Río Negro
El Ejecutivo propuso la creación de una Agencia de Prevención del abuso de sustancias
Tendrá dependencia directa del Gobernador en virtud de ser esta temática, para el gobierno de Weretilneck, «una política de Estado prioritaria».
El Poder Ejecutivo de Río Negro presentó hoy en la Legislatura provincial un proyecto de Ley que impulsa la creación de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones. La Agencia, que tendrá dependencia directa del Gobernador en virtud de ser esta temática una política de Estado prioritaria, contará con la representación de todos los ministerios por la complejidad del problema, empleando la multidisciplina.
Tendrá además una activa representación de la ONGs, como grupos de autoayuda, iglesias, sindicatos, entre otros, y tiene como tarea la elaboración de planes y programas para prevenir y atender a los afectados por drogas legales e ilegales.
El objetivo de la ley impulsada es garantizar una política integral y sistemática, abarcando la dimensión social, psicológica y biológica de personas, grupos y comunidades sobre el abuso y consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en el ámbito de la Provincia de Río Negro a través de la instrumentación de un plan integral, con participación de actores públicos, privados y Organizaciones no Gubernamentales.
A tal fin se instrumentarán programas de abordaje a las problemáticas planteadas de manera coordinada con los planes que pudieran existir en los distintos niveles de la administración nacional, regional y municipal, así como con otros entes y jurisdicciones provinciales, con el objeto de optimizar recursos y dotar de eficacia a las acciones implementadas. Por tal motivo, en base a la situación actual se crear un ente que vehiculice de manera efectiva el abordaje de la temática que se pretende abordar.
El objetivo es encontrar los mecanismos adecuados que permitan dinamizar el sistema de prevención de adicciones, y sobre todo su tratamiento, abordando la temática desde una perspectiva integral que facilite la articulación y ejecución de políticas de una manera efectiva.
En tal sentido el Ejecutivo propone crear un ente de naturaleza autárquica. La autarquía permite llevar adelante procesos, programas, readecuaciones de estructura y de sistema de manera más ágil, con horizontes a más largo plazo, facilitando la profesionalización y eficiencia, permitiendo la articulación de políticas desde una perspectiva interdisciplinaria, pero otorgándole la autonomía necesaria para ejecutarlas eficazmente.
Asimismo, reafirmando el carácter de política de Estado prioritaria que se le pretende dar al problema de las adicciones se propone colocar a la Agencia a crear, bajo la órbita directa del Gobernador de la provincia. En tanto, reflejando la multicausalidad y la complejidad que presenta este problema de salud colectiva se incorporan como miembros del Consejo Ejecutivo de la misma a representantes de diversos organismos como Salud Pública, Desarrollo Social, Seguridad y Justicia, Educación, Gobierno y ONG’s a fin de abordar las adicciones con una visión sistémica y globalizadora.
Al respecto, el ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giácomo recordó que “en la provincia hasta el momento contábamos con el Consejo para el tratamiento y la prevención de las adicciones, pero al no ser un órgano multidisciplinario con una capacidad propia de operatividad. Ahora estamos apostando fuertemente al armado de una agencia que tenga un trabajo, donde no sólo va a estar el trabajo propio del Estado, a través de Salud, Desarrollo Social y Educación, sino que además esta Agencia está integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales que son tan importantes en la lucha contra la problemática”, indicó a Radio Nacional Viedma.
Explicó que “la idea es que se conforme esta Agencia con un especialista en la temática, que tenga representación de Salud, Educación, Seguridad y de las organizaciones de Gobierno porque hay un trabajo que se está haciendo directamente con los Municipios y las organizaciones no gubernamentales. Venimos trabajando hace unos meses en este tema, hemos adscripto personal de otras reparticiones con aprobada capacidad en esta problemática”.
Agregó que “proponemos que esta agencia fije las políticas estrategias de materia de trabajo con las sustancias. Cuando hablamos de sustancias estamos hablando de las legales y las ilegales, del principal problema que tenemos en la Provincia con el alcohol, de tabaco, marihuana, cocaína y psicofármacos. Todo aquello que mal usado o abusado se transforma en un problema de salud colectiva y que hay que atender desde varios ángulos”.
“Muchas de estas sustancias culturalmente están aceptadas y se utilizan, por eso no vamos a un esquema prohibicionista. Estamos hablando de controlar, fiscalizar y realizar la suficiente información para que la sociedad conozca el daño que producen estas sustancias”, sostuvo Di Giácomo.
Explicó que “por eso hablamos de una agencia que tiene una conformación interdisciplinaria, que no es simplemente un servicio de salud o una asistencia de Desarrollo Social, sino un espacio donde se decidan lineamientos políticos. Las políticas que se le debe dar a la información, a la asistencia y a la prevención tienen que ser decididas por gente que sepa de la temática”.
“En líneas generales se está tratando de separar lo que significa la persecución al narcotráfico de lo que significa el consumidor que no es traficante o no ha cometido delito grave y que merece otro tipo de tratamiento distinto”, manifestó finalmente el Ministro de Gobierno.
Algunas funciones
Esta agencia será la encargada, entre otras acciones, de coordinar con los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, la actuación en forma conjunta, en la implementación de programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, para la recuperación de las personas con problemas de abuso de sustancias y adicciones.
Apuntará también a procurar la cobertura progresiva de la atención de la demanda en todas las localidades de la provincia de Rio Negro promoviendo la creación de Servicios multidisciplinarios de Adicciones acordes a los distintos niveles de complejidad, tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él.
Promoverá además la formación y capacitación continua de operadores, docentes técnicos y profesionales, como agentes de intervención psicosocial (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación) a fin de facilitar la inclusión psicosocial de los sujetos afectados.
Propondrá asimismo indicadores que permitan diseñar un sistema de monitoreo de la incidencia del abuso de sustancias y las adicciones en las distintas franjas etarias, niveles socioeconómicos, regiones geográficas, tipo y condiciones de trabajo y toda otra variable que permita dimensionar la magnitud de la problemática y operar sobre cada caso con la mayor efectividad.
Plan provincial
El Consejo Ejecutivo elaborará dentro de los tres meses a partir de la constitución de la Agencia, un plan provincial con una fuerte orientación de promoción, prevención de la salud, tratamiento y reinserción sociolaboral, que contendrá los programas y acciones específicos que se aplicarán en todo el territorio provincial.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
