Judiciales
Ingresó al taller de su hermano y lo amenazó, le fracturó un brazo y gatilló su arma
Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana en la zona norte de Roca. El agresor está detenido, pero se abstuvo de declarar.
El titular del Juzgado de Instrucción N° 8 de General Roca, Maximiliano Camarda, dispuso el pasado martes la detención provisoria de un hombre a quien se imputó la presunta autoría de tres hechos delictivos ocurridos entre el 24 y el 25 de septiembre en esta ciudad.
La Fiscal de Delitos contra las Personas, Teresa Giuffrida, formuló cargos en la audiencia contra el señor A.N.G., de 35 años, atribuyéndole la presunta responsabilidad en tres hechos de los que resultaron víctimas un hermano del imputado y otras tres personas. El imputado, con asesoramiento de la defensora oficial Flavia Rojas, se abstuvo de declarar.
En la audiencia se describió como primer hecho que el día 24, alrededor de las 16.30 horas, A.N.G. detuvo la marcha de su camioneta frente a un taller mecánico ubicado en la calle Canario entre San Juan y Urquiza de Roca al advertir la presencia de su hermano. Presuntamente «descendió del rodado y con un arma de fuego tipo revólver (…) comenzó a gatillar varias veces apuntando directamente (…), no logrando salir los disparos». Luego le habría arrojado una botella de cerveza sin lograr lesionarlo y finalmente habría tomado un palo de madera con el que comenzó a golpear a la víctima «en todo su cuerpo, ocasionándole las lesiones graves certificadas».
Presuntas víctimas del primer hecho también resultaron dos hombres que estaban en el taller y que intentaron intervenir, a quienes A.N.G. habría amenazado «gatillándoles con el arma de la cual no salió el disparo», y una mujer que intentó escapar del lugar, a quien habría golpeado y efectuado «un disparo por la espalda sin lograr herirla».
El segundo hecho ocurrió minutos después, cuando A.N.G. presuntamente regresó en la camioneta al taller y «desde la ventanilla sacó un arma de fuego y efectuó tres disparos» hacia uno de los hombres que había intentado intervenir en la primera agresión, «sin lograr herir a persona alguna, impactando los disparos en la pared del taller y luego se retiró del lugar».
El tercer hecho habría ocurrido al día siguiente, alrededor de las 12.30, en la calle Churrinche casi San Juan, donde los hermanos volvieron encontrarse. El imputado circulaba en una moto de 200 cc y el denunciante en un automóvil, cada uno acompañado por una mujer. En esas circunstancias A.N.G. se habría acercado al vehículo y «se levantó la remera mostrando un arma de fuego que tenía en la cintura y amenazó de muerte» a los dos ocupantes del auto.
El primer hecho fue encuadrado en los delitos de «homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma; portación de arma de fuego de uso civil; amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones graves y abuso de armas, todo en concurso real». El segundo fue tipificado como «abuso de arma en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil», y el tercero como «amenazas calificadas por el uso de arma de fuego».
El juez Camarda dispuso la detención provisoria del imputado, situación que se volverá a evaluar en las próximas horas cuando se certifique la existencia o no de antecedentes penales computables y se formule en consecuencia el correspondiente dictamen de la Fiscalía.
Judiciales
Cayó de una escalera mientras podaba, lo operaron tres veces, continuó con dolor y le negaron la cobertura
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia.
Un hombre cumplía tareas diarias como peón general en una chacra de Roca. Una mañana, mientras realizaba trabajos de poda, cayó de una escalera. El golpe le provocó múltiples fracturas en la mano derecha y un trauma directo en el dedo índice.
El hombre denunció el accidente ante la aseguradora de riesgos del trabajo. Por indicación médica, lo operaron en tres oportunidades. Luego, se le determinó una incapacidad laboral por limitación funcional. Recibió el alta, aunque continuó con dolor.
En una nueva consulta médica, le indicaron otra cirugía para extraer el material quirúrgico colocado en la mano. Acudió nuevamente a la ART, pero dictaminaron que las prestaciones otorgadas habían sido suficientes.
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia. El fallo señaló especialmente la cirugía pendiente en el dedo índice de la mano derecha.
Durante el trámite judicial, se produjo toda la prueba. El perito médico designado por el tribunal informó que el hombre presenta una deformidad persistente en el dedo índice, con dolor y limitación funcional. Este cuadro justifica una nueva intervención quirúrgica. Ninguna de las partes impugnó el dictamen, por lo que el Tribunal lo consideró válido y determinante.
El Tribunal resolvió que las ART deben brindar prestaciones médicas hasta la curación completa o mientras persistan síntomas incapacitantes. En este caso, se comprobó la persistencia de síntomas, por lo que la aseguradora debe continuar con la cobertura médica requerida por el trabajador.
También se resolvió que la negativa de la ART a autorizar nuevas prestaciones careció de fundamentos técnicos. La empresa rechazó de forma genérica la documentación aportada por el hombre sin justificar su decisión. Esta conducta fue cuestionada por el tribunal por carecer de sustento probatorio.
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Comenzó el juicio a un anestesiólogo por la muerte de Valentín Mercado Toledo
La acusación afirma que el anestesiólogo no vigiló adecuadamente los parámetros vitales durante la operación, lo que habría provocado la encefalopatía que derivó en el fallecimiento del pequeño.
Durante la mañana de hoy (26/11), cuatro testigos dieron inicio al debate que se desarrolla en los Tribunales de General Roca por la imputación al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, de 45 años, acusado del delito de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años, ocurrida en julio de 2024.
La Fiscalía, con adhesión de la querella que representa a la madre y al padre del niño, sostuvo en su acusación que durante el juicio se acreditará que «el hecho ocurrió entre las 8.28 del 11 de julio del año pasado y las 14.14 del 18 de julio, durante el tratamiento quirúrgico programado por una hernia diafragmática realizado al niño en el Sanatorio Juan XXIII».
Según la acusación, «en esa oportunidad, el médico anestesiólogo imputado, por su impericia, negligencia y por no tomar en cuenta la rigurosidad debida que indica el protocolo de actuación, causó la muerte de Valentín».
La Fiscalía afirmó que el niño sufrió una encefalopatía hipóxico isquémica durante la cirugía, debido a que el profesional «omitió vigilar y prestar atención anestésica en forma continua». Indicaron además que a las 10.50 del 11 de julio se detectó «un período anormal de 10 minutos sin registros de presión arterial ni pulsioximetría», lo que derivó en una taquicardia y posterior hipoxia, situación que -según la acusación- debió ser advertida por el anestesiólogo.
«Como consecuencia de ese accionar, el nene sufrió muerte encefálica y el 18 de julio falleció», concluyó el fiscal.
Al inicio del debate se presentaron las convenciones probatorias alcanzadas entre la Fiscalía, las querellas y la defensa del médico: el allanamiento realizado por el Gabinete de Criminalística de Roca, la confirmación de la Asociación de Anestesia y Analgesia de Río Negro sobre el domicilio laboral del profesional en el Sanatorio Juan XXIII, y los resultados de estudios toxicológicos e histopatológicos emitidos por el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Chubut.
Hoy declararon la denunciante y madre del niño, la psicóloga de la OFAVI que intervino en la asistencia a la familia, el médico de cabecera del pequeño y uno de los consultores técnicos de la querella.
El juicio, a cargo de un Tribunal unipersonal, continuará mañana. Los alegatos de clausura serán el viernes 28 de noviembre a las 8.30.
Judiciales
Una demora administrativa dejó a un estudiante sin examen, pero la Justicia confirmó que había abonado en término
La universidad no registró a tiempo la cuota de junio y bloqueó el acceso a los exámenes. El juez de Paz determinó que el alumno cumplió con lo pactado y reconoció la relación de consumo educativa.
Un estudiante de abogacía de una universidad privada vivió una situación inesperada luego de abonar la cuota mensual prácticamente sobre el límite del segundo vencimiento. Aunque realizó el pago dentro del plazo permitido, la institución no lo registró a tiempo y el joven quedó imposibilitado de rendir los exámenes del cuatrimestre, dado que la habilitación para presentarse depende de tener todas las cuotas acreditadas.
Desde la universidad le informaron por correo electrónico que la habilitación del parcial se activaría recién «dos horas después de acreditado el pago», una demora administrativa que el alumno consideró determinante para su desempeño académico. A pesar de insistir con reclamos internos y participar de una instancia de mediación, no consiguió que la institución reconociera el pago en el momento oportuno.
Ante la falta de respuestas, decidió acudir al Juzgado de Paz de Allen, que intervino por tratarse de un conflicto encuadrado en una relación de consumo educativa. Tras la audiencia entre las partes, el juez determinó que la cuota correspondiente a junio de 2025 había sido pagada en tiempo y forma.
Para arribar a esa conclusión, el magistrado analizó principalmente la prueba documental aportada por ambas partes. Consideró innecesarias otras presentaciones y rechazó la testimonial ofrecida por la universidad al no estar debidamente justificada su pertinencia. Entre los elementos presentados por el estudiante se encontraba el recibo del pago efectuado el 30 de junio de 2025 en un centro autorizado, correspondiente al segundo vencimiento. Esa documentación acreditaba que el pago se realizó a través de los medios habilitados por la propia institución.
El expediente también incorporó correos electrónicos intercambiados entre las partes, en los cuales la universidad reconocía que la habilitación a los exámenes dependía de la acreditación del pago y que el sistema se actualizaba dentro de las dos horas siguientes. El joven informó haber realizado el pago durante esa misma jornada hábil, sin que la institución actualizara la información a tiempo.
Frente a esa evidencia, el juez sostuvo que el alumno cumplió con lo pactado y que su pago debía considerarse válido. En su resolución aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, ratificando la existencia de una relación de consumo en el ámbito educativo.
De todos modos, no se expidió sobre una eventual responsabilidad de la universidad en las demoras del sistema ni en los procesos internos de acreditación, ya que ese punto excedía el objeto de la acción. La institución, por su parte, argumentó que se trataba de una cuestión estrictamente académica. Finalmente, el juzgado dictó una acción meramente declarativa en favor del estudiante, cerrando el conflicto desde la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.
