Judiciales
Amparo obliga a prepaga a cubrir intervención en la Fundación Favaloro
Ordenaron «dar cobertura total» a un vecino de Roca ante una compleja práctica cardiológica.
La titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca, María del Carmen Villalba, hizo lugar a la acción de amparo que presentó un vecino de esta ciudad contra la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, ordenándole «dar cobertura total» a una compleja práctica cardiológica a realizarse en la Fundación Favaloro. El fallo, que aún no está firme porque al ser de primera instancia puede ser apelado, ordena autorizar la cobertura en un plazo de cinco días y prevé una intimación de multa de 5000 pesos diarios en caso de incumplimiento.
El amparista, médico de profesión, relató que comenzó a sufrir problemas cardíacos y que su médico tratante, luego de realizarle estudios específicos, le diagnosticó «fibrilación auricular paroxística de grado 2». Debido a los efectos colaterales que le produjo la medicación suministrada, el especialista le sugirió un procedimiento quirúrgico de carácter definitivo denominado «Críoablación de Fibrilación Auricular», que se realiza en la mencionada Fundación en Buenos Aires. Sin embargo, la empresa sólo autorizó una intervención distinta, de menor complejidad.
Según planteó el amparista, la crioablación solicitada «es una técnica relativamente nueva con 80% de curación, lo que implica la no utilización de drogas con posterioridad, lo que evita efectos colaterales». Señaló que la práctica «es muy costosa y no puede afrontarla económicamente» pero justificó la urgencia en que su estado de salud está dificultando «su actividad profesional, familiar, social y su calidad de vida».
Por su parte la prepaga sostuvo que el tratamiento no está incluido en el Plan Médico Obligatorio ni en el plan médico del convenio del paciente; también puso en duda la conveniencia de la intervención requerida y reclamó una interconsulta. Por otra parte, alegó sobre «el sistema de Salud de nuestro país» y concluyó que «el único y primigenio obligado a proteger la salud en su más amplia acepción es el Estado Argentino», limitando su obligación al «objeto de la medicina prepaga» y del contrato que la vincula con el paciente.
Tras analizar cada planteo, la jueza consideró procedente el amparo por estar en juego «el derecho a la salud, incluso la vida del amparista», a la luz de los certificados médicos incorporados. «Los derechos del paciente que se encuentran vulnerados ostentan protección en la normativa internacional de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial», agregó.
Consta en los informes que el tratamiento farmacológico no pudo ser tolerado por el paciente, quien sufrió los efectos adversos de la medicación, y por ello se indicó la crioablación. Según informó el especialista tratante, la patología «no solo condiciona la capacidad física diaria del paciente sino que también genera un riesgo elevadísimo de accidente cerebrovascular».
Con respecto a la pretensión de la prepaga de limitar su cobertura al PMO, la jueza invocó el criterio fijado por el Superior Tribunal de Justicia provincial en amparos similares -en los que incluso ha sido demandada la misma empresa-, recordando que aquellos argumentos han sido rechazados por ser el Plan Médico Obligatorio sólo un marco de referencia mínimo, es decir, un «piso» de cobertura. «El PMO no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales», sostuvo la jueza citando también precedentes de Tribunales nacionales.
«Ya la jurisprudencia, tanto local como nacional, se han expedido respecto de la cobertura integral a los afiliados o asociados al sistema de salud de las empresas prepagas, sin perjuicio del proceso posterior con debate y prueba respecto de quién debe responder por los costos, ordenándose que en lo inmediato se cumpla con la práctica requerida por los médicos tratantes por parte de (…) Swiss Medical S.A.», destacó la jueza.
Villalba invocó además un artículo expreso de la Ley 26682, que define el marco regulatorio de medicina prepaga, que dispone el derecho de los usuarios a las prestaciones de emergencia, citando que «los usuarios tiene derecho, en caso de duda, a recibir las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado».
Judiciales
Comenzó en Roca el juicio contra tres hombres acusados de intentar robar una vivienda
El hecho ocurrió en octubre de 2024 en una vivienda de calle Nicaragua.
Tres hombres comenzaron a ser juzgados en General Roca por un hecho ocurrido en octubre de 2024, cuando habrían intentado robar en una vivienda tras forzar el ingreso al domicilio.
El juicio se desarrolla ante un Tribunal Colegiado, ya que la Fiscalía prevé solicitar una pena superior a los 3 años de prisión. Los tres acusados llegan al debate cumpliendo prisión preventiva.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 29 de octubre en una vivienda ubicada en calle Nicaragua al 400. Los imputados habrían llegado al lugar a bordo de una Volkswagen Amarok, vehículo que contaba con pedido de secuestro tras haber sido robado días antes, el 24 de octubre.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hombres forzaron el portón de ingreso y la puerta de la vivienda con la intención de apoderarse de distintos elementos.
Sin embargo, el robo no llegó a concretarse debido a la intervención de personal policial de la Comisaría 31°, que acudió al lugar tras el aviso de vecinos.
Posteriormente, los sospechosos intentaron escapar en un Ford Fiesta conducido por un menor de edad, pero tras una persecución policial fueron detenidos.
La Fiscalía los acusa como coautores de los delitos de encubrimiento agravado con ánimo de lucro, sustitución de numeración y tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años.
El debate continuará mañana miércoles (11/03) desde las 8.30 en los Tribunales de General Roca, con la declaración de los testigos convocados por las partes.
Judiciales
Identificaron a las dos víctimas fatales que murieron tras caer en un auto al Canal Grande: Eran trabajadores judiciales
Una tercera ocupante logró salir del vehículo y permanece hospitalizada.
Un trágico siniestro vial ocurrido durante la mañana de este martes (10/03) generó conmoción en la región y especialmente en el ámbito judicial, luego de que dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro murieran tras caer el vehículo en el que viajaban al Canal Principal de Riego.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la Ruta Provincial N° 65, en cercanías del Puente Palermiti. Por motivos que aún se investigan, un automóvil Ford Ka en el que viajaban tres personas terminó dentro del canal.
Según las primeras informaciones, la conductora, identificada como Laura Soledad Morales, de 37 años, logró salir del rodado en estado de shock y fue trasladada para recibir atención médica. Sin embargo, su pareja y otra mujer que los acompañaba quedaron atrapados en el interior del vehículo y fallecieron en el lugar.
Las víctimas fatales, por su parte, fueron identificadas como Yanet Daiana Amarilla Alba, de 34 años, quien se desempeñaba en la Oficina de Tramitación Integral del Fuero Civil (OTIC), y Diego Antú Díaz, de 37 años, trabajador de la Subdelegación de la Oficina Judicial (OJU). Eran oriundos de Roca y viajaban hacia Regina
Ante lo ocurrido, el Poder Judicial de Río Negro expresó su profundo dolor y condolencias a los familiares por el trágico accidente que produjo el fallecimiento de los dos trabajadores judiciales. También anhela la pronta recuperación de la trabajadora hospitalizada.
En este sentido, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso asueto con suspensión de términos para el día de hoy (10/03) en todos los organismos judiciales de Villa Regina. Solo continuarán los trámites urgentes.
Judiciales
Disparos y persecución en Roca: Imputaron a dos personas y dictaron prisión preventiva para uno de ellos
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y comenzó cuando un auto escapó de un control policial.
Ayer (09/03) al mediodía el equipo fiscal de turno formuló cargos contra dos personas por hechos ocurridos durante la madrugada del domingo (08/03) pasado que derivaron en una persecución y posterior detención en General Roca. Tras el pedido fiscal, el hombre cumplirá prisión preventiva, mientras que a la mujer se le colocará un dispositivo de control satelital.
Según la acusación fiscal, «alrededor de la 1 de la madrugada del 8 de marzo, mientras personal de la Subcomisaría 69° realizaba tareas de prevención, observaron un automóvil Bora gris que, al advertir la presencia policial, aumentó la velocidad y emprendió la huida».
«En el marco de un plan común y con clara división de tareas para evadir a la policía, dispararon seis veces desde el vehículo. Luego, el hombre imputado y otro sujeto -que aún no ha sido identificado- se arrojaron del auto en movimiento y emprendieron la fuga a pie, mientras descartaban distintos elementos, entre ellos un arma tipo pistola, cuatro cartuchos, un revólver con un cartucho en su interior y un almacén cargador con nueve cartuchos, apto para el disparo, además de un teléfono celular», describió la Fiscalía.
«De manera paralela, el personal policial logró detener a la mujer mientras conducía el Bora. En el vehículo se encontró una escopeta con una vaina servida y un cartucho en el almacén cargador, un chaleco balístico, un portaplacas y una caja metálica. Todas las armas eran portadas sin la correspondiente autorización legal», explicó la representante fiscal.
La calificación legal por la cual quedaron imputados los cargos es para el hombre abuso de arma de fuego agravado para ocultar otro delito, lograr la impunidad y por haber sido cometido contra miembros de la fuerza de seguridad en concurso ideal con portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido con arma de fuego, En relación a la mujer: tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido con arma de fuego.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentran el acta de procedimiento policial, entrevistas, el informe del Gabinete de Criminalística, el informe del perito armero y balístico, y fotografías.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre por el plazo de dos meses, teniendo presente el peligro de fuga, «que quedó plasmado en la persecución que tuvo que realizar la policía para detenerlo», dijo la fiscal, además del riesgo de entorpecimiento de la investigación. En relación con la mujer, se solicitó por el mismo plazo la colocación de un dispositivo de pulsera electrónica.
La defensa penal pública se opuso al pedido respecto de su asistido, ya que «se vulnera el principio de inocencia y no se acreditó de manera fehaciente ninguno de los riesgos procesales que habilitan solicitar la medida cautelar más gravosa. Por ello solicitamos la colocación de una tobillera electrónica».
Finalmente, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos en los términos solicitados por la Fiscalía, así como las medidas cautelares requeridas.
