Río Negro
Odarda pidió «reparación histórica para la Patagonia» y una tarifa especial
Fue durante el desarrollo de la audiencia pública que se llevó a cabo el pasado viernes en Capital Federal.
La Senadora Nacional del Frente Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, participó de la audiencia pública en la cual se propició el debate para el aumento de la tarifa del gas. En su intervención, la rionegrina indicó que «vengo a pedir en primer lugar el rechazo al aumento de las tarifas en la región patagónica y a pedir en definitiva la creación de una “tarifa especial” para nuestra zona porque somos una provincia productora de hidrocarburos; por las bajas temperaturas que afectan a la Patagonia y que todos conocen y además porque se está dando lamentablemente desde hace varios años el avance de la matriz hidrocarburífera, sobre todo de la explotación de gas y de petróleo no convencional sobre una de nuestras principales actividades productivas que es la fruticultura».
Sobre ese tema agregó que «el daño que se le está produciendo al Alto Valle y Valle Medio de Río Negro cuando uds. pueden pasar por las rutas y ven las torres de gas y petróleo en medio de las chacras de peras y manzanas, con lo que esto significa para nuestra economía regional castigada desde hace tantos años, ese daño no ha sido debidamente medido».
«Saben que el Dique Ballester es una de las obras más importantes de los últimos 100 años que construyeron los pioneros, los abuelos, los padres de los actuales productores; productores que hace pocos años eran 10 mil y sin embargo no quedan más de 2 mil al día de hoy por falta de rentabilidad, por falta de precio», explicó la legisladora nacional.
Ejemplificó además que «por todo esto es que vengo a pedir esta “tarifa especial”, porque estamos haciendo un gran sacrificio en la Patagonia, y se da la paradoja, injusta de que los productores que viven en la zona donde se explota el gas no convencional, y seguramente los caños del fracking le pasan por el patio de su casa, esos productores hoy no tienen gas».
En otro párrafo de su alocución, la Senadora consignó que «vengo a pedir por las PyMes, por los comercios sobre todo de nuestra producción turística, los hoteles, los bares, los restaurantes de San Carlos de Bariloche que han sufrido aumentos desde hasta el 2 mil %. Lo mismo ha ocurrido en la zona costera, lo mismo han sufrido las PyMes que son las mayores dadoras de trabajo de la fruticultura y de las demás actividades productivas de nuestra región».
Odarda sostuvo también que «vengo a pedir por los clubes, las bibliotecas, las ONGs, las Asociaciones de Bomberos” y recordó que “Hay dos leyes, las 27218 para entidades de bien público y la 26699 para clubes de barrios sin reglamentar y me preguntó por qué han transcurrido 9 meses de gobierno que daban beneficios no solamente para el gas, sino para la luz, el teléfono y el servicio de agua potable».
«Me preocupa la situación de los hospitales, de las escuelas. Qué va a pasar cuando llegue este tarifazo a los Ministerios de Educación, de Salud, de Seguridad de las provincias», preguntó.
«Las provincias no dan más, están ahogadas y necesitan que la Nación colabore, sobre todo si no quiere ver resentido el derecho a la salud, a la educación y a la justicia. Requerimos obras públicas, como el gasoducto cordillerano que va a permitir que 10 mil familias puedan adherirse a la red de gas natural y otras obras también menores en el resto de la provincia», exhortó la parlamentaria.
Por, último, finalizando su intervención la Senadora Odarda insistió con que «vuelvo a reiterar el pedido: eliminación de los aumentos de tarifas, que se fije una “Tarifa Patagónica”, que ya está pedida por concejales, legisladores, por sindicatos de nuestra región y se reemplace la eliminación de esos subsidios que en la Patagonia alcanza el 98 % y que van a determinar en 6 años, un aumento del valor de U$S 0,09 , hoy del MMBTU al 6,7 de un 7.400 % se reemplace por la restitución de las retenciones a la mega minería, se grabe la renta financiera de una vez por todas en la Argentina y en la Patagonia no necesitamos aumentos brutales de tarifas sino que necesitamos una reparación histórica».
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
