Judiciales
Fijan indemnización a paciente de Roca que debió esperar un año para ser operada
Deberán indemnizar con casi 2 millones de pesos a una mujer que sufría de una luxación congénita de cadera a la que se le generó una infección por una demora de 12 meses en la operación.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil de General Roca condenó al Estado Provincial por los graves perjuicios que, a causa de deficiencias del servicio de Salud Pública, sufrió una mujer que debió esperar un año para ser intervenida quirúrgicamente. La sentencia tuvo el voto rector del juez Víctor Soto y la adhesión de su par Gustavo Martínez. En instancia de apelación ratificó lo resuelto oportunamente por el Juzgado Civil de primera instancia en cuanto a que se trata de «un supuesto de responsabilidad del Estado por carencia de servicio» pero incrementó el monto de la indemnización de daños y perjuicios, haciendo lugar al recurso que había planteado la damnificada.
El fallo de primera instancia había condenado a la Provincia a abonar a la mujer un resarcimiento de 311.116 pesos, más intereses, pero la Cámara, tras valorar las circunstancias del caso, el impacto inflacionario, sus propios precedentes en causas similares y la doctrina fijada por el Superior Tribunal de Justicia, elevó la indemnización a 1.920.930 pesos, con sus respectivos intereses hasta la fecha efectiva de pago.
La damnificada es una mujer de unos 45 años que trabajaba como empleada doméstica y que padece una luxación congénita de cadera con secuela de poliomielitis en una de sus piernas. En abril de 2004, durante la realización de un estudio de diagnóstico, sufrió una luxación de la prótesis que tenía colocada, lo que demandó el requerimiento médico de una nueva prótesis y de una derivación para cirugía al hospital Fernández de Buenos Aires. La intervención se pautó para mayo de ese mismo año, pero debió postergarse durante un año. Según se acreditó en el expediente, la orden de provisión de prótesis para el reemplazo total de cadera fue emitida por el Ministerio de Salud en marzo de 2005 y los pasajes para viajar a Buenos Aires se entregaron en abril de ese año.
La sentencia tuvo por acreditado que esa demora de 12 meses originó una infección en la prótesis dañada, lo que complicó su cuadro clínico y forzó la realización de dos intervenciones quirírgicas sucesivas, más complejas y de extenso tratamiento post operatorio.
La Provincia desistió del recurso de apelación, aceptando la sentencia de primera instancia con todos los hechos y circunstancias que la misma tuvo por acreditados. Quedó firme de esa manera la determinación de una incapacidad laboral del 100% y la existencia de la demora estatal.
La mujer, por su parte, apeló la cuantificación de la indemnización y la Cámara le reconoció razón, elevando el monto de referencia tomado como base para el cálculo del resarcimiento por incapacidad. En ese punto, la Cámara citó un precedente de la Corte Suprema de la Nación la Cámara que establece: «Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida».
También sostuvo el Tribunal que «no sólo cabe indemnizar la capacidad laborativa sino que el daño se extiende a otras esferas de la vida de la víctima», asegurando el principio de «reparación plena» largamente sostenido por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en su jurisprudencia.
Del total de la indemnización, casi 1,5 millones de pesos, con sus respectivos intereses, se asignaron al rubro de la incapacidad laboral, mientras que lo restante, también con intereses, se reconoció por daño moral, «teniendo en cuenta (…) de modo muy especial la edad de la víctima y el impacto producido en su psiquis conforme el dictamen del perito psicólogo», pues existe diagnóstico de un «cuadro de depresión de complejo abordaje», estableció la Cámara.
«En el caso de autos se advierte una situación que justifica plenamente el resarcimiento pretendido (…) teniendo presente el grado de incapacidad total consentido, mas también, no pudiendo ignorarse que se encuentra admitido por el perito médico que la demora de un año en la provisión de la prótesis y los demás accesorios y servicios generó un agravamiento en el estado de la paciente, que obligó a una profundización de tratamientos para erradicar la infección, con prolongado tiempo de internación y que, sea cual fuere el cuadro previo a la omisión constatada, antes caminaba según las testimoniales y luego de ello la actora ha debido movilizarse con muletas», destacó el Tribunal.
Judiciales
Condenaron a 18 años de prisión a un hombre que abusó reiteradas veces de sus hijas
El sujeto ya se encontraba con prisión preventiva.
Ayer (01/12) al mediodía se confirmó el pedido de culpabilidad y de pena solicitada por el equipo fiscal de Villa Regina. De esta manera, un hombre de 34 años fue declarado responsable penal por haber cometido varios delitos contra la integridad sexual de sus hijas, y se lo condenó a 18 años de prisión.
De esta manera, el hombre, que arribó a juicio detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva, pedida oportunamente por la Fiscalía, comienza hoy a cumplir la pena impuesta ya que las partes renunciaron a los plazos procesales.
Durante la audiencia celebrada con presencia de la madre de las niñas víctimas, el defensor de menores e incapaces, el defensor particular del imputado, y la fiscalía, siguiendo lo indicado en el Código de Procedimiento Penal respecto a un procedimiento abreviado, el Tribunal le consultó al imputado si aceptaba ser el único culpable de los hechos, si aceptaba la calificación, y la evidencia que se enunció en su contra. A todo esto, el hombre se declaró responsable.
La Fiscalía como el defensor particular del imputado, expresaron que habían llegado a esta instancia contando además con la conformidad de las víctimas, la familia denunciante, y del asesor legal.
Es así que se lo condenó por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia pre-existente», también fue condenado por «abuso sexual simple agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia pre-existente; todo lo cual concursa de forma ideal con el delito de promoción de la corrupción de menores agravado por el vínculo y por haber sido cometido con violencia y amenazas», según los Artículos 45, 119 primer párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo incs. b y f, 125 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal.
Entre la evidencia recolectada para esta instancia, el Ministerio Público Fiscal mencionó: la denuncia realizada por la madre de las víctimas menores de edad, el examen médico pericial concretado por el Cuerpo de Investigación Forense, los variados análisis de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL) dependiente de Procuración General.
Además, la declaración en Cámara Gesell, las pericias realizadas por la psicóloga del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial. Se suman el acta del allanamiento efectuado en el domicilio del imputado, donde se secuestraron elementos de importancia para el legajo, se incorporó el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), la intervención del Gabinete de Criminalística y personal policial, el resultado de la requisa de un vehículo y lo secuestrado allí. Se informaron los análisis de material genético, el acta de la declaración de un docente, entre otra prueba.
En un segundo momento de la audiencia, y tras haber reconocido el sujeto ser el responsable penal, fue el turno de solicitar el monto de la pena de 18 años de prisión, cuestión que también fue aceptada por el hombre.
De esta manera, el Tribunal de Juicio interviniente dio a conocer la aceptación del acuerdo, condenando al hombre por los delitos y la pena solicitada.
No se brindan datos del lugar donde ocurrieron los hechos como tampoco de la ciudad para proteger la identidad de las niñas.
Gremios
La echaron luego de pedir licencias por enfermedad: Condenan a gremio por despido arbitrario
A la mujer le diagnosticaron una enfermedad oncológica.
Una trabajadora que se desempeñaba en un sindicato fue despedida de manera arbitraria y deberá ser indemnizada no solo por la cesantía sin causa, sino también por el daño moral y la afectación a su salud psíquica. Sus problemas comenzaron cuando debió faltar por una grave enfermedad.
La empleada comenzó a prestar labores en el gremio en febrero de 2011, pero fue registrada recién un año después. Los inconvenientes, según su demanda, comenzaron cuando fue diagnosticada con una enfermedad oncológica y debió solicitar licencias. En su presentación puso de relieve que estaba a solo tres años de jubilarse.
El gremio contestó la demanda y en los fundamentos dijo no haber tenido ninguna conducta discriminatoria ni persecutoria respecto de la trabajadora. Si reconoció que ejerció su facultad discrecional de rescindir el contrato, abonando la indemnización correspondiente en el término legal.
Fundamentos del fallo
La Cámara Laboral Primera de Bariloche consideró probado que durante un año no estuvo registrada. Tras compilar la prueba, consignó que «inicialmente -en el año 2016-, las ausencias vinculadas con su estado de salud, provocaron situaciones conflictivas entre la empleadora y la trabajadora, las que requirieron dos intervenciones de la autoridad administrativa laboral para solucionarlas».
En tanto en el año 2022 se suscitaron nuevos problemas de salud que le acarrearon a la trabajadora dos intervenciones quirúrgicas y que incluyó la colocación de una prótesis con secuelas importantes, por lo que debió someterse a otra intervención. El fallo menciona que la mujer fue despedida sin causa en el mes de noviembre de 2022.
El Tribunal remarcó que no se invocó por parte de la UnTER al contestar la demanda, una motivación para despedir a la trabajadora. La sentencia consideró que con las pericias médicas acompañadas está acreditado que el despido injustificado ha producido un daño moral y psicológico por la falta de reconocimiento a su trabajo durante años y la imposibilidad de cumplir un rol social mediante el mismo.
Por otro lado consideró real la dificultad para conseguir un nuevo empleo debido a su edad por un lado y por su estado de salud, ello agravado ante la posibilidad de quedarse sin obra social. Así, le fue reconocido el despido arbitrario, la irregularidad en el registro laboral el daño moral y en la salud psíquica.
Judiciales
La Justicia fijó indemnizaciones para las personas despedidas de Saturno y Lucaioli
Por su parte, la quiebra tramita en un juzgado de Bahía Blanca.
Una decena de trabajadores y trabajadores de una tienda de electrodomésticos que cerró en Cipolletti obtuvieron fallos favorables luego de la intempestiva desvinculación. Las empresas condenadas son Saturno Hogar y Lucaioli, cuya quiebra tramita en un juzgado de Bahía Blanca. La Cámara Laboral sostuvo que las firmas no probaron los despidos, tal como lo determina el procedimiento previsto en la ley.
El grupo de personas que interpuso la demanda reclamó las indemnizaciones por antigüedad, por falta de preaviso, la integración del mes de despido y la liquidación final. Sostuvieron que la firma empleadora prescindió de sus servicios por «falta de trabajo no imputable a la empresa, dificultades económicas y financieras imposibles de superar». Algunos de los trabajadores y trabajadores tenían más de 10 años de antigüedad.
En julio de este año, los abogados de la Sindicatura presentaron un escrito y adjuntaron el decreto de quiebra de ambas empresas demandadas. Ese proceso se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Bahía Blanca.
El fallo laboral de Cipolletti que condenó a las empresas a indemnizar a los trabajadores advirtió que las firmas demandadas no produjeron ninguna prueba para justificar los despidos. «Ciertamente no ha acreditado la falta de trabajo esgrimida, ni la caída de stock y ventas referidas, ni la reestructuración de deuda aludida, ni la posibilidad legal de evitar el procedimiento preventivo de crisis. Tampoco acreditó que los trabajadores hayan sido los empleados más recientes, ni que otros trabajadores no hubieren ingresado con posterioridad a su contratación», surge de la sentencia.
El Tribunal consideró las indemnizaciones por despido, liquidación final y un recargo indemnizatorio por obligar a las y los empleados a iniciar acciones legales para reclamar su derecho. También aplicó intereses hasta el momento en que se concrete el pago. Con esta resolución, los créditos de grupo de personas despedidas tienen prioridad en el trámite de la quiebra.
