Judiciales
Condena por «abuso de armas» ocurrido en un barrio de Roca
Los imputados son Francisco Daniel Reyes, de 26 años, y Guillermo Andrés Troncoso, de 22. El hecho ocurrió en septiembre del 2012 en Paso Córdoba.
La Cámara Criminal Tercera, por unanimidad, condenó a dos hombres por el delito de «abuso de armas» del que fue víctima otro joven en el barrio Paso Córdoba de General Roca.
Los imputados, Francisco Daniel Reyes, de 26 años, y Guillermo Andrés Troncoso, de 22, habían sido procesados originalmente por el delito de «homicidio simple en grado de tentativa, agravado por el empleo de un arma de fuego», pero tras la realización del juicio oral y público los jueces coincidieron con lo sostenido por el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli en cuanto a la inexistencia de «dolo homicida» por parte de los acusados.
El hecho investigado ocurrido el 16 de septiembre de 2012, alrededor de las 20.30, en inmediaciones de las calles Cabo de Hornos y Calle Pública del barrio Paso Córdoba de Roca. Se tuvo por acreditado que Troncoso conducía una moto llevando a Reyes como acompañante cuando «interrumpieron la marcha de la víctima», quien conducía una Estanciera. Se pusieron frente a la camioneta, Reyes descendió de la moto portando una escopeta calibre 16 y a una distancia no superior a los 20 metros, según las pericias, disparó «en dirección al ofendido y es así como el proyectil rompió el parabrisas del rodado sin causar herida alguna» al conductor, el cual se encontraba solo.
El fiscal de Cámara descartó la «intención de matar», pues consideró que se trató de un único disparo al que no le siguieron otras agresiones ni persecuciones hacia la víctima. Consideró que fue un «abuso de arma, con intención de amenazar o asustar» y por eso en su alegato final acusó a Reyes por el delito de «abuso de arma en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en grado de autor». En cuanto a Troncoso, la fiscalía solicitó que sea condenado como «partícipe necesario» en el delito de abuso de armas.
Por su parte, la defensora oficial Flavia Rojas solicitó la absolución de ambos, poniendo en duda la existencia misma del hecho y las circunstancias mencionadas en la acusación.
Los jueces Fernando Sánchez Freytes (voto rector), Verónica Rodríguez y Alejandro Pellizzon (subrogante) coincidieron con los fundamentos del fiscal y condenaron a Reyes a la pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación para portar armas de fuego y a Troncoso a un año de prisión en suspenso, además de 3 años de pautas de conducta que incluyen la prohibición de acercarse a la víctima o a sus familiares directos, bajo apercibimiento de ley.
Debido a que Reyes registra condenas penales previas, unificadas en un total de 6 años y 6 meses de prisión, el Tribunal unificó las penas en 8 años de detención efectiva e inhabilitación.
Al descartar la intención de matar por parte de los acusados, la sentencia sostuvo que «apenas se produjo el único disparo -que ocasionó la rotura del parabrisas del vehículo que conducía el ofendido- los imputados abandonaron voluntariamente el sector». «Basta pensar, solamente, en la posibilidad material que ellos tenían de continuar disparando (contra la víctima) si realmente era ese su propósito», se argumentó.
Judiciales
Se compró un container como casa y sufrió varios desperfectos que terminaron en una demanda
En invierno se filtraba mucho frío y en verano, era imposible estar dentro por las altas temperaturas. Además, la humedad deterioró las superficies y se obstruyeron caños que dejaron la vivienda sin agua caliente.
Promocionada en redes sociales como una solución moderna, sustentable y accesible, la vivienda se ofrecía con promesas de confort térmico, instalaciones completas y diseño funcional. El proyecto, difundido por Instagram, mostraba imágenes cuidadas de unidades construidas con containers marítimos reciclados, convertidas en hogares compactos listos para habitar.
Una de esas unidades fue vendida y entregada en Cervantes. La compradora pagó el valor total y recibió el módulo en el terreno acordado. En los papeles, se trataba de una pequeña casa con cocina-comedor, baño y dormitorio, equipada con servicios básicos y aislación térmica.
Pero la experiencia de uso fue muy distinta: en verano, las temperaturas interiores se volvieron insoportables; en invierno, el frío se filtraba por todas partes. La humedad, producto de la condensación, deterioraba las superficies. Los caños obstruidos, instalados sin criterio técnico, dejaron la vivienda sin agua caliente a pocos días de su uso.
La situación derivó en una demanda judicial por daños y perjuicios en el fuero civil de Roca. La compradora presentó pruebas documentales, fotografías, testimonios y conversaciones con el proveedor. El hombre no se presentó a contestar la demanda, fue declarado en rebeldía y la jueza interviniente tuvo por reconocida su responsabilidad.
Un informe técnico incorporado al expediente confirmó que la construcción no cumplía con ninguna normativa vigente en materia de aislamiento térmico. La aislación era insuficiente, mal colocada, sin barrera de vapor ni condiciones de confort mínimas. Se detalló que para hacerla habitable debía desmontarse gran parte de la estructura, reemplazar la aislación, rehacer muros, cielorrasos y pisos, y reacondicionar el sistema de agua.
El fallo acreditó el incumplimiento contractual, así como la violación a los deberes de trato digno e información previstos por la Ley N° 24.240. Se reconoció el derecho a una reparación integral, que incluye los costos de reconstrucción, los gastos ya afrontados, la necesidad de alojamiento alternativo durante las refacciones, y el daño moral provocado por la frustración del proyecto habitacional.
Judiciales
Separaron a un docente por presunto delito contra la integridad sexual
La denuncia fue realizada por la familia de la víctima. La Junta de Disciplina instruyó un sumario.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos separó a un docente de sus cargos tras una denuncia por presunto delito contra la integridad sexual, realizada por la familia de una estudiante de un establecimiento de San Antonio Oeste.
Tras recibir la misma, el equipo directivo de la institución llevó a cabo de manera inmediata la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Familia de la localidad, a fin de que la Justicia pueda intervenir.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación, con sus equipos de intervención territorial y técnicos de apoyo, activó los dispositivos pedagógicos con la familia y la institución.
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, instruyó al Consejo Provincial de Educación y a la Junta de Disciplina Docente a que se realice una investigación dentro del sistema educativo y, a su vez, a ponerse a disposición de la Fiscalía que recibió la denuncia.
La secretaria de Educación, Ana Laura Giovanini y los equipos directivos, técnicos y supervisivos brindaron contención y acompañaron a la familia, poniendo todo el sistema educativo a disposición.
Por otro lado, el docente denunciado fue apartado de sus cargos y la Junta de Disciplina Docente instruyó el respectivo sumario.
Desde el Ministerio se informó a la Justicia sobre todo lo actuado hasta el momento y se continúa trabajando con acciones y acompañamiento con los diferentes equipos directivos de las instituciones y la comunidad educativa.
«Es prioridad para este Ministerio de Educación y para el Gobierno de Río Negro actuar en forma inmediata en estos casos, garantizando los derechos de las y los estudiantes y de la comunidad educativa, dando prioridad al resguardo y protección de los niños y niñas», destacó la ministra.
En ese sentido es muy importante tener en cuenta las legislaciones nacionales en cuanto a la reserva de la identidad. La Ley Nacional N° 26.061 en su Art. 22, prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes, cuando constituyan injerencias arbitrarias en su vida privada o intimidad familiar.
Judiciales
Robos, hurtos y estafas, los delitos más comunes en Río Negro
Las estadísticas se desprenden de un informe del Poder Judicial de la Provincia sobre causas del 2024.
Durante 2024 ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia de Río Negro un total de 6.942 legajos, lo que representa un incremento del 19% en comparación con el año anterior. De ese total, 6.189 causas fueron promovidas por el Ministerio Público ante la presunta comisión de algún delito.
Los delitos contra la propiedad fueron los más frecuentes, con 2.697 legajos, lo que representa el 43,59% del total promovido por el Ministerio Público. Esta categoría incluye hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza.
En segundo lugar se ubicaron los delitos contra la administración pública, con 933 legajos (14,75%). Comprenden atentado y resistencia a la autoridad, falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y desobediencia a órdenes judiciales, entre ellas el incumplimiento de medidas cautelares por violencia de género.
Los delitos contra las personas generaron 829 causas (13,39%) e incluyen homicidios en todas sus formas, lesiones, abuso de armas y abandono de personas. Por su parte, los delitos contra la libertad sumaron 699 legajos (11,29%), entre ellos privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones ilegales y violación de secretos.
También se contabilizaron 620 causas por delitos contra la integridad sexual (10,02%), como abusos sexuales con o sin acceso carnal, corrupción de menores, facilitación a la prostitución y exhibiciones obscenas.
El resto de los legajos registrados en 2024 corresponde a trámites de ejecución, exhortos y solicitudes administrativas (738 causas) y a querellas privadas (12 casos).
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
