El pasado viernes (13/03) se desarrolló una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Río Negro y la conducción del gremio docente UnTER, donde se presentó una propuesta de actualización salarial que ahora será analizada por las bases del sindicato en un Congreso General Extraordinario a realizarse el próximo miércoles (18/03).

Durante el encuentro, representantes del área de Hacienda expusieron la situación financiera de la provincia y señalaron que el escenario es complejo debido a la caída del consumo y a la disminución de la coparticipación proveniente del Gobierno nacional.

En materia salarial, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 5,29% en los haberes de marzo, aplicado al sueldo bruto sobre todo concepto. Además, propuso una actualización automática bimestral según el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el indicador nacional y el de Viedma, que se aplicará a partir de abril tomando los índices de febrero y marzo.

La propuesta también incluye el pago de una suma fija no remunerativa de $250.000 por agente, que se abonará por única vez en dos cuotas de $125.000: la primera el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril, como compensación por la pérdida salarial registrada en los últimos meses de 2025.

Entre otros puntos, el Gobierno planteó un incremento del ítem Ubicación del 20% al 40% para las escuelas de la Zona Andina y Andina Sur, además de una actualización del tope de movilidad para docentes a 1.800 kilómetros mensuales y para supervisores y equipos directivos a 2.500 kilómetros por mes.

Desde UnTER manifestaron cuestionamientos a la propuesta y señalaron además la ausencia de la ministra de Educación Patricia Campos en la mesa paritaria. El gremio también planteó diversas problemáticas que atraviesan las comunidades educativas, entre ellas el cierre de cargos, situaciones edilicias, el funcionamiento de las escuelas, la regularización del IPROSS y la derogación de auditorías.

La oferta salarial será puesta a consideración de las asambleas seccionales y del Congreso General Extraordinario del sindicato previsto para el miércoles (18/03), donde se definirá la postura del gremio docente.

Una mujer de Viedma advirtió que en su tarjeta de crédito se registró el cobro de dos cuotas consecutivas de una compra en un mismo resumen mensual, pese a que el plan de pago había sido pactado en seis cuotas.

Según surge del expediente, la persona realizó varias compras a través de una plataforma de comercio electrónico. Entre los productos adquiridos figuraron artículos para el hogar ofrecidos por distintos comercios. El pago se efectuó mediante una tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria, bajo la modalidad de financiación en seis cuotas.

De acuerdo con la presentación judicial, los primeros resúmenes respetaron el cronograma de pagos acordado. Sin embargo, en un resumen posterior aparecieron dos cuotas consecutivas correspondientes a las operaciones realizadas. Esa situación modificó el monto que debía abonarse en ese período.

La usuaria se comunicó con la administradora de la tarjeta para consultar el motivo de la facturación. Según indicó en la demanda, desde ese canal le informaron que debía realizar el reclamo ante la entidad bancaria emisora.

Posteriormente contactó al banco y registró un reclamo formal. La respuesta de la entidad explicó que el ingreso simultáneo de cuotas se vinculó con una modalidad de liquidación de operaciones que podía provocar la inclusión de dos cuotas en un mismo resumen o, en determinados casos, la ausencia de una cuota en un período de facturación.

El banco también ofreció como alternativa que la clienta dejara impaga la parte del resumen correspondiente a la cuota considerada adelantada y que luego solicitara el reintegro de los intereses que se generaran por ese saldo. La mujer expresó que esa explicación le resultó confusa y decidió pagar el resumen completo para evitar inconvenientes con el uso de su tarjeta.

Antes de iniciar el proceso judicial, la persona presentó un reclamo ante el organismo de defensa del consumidor. Ese trámite concluyó sin acuerdo entre las partes.

En su demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de Viedma sostuvo que la facturación inesperada alteró su organización económica mensual. Según relató, debió solicitar dinero prestado a un familiar para afrontar el pago del resumen.

En su contestación de demanda, la entidad bancaria negó responsabilidad por los hechos y sostuvo que la modalidad de financiación denominada cuota a cuota había sido pactada entre los comercios y la empresa procesadora de pagos, encargada de administrar el sistema de liquidación de consumos efectuados con tarjeta.

El banco también planteó una defensa de falta de legitimación pasiva al afirmar que resultaba ajeno a la operatoria comercial que originó el reclamo.

En la sentencia, el Juzgado analizó la estructura del sistema de tarjetas de crédito y señaló que esa operatoria funciona a través de una red de contratos que involucra al banco emisor, la empresa administradora de pagos y los comercios adheridos.

El fallo indicó que todos esos sujetos intervienen en la prestación del servicio frente al consumidor. En ese contexto, recordó que la normativa de defensa del consumidor establece responsabilidad solidaria entre quienes integran la cadena de prestación.

El Juzgado también examinó la información brindada a la usuaria respecto de la modalidad de liquidación que produjo la facturación simultánea de cuotas. Según la resolución, no surgió prueba suficiente que acreditara que ese mecanismo hubiera sido informado de forma clara y previa a la consumidora.

La sentencia consideró además la respuesta ofrecida por la entidad financiera ante el reclamo. El fallo señaló que la alternativa propuesta trasladó a la usuaria los efectos de una operatoria del sistema.

Finalmente, el juez de Paz condenó solidariamente a Banco Macro y a Prisma Medios de Pago S.A. a pagarle a la clienta el importe que se determine en la etapa de liquidación en concepto de daño patrimonial, estimado en $427.317,60. También dispuso el pago de una indemnización por daño extrapatrimonial, con intereses devengados desde el inicio de las actuaciones hasta el dictado de la sentencia. A ello se suma el pago de $400.000 en concepto de daño punitivo, más intereses.

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, envió a Colombia una delegación técnica integrada por referentes en la lucha contra el narcotráfico para capacitarse y fortalecer el abordaje de este delito complejo, con el objetivo de actualizar las herramientas operativas de la provincia.

Esta iniciativa, que se enmarca en el plan de profesionalización de las fuerzas de seguridad, reúne a funcionarios y especialistas vinculados a áreas específicas del combate al narcotráfico. Se trata de profesionales con experiencia en análisis criminal, coordinación de emergencias y tareas operativas contra el tráfico de drogas. Entre ellos hay integrantes de fuerzas de seguridad y técnicos dedicados a la planificación logística de operativos.

La comitiva es encabezada por el secretario de Narcocriminalidad, Darío Buonaventura, y el subsecretario de Seguridad Ciudadana y Emergencias (911), José Arcajo. El equipo técnico se completa con el coordinador Logístico y Técnico de Enlace, Yeison Guzmán Contreras; el integrante de la Secretaría Privada, Andrés Martín; y el subcomisario en actividad Víctor Cufré, jefe de la Delegación de Toxicomanía de Roca.

En la agenda de trabajo se programaron encuentros con unidades especializadas en narcocriminalidad para conocer metodologías de investigación, estrategias de inteligencia y mecanismos de cooperación entre agencias. En ciudades con amplia experiencia en la lucha contra el crimen organizado, los equipos rionegrinos acceden a herramientas que luego podrán aplicarse en el territorio provincial.

Al mismo tiempo, la comitiva también cumple una función clave como enlace institucional. A partir de estos contactos se proyecta la llegada de instructores internacionales que, en los próximos meses, podrían brindar capacitaciones presenciales en distintas ciudades de la provincia. De esta manera, el conocimiento adquirido no quedará sólo en un grupo reducido, sino que podrá replicarse entre más agentes.

En paralelo, la política de formación impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia busca elevar el estándar profesional de quienes trabajan todos los días en la prevención y persecución del delito. El objetivo es claro: que el personal policial y técnico cuente con herramientas actualizadas para enfrentar redes delictivas cada vez más complejas.