Río Negro
Presentaron el Código de Tierras Fiscales Provinciales
Ahora será remitido al Parlamento rionegrino para su tratamiento sobre tablas.
El gobernador Alberto Weretilneck presidió hoy en el Salón Gris de Casa de Gobierno la presentación del Código de Tierras Fiscales Provinciales, que será remitido a la Legislatura para su tratamiento. La iniciativa tiene el objetivo de reemplazar un marco normativo con leyes dispersas y desactualizadas por un solo cuerpo, con previsiones modernas que otorguen las herramientas para el desarrollo productivo de la provincia.
Acompañaron al Mandatario, el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica; el director de Tierras, Diego Lawrie y el asesor legal de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa. También participaron las legisladoras Sandra Recalt y Graciela Vadebenito, autoridades provinciales y público en general.
El Ministro Di Giácomo destacó que el nuevo código demandó “el trabajo de más de un año por parte de un equipo de jóvenes, ayudados a la vez por la gente de mayor experiencia, de la Dirección de Tierras”.
Recordó que esta área cuando se llegó con la gestión del gobernador Alberto Weretilneck “era noticia por los allanamientos, los juicios, la aparición permanente de situaciones irregulares, y ahora no sólo se fue trabajando el día a día para llegar con respuestas a los pobladores y a las regiones, sino que se abordó la cuestión estratégica y de planificación con la redacción de este código”.
Señaló que la intención “es presentarlo ahora en la Legislatura y abrir el abanico de consultas a partir de allí, a las distintas organizaciones de la sociedad, los sectores profesionales involucrados en este tipo de cuestiones, las sociedades rurales, las comunidades originarias, los núcleos de pobladores o interesados, al igual que el ámbito académico”.
Dijo que “la idea es que este debate se extienda por todo el tiempo que sea necesario, para que finalmente en base a esta estructura básica que se elaboró desde la Dirección de Tierras, podamos llegar a un código que nos asegure una ocupación efectiva por parte del Estado provincial de lo que son nuestros recursos, con el cuidado del medio ambiente”.
Di Giácomo mencionó además que “hay áreas que seguramente van a tener muchísima discusión y debate, por ejemplo, nosotros hemos optado con respecto a lo que significa la tenencia y la cantidad de tenencia de tierras a favor de extranjeros o sociedades extranjeras, continuar con el régimen vigente de la provincia, ya que estamos viendo que la ley nacional tiene sus fluctuaciones hacia un lado y hacia otro”.
Contenido del Código
El asesor de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa, explicó los ejes fundamentales del nuevo código, señalando que se reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas por uno que congrega las disposiciones aisladas en un mismo cuerpo, con previsiones modernas y futuristas desde lo productivo.
Se crea así un compendio legal con proyección a los próximos 50 años y se transparentan los mecanismos a través de la publicidad de los actos vinculados a las tierras fiscales. No se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.
Con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.
Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos. Entre otros ejes, mencionó que se realza la protección del medio ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.
En este marco, Álvarez Costa destacó que se empodera a diversos Municipios a través de la facultad del Ejecutivo de transferir a su patrimonio las tierras fiscales provinciales ubicadas en sus cascos urbanos.
Dijo que de esta forma, se termina con décadas en las que las autoridades locales fueron rehenes de la Provincia a la hora de querer diseñar el crecimiento de sus ciudades y administrar las tierras de sus ciudadanos y, consecuentemente, se agiliza el acceso a la vivienda en dichos poblados.
Indicó que “se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las Comisiones de Fomento”.
“De esta forma, se brinda seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, cumpliéndose con un mandato que se plasma en el derecho internacional y posee plena vigencia en el ámbito interno”, señaló.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de entregar en uso y explotación campos ubicados en áreas naturales protegidas pero manteniendo la propiedad de la tierra en cabeza de la Provincia.
Álvarez Costa explicó respecto a la realidad actual en esta temática que “el marco legal se divide en dos grandes ejes, el ámbito rural con la ley Q 279 y el ámbito urbano la ley 1452”.
Asimismo, indicó que “en el ámbito rural entre campos, chacras e islas tenemos aproximadamente 3.500.000 de hectáreas y en la región urbana administramos la totalidad de los ejidos de comisiones de fomento y parte importante de cascos urbanos de algunos municipios”.
Recordó que Ley Q 279 fue sancionada en 1961 y tenía un fin colonialista, de fomentar el arraigo rural y asentamiento de nuevas familias productoras.
Indicó que de esa norma quedó desactualizado que sólo se permitían como rubros productivos la agricultura, ganadería y forestación, pero “en la actualidad tenemos muchos requerimientos para otras actividades, por ejemplo, el turismo rural, la producción minera, principalmente a través de la explotación de canteras, y el turismo tradicional”, entre otros.
Establecer un código permite congregar previsiones para el ámbito rural y urbano en una misma ley, reúne normas dispersas y modificaciones generadas aisladamente, elimina cualquier vestigio de antagonismo y brinda armonía y coherencia administrativo – legal.
De esta manera, el plan de regularización que se plantea en la zona rural prevé un cristalino mecanismo de adjudicación que posibilita lograr el título de propiedad a familias rurales de probado asentamiento y producción así como a habitantes de Comisiones de Fomento que hayan construido su hogar. Así se otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los pobladores con probada ocupación al 31/12/2015.
Respecto a la regularización en la zona urbana, se plantea una adjudicación directa del título de propiedad con los requisitos de 5 años de antigüedad, vivienda con condiciones de higiene y habitabilidad, terreno mensurado y no tener otra parcela afectada a mismo destino en misma Comisión de Fomento, mientras que se contempla una adjudicación indirecta que otorga plazo para quienes no cumplan todos los requisitos y exige un piso de 5 años de ocupación.
Respecto al precio de la tierra, surgirá de un Cuerpo Interdisciplinario integrado por sector público y colegios profesionales idóneos en tasaciones, se prevé la participación técnica de universidades y otras entidades académicas; un valor de venta venal o de mercado para sociedades comerciales y un valor diferenciado para personas físicas según factores objetivos, como la ubicación del inmueble, acceso a vías de comunicación, cursos de agua, belleza escénica, etc., y factores subjetivos: antigüedad del ocupante, mejoras introducidas, gastos de mensura, residencia efectiva, etc.
Concluyó que se reemplaza un desactualizado marco legal por un andamiaje normativo moderno, transparente, rígido y coherente, pensado con múltiples propósitos, se adecúan las leyes a las demandas actuales; se prevén las herramientas para el desarrollo productivo de la Provincia de las próximas generaciones; se protege el patrimonio público, limitando la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios intervinientes; se otorga transparencia y publicidad a las titularizaciones y se enfatiza la protección del medio ambiente.
Judiciales
Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
Río Negro
El Registro Civil Móvil lleva recorridos más de 25.000 kilómetros en 2025
Más de 7.000 vecinos tramitaron sus nuevos ejemplares de DNI de manera ágil y sencilla.
Con más de 25.000 kilómetros recorridos, este año el Registro Civil llevó adelante hasta el momento 53 operativos especiales en distintas localidades del territorio rionegrino, permitiendo que unos 7.119 vecinos y vecinas tramitaron sus nuevos ejemplares de DNI de manera ágil y sencilla.
A través de esta iniciativa, el organismo provincial llegó a 18 comisiones de fomento, 23 ciudades y 11 escuelas, acercando sus servicios a la comunidad para favorecer la tramitación de renovación y reposición de Documentos Nacionales de Identidad, evitando en muchos casos que las personas deban trasladarse hacia una delegación.
Asimismo, en el marco de los operativos, no sólo se acercó los servicios a los barrios, sino que también se realizaron operativos en establecimientos educativos, favoreciento la actualización de DNI para los menores de entre 5 y 8 y 14 años.
A fin de continuar llegando a los distintos puntos de la Provincia, la próxima semana el Registro Civil comenzará una nueva recorrida que comprende la atención el lunes (20/10) en Maquinchao, el martes (21/10) en Clemente Onelli, el miércoles (22/10) en Pilcaniyeu del Limay, el jueves (23/10) en Laguna Blanca y el viernes (24/10) en Paso Flores.
Gremios
La oposición ganó las elecciones de UnTER y conducirá el gremio docente provincial
Se impuso por más de 1.300 votos sobre la oficialista Azul Arancibia–Celeste. Laura Ortiz, de Valle Medio, será la nueva secretaria general.
La lista Docentes al Frente-Multicolor (DAF) se impuso en las elecciones provinciales del gremio UnTER, y conducirá el sindicato docente de Río Negro durante el próximo período.
Según datos extraoficiales pero considerados irreversibles, la DAF Multicolor obtuvo una diferencia superior a los 1.300 votos, sobre un total de más de 10.000 sufragios emitidos en toda la provincia, lo que marca una derrota histórica para la conducción oficialista Azul Arancibia–Celeste.
Con estos resultados, la nueva secretaria general será Laura Ortiz, de la Seccional Valle Medio, mientras que Mauricio Ovadilla (Cinco Saltos) ocupará la Secretaría Adjunta y Gabriela Aguilar (Río Colorado) será la Secretaria Gremial.
DAF Multicolor, integrado por conducciones seccionales opositoras y agrupaciones de izquierda como la 9 de Abril y Tribuna Docente, retuvo además las Seccionales que ya conducía y recuperó otras cuatro: Roca, San Antonio Oeste, Sur Medio y Jacobacci.
Desde el espacio destacaron que el triunfo representa «una renovación del sindicato desde las bases docentes» y que el objetivo de la nueva conducción será fortalecer la organización gremial y defender los derechos laborales del sector.
Las nuevas autoridades asumirán formalmente en las próximas semanas, en un contexto provincial marcado por las tensiones salariales y las discusiones paritarias en curso.
