Río Negro
Presentaron el Código de Tierras Fiscales Provinciales
Ahora será remitido al Parlamento rionegrino para su tratamiento sobre tablas.
El gobernador Alberto Weretilneck presidió hoy en el Salón Gris de Casa de Gobierno la presentación del Código de Tierras Fiscales Provinciales, que será remitido a la Legislatura para su tratamiento. La iniciativa tiene el objetivo de reemplazar un marco normativo con leyes dispersas y desactualizadas por un solo cuerpo, con previsiones modernas que otorguen las herramientas para el desarrollo productivo de la provincia.
Acompañaron al Mandatario, el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli; los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Estado de Trabajo, Lucas Pica; el director de Tierras, Diego Lawrie y el asesor legal de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa. También participaron las legisladoras Sandra Recalt y Graciela Vadebenito, autoridades provinciales y público en general.
El Ministro Di Giácomo destacó que el nuevo código demandó “el trabajo de más de un año por parte de un equipo de jóvenes, ayudados a la vez por la gente de mayor experiencia, de la Dirección de Tierras”.
Recordó que esta área cuando se llegó con la gestión del gobernador Alberto Weretilneck “era noticia por los allanamientos, los juicios, la aparición permanente de situaciones irregulares, y ahora no sólo se fue trabajando el día a día para llegar con respuestas a los pobladores y a las regiones, sino que se abordó la cuestión estratégica y de planificación con la redacción de este código”.
Señaló que la intención “es presentarlo ahora en la Legislatura y abrir el abanico de consultas a partir de allí, a las distintas organizaciones de la sociedad, los sectores profesionales involucrados en este tipo de cuestiones, las sociedades rurales, las comunidades originarias, los núcleos de pobladores o interesados, al igual que el ámbito académico”.
Dijo que “la idea es que este debate se extienda por todo el tiempo que sea necesario, para que finalmente en base a esta estructura básica que se elaboró desde la Dirección de Tierras, podamos llegar a un código que nos asegure una ocupación efectiva por parte del Estado provincial de lo que son nuestros recursos, con el cuidado del medio ambiente”.
Di Giácomo mencionó además que “hay áreas que seguramente van a tener muchísima discusión y debate, por ejemplo, nosotros hemos optado con respecto a lo que significa la tenencia y la cantidad de tenencia de tierras a favor de extranjeros o sociedades extranjeras, continuar con el régimen vigente de la provincia, ya que estamos viendo que la ley nacional tiene sus fluctuaciones hacia un lado y hacia otro”.
Contenido del Código
El asesor de la Dirección de Tierras, Enrique Álvarez Costa, explicó los ejes fundamentales del nuevo código, señalando que se reemplaza un marco normativo con leyes dispersas y vetustas por uno que congrega las disposiciones aisladas en un mismo cuerpo, con previsiones modernas y futuristas desde lo productivo.
Se crea así un compendio legal con proyección a los próximos 50 años y se transparentan los mecanismos a través de la publicidad de los actos vinculados a las tierras fiscales. No se admitirán excepciones al régimen, limitándose la discrecionalidad de los funcionarios que intervienen, siendo necesaria una ley especial para cualquier caso que escape a las previsiones contempladas.
Con la iniciativa se reforma el sistema de tasación en diversos aspectos; el precio de la tierra no será fijado por el funcionario a cargo de la Dirección de Tierras sino que surgirá de un trabajo interdisciplinario en el que converjan actores públicos y estatales.
Asimismo, se discrimina el valor de venta según condiciones subjetivas y objetivas, incorporando el concepto de precio de mercado a abonar en determinados casos. Entre otros ejes, mencionó que se realza la protección del medio ambiente, castigando a quien no cumpla con las directivas emanadas de la correspondiente autoridad de aplicación.
En este marco, Álvarez Costa destacó que se empodera a diversos Municipios a través de la facultad del Ejecutivo de transferir a su patrimonio las tierras fiscales provinciales ubicadas en sus cascos urbanos.
Dijo que de esta forma, se termina con décadas en las que las autoridades locales fueron rehenes de la Provincia a la hora de querer diseñar el crecimiento de sus ciudades y administrar las tierras de sus ciudadanos y, consecuentemente, se agiliza el acceso a la vivienda en dichos poblados.
Indicó que “se establece un mecanismo ágil y transparente para que puedan acceder al título de propiedad los pobladores rurales que han ocupado por 20 años o más el campo y mantenido en producción el mismo así como se otorgará igual beneficio a quienes se asentaron y construyeron su hogar en las Comisiones de Fomento”.
“De esta forma, se brinda seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, cumpliéndose con un mandato que se plasma en el derecho internacional y posee plena vigencia en el ámbito interno”, señaló.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de entregar en uso y explotación campos ubicados en áreas naturales protegidas pero manteniendo la propiedad de la tierra en cabeza de la Provincia.
Álvarez Costa explicó respecto a la realidad actual en esta temática que “el marco legal se divide en dos grandes ejes, el ámbito rural con la ley Q 279 y el ámbito urbano la ley 1452”.
Asimismo, indicó que “en el ámbito rural entre campos, chacras e islas tenemos aproximadamente 3.500.000 de hectáreas y en la región urbana administramos la totalidad de los ejidos de comisiones de fomento y parte importante de cascos urbanos de algunos municipios”.
Recordó que Ley Q 279 fue sancionada en 1961 y tenía un fin colonialista, de fomentar el arraigo rural y asentamiento de nuevas familias productoras.
Indicó que de esa norma quedó desactualizado que sólo se permitían como rubros productivos la agricultura, ganadería y forestación, pero “en la actualidad tenemos muchos requerimientos para otras actividades, por ejemplo, el turismo rural, la producción minera, principalmente a través de la explotación de canteras, y el turismo tradicional”, entre otros.
Establecer un código permite congregar previsiones para el ámbito rural y urbano en una misma ley, reúne normas dispersas y modificaciones generadas aisladamente, elimina cualquier vestigio de antagonismo y brinda armonía y coherencia administrativo – legal.
De esta manera, el plan de regularización que se plantea en la zona rural prevé un cristalino mecanismo de adjudicación que posibilita lograr el título de propiedad a familias rurales de probado asentamiento y producción así como a habitantes de Comisiones de Fomento que hayan construido su hogar. Así se otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los pobladores con probada ocupación al 31/12/2015.
Respecto a la regularización en la zona urbana, se plantea una adjudicación directa del título de propiedad con los requisitos de 5 años de antigüedad, vivienda con condiciones de higiene y habitabilidad, terreno mensurado y no tener otra parcela afectada a mismo destino en misma Comisión de Fomento, mientras que se contempla una adjudicación indirecta que otorga plazo para quienes no cumplan todos los requisitos y exige un piso de 5 años de ocupación.
Respecto al precio de la tierra, surgirá de un Cuerpo Interdisciplinario integrado por sector público y colegios profesionales idóneos en tasaciones, se prevé la participación técnica de universidades y otras entidades académicas; un valor de venta venal o de mercado para sociedades comerciales y un valor diferenciado para personas físicas según factores objetivos, como la ubicación del inmueble, acceso a vías de comunicación, cursos de agua, belleza escénica, etc., y factores subjetivos: antigüedad del ocupante, mejoras introducidas, gastos de mensura, residencia efectiva, etc.
Concluyó que se reemplaza un desactualizado marco legal por un andamiaje normativo moderno, transparente, rígido y coherente, pensado con múltiples propósitos, se adecúan las leyes a las demandas actuales; se prevén las herramientas para el desarrollo productivo de la Provincia de las próximas generaciones; se protege el patrimonio público, limitando la discrecionalidad en la toma de decisiones de los funcionarios intervinientes; se otorga transparencia y publicidad a las titularizaciones y se enfatiza la protección del medio ambiente.
Política
Río Negro achicará en un 60% los impuestos en servicios de luz y gas
Bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y se convertirá en una de las provincias con menor presión impositiva en los servicios.
El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2026, que propone un alivio directo en los servicios: se reduce en 60% la carga de Ingresos Brutos aplicada a la luz y el gas, lo que bajará de forma inmediata el monto final de las facturas y ubicará a Río Negro entre las provincias con menor presión impositiva en estos consumos.
La medida representa un ahorro anual de 6.300 millones de pesos para familias, comercios, pymes, industrias, productores y entidades sin fines de lucro. El impacto alcanza a 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares eléctricos, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.
El proyecto reduce la alícuota aplicada a la distribución de electricidad y gas, que pasa de 2,5% a 1%, una disminución del 60% en este impuesto, determinado en función del consumo. Esto se traducirá en una baja directa en las boletas de todos los usuarios residenciales y productivos.
Es una decisión fiscalmente relevante, pero orientada a acompañar a las familias, aliviar el costo de los servicios y generar mejores condiciones para producir, trabajar y sostener la vida cotidiana en cada localidad.
En paralelo, la Ley Impositiva 2026 mantiene sin cambios todas las alícuotas de Ingresos Brutos vigentes este año, garantizando que los sectores productivos sigan tributando bajo las mismas reglas. «El objetivo es dar previsibilidad en un contexto de costos crecientes y recuperación lenta en comercios, industrias y servicios», destacó Weretilneck.
Agro
La Provincia avanza hacia la declaración de emergencia en fruticultura
Aún se continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal.
El secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, afirmó que junto al sector continúan evaluando los daños ocasionados por el violento temporal que dejó fuertes precipitaciones y granizo en los valles productivos, y anticipó que antes de fin de año la Provincia deberá declarar la emergencia, tanto en el ámbito provincial como ante el Gobierno Nacional, para activar todos los instrumentos de asistencia disponibles.
Fernández explicó que el proceso administrativo ya está en marcha, pese a que la emergencia aún no fue formalmente declarada. «Estamos en contacto con el Gobierno Nacional para detraer la emergencia climática bajo la Ley Nacional. Esto habilita beneficios impositivos y todas las herramientas que la ley contempla para estos casos». Además, aclaró que el reconocimiento oficial requiere completar los relevamientos técnicos que actualmente se desarrollan en chacras y establecimientos afectados.
En ese marco, el secretario describió la magnitud del evento climático que obliga a acelerar las gestiones. Indicó que en algunos sectores se registraron 48 a 50 milímetros de lluvia en apenas una hora y media, acompañados de granizo y ráfagas intensas. «Había tanta agua que no se podía entrar al monte; en las próximas 24 horas vamos a tener un diagnóstico más preciso», afirmó.
La situación es especialmente crítica para la cereza, que se encontraba en plena cosecha. Fernández detalló cómo se produce el daño. «Cuando el fruto está listo para cosechar y recibe agua directa, la planta intenta absorberla por un proceso osmótico y la piel se raja. Ese es el daño que estamos viendo hoy en distintos establecimientos», indicó.
El secretario sostuvo que este tipo de eventos ya no pueden considerarse aislados. «El clima nos está castigando y lo estamos sufriendo igual que el resto del país. Esto es cambio climático: tormentas de granizo fuera de época, temperaturas superiores a 30 grados en noviembre, precipitaciones extremas que caen en un ratito lo que antes caía en varios días». Recordó que en algunas zonas el temporal dejó lluvias violentas con muchos milímetros en poco tiempo, provocando escurrimientos violentos, erosión y verdaderos cursos de agua atravesando chacras y caminos internos.
También advirtió que estos cambios están modificando los riesgos tradicionales del valle. «Nunca hablábamos de incendios en esta zona, y hoy aparecen porque la vegetación crece de golpe después de lluvias intensas. Son escenarios nuevos que se superponen a problemas históricos como heladas tardías o granizo», agregó.
Volviendo al eje central de la situación, Fernández subrayó que la emergencia debe ir acompañada de instrumentos financieros concretos que permitan sostener la temporada y evitar la pérdida de hectáreas productivas. «Necesitamos un crédito específico para inversión, a diez años, con una tasa del 3% y tres años de gracia. Sin financiamiento accesible es imposible proyectar, reinvertir y mantener la actividad. Ser productor es casi heroico en este contexto», sostuvo.
Recordó que a lo largo de la historia regional muchas chacras quedaron fuera de producción al no poder sostener la competitividad mínima necesaria. «El Estado es una herramienta poderosa cuando se pone al lado del productor. Hoy necesitamos que fruticultores y fruticultoras tengan la posibilidad real de seguir haciendo lo que saben hacer. Sin la emergencia declarada y sin crédito adecuado, no se puede planificar», indicó.
Fernández concluyó que la Provincia seguirá avanzando de manera coordinada con los organismos técnicos y el sector privado para completar los relevamientos y activar todas las herramientas de asistencia. Reiteró que el impacto más severo se registra en cereza, pera y manzana. «Soy optimista, pero necesitamos los instrumentos adecuados. Con apoyo, es posible sostener la temporada y acompañar a quienes producen», concluyó.
Deportes
Por quinta vez consecutiva Río Negro defenderá el título en los Araucanía
Participarán más de 2000 jóvenes provenientes de 6 argentinas y 7 localidades chilenas.
La Provincia buscará retener la corona de campeona en una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, esta vez en La Pampa.
En este sentido, el Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, afirmó que «estamos expectantes, sabemos de la calidad de nuestros deportistas y estamos convencidos de que Río Negro será una de las protagonistas del certamen». Además, añadió que «hemos tenido un gran año deportivo y queremos que nuestros atletas puedan disfrutar a la vez que demuestran por qué fueron seleccionados para representarnos».
Del 6 al 12 de diciembre la delegación rionegrina dirá presente en La Pampa para vivir la 32° experiencia de la competencia binacional, en la cual mantiene una racha ganadora tras conquistar las últimas cinco ediciones.
Previamente, el jueves (04/12) y viernes (05/12), las y los representantes provinciales concentrarán en Río Colorado para llegar de la mejor manera al torneo.
Los Juegos albergarán competencias de ciclismo, natación, judo, atletismo, fútbol, básquet y vóley en Santa Rosa, Toay, Eduardo Castex, Ataliva Roca, Quehué, Miguel Riglos, General Acha y General Pico.
Participarán más de 2000 jóvenes provenientes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro en representación de la Patagonia Argenina y de Magallanes, Aysén, Bío Bío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y La Araucanía por el lado chileno.
Cabe destacar que la Provincia es la máxima ganadora de los Juegos con 15 consagraciones y que ostenta el récord de más victorias consecutivas las cuales se dieron en Magallanes 2018, La Pampa 2019, Los Lagos 2022, Río Negro 2023 y Aysén 2024.
