Judiciales
Incendio de Tribunales: Resolvieron procesamiento con prisión preventiva para seis de los imputados
Están acusados de incendiar intencionalmente el Poder Judicial de Viedma el 26 de julio el año pasado.
El Juez de Ejecución Penal a cargo del Juzgado N° 8, Ignacio Gandolfi, resolvió ordenar el procesamiento y la prisión preventiva de Ricardo Fabricio Colman, Ricardo Iván Colman, Ricardo Iván Becerra, Roberto Gustavo Morales Paz e Ignacio Javier Galiano por estimarlos coautores penalmente responsables del delito tipificado en el art. 186 inc. 1º y 3º (incendio e incendio de archivo público) y 45 del Código Penal, debiendo continuar alojados en el Complejo Penal N° 1, a excepción de Ignacio Galiano que permanecerá en la Comisaría Primera de esta ciudad.
Por otro lado el juez Gandolfi, resolvió ordenar el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Dante Salinas por estimarlo autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado, tipificado en el art. 277 del Código Penal, debiendo continuar alojado también en el Complejo Penal N° 1 de Viedma.
Por último, el Juez decidió el procesamiento sin prisión preventiva de María Daniela Vivas por considerarla, en esta instancia, autora penalmente responsable del delito de encubrimiento, tipificado en el art.277º inc. a) del Código Penal. Se le impuso estrictas pautas de conducta y presentaciones constantes.
Con respecto a los hechos el denominado como número uno es aquel que se atribuye a los hermanos Colman, Becerra, Morales Paz: “En la ciudad de Viedma, en fecha 26/07/15, en un horario que no se puede precisar con exactitud pero comprendido entre las 04.30 y las 06.32 hs.(…) accedieron al techo del pasillo que comunica la Escuela de Capacitación y el Nivel N° 1 del Edificio del Poder Judicial (…) para luego ingresar a las dependencias del Juzgado de Instrucción N° 4, Nivel 3. Luego de ello, procedieron a rociar combustible (Hidrocarburo derivado de petróleo) en las instalaciones de la magistratura mencionada, y prender fuego en la oficina antes mencionada por la cual ingresaron, para en forma inmediata egresar por el mismo, para darse rápidamente a la fuga”. En cuanto a Galiano, en referencia al mismo hecho se le atribuye que “en esta ciudad en fecha y hora que aún no se ha podido determinar pero previa al 26/07/2015 encargó a los antes nombrados, bajo promesa de pago de una suma de dinero no determinada aún, el incendio del Juzgado de Instrucción N° 4, con el objetivo de destruir la totalidad de las instalaciones, en especial los expedientes que allí tramitaban”.
Por su parte a Salinas se lo imputa porque “ayudó a Ignacio Javier Galiano a eludir la investigación del incendio perpetrado el 26/07/15 en las instalaciones del Juzgado de Instrucción Nº 4, (…) cometido por Ricardo Ivan Becerra-Chanchi- Ricardo Fabricio Colman, Ricardo Ivan Colman y Roberto Gustavo Morales Paz – Tito- y encargado por el mencionada Galiano. Ello mediante la intermediación de Salinas a favor de Galiano cuando los autores materiales del hecho, a través de Fabricio Colman, le exigieron a Galiano el pago de la suma de dinero prometida por la comisión del incendio. Dichas exigencias fueron en reiteradas comunicaciones telefónicas (…) Salinas ayudó a Galiano al intentar deslindar a éste de la pesquisa del incendio a través del suministro a otro policía (…) quien se desempeñaba en la Brigada de Investigaciones de esta ciudad, de información respecto al hecho, excluyendo a Galiano y responsabilizando únicamente a los autores materiales así como a otras personas no identificadas aún”.
A María Daniela Vivas se le atribuye que ayudó a Javier Ignacio Galiano a eludir la investigación del incendio. Dice la resolución que se produjo “mediante la colaboración y asistencia a Galiano en la elaboración de tácticas y estrategias que lo desvincularán de la investigación del hecho mencionado del que él formó parte , toda vez que de las reiteradas comunicaciones telefónicas mantenidas con Galiano – en su evidente estrecha relación- así como con Gustavo Salinas, surge el conocimiento de Vivas del hecho del incendio del Juzgado, así como de sus autores.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
