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Judiciales

Comenzó la feria judicial en Río Negro

Se extenderá hasta el próximo 25 de julio.

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A partir de hoy inició la Feria Judicial correspondiente al mes de julio en la provincia de Río Negro y el Superior Tribunal de Justicia dispuso a través de la Resolución N° 448/2016 la nómina de magistrados, funcionarios y empleados que cumplirán funciones en este período que se extenderá hasta el 25 de julio. El horario de atención durante las dos semanas de receso será de 7.30 a 13.30 horas.

En Viedma, los jueces de Cámara que estarán a cargo durante el receso son María Luján Ignazi (primera semana) y Ariel Gallinger (segunda semana) en el fuero Civil; Marcelo Chironi, en el fuero Penal; Gustavo Guerra Lavayén (primera semana) y Rolando Gaitán (segunda semana), en el fuero Laboral. En cuanto a los jueces de Instrucción durante la primera semana estará en funciones Carlos Mussi y en la segunda semana lo estará Ignacio Gandolfi. Por su parte en los fueros Civil y de Familia durante la primera semana estará a cargo la Jueza Rosana Calvetti y durante la segunda la Jueza María Laura Dumpé. En cuanto al Ministerio Público estarán en funciones como Defensores: Cecilia Cabello y Patricia Arias, durante la primera semana y Teresita Molaro con Pedro Vega, durante la segunda semana. Con respecto a los fiscales estará en funciones la primera semana Itziar Soly y la segunda semana estará Paula Frandsen.

Por su parte, en General Roca, los jueces de Cámara que estarán a cargo durante el receso son: Silvana Gadano, María del Carmen Vicente, Adriana Mariani, Gustavo Martínez y Emilio Stadler. Los jueces de Instrucción son Juan Pablo Chirinos (primera semana) y Julio Martínez Vivot (segunda semana). Los jueces Civiles y de Familia son Verónica Hernández, Andrea Tomena y Moira Revsin. En Villa Regina los jueces Civil, de Familia y Penal de feria son Claudia Vesprini, Paola Santarelli y Federico Dalsasso. En Choele Choel los jueces de primera instancia son Guillermo Bodrato y Marisa Calvo. En cuanto al Ministerio Público estarán en funciones como Defensores: Diego Suarez y Alicia Terraza (primera semana) y M. Cristina Díaz y Miguel Salomón (segunda semana). Con respecto a los fiscales estará en funciones la primera semana Luciano Garrido y la segunda semana Teresa Giufrida. En Villa Regina el Ministerio Público será subrogado por los funcionarios en turno de Roca. En Choele Choel los defensores son Francisca Santos (primera semana) y Mariangel Fernández Bruno (segunda semana). El fiscal Miguel Ángel Flores estará la primera semana y el fiscal Daniel Zornitta la segunda semana.

En San Carlos de Bariloche, la Cámara de Apelaciones y Laboral estará integrada durante la feria por los Jueces Jorge Serra, Marina Venerandi, Edgardo Camperi y Juan Lagomarsino. En tanto el fuero penal estará integrado por los Jueces Bernardo Campana, durante la primera semana y Juan Martín Arroyo la segunda. Además los Juzgados Civiles y de Familia estarán integrados por los Jueces Santiago Morán, Cristian Tau Anzoátegui, Marcela Pájaro y Erika Fontela en El Bolsón. Y los Fiscales en turno son Martín Lozada, Guillermo Lista y Sergio Pichetto, y los Fiscales Adjuntos Jimena Videla, Mariana Lazcano y César Lanfranchi. -h-. Las Defensorías Civiles estarán en turno Adriana Ruiz Moreno, Victoria Allen, Stella Viudez, Martín Fernández y las Penales con los Defensores Romina Martini, y Juan Pablo Laurence . En tanto Manuel Caferata estará a cargo de la Defensoría de Menores e Incapaces.

Por último, en Cipolletti los jueces de Cámara son Emilce Álvarez y Pablo Repetto (primera semana) y Marcelo Gutiérrez, Alejandra Berenguer y Luis Lavedán (segunda semana). Los jueces y juezas tanto Civiles, como de Familia que quedarán en funciones son: Patricia Cladera (primera semana), Alejandro Cabral y Vedia y Marissa Palacios (segunda semana). El juez de Ejecución Lucas Lizzi también se desempeña durante esta feria. Mientras que el juez de Instrucción Penal de feria es Santiago Márquez Gauna. En cuanto al Ministerio Público estarán en funciones como Defensores: Paula Ruiz y Juan Pablo Piombo, durante la primera semana, y Débora Fidel y Laura González Vitale durante la segunda semana. Con respecto a los fiscales estará en funciones la primera semana Martín Pezzetta y la segunda semana José Rodríguez Chazarreta,

Cabe señalar que se considerarán cuestiones de carácter urgente: Medidas cautelares, denuncias por la comisión de delitos de acción pública o dependientes de instancia privada, quiebras y convocatorias de acreedores, concursos civiles y las medidas consiguientes a los mismos. Las acciones y recursos de garantías individuales. Además de asuntos cuando el interesado justifique que se encuentra expuesto a la pérdida de un derecho o a sufrir graves perjuicios si no se le atiende, en particular cuando tramite mediante acción de amparo. Están previstos atender también cobro de remuneraciones por vía judicial, cobro de créditos de carácter alimentario, acciones derivadas del derecho de familia cuando estén involucrados menores o incapaces.

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Judiciales

Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto

Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

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Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.

El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.

Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.

El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.

El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.

Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.

La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.

A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.

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Judiciales

Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025

Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

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Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.

En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.

La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.

Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.

También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.

En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.

La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.

La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.

La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.

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Judiciales

Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria

La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

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Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.

La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.

Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.

Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.

El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.

Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.

La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.

Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.

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