Judiciales
Confirman indemnización para compradora de un 0 Km dañado
Volkswagen Argentina S.A. y Sapac S.A. deberán abonarle $200.000 a una mujer de Roca por falencias de fábrica en un vehículo nuevo.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Roca confirmó una sentencia de primera instancia y la respectiva condena contra una fábrica automotriz y una concesionaria regional por los daños y perjuicios que sufrió una mujer a raíz de los desperfectos en el cero kilómetro que había adquirido. La demanda fue entablada por una compradora de General Roca contra Volkswagen Argentina S.A. y Sapac S.A., que resultaron condenadas «en forma solidaria» a abonar a la damnificada una suma cercana a los $200.000, más intereses.
La sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Civil N° 9, fue apelada por las empresas y tras analizar las presentaciones la Cámara rechazó ambos recursos.
La demandante compró un VW Vento en junio de 2007, con garantía de fábrica por dos años, y las pericias realizadas durante el proceso judicial determinaron que las falencias de fábrica se vieron agravadas como «consecuencia de las maniobras de incorrecto armado y ensamble y puesta a punto prestadas en el taller de servicio oficial de Volkswagen«. Así, la sentencia de primera instancia reconoció a la mujer, en el marco de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el derecho a un resarcimiento por los gastos de transporte, notariales y de mediación erogados, por la privación de uso del auto durante más de un año, por la pérdida del precio de reventa y por daño moral, totalizando una indemnización de $197.946,50, más los correspondientes intereses.
En su apelación la fábrica alegó que los problemas en el rodado aparecieron tardíamente y que los mismos respondieron a un «deficiente cuidado» de la propietaria y al uso de aditivos y combustibles de mala calidad. Las dos demandadas, además, cuestionaron los montos indemnizatorios reconocidos en los distintos rubros.
La Cámara, con voto rector del juez Víctor Darío Soto y adhesión de su par Gustavo Martínez, destacó que la damnificada estuvo privada del libre uso de su auto desde mayo de 2009 hasta julio de 2010, lapso en el cual el rodado estuvo en reparación en talleres oficiales de Roca, Neuquén y Bahía Blanca. En ese proceso debieron ser reemplazados la tapa de cilindros con todos sus componentes y los cuatro inyectores de combustible, entre otras intervenciones.
El Tribunal también tuvo por acreditado el «desaprensivo tratamiento» que recibió el rodado en la concesionaria, en materia de reparación y condiciones de traslado, y destacó que a la fábrica correspondía «velar por la calidad de los productos y la atención al cliente que importa la red de fabricación, ensamblado y comercialización que encabeza».
Tanto el fallo de primera instancia como el de Cámara reconocieron que «evidentemente el daño moral ha existido», por la «angustia» que le produjo a la mujer no contar «con un vehículo que reporte comodidad, tranquilidad, seguridad para desplazarse en una ruta sumamente transitada y por demás conflictiva como lo es la Ruta Nacional N° 22» y por la afectación que eso produjo en sus actos de la vida social, laboral y familiar, tal como lo determinó una pericia psicológica incorporada como prueba.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Judiciales
Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
Judiciales
Imputaron a una profesora de natación y un guardavidas por el fallecimiento del niño de 11 años en la pileta municipal de Roca
Según la acusación, ambos imputados habrían omitido el deber de cuidado al no advertir a tiempo lo que le ocurría a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal imputó a una profesora de natación y a un guardavidas por el delito de homicidio culposo, en el marco de la investigación por la muerte de un niño de 11 años ocurrida el 22 de diciembre de 2023 durante una clase en la pileta municipal de General Roca, ubicada en la zona norte de la ciudad.
Según la acusación fiscal, ambos imputados estaban a cargo de un grupo de seis menores cuando, alrededor de las 11.40, se le indicó al grupo un ejercicio en el agua. El niño no salió a la superficie como los demás y la situación fue advertida minutos después, cuando lo sacaron del agua e iniciaron maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia.
La Fiscalía sostuvo que ambos habrían omitido el deber de cuidado al no advertir lo que ocurría con el menor. El tiempo de inmersión prolongada sin supervisión efectiva ni asistencia inmediata provocó un episodio de ahogamiento por sumersión que derivó en su fallecimiento por asfixia. La calificación legal aplicada es la de homicidio culposo, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal.
El defensor penal público que asiste a ambos imputados señaló que, a criterio de la defensa, no existen elementos suficientes para formular cargos en esta instancia, y reclamó la realización de un estudio histopatológico antes de arribar a conclusiones definitivas sobre la causa de la muerte.
La jueza de Garantías interviniente, ante la presencia de los padres del niño y su querellante -quien adhirió al pedido fiscal-, explicó que la investigación deberá determinar si la muerte fue producto de negligencia o imprudencia de quienes tenían a su cargo al menor, o si fue consecuencia de una patología previa que no hubiera podido evitarse aun con la debida diligencia. Tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria.
