Judiciales
Confirman condena a policía de Lamarque
Había sido condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación.
El Superior Tribunal de Justicia denegó el recurso extraordinario federal planteado por la defensa y confirmó así la condena de prisión en suspenso e inhabilitación contra un efectivo policial de Lamarque por las vejaciones de las que fue víctima un ciudadano.
La Cámara Criminal Tercera de General Roca había condenado al policía Ernesto Santos Rossi a la pena de dos años y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer funciones policiales “que tengan que ver con contacto con ciudadanos y estar munido de cualquier tipo de arma provista por la repartición”. Aquella sentencia fue cuestionada por la defensa mediante un recurso de casación que el Superior Tribunal de Justicia rechazó en septiembre de 2015. Ahora, ante un nuevo recurso defensista, el STJ ratificó los fallos anteriores y no abrió la vía de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según se tuvo por acreditado tras el juicio, “el 12 de septiembre de 2010, aproximadamente a las 10.30 horas, en la intersección de las calles Moreno y Urquiza de la localidad de Lamarque, el imputado, en ejercicio de su función policial, aplicó un golpe con su cachiporra al ciudadano P.A.O. en la zona de la cabeza (parte frontal), lo que le causó una lesión de carácter leve, para posteriormente amenazarlo diciéndole ‘ya vas a caer vos y ahí te voy a dar…’, con lo que le produjo temor”. Del expediente surge que aquella mañana Rossi y otro efectivo “arribaron al sector tras haber recibido en la dependencia policial un llamado que informaba que diferentes personas estaban cometiendo un disturbio en la vía pública” y que, en esas circunstancias, el uniformado cometió los delitos de “vejaciones agravadas por el uso de violencia en concurso ideal con lesiones leves y en concurso real con amenazas” por los que resultó condenado.
La defensa sostuvo en su recurso, entre otros agravios, que existió “vulneración del principio de congruencia”, “lesión a la garantía de imparcialidad” y arbitrariedad en la sentencia. Pero el STJ, en coincidencia con el dictamen de la Fiscalía General, concluyó que el escrito de la defensa “no satisface los extremos formales requeridos en las Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal” (Acordada N° 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Con los votos de los jueces Enrique Mansilla, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarián, el STJ concluyó que “el recurrente no rebate con eficacia las consideraciones de la resolución que impugna, dado que su crítica se limita a cuestionar aspectos ya analizados y decididos sin aportar argumentos suficientes que demuestren la conculcación de derechos y garantías que alega, a la vez que no acredita la arbitrariedad invocada ni la existencia de cuestión federal suficiente que amerite la habilitación de la vía excepcional pretendida”.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Judiciales
Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
Judiciales
Imputaron a una profesora de natación y un guardavidas por el fallecimiento del niño de 11 años en la pileta municipal de Roca
Según la acusación, ambos imputados habrían omitido el deber de cuidado al no advertir a tiempo lo que le ocurría a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal imputó a una profesora de natación y a un guardavidas por el delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 11 años ocurrida el 22 de diciembre de 2023 durante una clase en la pileta municipal de General Roca, ubicada en la zona norte de la ciudad.
Según la acusación fiscal, ambos imputados estaban a cargo de un grupo de seis menores cuando, alrededor de las 11.40, se le indicó al grupo un ejercicio en el agua. El niño no salió a la superficie como los demás y la situación fue advertida minutos después, cuando lo sacaron del agua e iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.
La Fiscalía sostuvo que ambos habrían omitido el deber de cuidado al no advertir lo que ocurría con el menor. El tiempo de inmersión prolongada sin supervisión efectiva ni asistencia inmediata provocó un episodio de ahogamiento por sumersión que derivó en su fallecimiento por asfixia. La calificación legal aplicada es la de homicidio culposo, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal.
El defensor penal público que asiste a ambos imputados señaló que, a criterio de la defensa, no existen elementos suficientes para formular cargos en esta instancia, y reclamó la realización de un estudio histopatológico antes de arribar a conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.
La jueza de Garantías interviniente, ante la presencia de los padres del niño y su querellante -quien adhirió al pedido fiscal-, explicó que la investigación deberá determinar si la muerte fue producto de negligencia o imprudencia de quienes tenían a su cargo al menor, o si fue consecuencia de una patología previa que no hubiera podido evitarse aun con la debida diligencia. Tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria.
