Río Negro
Odarda pidió «reparación histórica para la Patagonia» y una tarifa especial
Fue durante el desarrollo de la audiencia pública que se llevó a cabo el pasado viernes en Capital Federal.
La Senadora Nacional del Frente Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, participó de la audiencia pública en la cual se propició el debate para el aumento de la tarifa del gas. En su intervención, la rionegrina indicó que «vengo a pedir en primer lugar el rechazo al aumento de las tarifas en la región patagónica y a pedir en definitiva la creación de una “tarifa especial” para nuestra zona porque somos una provincia productora de hidrocarburos; por las bajas temperaturas que afectan a la Patagonia y que todos conocen y además porque se está dando lamentablemente desde hace varios años el avance de la matriz hidrocarburífera, sobre todo de la explotación de gas y de petróleo no convencional sobre una de nuestras principales actividades productivas que es la fruticultura».
Sobre ese tema agregó que «el daño que se le está produciendo al Alto Valle y Valle Medio de Río Negro cuando uds. pueden pasar por las rutas y ven las torres de gas y petróleo en medio de las chacras de peras y manzanas, con lo que esto significa para nuestra economía regional castigada desde hace tantos años, ese daño no ha sido debidamente medido».
«Saben que el Dique Ballester es una de las obras más importantes de los últimos 100 años que construyeron los pioneros, los abuelos, los padres de los actuales productores; productores que hace pocos años eran 10 mil y sin embargo no quedan más de 2 mil al día de hoy por falta de rentabilidad, por falta de precio», explicó la legisladora nacional.
Ejemplificó además que «por todo esto es que vengo a pedir esta “tarifa especial”, porque estamos haciendo un gran sacrificio en la Patagonia, y se da la paradoja, injusta de que los productores que viven en la zona donde se explota el gas no convencional, y seguramente los caños del fracking le pasan por el patio de su casa, esos productores hoy no tienen gas».
En otro párrafo de su alocución, la Senadora consignó que «vengo a pedir por las PyMes, por los comercios sobre todo de nuestra producción turística, los hoteles, los bares, los restaurantes de San Carlos de Bariloche que han sufrido aumentos desde hasta el 2 mil %. Lo mismo ha ocurrido en la zona costera, lo mismo han sufrido las PyMes que son las mayores dadoras de trabajo de la fruticultura y de las demás actividades productivas de nuestra región».
Odarda sostuvo también que «vengo a pedir por los clubes, las bibliotecas, las ONGs, las Asociaciones de Bomberos” y recordó que “Hay dos leyes, las 27218 para entidades de bien público y la 26699 para clubes de barrios sin reglamentar y me preguntó por qué han transcurrido 9 meses de gobierno que daban beneficios no solamente para el gas, sino para la luz, el teléfono y el servicio de agua potable».
«Me preocupa la situación de los hospitales, de las escuelas. Qué va a pasar cuando llegue este tarifazo a los Ministerios de Educación, de Salud, de Seguridad de las provincias», preguntó.
«Las provincias no dan más, están ahogadas y necesitan que la Nación colabore, sobre todo si no quiere ver resentido el derecho a la salud, a la educación y a la justicia. Requerimos obras públicas, como el gasoducto cordillerano que va a permitir que 10 mil familias puedan adherirse a la red de gas natural y otras obras también menores en el resto de la provincia», exhortó la parlamentaria.
Por, último, finalizando su intervención la Senadora Odarda insistió con que «vuelvo a reiterar el pedido: eliminación de los aumentos de tarifas, que se fije una “Tarifa Patagónica”, que ya está pedida por concejales, legisladores, por sindicatos de nuestra región y se reemplace la eliminación de esos subsidios que en la Patagonia alcanza el 98 % y que van a determinar en 6 años, un aumento del valor de U$S 0,09 , hoy del MMBTU al 6,7 de un 7.400 % se reemplace por la restitución de las retenciones a la mega minería, se grabe la renta financiera de una vez por todas en la Argentina y en la Patagonia no necesitamos aumentos brutales de tarifas sino que necesitamos una reparación histórica».
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
