Judiciales
Comenzó la feria judicial en Río Negro
Se extenderá hasta el próximo 25 de julio.
A partir de hoy inició la Feria Judicial correspondiente al mes de julio en la provincia de Río Negro y el Superior Tribunal de Justicia dispuso a través de la Resolución N° 448/2016 la nómina de magistrados, funcionarios y empleados que cumplirán funciones en este período que se extenderá hasta el 25 de julio. El horario de atención durante las dos semanas de receso será de 7.30 a 13.30 horas.
En Viedma, los jueces de Cámara que estarán a cargo durante el receso son María Luján Ignazi (primera semana) y Ariel Gallinger (segunda semana) en el fuero Civil; Marcelo Chironi, en el fuero Penal; Gustavo Guerra Lavayén (primera semana) y Rolando Gaitán (segunda semana), en el fuero Laboral. En cuanto a los jueces de Instrucción durante la primera semana estará en funciones Carlos Mussi y en la segunda semana lo estará Ignacio Gandolfi. Por su parte en los fueros Civil y de Familia durante la primera semana estará a cargo la Jueza Rosana Calvetti y durante la segunda la Jueza María Laura Dumpé. En cuanto al Ministerio Público estarán en funciones como Defensores: Cecilia Cabello y Patricia Arias, durante la primera semana y Teresita Molaro con Pedro Vega, durante la segunda semana. Con respecto a los fiscales estará en funciones la primera semana Itziar Soly y la segunda semana estará Paula Frandsen.
Por su parte, en General Roca, los jueces de Cámara que estarán a cargo durante el receso son: Silvana Gadano, María del Carmen Vicente, Adriana Mariani, Gustavo Martínez y Emilio Stadler. Los jueces de Instrucción son Juan Pablo Chirinos (primera semana) y Julio Martínez Vivot (segunda semana). Los jueces Civiles y de Familia son Verónica Hernández, Andrea Tomena y Moira Revsin. En Villa Regina los jueces Civil, de Familia y Penal de feria son Claudia Vesprini, Paola Santarelli y Federico Dalsasso. En Choele Choel los jueces de primera instancia son Guillermo Bodrato y Marisa Calvo. En cuanto al Ministerio Público estarán en funciones como Defensores: Diego Suarez y Alicia Terraza (primera semana) y M. Cristina Díaz y Miguel Salomón (segunda semana). Con respecto a los fiscales estará en funciones la primera semana Luciano Garrido y la segunda semana Teresa Giufrida. En Villa Regina el Ministerio Público será subrogado por los funcionarios en turno de Roca. En Choele Choel los defensores son Francisca Santos (primera semana) y Mariangel Fernández Bruno (segunda semana). El fiscal Miguel Ángel Flores estará la primera semana y el fiscal Daniel Zornitta la segunda semana.
En San Carlos de Bariloche, la Cámara de Apelaciones y Laboral estará integrada durante la feria por los Jueces Jorge Serra, Marina Venerandi, Edgardo Camperi y Juan Lagomarsino. En tanto el fuero penal estará integrado por los Jueces Bernardo Campana, durante la primera semana y Juan Martín Arroyo la segunda. Además los Juzgados Civiles y de Familia estarán integrados por los Jueces Santiago Morán, Cristian Tau Anzoátegui, Marcela Pájaro y Erika Fontela en El Bolsón. Y los Fiscales en turno son Martín Lozada, Guillermo Lista y Sergio Pichetto, y los Fiscales Adjuntos Jimena Videla, Mariana Lazcano y César Lanfranchi. -h-. Las Defensorías Civiles estarán en turno Adriana Ruiz Moreno, Victoria Allen, Stella Viudez, Martín Fernández y las Penales con los Defensores Romina Martini, y Juan Pablo Laurence . En tanto Manuel Caferata estará a cargo de la Defensoría de Menores e Incapaces.
Por último, en Cipolletti los jueces de Cámara son Emilce Álvarez y Pablo Repetto (primera semana) y Marcelo Gutiérrez, Alejandra Berenguer y Luis Lavedán (segunda semana). Los jueces y juezas tanto Civiles, como de Familia que quedarán en funciones son: Patricia Cladera (primera semana), Alejandro Cabral y Vedia y Marissa Palacios (segunda semana). El juez de Ejecución Lucas Lizzi también se desempeña durante esta feria. Mientras que el juez de Instrucción Penal de feria es Santiago Márquez Gauna. En cuanto al Ministerio Público estarán en funciones como Defensores: Paula Ruiz y Juan Pablo Piombo, durante la primera semana, y Débora Fidel y Laura González Vitale durante la segunda semana. Con respecto a los fiscales estará en funciones la primera semana Martín Pezzetta y la segunda semana José Rodríguez Chazarreta,
Cabe señalar que se considerarán cuestiones de carácter urgente: Medidas cautelares, denuncias por la comisión de delitos de acción pública o dependientes de instancia privada, quiebras y convocatorias de acreedores, concursos civiles y las medidas consiguientes a los mismos. Las acciones y recursos de garantías individuales. Además de asuntos cuando el interesado justifique que se encuentra expuesto a la pérdida de un derecho o a sufrir graves perjuicios si no se le atiende, en particular cuando tramite mediante acción de amparo. Están previstos atender también cobro de remuneraciones por vía judicial, cobro de créditos de carácter alimentario, acciones derivadas del derecho de familia cuando estén involucrados menores o incapaces.
Judiciales
Logró una contención emocional en terapia y el Poder Judicial le permitió borrar el apellido de su agresor
La mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
Durante décadas, una mujer en Río Negro guardó un secreto. A los 10 años, su propio padre abusó de ella, situación que se repitió tiempo después. El dolor y la vergüenza sellaron sus labios frente a su madre, su esposo e incluso ante sus propios hijos.
En el año 2025, la angustia cruzó el límite de lo tolerable y ella buscó refugio en la terapia psicológica. Frente a la profesional las palabras finalmente salieron a la luz. En ese espacio de sanación, la mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
El fuero de familia de Roca dictó una sentencia que permite a la mujer eliminar el apellido de su progenitor biológico de la partida de nacimiento. La Jueza destacó la importancia del derecho a la identidad y el carácter del nombre como atributo esencial de la personalidad.
Señala que la normativa actual admite una interpretación más flexible que la antigua idea de inmutabilidad del nombre.
La sentencia considera acreditado que la mujer sufrió situaciones graves en el vínculo paterno-filial, incompatibles con el rol de cuidado que se espera de un progenitor. El informe psicológico resultó determinante para evaluar el daño persistente que le genera el uso del apellido. Así, la jueza concluye que obligarla a conservarlo afecta su identidad, su salud y su bienestar.
En función de ello, entiende que existen «justos motivos» para autorizar el cambio, ya que el apellido no cumple su función identificatoria y, por el contrario, produce sufrimiento. También resalta que la decisión no perjudica a terceros ni altera el vínculo jurídico con el padre.
La sentencia hace lugar a la demanda y ordena rectificar la partida de nacimiento, eliminando el apellido paterno e inscribiendo únicamente el materno. Aclara que los efectos se limitan al nombre, sin modificar los derechos y deberes derivados de la filiación. Además, indica que cualquier cambio en el apellido de los hijos deberá tramitarse en un proceso separado.
Judiciales
Cayó por una frenada brusca y el chofer la dejó en la sala de emergencias: Condenaron a KoKo
El hecho ocurrió entre Cervantes y Mainqué, en la Ruta Nacional N° 22. La víctima, una docente, reclamó en la Justicia y el fallo fue favorable.
Una docente subió a un colectivo en Cervantes para ir a su trabajo en Mainqué. Pagó el boleto y caminó por el pasillo en busca de un asiento. A unos cien metros de iniciado el viaje por la Ruta Nacional N° 22, el chofer frenó de golpe. Ese movimiento brusco provocó que la mujer cayera de espaldas contra el suelo del ómnibus.
Inmediatamente, los pasajeros la ayudaron a ponerse de pie. El viaje continuó hasta que el conductor la dejó frente a la sala de primeros auxilios de Mainqué. Más tarde, los médicos confirmaron que la mujer sufrió una fractura de peroné que le dejó secuelas.
La mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte. El fuero civil de Roca le dio la razón a la pasajera y condenó a KoKo al pago de una indemnización. La mujer reclamó distintos rubros: daño físico, gastos, daño psicológico y daño moral.
La empresa reconoció el hecho, pero negó responsabilidad. Expuso que la caída se produjo por culpa de la pasajera, quien no se habría sujetado correctamente. En la misma línea, la aseguradora aceptó la cobertura dentro de los límites de la póliza, aunque también rechazó los daños reclamados.
La sentencia centró el conflicto en determinar si existió un incumplimiento del deber de seguridad propio del contrato de transporte. Señaló que se trata de una responsabilidad objetiva, en la cual la pasajera debe probar el hecho y el daño, mientras que la empresa solo puede eximirse si demuestra una causa ajena.
Tras valorar la prueba, en especial los testimonios y la pericia accidentológica, concluyó que la caída se vinculó con una maniobra brusca del chofer. Esto configuró un incumplimiento de la obligación de seguridad. También descartó la culpa de la víctima.
En cuanto a los daños, la sentencia reconoció la existencia de lesiones físicas con una incapacidad parcial permanente. Además, admitió los gastos médicos reclamados y rechazó el daño psicológico al no verificarse secuelas de ese tipo.
Respecto del daño extrapatrimonial, la jueza consideró acreditadas las molestias, las limitaciones y las alteraciones en la vida diaria de la mujer durante su recuperación, así como el impacto emocional derivado del accidente.
Finalmente, la magistrada hizo lugar a la demanda y condenó en forma concurrente a la empresa de transporte y a la aseguradora.
Judiciales
No paga la cuota alimentaria: Le prohíben salir del país, manejar y revisarán sus billeteras virtuales
La medida es hasta que el hombre cancele una deuda alimentaria que llega a los 7 millones de pesos.
Un hombre no podrá salir del país ni conducir hasta que cancele la deuda alimentaria que mantiene con sus hijos y que supera los $7.000.000. Una Unidad Procesal de Familia de Bariloche dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de una batería de medidas orientadas al cumplimiento de las responsabilidades parentales que mantiene el progenitor.
La decisión no se agotó en esas medidas: el fallo avanzó sobre un terreno cada vez más utilizado para administrar dinero y puso bajo la lupa las billeteras virtuales. La Unidad Procesal ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas y saldos del demandado y detectar fondos embargables.
En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por el incumplimiento de los requerimientos de información en el expediente. También ordenó comunicar la restricción a los organismos de frontera para impedir cualquier salida del país y bloqueó el uso y la renovación del registro de conducir.
La sentencia monitoria se dictó sobre una deuda que se acumuló con el paso del tiempo sin que el hombre cumpliera con los pagos. La ejecución avanzó para hacer efectivo ese crédito, en un contexto donde la mujer sostuvo la necesidad de medidas que produzcan resultados concretos.
El expediente también expuso dificultades en la aplicación de otras medidas. La empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos. Esa falta de datos impidió conocer con precisión qué descuentos se aplicaban y bajo qué condiciones.
Frente a esa situación, la Unidad Procesal reiteró el requerimiento, fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria en caso de incumplimiento. La decisión apuntó a obtener información clave para sostener la ejecución.
La resolución también incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. En caso de detectarse esa situación, la jueza interviniente podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondieran como parte de la ejecución.
Todas estas medidas se inscribieron dentro de las atribuciones que tienen juezas y jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Se trata de herramientas orientadas a sostener el proceso y generar condiciones que permitan que las decisiones judiciales se cumplan.
