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Ordenan a Ipross garantizar la cobertura continua a una niña con discapacidad en Roca

Intimaron a la obra social a brindarle asistencia a la pequeña de 10 años, hija de una docente. Si no pagan, les cobrarán 5.000 pesos diarios.

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La titular del Juzgado Civil N° 3 de Roca, Andrea de la Iglesia, hizo lugar el pasado 1 de agosto al amparo que presentó una mujer de esta ciudad en representación de su hija menor de edad y ordenó a la obra social Ipross que «en forma inmediata adopte en forma efectiva, eficaz y urgente todas las medidas necesarias, coordinadas, idóneas y con continuidad en el tiempo en la cobertura de las prestaciones que han sido objeto de esta acción a favor de la niña C.M. y conforme sus especiales necesidades». En la misma resolución le impuso a la entidad el plazo de dos días, a contar desde la notificación de la sentencia, para «acreditar fehacientemente (…) su cumplimiento y bajo apercibimiento de imponérsele astreintes en la suma de $ 5.000 diarios».

En el caso, la señora S. R. promovió una acción de amparo contra Ipross para que «autorice en forma urgente las prestaciones de kinesiología, equinoterapia, cuidadora domiciliaria y de traslado a favor de su hija C.M. de 10 años de edad». La niña padece «encefalopatía crónica no evolutiva de origen prenatal genético -síndrome de Down- que asocia un retraso mental severo y autismo», entre otros trastornos asociados, por lo que desde su nacimiento se encuentra bajo diversos tratamientos.

La obra social debe cubrir las terapias, prestaciones e insumos de la afiliada y para ello la mamá, que es docente, debe presentar cada seis meses toda la documentación y presupuestos para renovar su autorización. Sin embargo, los pagos vienen sufriendo serios retrasos, acumulándose deuda con los prestadores y aumentando el riesgo de que la niña va afectado su tratamiento.

Por una situación similar la mujer había interpuesto un primer amparo en diciembre de 2014 que fue resuelto y archivado en abril de 2015 por haberse cumplido las prestaciones reclamadas. En agosto de 2015 interpuso una nueva demanda y en enero de 2016 hizo una tercera presentación, en todos los casos por las demoras en el pago de las prestaciones.

Los dos últimos amparos fueron acumulados inmediatamente y el 20 de enero del corriente año -ante la promoción de la tercera acción y demoras-, la jueza impuso al Ipross una medida cautelar ordenando a la obra social «mantener y/o restablecer en forma inmediata» la cobertura hasta el dictado de la sentencia. Esa medida cautelar, dictada bajo apercibimiento de astreintes, se ha mantenido vigente hasta la actualidad y pese a eso la mujer debió realizar «continuas denuncias de incumplimiento» de la orden judicial, tal como lo manifestó la amparista en recientes declaraciones periodísticas.

«En autos ha quedado acreditada la demora de la demandada no sólo en dar una respuesta adecuada al pedido de cobertura de las prestaciones a favor de la niña sino en efectivizar tal cobertura», pues se constató que las autorizaciones se emitieron con hasta dos meses de demora y que los reintegros también tuvieron atrasos, indicó la jueza.

De la Iglesia advirtió que «las desavenencias, incumplimientos, demoras administrativas afectan en forma negativa el disfrute y goce de los derechos constitucionales de la niña, así como el vínculo con sus afiliadas -madre e hija-, generando que la conflictiva no sólo llegue a judicializarse sino que persista en el tiempo y deba concurrir tanto a estos Estrados como a sede administrativa, llegándose con esto incluso a obviar la manda judicial impartida -medida cautelar consentida-«.

La jueza resolvió «hacer lugar al objeto de esta pretensión -kinesiología, equinoterapia, cuidadora domiciliaria y de traslado a favor de la niña C.M.- con continuidad, por cuanto su historia clínica así lo amerita», destacando que ese «plus protectorio» ordenado en la sentencia debería asegurar la cobertura de las prestaciones a futuro sin necesidad de nuevas acciones judiciales por parte de la mamá. En ese aspecto destacó que Ipross debe asumir «la obligación de adoptar de buena fe (…) todas las medidas razonables y eficaces para evitar o disminuir los perjuicios que irrogaren una demora injustificada en resolver y/o en informar en forma adecuada y veraz sobre los pedidos que en nombre de su afiliada se soliciten y en todo lo que hace a sus especiales necesidades» y de esta manera «podrá evitarse un desgaste jurisdiccional innecesario como lo han demostrado tanto la promoción de esta acción, luego la iniciada bajo Expte. Z-2RO-509-AM2016 y la acción que ha precedido a aquellas: Expte. Z-2RO-326-AM3-14».

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Carriqueo seguirá detenido por el femicidio de Nicole Ailín Posada

El hecho ocurrió en febrero pasado en una vivienda de la zona norte de Roca.

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Este mediodía (14/06), la Fiscalía a cargo del legajo que investiga el femicidio de Nicole Ailín Posada solicitó la prórroga de la prisión preventiva de Oscar Fernando Efrain Carriqueo, de 28 años, por un plazo de 4 meses, al considerar que se encuentran vigentes los riesgos procesales, de peligro de fuga y entorpecimiento a la investigación.

«Restan pericias por concretar, tramitar informes y evaluar la realización de otras pruebas. Entre las mencionadas se encuentra una autopsia psicológica verbal acerca del entorno de la víctima. Además, interesa que el hombre llegue detenido a la audiencia del juicio», explicó la fiscal.

Mientras que la querella acompañó el pedido, el defensor penal público que asiste al imputado argumentó que «no hay elementos que sostengan el peligro de fuga, ya que mi asistido carece de los medios económicos para hacerlo. Asimismo, esta defensa no necesita la detención para concretar pericias, y el hombre en libertad tampoco podría intervenir en la concreción de las mismas».

Por lo anterior, el defensor propuso otras medidas y, tras ello, el imputado hizo uso de la palabra a través de la plataforma Zoom desde el lugar donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva, medida que fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal tras haberse formulado, en febrero pasado, los cargos por el hecho que se investiga.

Finalmente, tras haber escuchado a las partes, la jueza de Garantías interviniente resolvió prorrogar la medida cautelar por el plazo solicitado por la Fiscalía.

El caso

Según la acusación esgrimida por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió entre las 3.00 y las 6.30 de la madrugada del sábado 17 de febrero, en Tránsito Toledo al 2000, en el lugar donde residía la víctima fatal junto al imputado y sus 5 hijos. «Aprovechándose de la vulnerabilidad de la mujer, debido a la asimetría de poder entre ambos, comenzó a golpearla en distintas partes de su cuerpo, provocándole diversas lesiones según la autopsia realizada por el Cuerpo de Investigación Forense», explicó la fiscal del caso.

«Luego habría intentado abusar de ella, y finalmente la habría golpeado con una barra de hierro, falleciendo allí, por un edema pulmonar», agregó la Fiscalía.

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Aerolínea deberá pagar indemnización millonaria por cancelación de vuelos en pandemia

Aunque la mujer intentó reprogramarlos, Aerolíneas Argentinas optó por reembolsarle el dinero, pero nunca efectivizó el depósito.

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Una compañía aérea deberá indemnizar a su clienta tras cancelar los vuelos durante la pandemia de Covid-19. El fuero Civil de Cipolletti falló a favor de la mujer que demandó a la aerolínea por incumplimiento contractual en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

El conflicto comenzó cuando la clienta compró dos pasajes de avión para un viaje a Estados Unidos, en julio de 2020. Debido a las restricciones por la pandemia, los vuelos fueron cancelados, y aunque la mujer intentó reprogramarlos, la aerolínea optó por reembolsarle el dinero, pero nunca efectivizó el depósito.

El fallo de primera instancia rechazó las excepciones planteadas por la compañía, que alegaba falta de competencia territorial y de legitimación pasiva, y resolvió que la Aerolíneas Argentinas S.A. debe responder por los daños ocasionados al tratarse de una relación de consumo.

Entre las pruebas presentadas, se destacó el intercambio de mails y de WhatsApp entre la clienta y la aerolínea, que evidenció la falta de respuesta efectiva por parte de la firma.

La sentencia concluyó que la aerolínea no cumplió con su deber de informar adecuadamente y brindar un trato digno a la consumidora.

La indemnización incluye el costo actualizado de los pasajes, el daño moral por las molestias ocasionados y una multa civil por daño punitivo. Además, se le impusieron intereses hasta la fecha de pago efectivo.

La sentencia fue apelada por la aerolínea, aunque la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti confirmó la decisión de primera instancia.

En su apelación, la aerolínea argumentó que debía aplicarse el Código Aeronáutico en lugar de la Ley de Defensa del Consumidor y que la responsabilidad recaía en la agencia de viajes. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos argumentos. Ratificó que se trata de una relación de consumo y que la aerolínea debe responder por los daños ocasionados.

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Se elevaron los montos para los procesos de menor cuantía

Las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de una manera más rápida y sencilla.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) modificó el monto máximo previsto para los procesos de menor cuantía, elevándolos a un $1.800.000 para todos los Juzgados de Paz de la provincia. Asimismo, dispuso que el monto máximo para los juicios ejecutivos sea de $900.000 en los Juzgados de Paz.

Las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz.
El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.

El Poder Judicial rionegrino tiene 49 Juzgados de Paz, extendidos en todo el territorio provincial. Constituyen, en muchos casos, la opción más cercana de los ciudadanos a la hora de resolver conflictos vecinales o realizar determinados trámites.

Los procesos de menor cuantía se inician en los Juzgados de Paz con un formulario en carácter de demanda, a través del cual se reclama un monto en pesos a la contraparte.

El trámite es verbal, gratuito, informal pero con la garantía del resguardo del derecho de defensa. Los juicios que quedan excluidos son los de sucesión, familia, laborales y desalojo.

Además de las acciones de menor cuantía en los Juzgados de Paz se tratan contravenciones, notificaciones, certificaciones, autorizaciones, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales, beneficio de litigar sin gastos, audiencias y carta poder son algunas de las cuestiones que se atienden en los Juzgados.

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