Río Negro
En la audiencia pública, la Defensora dijo que «las tarifas deben tener en cuenta la realidad económica y social»
Nadina Díaz, Defensora del Pueblo de Río Negro, representó a la Provincia y a Neuquén y Chubut en la audiencia pública del pasado viernes.
La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, reivindicó el pasado viernes la necesidad de que la «Patagonia tenga un tratamiento diferenciado al resto del país en materia de tarifa de gas». Sostuvo que «los aumentos fueron arbitrarios en un servicio público que constituye un derecho humano básico».
Nadina Díaz habló en el marco de la Audiencia Pública convocada por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, para el tratamiento del nuevo cuadro tarifario para el gas dispuesto por el Gobierno Nacional y que generó la presentación de recursos de amparo en el ámbito de la Justicia Federal. La Defensora rionegrina asumió en este ámbito la representación de los Defensores de Neuquén y Chubut, exponiendo la posición de los organismos de control en torno a este debate nacional.
Expresó en su exposición que «la necesidad insoslayable de debatir la cuestión de fondo que es la afectación económica y social que los aumentos implican. Esta decisión atraviesa transversalmente a la familia, a la salud, a la educación, a los pequeños comerciantes, a los clubes de barrio, cooperativas, a las pymes, a la sociedad en su conjunto».
Luego de señalar la presentación de amparos para resguardar a los usuarios, expreso la necesidad de que cada decisión del Gobierno Nacional debe contemplar necesariamente al ser humano como único destinatario de los efectos de sus decisiones. «No podemos vaciar de contenido cada una de las medidas y que estas expresen solamente el resultado de una ecuación económica», sostuvo.
Dijo que «hay sectores de la sociedad que no están en condiciones de asumir este costo adicional, por ello señalamos la necesidad de que cada acción del estado tenga la necesaria cuota de racionalidad y sensibilidad».
Seguidamente dejó sentada la necesidad de la discusión regional para la aplicación de cualquier modificación en las tarifas de servicios públicos y reclamó que «se explicite la estructura de costos que determina el precio de gas en boca de pozo, cifra hoy muy superior al costo internacional».
Señaló además «la necesidad de que el Enargás asuma su objetivo principal motivo de su creación que es la adecuada protección de los derechos de los consumidores, ente que hoy tiene una virtual ausencia en la Patagonia».
Dijo que en esta región el clima impacta fuertemente en cada hogar. «Es por eso que no puede haber racionalidad en las decisiones si no se contemplan las desigualdades territoriales. La tarifa no puede ser una consecuencia aritmética. Debe ponderar indefectiblemente estas características por que sino cualquier decisión volverá a ser arbitraria desde lo económico y lo social».
Sostuvo en este sentido que «el costo de vida en el sur del país es mayor que en otras región por lo que esta diferenciación no debe verse como un privilegio sino como una cuestión de equidad».
Luego de reclamar que «las Provincias no pueden ser ajenas a estas decisiones por tener el dominio originario de sus recursos naturales y pasar a ser partícipes activos de las decisiones en materia hidrocarburífera, recordó los aspectos centrales en los que se fundamentaron los tres amparos por los que se reclamó la nulidad de las resoluciones que dispusieron los aumentos».
Se señaló en las acciones judiciales que se trataba de «actos administrativos ilegales y que vulneraban la protección económica y social de los usuarios al desconocer los preceptos jurídicos de proporcionalidad, igualdad racionalidad y legalidad».
Agregó que «además no se tuvo en cuenta a aquellos usuarios que deben abastecerse de garrafas y tubos que quedaron sujetos también a aumentos en los valores».
«Aun ahora a la luz de las modificaciones que se pretenden introducir para morigerar los impactos, sostenemos que todo aumento debe tener su cuota de racionalidad y progresividad y que coadyuve a la recuperación salarial de todos los trabajadores».
«Lo que más debe movilizarnos es el claro y justo reclamo social de lo que menos tienen, de los que por vivir en regiones frías y alejadas, son los más afectados. El reclamo es sencillo y directo. Dispongamos de tarifas racionales que contemplen la necesidad de ir adecuado los valores reales del producto pero que también tengan en cuenta la realidad de cada hogar, de aquellos que viven en regiones como la Patagonia, donde el frío impera y las condiciones sociales, económicas y de infraestructura de servicio, hacen necesario un tratamiento diferenciado».
«Tengamos una mirada más abarcativa ya que no solo son fríos los números. Hace frío en miles de hogares argentinos», concluyó Nadina Díaz.
Río Negro
Más de 1.100 docentes rionegrinos adquirieron su estabilidad laboral
Con un sistema ágil, miles de docentes, entre postulantes y veedores, pudieron conectarse a las asambleas para titularizar.
El pasado miércoles (18/12) finalizaron con éxito las asambleas virtuales organizadas por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para todos los niveles y modalidades, a través de las cuales ingresaron a la titularidad 1.171 docentes de Río Negro.
A su vez, la modalidad virtual adoptada para las asambleas también resultó muy positiva ya que evitó el desplazamiento de los y las docentes por las rutas de la provincia para participar en las distintas localidades. De esta manera y con un sistema ágil, miles de docentes, entre postulantes y veedores, pudieron conectarse a las asambleas para titularizar.
La vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación (CPE), Romina Procoppo, expresó su satisfacción por todo el trabajo realizado durante estas tres semanas y con resultados positivos para los y las docentes que lograron su estabilidad.
«Tuvimos 1.603 vacantes ofrecidas en el total de las asambleas donde se otorgaron 1.171 vacantes, es decir que hay 1.171 docentes rionegrinos que adquirieron su estabilidad laboral a partir de estas asambleas de ingreso y ascenso», señaló Procoppo.
En ese sentido manifestó que se trata de un número muy importante: «Fueron asambleas muy esperadas por los docentes, los equipos directivos, establecimientos educativos y es una excelente noticia para nuestro Ministerio y para la gestión de nuestro gobernador y nuestra ministra, cerrar el año con esta excelente noticia».
Por otro lado, comentó que también las escuelas se ven beneficiadas con la estabilidad «porque tiene que ver con fortalecer sus equipos de trabajo y con comenzar el próximo año sabiendo quiénes son los docentes que van a formar parte dentro de cada una de las aulas y de los equipos de cada una de las escuelas».
Fabio Sosa, también vocal gubernamental del CPE se refirió a la implementación de la virtualidad para las asambleas «un beneficio muy importante es que se logró a partir del desarrollo de un sistema del Ministerio de Educación. La virtualidad también permite que no solamente la gente de Junta de Clasificación no tenga que desplazarse por toda la provincia, ciudad por ciudad en la presencialidad, sino que también los docentes lo pueden hacer desde sus casas, su escuela, desde el espacio que elijan para realizar la asamblea y sin tener que desplazarse».
Sosa explicó a modo de ejemplo que, con la presencialidad, un docente de Sierra Grande tenía que viajar a Viedma para participar de una asamblea sin la seguridad de que iba a acceder a un cargo.
Además comentó que en una de las primeras jornadas se conectaron alrededor de 6.000 personas «entre postulantes y aquellos que hacían de veedores lo cual también le da transparencia al sistema. El soporte técnico fue muy bueno, la gente de Desarrollo del Ministerio estuvo presente y también ajustando algunos detalles que fueron haciendo en el momento más eficiente al sistema de lo que ya era».
Para Sosa, esta modalidad forma parte de una política pública muy clara «con mucha transparencia, que seguramente tendrá continuidad y que podrá ser la posibilidad para que se generen distintos cronogramas de asamblea de titularización», concluyó.
Política
GNL en Río Negro: Weretilneck destacó el acuerdo entre YPF y Shell
El acuerdo establece el compromiso para avanzar a la fase de diseño, ingeniería y planificación del proyecto.
El gobernador Alberto Weretilneck destacó el acuerdo firmado entre las empresas YPF y Shell para el desarrollo de la primera fase del proyecto Argentina LNG. Este hito, sellado en La Haya por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, y vicepresidente ejecutivo de GNL de Shell, Cederic Cremers, marca la incorporación de Shell al proyecto como socio estratégico.
Weretilneck, celebró la acción como un paso histórico para la energía de Argentina y el desarrollo de Río Negro. «Para nuestra provincia este proyecto no solo es energía: es empleo, crecimiento y un futuro lleno de oportunidades para toda la región. Nos enorgullece ser parte de este avance que reafirma a Río Negro como protagonista del desarrollo energético del país», expresó.
El acuerdo, denominado Project Development Agreement (PDA), establece el compromiso de ambas empresas de avanzar hacia la fase FEED (Front-End Engineering and Design). Se trata de la fase de diseño, ingeniería y planificación del proyecto. La primera etapa del mismo contempla una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas anuales (MTPA).
«Estamos orgullosos de sumar a Shell, líder mundial en GNL, a este proyecto. Su experiencia será clave para posicionar a Argentina como un proveedor confiable y competitivo en el mercado global de energía», destacó Horacio Marin.
Argentina LNG busca transformar el gas natural producido en Vaca Muerta en gas natural licuado para su exportación. El proyecto incluye la construcción de gasoductos de 580 kilómetros que conectarán los bloques de producción con una planta de licuefacción en Sierra Grande.
Política
Weretilneck estableció el receso administrativo provincial en enero de 2025
Será desde el 2 al 31 de enero.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó el Decreto 522/2024, mediante el cual se dispone el receso general de la Administración Pública Provincial desde el 2 de enero hasta el 31 de enero de 2025.
Las licencias anuales deberán ser acordadas dentro del período mencionado. Cualquier excedente podrá ser establecido para su uso hasta el 15 de marzo de 2025.
Los organismos que presten servicios esenciales y no puedan interrumpir su actividad, tendrán la facultad de organizar las licencias de su personal para garantizar la continuidad de los servicios.
Durante el receso, quedarán suspendidos los plazos legales, los cuales se reanudarán automáticamente el 1 de febrero de 2025, salvo excepciones dispuestas por resolución expresa.
Esta medida busca optimizar la gestión de recursos y permitir el uso coordinado de las licencias anuales de los agentes públicos, aprovechando la reducción habitual de actividad administrativa durante el periodo mencionado.
