Gremios
UnTER rechaza el plan nacional de evaluación «Aprender»
Desde el gremio dicen que el operativo «responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas».
El Consejo Directivo Central de UnTER manifestó su «más enérgico rechazo al operativo nacional de evaluación de aprendizajes, porque responde a los organismos internacionales de financiamiento y no a las necesidades de comunidades educativas». Así se ha discutido y votado en los Congresos de la organización sindical.
Por estas razones, también rechazaron «la definición de implementarlo del Gobierno Nacional y Provincial en la figura de los Ministros de Educación, Esteban Bullrich y Mónica Silva respectivamente, a quienes se les presentó el reclamo el pasado jueves 15. Como representantes del conjunto de trabajadores de la educación de Río Negro, sostenemos esta postura, desde la coherencia de todo lo actuado, en defensa del derecho social a la educación y que consideramos importante rememorar», agregaron.
«En el año 2015, y luego de un largo proceso de debate, análisis y discusión, logramos la derogación de la Res. 35/13, cuestionada por las bases de la docencia, por los procesos unilaterales de ejecución que implementó en su momento el Ministro Marcelo Mango. Dicha resolución fue derogada por la Res. 2035/15, en la que como UnTER, desde la Secretaría de Nivel Primario, exigimos y logramos dejar sentado que la temática de la evaluación, debía ser un tema de debate transversal con los demás niveles del sistema, dada la importancia y la dificultad que significaba resolver sobre la formas evaluativas hacia nuestros niños y niñas. El Ministerio manifestó y firmó el Acta correspondiente donde quedó especificada esta coincidencia “para continuar profundizando el debate hacia el interior de las escuelas sobre los conceptos que sustentan el espíritu de esta resolución, tales como unidad pedagógica, evaluación y acreditación”, Acta Comisión de Nivel Primario, 02/06/2015», detallaron.
«Fue así que claramente, el conjunto de trabajadores/as de la educación planteó la necesidad de un debate profundo a largo plazo para abordar una temática tan compleja como la evaluación. Y en ese mismo sentido lo sostuvimos en los espacios de discusión con las autoridades ministeriales», añadieron.
«El 12 de febrero de 2016, a instancias del Gobierno Nacional, en el Confederal de Educación se firma, con la totalidad de los/as ministros/as del país, la Declaración de Purmamarca. Documento en el que se define la creación del instituto de Evaluación de la calidad y Equidad Educativa; que se concreta a través del Decreto Nº 552/16 del 4 de abril, que, entre otras cuestiones, expresa: “evaluar las políticas prioritarias impulsadas en el sistema educativo nacional, de las instituciones, de los contextos y actores del sistema y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes”», explicaron desde UnTER.
«En paralelo y casi paradójicamente, desde el Ministerio de Educación de Río Negro, surge un “apuro” por modificar el Diseño Curricular de Nivel Primario, ajustando “los” tiempos a las órdenes superiores, con una cronología de trabajo cuestionada desde este CDC, en la reunión de Comisión de Política Educativa del 12 de abril de este año, porque coarta derechos participativos, silenciando las voces de los verdaderos actores del sistema. Y porque era evidente que el tema de la evaluación entraría nuevamente al ruedo».
«Posicionamiento que consta en el Acta de dicha reunión e informado a las bases por nota enviada a las escuelas primarias para la Jornada Institucional del 11 de mayo. Allí reiteramos el planteo de la necesidad imperiosa de discutir concepciones y nuevas pedagogías para consensuar la mejor manera de acreditar y promocionar sin que ello implique un decreto de repitencia cero solo para las estadísticas».
«Con la plena convicción que solamente es posible valorar y re-elaborar conceptos y concepciones para un sistema de Evaluación que contemple el aprendizaje de un proceso en un marco participativo y de construcción colectiva. Por ello, no avalamos el operativo “Aprender”, ni ningún otro, en el que meramente aparecerán estadísticas frías y numéricas que nada tienen que ver con nuestra concepción de escuela, de enseñanza, de aprendizaje».
«Porque sostenemos que nuestros niños/as, jóvenes y adultos/as no son ni números, ni muestras posibles de ser silenciadas para satisfacer una mirada política mercantilista de un ministro o ministra de educación, abonando estas prácticas a la privatización de la educación, para dar respuestas sólo a los Organismos Internacionales de Financiamiento que les interesa el producto, el resultado, sin tener en cuenta las subjetividades, intereses, identidades y la soberanía cultural de cada región».
«Si el Presidente de la Nación quiere demostrar su compromiso por la educación, primero debe aprender, que somos los/as trabajadores/as de la educación, junto a miles de niños/as, adolescentes y jóvenes del país, quienes sostenemos un compromiso de construcción colectiva. Que esa construcción debe darse en el marco del respeto y la interacción. Ese el único operativo aprender en el que daremos el debate».
«Por todo lo expuesto, desde UnTER rechazamos estas prácticas evaluativas mercantilistas y privatizadoras, exigimos profundizar el debate curricular, didáctico y pedagógico para consensuar los modos evaluativos que contemplen los procesos y tiempos de nuestros estudiantes, siempre pensando en la construcción sostenida y dialógica de los conocimientos y saberes».
«Lograr calidad en educación implica mayor presupuesto educativo que garantice la cantidad de escuelas necesarias, provistas con recursos tecnológicos y didácticos, con cargos suficientes y una formación docente acorde a la diversidad de emergentes que atraviesan a las instituciones, con el objetivo de educar para la vida y no para instruir mano de obra barata para las empresas, entre otros aspectos. Es condición prioritaria salarios dignos, ningún/a docente puede estar debajo del índice de pobreza, ni verse obligado/a a sobrecargarse de horas para que su familia pueda sobrevivir», concluye el comunicado de prensa de gremio docente rionegrino UnTER.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
