Judiciales
Empresa de transporte deberá indemnizar a conductores por «falta de descanso» obligatorio
Dos choferes denunciaron a Vía Bariloche por una gran cantidad de horas extras trabajadas mensualmente.
La Sala I de la Cámara del Trabajo de General Roca hizo lugar parcialmente a las demandas laborales de dos conductores de colectivos de larga distancia y condenó a la empresa de Transporte de Pasajeros Vía Bariloche a indemnizarlos por varios rubros, entre los cuales figuran una gran cantidad de horas extras trabajadas mensualmente y la reiterada «falta de descanso» reglamentario entre viajes.
Finalizada la relación laboral, dos conductores demandaron el pago de «diferencias de haberes» por diversos rubros, como horas extras y horas nocturnas impagas, francos mensuales obligatorios no otorgados, horas restadas al descanso obligatorio entre jornada y jornada, errónea liquidación de viáticos, entre otros. Y en ambos casos la Cámara, con voto rector del juez Emilio Meheuech y adhesión de sus pares Nelson Walter Peña y Paula Inés Bisogni, hizo lugar a la mayoría de los reclamos, reconociendo en uno de los procesos una deuda de casi 58.000 pesos por horas extras adeudadas, incluyendo las que debían pagarse al 100% por tratarse de horas «restadas al descanso obligatorio».
Al igual que los demandantes, otros choferes jubilados o despedidos que declararon como testigos coincidieron en destacar en la habitualidad de las horas extras y una irregularidad sistemática en la confección de las Libretas de Trabajo de los conductores. Esas libretas, según explican los fallos, son de uso obligatorio. Una debe quedar en poder del empleador y otra en poder del trabajador, aunque en los casos analizados los choferes coincidieron en que siempre debieron entregar las suyas a la empresa. Un correcto uso de estos documentos permite llevar un doble control de los viajes realizados, horarios, mantenimiento de la unidad, etcétera. Según destacó la Cámara, la libreta debe ser «un instrumento útil para el control de las normas de seguridad», pues de allí se deducen, entre otros datos, las horas de descanso de los choferes entre viaje y viaje.
Reglamentariamente, debe ser una libreta «en doble ejemplar y un solo efecto», lo que implica que ambas deben coincidir plenamente», señaló el Tribunal. Sin embargo la Cámara verificó que «los asientos volcados en las mismas no son fiables», basándose en el cotejo de una libreta que pudo aportar uno de los demandantes con las libretas ofrecidas por la empresa como prueba.
«Respecto a la libreta de trabajo los testigos en general la descalificaron como instrumento que refleje la realidad», dijo el Tribunal, destacando testimonios como: «La empresa dibujaba la libreta y de acuerdo a eso dibujaban las horas extras», «La libreta no coincidía con la hoja de ruta», o «Generalmente no me daban los seis francos mensuales pero en la libreta se anotaban como que sí se los tomaba. La libreta no la llenábamos nosotros, lo hacía la empresa al gusto de ella». La empresa tampoco acompañó al juicio las hojas de ruta (novedades operativas), documentación también exigida por el Convenio, donde deben consignarse los datos de cada viaje.
La sobrecarga horaria de los conductores quedó claramente reflejada en los testimonios recibidos, que también mencionaron que inspectores de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) en controles efectuados en terminales como Retiro y Neuquén, «no nos dejaba salir por falta de descanso», aunque en muchas otras ocasiones no se controlaba.
Resguardo de la salud y la seguridad vial
Las especiales condiciones en que se prestan los servicios de transporte de pasajeros, debido a exigencias de carácter físico y psicológico, requieren una protección especial de la legislación -y su control-, con el fin de preservar la salud de los trabajadores, evitar abusos, así como el correspondiente resguardo de la seguridad de los pasajeros transportados y de la seguridad vial, por la clara incidencia que los efectos que la fatiga del chofer puede acarrear en la ocurrencia de accidentes.
En el fallo se reseña, sobre la base de testimonios, la modalidad de pago salarial instrumentada por la empresa a sus choferes por «vuelta» de viaje completo trabajado, en la que muchas veces el conductor hacía «rebote»: llega a la localidad de destino, en trayectos de 8 y hasta 22 horas de duración, emprendiendo el viaje de regreso sin que se respeten las horas de descanso previstas en la legislación; mecanismo que estimulaba a los choferes a trabajar por encima de la jornada normal prevista.
Tanto el Convenio Colectivo como las reglamentaciones vigentes imponen un tope de 200 horas mensuales de trabajo y períodos mínimos de entre 10 y 12 horas de descanso entre la finalización de un circuito y el inicio del otro.
En los casos presentados ante la Cámara se verificó que en muchas ocasiones los choferes realizaban cerca de 300 horas en el mes, sumándose a ello las horas nocturnas y horas restadas al descanso, diferencia que debió abonarse como horas extras al 50 y al 100%, según el caso.
Judiciales
Crimen de Julián Dobra: La Fiscalía pidió prisión preventiva para otro de los imputados
El Ministerio Público Fiscal presentó nuevas pruebas científicas, genéticas y tecnológicas para sostener la acusación contra los siete imputados. El juez dará a conocer su resolución el viernes.
La Fiscalía solicitó que se agrave la situación de uno de los imputados por el crimen de Julián Dobra, por ello requirió su prisión preventiva y que se mantengan las demás medidas cautelares de los otros 6 imputados, cuatro de ellos menores punibles.
Durante la audiencia de hoy (04/11), el Ministerio Público Fiscal explicó detalladamente la contundente prueba que tiene para avanzar hacia juicio contra estas siete personas. «Hemos podido analizar para hoy la evidencia que nos faltaba y por ello es que solicitamos que uno de los imputados pase de ser encubridor a participar en el homicidio», explicó el equipo fiscal conformado por la fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal del caso Marcelo Ramos.
Es así que la Fiscalía solicitó al juez interviniente, Julio Martinez Vivot, que este hombre quede imputado por ser co-autor de los delitos de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego con hurto calificado y de otros elementos por el uso de llave verdadera sustraída, agravado por la participación de menores de edad.
El Ministerio Público Fiscal incorporó diversos elementos científicos y tecnológicos determinantes para sostener esta teoría del caso. Entre las evidencias recolectadas se destacan los peritajes del Gabinete de Criminalística, que permitieron hallar correspondencia entre los rastros de calzado y las zapatillas secuestradas a uno de los imputados, cotejándolas con imágenes extraídas de teléfonos celulares. Asimismo, el Área de Investigación Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) aportaró informes de posicionamiento geosatelital, registros de llamadas, capturas de pantalla de los últimos mensajes entre la víctima y los sospechosos, y la extracción de material fílmico y fotográfico de interés hallado en el interior del vehículo Suzuki Fun perteneciente a Dobra.
Por otra parte, los análisis genéticos y forenses cumplieron un rol fundamental para esta reformulación. «El informe de autopsia elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción Judicial determinó la presencia de múltiples lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y arrastre y de un objeto contundente (secuestrado en el marco de este legajo), indicando además que la víctima presentaba signos de agonía. Estos datos se complementan con los resultados del Laboratorio Regional de Genética Forense con sede en Bariloche y perteneciente a este Ministerio Público, que arrojaron un perfil positivo de ADN de contacto en la empuñadura de un arma secuestrada en el domicilio de uno de los imputados, así como muestras positivas vinculadas a las pericias biológicas», detalló Marcelo Ramos.
Finalmente, el plexo probatorio se fortaleció con declaraciones testimoniales en sede fiscal, la entrevista realizada a la madre de la víctima sobre vínculos previos, y el relevamiento de comunicaciones borradas minutos después del hecho. La investigación también contempla datos objetivos aportados por testimonios de allegados, la acreditación de la falta de solvencia económica y la relación de consumo entre los involucrados, elementos que consolidan el avance presentado hoy por la fiscalía hacia la siguiente etapa procesal.
Medidas cautelares
Más adelante, la Fiscalía teniendo presente el avance de la causa hacia juicio y al haberse sumado los elementos de prueba mencionados, solicitó la revisión y actualización de las medidas cautelares para los distintos imputados. Para uno de los menores punibles, el Ministerio Público Fiscal explicó que su situación procesal no se modificó -continúa imputado por encubrimiento agravado-, y por ello solicitó que continúe cumpliendo presentaciones personales periódicas.
Asimismo, para los otros 3 adolescentes imputados, «cuya participación directa en el homicidio agravado -para esta parte- se encuentra consolidada, solicitamos la prórroga de las medidas cautelares vigentes, consistente en arresto domiciliario acompañado de tratamiento tutelar brindado por la SENAF», dijo la fiscal jefe.
Para quien está imputado de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, y cuyo escenario procesal cambió, la Fiscalía requirió la imposición de prisión domiciliaria con monitoreo mediante pulsera electrónica.
En el caso de otro de los adultos que deberá responder como co autor de los delitos de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego la Fiscalía argumentó que «aquí la situación procesal permanece inalterable por su participación principal en el hecho, y requerimos la continuidad de la prisión preventiva sin modificaciones», dijo Calarco.
Una situación distinta se planteó respecto a quien hoy pasó a ser considerado coautor con división funcional de tareas es así que el Ministerio Públicio Fiscal sostuvo que «este hombre planificó el contexto del hecho y utilizó a los menores para concretar el ataque en busca de dinero fácil, facilitando la ejecución de la maniobra al advertir la ausencia de obstáculos, puntualmente cuando se sacó a Julián Dobra de su casa y se lo llevó a un lugar a probar armas», expresó Calarco.
«Somos conscientes que el riesgo procesal presente aquí es el de fuga para todos ya que enfrentarán un juicio con calificaciones legales graves, es por ello que solicitamos que las medidas cautelares se extiendan hasta la realización del debate oral», concluyó la fiscal jefe.
Finalmente, se requirió que el plazo de la investigación penal preparatoria se extienda hasta el 10 de febrero de 2027.
Pedidos de las defensas
Durante la audiencia, el defensor particular de quien se agravó la situación solicitó que no se tengan por formulados los cargos y se rechacen tanto la recalificación legal como la medida cautelar.
Por su parte, desde el equipo de la Defensa Penal Juvenil, Estela Aroca y Dario Ottonello, se opusieron firmemente a la nueva calificación legal, cuestionando la existencia de un acuerdo previo entre los involucrados para cometer el hecho y descartando la configuración del agravante por criminis causa, al sostener que tales extremos no surgen de los elementos recolectados y que el faltante de objetos en la vivienda ya había sido identificado previamente.
Finalmente, en relación con la continuidad de las medidas cautelares, la defensa de los adolescentes advirtió que sus asistidos están próximos a cumplir el plazo máximo de encierro preventivo permitido por ley, destacando que durante todo este tiempo cumplieron con la modalidad domiciliaria con tobillera sin registrar ningún tipo de incumplimiento. Por este motivo, y ponderando que la libertad es la regla, que ambos cuentan con domicilio fijo en General Roca y que carecen de medios económicos para fugarse debido a su condición de menores, solicitaron el cese de dicho encierro y que las medidas se limiten al uso de la tobillera electrónica junto con presentaciones periódicas en la fiscalía.
Resolución
El juez Martinez Vivot expresó que dará a conocer su resolución el próximo viernes 6 de noviembre a las 12.30 en los Tribunales roquenses.
Judiciales
Condenaron a cuatro policías por agredir y amenazar a dos adolescentes en Roca
El hecho ocurrió el 15 de junio de 2024 en un playón deportivo del barrio Alta Barda. El policía considerado autor recibió 3 años de prisión en suspenso, mientras que los otros tres fueron condenados a penas de entre 24 y 30 meses.
Cuatro empleados policiales fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un hecho ocurrido con dos adolescentes en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca. El policía considerado autor recibió una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas de entre 24 y 30 meses.
La sentencia fue dictada por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Según lo resuelto, el funcionario policial declarado autor fue quien llevó adelante las conductas agresivas contra las víctimas y les profirió amenazas con un arma.
Durante el debate, las defensas penal pública y particular solicitaron modificar la calificación legal propuesta por la Fiscalía. El planteo fue admitido por el Tribunal. Posteriormente, durante la etapa de cesura, insistieron en que las penas requeridas por la acusación eran elevadas.
La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que, en el caso de una de sus asistidas, la pretensión fiscal no contemplaba su historia personal ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. También destacó que las dos mujeres involucradas habían reclamado al policía considerado autor que cesara su accionar contra los adolescentes.
Por su parte, el defensor Juan Pablo Chirinos sostuvo que no existían elementos para justificar una pena de cumplimiento efectivo y pidió que se contemplaran la situación familiar y las responsabilidades de cuidado de su asistido.
El hecho por el que los policías llegaron a juicio ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30. Los imputados se movilizaban en una camioneta policial tipo pick up mientras prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. En ese contexto, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda, donde se produjeron las acciones investigadas contra dos adolescentes.
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Pidieron más de 4 años de prisión para la mujer que atacó a la ex pareja y 3 años y medio para su cómplice
La agresión ocurrió en abril de 2025 en una vivienda de San Juan al 2200.
Tras haber sido declarados culpables por atacar a la ex pareja de la mujer en abril de 2025, en General Roca, un hombre y una mujer esperan conocer las penas que deberán cumplir. La Fiscalía solicitó 4 años y 6 meses de prisión efectiva para ella y 3 años y 6 meses para él.
El fiscal Daniel Zornitta requirió al Tribunal que condene a la mujer como autora de lesiones graves calificadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. Para el hombre pidió 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario de las lesiones graves.
Durante sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos atacaron a la víctima por la espalda, impidiéndole defenderse. También señaló que el objetivo era causarle daño y remarcó que su vida corrió riesgo, ya que un amigo debió trasladarlo al hospital local, donde fue internado inmediatamente en terapia intensiva.
Zornitta también hizo referencia a las consecuencias que dejó la agresión. Explicó que las lesiones le impidieron a la víctima trabajar con normalidad y lo obligaron a cerrar su taller. Además, mencionó el informe de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien indicó que el hombre continúa con un alto grado de vulnerabilidad y temor, al igual que integrantes de su familia.
Durante la audiencia de cesura realizada este lunes (02/11) declararon la víctima, quien también había brindado su testimonio durante el debate de responsabilidad penal, y Virginia Ansola, psicóloga de la OFAVI del Ministerio Público. También lo hicieron familiares y conocidos de los autores del hecho, por parte de las defensas particulares.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 11 de noviembre al mediodía en los Tribunales roquenses.
