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Río Negro

El Ejecutivo propuso la creación de una Agencia de Prevención del abuso de sustancias

Tendrá dependencia directa del Gobernador en virtud de ser esta temática, para el gobierno de Weretilneck, «una política de Estado prioritaria».

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El Poder Ejecutivo de Río Negro presentó hoy en la Legislatura provincial un proyecto de Ley que impulsa la creación de la Agencia para la Prevención y Asistencia del Abuso de Sustancias y de las Adicciones. La Agencia, que tendrá dependencia directa del Gobernador en virtud de ser esta temática una política de Estado prioritaria, contará con la representación de todos los ministerios por la complejidad del problema, empleando la multidisciplina.

Tendrá además una activa representación de la ONGs, como grupos de autoayuda, iglesias, sindicatos, entre otros, y tiene como tarea la elaboración de planes y programas para prevenir y atender a los afectados por drogas legales e ilegales.

El objetivo de la ley impulsada es garantizar una política integral y sistemática, abarcando la dimensión social, psicológica y biológica de personas, grupos y comunidades sobre el abuso y consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, en el ámbito de la Provincia de Río Negro a través de la instrumentación de un plan integral, con participación de actores públicos, privados y Organizaciones no Gubernamentales.

A tal fin se instrumentarán programas de abordaje a las problemáticas planteadas de manera coordinada con los planes que pudieran existir en los distintos niveles de la administración nacional, regional y municipal, así como con otros entes y jurisdicciones provinciales, con el objeto de optimizar recursos y dotar de eficacia a las acciones implementadas. Por tal motivo, en base a la situación actual se crear un ente que vehiculice de manera efectiva el abordaje de la temática que se pretende abordar.

El objetivo es encontrar los mecanismos adecuados que permitan dinamizar el sistema de prevención de adicciones, y sobre todo su tratamiento, abordando la temática desde una perspectiva integral que facilite la articulación y ejecución de políticas de una manera efectiva.

En tal sentido el Ejecutivo propone crear un ente de naturaleza autárquica. La autarquía permite llevar adelante procesos, programas, readecuaciones de estructura y de sistema de manera más ágil, con horizontes a más largo plazo, facilitando la profesionalización y eficiencia, permitiendo la articulación de políticas desde una perspectiva interdisciplinaria, pero otorgándole la autonomía necesaria para ejecutarlas eficazmente.

Asimismo, reafirmando el carácter de política de Estado prioritaria que se le pretende dar al problema de las adicciones se propone colocar a la Agencia a crear, bajo la órbita directa del Gobernador de la provincia. En tanto, reflejando la multicausalidad y la complejidad que presenta este problema de salud colectiva se incorporan como miembros del Consejo Ejecutivo de la misma a representantes de diversos organismos como Salud Pública, Desarrollo Social, Seguridad y Justicia, Educación, Gobierno y ONG’s a fin de abordar las adicciones con una visión sistémica y globalizadora.

Al respecto, el ministro de Gobierno de Río Negro, Luis Di Giácomo recordó que “en la provincia hasta el momento contábamos con el Consejo para el tratamiento y la prevención de las adicciones, pero al no ser un órgano multidisciplinario con una capacidad propia de operatividad. Ahora estamos apostando fuertemente al armado de una agencia que tenga un trabajo, donde no sólo va a estar el trabajo propio del Estado, a través de Salud, Desarrollo Social y Educación, sino que además esta Agencia está integrada por representantes de organizaciones no gubernamentales que son tan importantes en la lucha contra la problemática”, indicó a Radio Nacional Viedma.

Explicó que “la idea es que se conforme esta Agencia con un especialista en la temática, que tenga representación de Salud, Educación, Seguridad y de las organizaciones de Gobierno porque hay un trabajo que se está haciendo directamente con los Municipios y las organizaciones no gubernamentales. Venimos trabajando hace unos meses en este tema, hemos adscripto personal de otras reparticiones con aprobada capacidad en esta problemática”.

Agregó que “proponemos que esta agencia fije las políticas estrategias de materia de trabajo con las sustancias. Cuando hablamos de sustancias estamos hablando de las legales y las ilegales, del principal problema que tenemos en la Provincia con el alcohol, de tabaco, marihuana, cocaína y psicofármacos. Todo aquello que mal usado o abusado se transforma en un problema de salud colectiva y que hay que atender desde varios ángulos”.

“Muchas de estas sustancias culturalmente están aceptadas y se utilizan, por eso no vamos a un esquema prohibicionista. Estamos hablando de controlar, fiscalizar y realizar la suficiente información para que la sociedad conozca el daño que producen estas sustancias”, sostuvo Di Giácomo.

Explicó que “por eso hablamos de una agencia que tiene una conformación interdisciplinaria, que no es simplemente un servicio de salud o una asistencia de Desarrollo Social, sino un espacio donde se decidan lineamientos políticos. Las políticas que se le debe dar a la información, a la asistencia y a la prevención tienen que ser decididas por gente que sepa de la temática”.

“En líneas generales se está tratando de separar lo que significa la persecución al narcotráfico de lo que significa el consumidor que no es traficante o no ha cometido delito grave y que merece otro tipo de tratamiento distinto”, manifestó finalmente el Ministro de Gobierno.

Algunas funciones

Esta agencia será la encargada, entre otras acciones, de coordinar con los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, la actuación en forma conjunta, en la implementación de programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social, para la recuperación de las personas con problemas de abuso de sustancias y adicciones.

Apuntará también a procurar la cobertura progresiva de la atención de la demanda en todas las localidades de la provincia de Rio Negro promoviendo la creación de Servicios multidisciplinarios de Adicciones acordes a los distintos niveles de complejidad, tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él.

Promoverá además la formación y capacitación continua de operadores, docentes técnicos y profesionales, como agentes de intervención psicosocial (promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación) a fin de facilitar la inclusión psicosocial de los sujetos afectados.

Propondrá asimismo indicadores que permitan diseñar un sistema de monitoreo de la incidencia del abuso de sustancias y las adicciones en las distintas franjas etarias, niveles socioeconómicos, regiones geográficas, tipo y condiciones de trabajo y toda otra variable que permita dimensionar la magnitud de la problemática y operar sobre cada caso con la mayor efectividad.

Plan provincial

El Consejo Ejecutivo elaborará dentro de los tres meses a partir de la constitución de la Agencia, un plan provincial con una fuerte orientación de promoción, prevención de la salud, tratamiento y reinserción sociolaboral, que contendrá los programas y acciones específicos que se aplicarán en todo el territorio provincial.

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Política

Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro

En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

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En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.

Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.

Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.

«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.

Los motivos de las sanciones

Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.

Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.

Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.

«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra

Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.

La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).

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Policiales

Firmaron el contrato para ampliar el Centro de Monitoreo 911 de Roca

Es en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento de la ciudad.

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Con una inversión cercana a los $125 millones, los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, rubricaron el acuerdo con la empresa INCO SRL para iniciar las obras en el edificio de la Comisaría 3°, una acción que demuestra previsibilidad y fortalece el sistema de prevención y seguridad ciudadana en la región.

La obra, estratégica para el Alto Valle, se desarrollará en la planta alta de la Comisaría 3°, ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento, lugar donde actualmente opera el 911. La intervención comprende la construcción de 56,7 m2 nuevos y la refacción de 19 m2 existentes. Esta refuncionalización permitirá adaptar el espacio a las necesidades del personal y albergar nuevo equipamiento tecnológico, mejorando drásticamente los tiempos de respuesta ante emergencias.

Durante la firma, el ministro Echarren destacó que esta obra no es un hecho aislado, sino parte de una política de Estado. «Como remarcó el gobernador Alberto Weretilneck al principio de la gestión, fortalecer el sistema de seguridad requiere un trabajo en conjunto. Es imposible que el Ministerio de Seguridad pudiera hacer obras por cuenta propia si no lo acompaña Obras Públicas con la parte técnica. Este trabajo en equipo nos permite brindar respuestas a la comunidad con obras concretas».

Un modelo de gestión coordinada

Echarren valoró los grandes acuerdos alcanzados con las gestiones locales para avanzar en materia de seguridad en todo el territorio a través del programa Junto al Municipio. «Esta coordinación con los intendentes nos ha permitido culminar los Centros de Monitoreo de Cinco Saltos, San Antonio Oeste y Villa Regina. Además, estamos terminando el de El Bolsón y próximos a llamar a licitación el de Fernández Oro», detalló.

Para finalizar, el titular de Obras y Servicios Públicos repasó otras inversiones estratégicas que demuestran que Río Negro sigue en marcha: «Estamos diseñando algo sumamente novedoso para Viedma con la Comisaría 1º, y profundizando las inversiones en el sistema carcelario, con la reciente firma del contrato para la ampliación del Complejo Penal de Viedma y abocados a avanzar con el de Cipolletti. Lo central es que Río Negro funciona, da previsibilidad y cuida a sus vecinos».

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Policiales

Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas y entrega indumentaria a Policía

Demandó una inversión de casi $350.000.000.

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El Gobierno de Río Negro adquirió 600 chalecos antibalas (300 masculinos y 300 femeninos) destinados al personal de la Policía provincial, con una inversión de $349.800.000. La compra permitirá equipar a nuevos aspirantes y avanzar con el proceso de actualización del material de protección de la fuerza.

En paralelo, la Provincia comenzará en los próximos días con la entrega de nueva indumentaria para todo el personal policial, adquirida mediante licitación pública con una inversión superior a los $2.100 millones, llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de continuar fortaleciendo a la Policía de Río Negro con equipamiento adecuado y condiciones de trabajo acordes a la tarea que desarrollan diariamente. «Una Policía bien equipada no solo mejora sus condiciones de trabajo, sino que también fortalece la seguridad de todos los rionegrinos. Nuestro compromiso es acompañar a quienes todos los días cuidan a nuestra gente en cada rincón de la provincia», expresó el mandatario.

La indumentaria fue adquirida mediante licitación pública, con una inversión de $2.101 millones, y forma parte del plan de actualización y renovación del equipamiento policial.

La compra incluye más de 10.000 camisas, 9.000 tricotas de lana y 5.400 bombachones de fajina, además de camisas administrativas, pantalones, chaquetillas sociales, camperas, calzado, chombas operativas y prendas específicas para distintas áreas de la fuerza.

Entre los principales elementos adquiridos se destacan:

  • 6.300 camisas celestes de manga larga
  • 2.000 camisas administrativas masculinas y 2.000 femeninas
  • 2.000 pantalones administrativos masculinos y 2.000 femeninos
  • 9.000 tricotas de lana
  • 5.000 bombachones de fajina y 400 adicionales en versiones operativas
  • 400 pares de borceguíes tácticos
  • 400 pares de zapatillas deportivas
  • 400 camperas oficiales
  • Camperas Goretex y chaquetas tácticas
  • Prendas sociales y uniformes formales para actos y funciones institucionales

Asimismo, el Gobierno Provincial avanzó con la compra de neumáticos para la totalidad de la flota del sistema de seguridad, que incluye a la Policía, el Servicio Penitenciario Provincial y Protección Civil.

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