Gremios
UnTER rechaza el plan nacional de evaluación «Aprender»
Desde el gremio dicen que el operativo «responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas».
El Consejo Directivo Central de UnTER manifestó su «más enérgico rechazo al operativo nacional de evaluación de aprendizajes, porque responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas». Así se ha discutido y votado en los Congresos de la organización sindical.
Por estas razones, también rechazaron «la definición de implementarlo del Gobierno Nacional y Provincial en la figura de los Ministros de Educación, Esteban Bullrich y Mónica Silva respectivamente, a quienes se les presentó el reclamo el pasado jueves 15. Como representantes del conjunto de trabajadores de la educación de Río Negro, sostenemos esta postura, desde la coherencia de todo lo actuado, en defensa del derecho social a la educación y que consideramos importante rememorar», agregaron.
«En el año 2015, y luego de un largo proceso de debate, análisis y discusión, logramos la derogación de la Res. 35/13, cuestionada por las bases de la docencia, por los procesos unilaterales de ejecución que implementó en su momento el Ministro Marcelo Mango. Dicha resolución fue derogada por la Res. 2035/15, en la que como UnTER, desde la Secretaría de Nivel Primario, exigimos y logramos dejar sentado que la temática de la evaluación, debía ser un tema de debate transversal con los demás niveles del sistema, dada la importancia y la dificultad que significaba resolver sobre la formas evaluativas hacia nuestros niños y niñas. El Ministerio manifestó y firmó el Acta correspondiente donde quedó especificada esta coincidencia “para continuar profundizando el debate hacia el interior de las escuelas sobre los conceptos que sustentan el espíritu de esta resolución, tales como unidad pedagógica, evaluación y acreditación”, Acta Comisión de Nivel Primario, 02/06/2015», detallaron.
«Fue así que claramente, el conjunto de trabajadores/as de la educación planteó la necesidad de un debate profundo a largo plazo para abordar una temática tan compleja como la evaluación. Y en ese mismo sentido lo sostuvimos en los espacios de discusión con las autoridades ministeriales», añadieron.
«El 12 de febrero de 2016, a instancias del Gobierno Nacional, en el Confederal de Educación se firma, con la totalidad de los/as ministros/as del país, la Declaración de Purmamarca. Documento en el que se define la creación del instituto de Evaluación de la calidad y Equidad Educativa; que se concreta a través del Decreto Nº 552/16 del 4 de abril, que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”», explicaron desde UnTER.
«En paralelo y casi paradójicamente, desde el Ministerio de Educación de Río Negro, surge un “apuro” por modificar el Diseño Curricular de Nivel Primario, ajustando “los” tiempos a las órdenes superiores, con una cronología de trabajo cuestionada desde este CDC, en la reunión de Comisión de Política Educativa del 12 de abril de este año, porque coarta derechos participativos, silenciando las voces de los verdaderos actores del sistema. Y porque era evidente que el tema de la evaluación entraría nuevamente al ruedo».
«Posicionamiento que consta en el Acta de dicha reunión e informado a las bases por nota enviada a las escuelas primarias para la Jornada Institucional del 11 de mayo. Allí reiteramos el planteo de la necesidad imperiosa de discutir concepciones y nuevas pedagogías para consensuar la mejor manera de acreditar y promocionar sin que ello implique un decreto de repitencia cero solo para las estadísticas».
«Con la plena convicción que solamente es posible valorar y re-elaborar conceptos y concepciones para un sistema de Evaluación que contemple el aprendizaje de un proceso en un marco participativo y de construcción colectiva. Por ello, no avalamos el operativo “Aprender”, ni ningún otro, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de enseñanza, de aprendizaje».
«Porque sostenemos que nuestros niños/as, jóvenes y adultos/as no son ni números, ni muestras posibles de ser silenciadas para satisfacer una mirada política mercantilista de un ministro o ministra de educación, abonando estas prácticas a la privatización de la educación, para dar respuestas sólo a los Organismos Internacionales de Financiamiento que les interesa el producto, el resultado, sin tener en cuenta las subjetividades, intereses, identidades y la soberanía cultural de cada región».
«Si el Presidente de la Nación quiere demostrar su compromiso por la educación, primero debe aprender, que somos los/as trabajadores/as de la educación, junto a miles de niños/as, adolescentes y jóvenes del país, quienes sostenemos un compromiso de construcción colectiva. Que esa construcción debe darse en el marco del respeto y la interacción. Ese el único operativo aprender en el que daremos el debate».
«Por todo lo expuesto, desde UnTER rechazamos estas prácticas evaluativas mercantilistas y privatizadoras, exigimos profundizar el debate curricular, didáctico y pedagógico para consensuar los modos evaluativos que contemplen los procesos y tiempos de nuestros estudiantes, siempre pensando en la construcción sostenida y dialógica de los conocimientos y saberes».
«Lograr calidad en educación implica mayor presupuesto educativo que garantice la cantidad de escuelas necesarias, provistas con recursos tecnológicos y didácticos, con cargos suficientes y una formación docente acorde a la diversidad de emergentes que atraviesan a las instituciones, con el objetivo de educar para la vida y no para instruir mano de obra barata para las empresas, entre otros aspectos. Es condición prioritaria salarios dignos, ningún/a docente puede estar debajo del índice de pobreza, ni verse obligado/a a sobrecargarse de horas para que su familia pueda sobrevivir», concluye el comunicado de prensa de gremio docente rionegrino UnTER.
Gremios
Weretilneck pide dar de baja licencias especiales a docentes que cumplían tareas gremiales en UnTER
Luego de los hechos de violencia desatados en la Legislatura, se terminó de romper la poca relación que quedaba entre el Gobierno y el sindicato docente.
Tras los incidentes ocurridos en la Legislatura el pasado jueves (26/09), en el marco de la sesión para declarar como servicio esencial a la Educación, la relación entre el Gobierno y el gremio docente UnTER se terminó de romper definitivamente. Es cierto que no venía de la mejor manera, pero los hechos de violencia fueron la gota que rebalsaron el vaso.
Además de instruir a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga en las investigaciones judiciales por la conducta de los manifestantes del sindicato, en la mañana de hoy (30/09) el gobernador Alberto Weretilneck he dado instrucciones al Ministerio de Educación para «dar de baja las licencias especiales que usufructuaban 20 de los docentes de UnTER para cumplir tareas gremiales. Estas licencias nos costaban más de $20.000.000 mensuales«, detalló el mandatario provincial.
A través de su cuenta de X (ex Twitter), Weretilneck sostuvo que «en relación a las licencias gremiales que benefician a 65 docentes más, que le cuestan a la provincia más de 132 millones de pesos por mes, estamos analizando el marco legal para anularlas«.
«Estamos avanzando para garantizar lo que de verdad importa: la educación de nuestros chicos. Vamos a cuidar lo que es de todos, priorizando el futuro de Río Negro y el buen uso de los recursos de los rionegrinos y rionegrinas», concluyó el gobernador.
Gremios
ATE asegura que el Gobierno anticipó los despidos y responde con protestas simultáneas
«Estas nuevas cesantías se dan justo cuando el Gobierno pierde apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país para seguir aumentando el descontento social», apuntó Aguiar.
Frente a las primeras notificaciones de despidos que comenzaron a llegar el viernes pasado (27/09) y a lo largo del fin de semana en la Administración Pública, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará protestas y asambleas simultáneas bajo distintas modalidades a partir de las 10 en todos los organismos para «frenar la tercera ola de despidos que intenta llevar a cabo el Gobierno nacional».
«Estas nuevas cesantías se dan justo cuando el Gobierno pierde apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país para seguir aumentando el descontento social», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Son casi 65.000 los vínculos laborales que fueron renovados tan solo por tres meses y que vencen este lunes 30 de septiembre. En este marco, el dirigente señaló que «la destrucción del empleo en el Estado se profundiza y así se desmantelan políticas públicas vitales. La clase media y los sectores más vulnerables pierden derechos esenciales».
«Entre lo que piensa el presidente (Javier Milei) y lo que realmente le pasa a la gente hay un abismo de distancia. Quienes gobiernan no tienen ni idea de los padecimientos del pueblo. Solo así se explican las risas en la Casa Rosada mientras se anuncia el 53% de pobreza. El show que armaron en Parque Lezama no frena el rechazo de la gente a la actual gestión. Esto va a terminar muy mal», aseguró Rodolfo Aguiar.
«En el Estado paralelo que está armando Milei para beneficio de unos pocos empresarios ingresa personal todos los días, mientras que el Estado verdadero, el que está al servicio de todos, tiene cada vez menos trabajadores», disparó el secretario general de ATE y concluyó con que «esta semana convocaremos a todas las instancias orgánicas del sindicato y definiremos de qué manera se profundizará el plan de lucha en todo el país».
«Las cesantías llevadas a cabo en lo que va de la gestión Milei afectan a organismos claves encargados de garantizar derechos para los sectores más vulnerables de la población, como en el Ministerio de Capital Humano, donde hay más de 80 trabajadores afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias, en un contexto donde gran parte de la provincia de Córdoba se ve atacada por los incendios hace varios días», recordaron desde ATE.
«Otras áreas sensibles que se vieron afectadas por los despidos son la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses; la Secretaría de Derechos Humanos con más de 80 trabajadores notificados de sus despidos a principio de esta semana; además de las oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social, entre otros organismos y dependencias», agregaron.
«Además, el grueso de los despidos se dieron en dependencias públicas y programas focalizados en la asistencia territorial de las provincias», detallaron.
ATE convocará a todas sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción, en el cual es parte también de sus principales reclamos la profunda pérdida del poder adquisitivo de los estatales, que ya supera el 30% en lo que va del año y que podría aumentar a partir del congelamiento salarial anunciado por el Ejecutivo.
Gremios
Weretilneck instruyó a la Fiscalía para que investiga la conducta de los manifestantes de UnTER
Es por los hechos de violencia que se vivieron en la puerta de la Legislatura.
El gobernador Alberto Weretilneck instruyó a la Fiscalía de Estado de Río Negro que intervenga en las investigaciones judiciales por la conducta de los manifestantes de UnTER que protestaron en las afueras de la Legislatura provincial durante la sesión donde se declaró a la Educación como servicio esencial.
En su cuenta de X, el mandatario provincial anunció que «exigiremos la aplicación del Artículo 241 del Código Penal». Esta norma expresa que «será reprimido con prisión de 15 días a seis meses: a) el que perturbe el orden en las sesiones de los cuerpos deliberativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones; y b) el que sin estar comprendido en el artículo 237, impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones».
Weretilneck ratificó así que «no vamos a permitir que se ataque la democracia ni que se interfiera en el funcionamiento de las instituciones democráticas».
«Las leyes están para cumplirse y quienes desafíen el orden institucional enfrentarán las consecuencias», remarcó el mandatario.
«Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de los estudiantes, y ver este nivel de agresión por parte de quienes deberían ser un ejemplo es inaceptable. Vamos a cambiar lo que sea necesario para no dejar la educación y el futuro de nuestros hijos en manos de violentos», indicó en tal sentido.