capacitación específica sobre violencia de género.
Para fundamentar su decisión, la magistrada aplicó la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que define la violencia simbólica y su modalidad mediática.
También citó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 27.039, la Constitución Nacional y los tratados internacionales que protegen la dignidad, la igualdad y la libertad de expresión. Además, tuvo en cuenta las recomendaciones generales 19 y 35 de la CEDAW y las disposiciones del Código Procesal de Familia de Río Negro.
En su resolución, la jueza destacó la responsabilidad de quienes trabajan en los medios de comunicación por su capacidad para influir en las opiniones y reproducir patrones culturales Explicó que la violencia simbólica no requiere agresiones físicas, sino que puede manifestarse mediante expresiones, estereotipos y conductas que naturalizan la desigualdad entre hombres y mujeres. También señaló que la reacción frente a un comentario discriminatorio tiene importancia, porque la aceptación o minimización de esas expresiones contribuye a legitimar la violencia.
La sentencia estableció que el conductor deberá pedir disculpas públicas a la mujer dentro de los cinco días posteriores a la notificación, a través del mismo medio de comunicación.
También tendrá un plazo de 90 días para acreditar su participación en una capacitación sobre violencia de género, especialmente sobre violencia simbólica mediática. Podrá realizarla de manera gratuita en la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Río Negro, a través de una propuesta sobre masculinidades, o elegir otra formación por su cuenta.
La jueza advirtió que el incumplimiento de las medidas puede dar lugar a una causa penal por desobediencia a la autoridad y a otras medidas judiciales. La resolución remarcó que los medios de comunicación tienen un papel central en la construcción de representaciones sociales y en la prevención de la violencia contra las mujeres.
