Judiciales
Ingresó al taller de su hermano y lo amenazó, le fracturó un brazo y gatilló su arma
Los hechos ocurrieron durante el último fin de semana en la zona norte de Roca. El agresor está detenido, pero se abstuvo de declarar.
El titular del Juzgado de Instrucción N° 8 de General Roca, Maximiliano Camarda, dispuso el pasado martes la detención provisoria de un hombre a quien se imputó la presunta autoría de tres hechos delictivos ocurridos entre el 24 y el 25 de septiembre en esta ciudad.
La Fiscal de Delitos contra las Personas, Teresa Giuffrida, formuló cargos en la audiencia contra el señor A.N.G., de 35 años, atribuyéndole la presunta responsabilidad en tres hechos de los que resultaron víctimas un hermano del imputado y otras tres personas. El imputado, con asesoramiento de la defensora oficial Flavia Rojas, se abstuvo de declarar.
En la audiencia se describió como primer hecho que el día 24, alrededor de las 16.30 horas, A.N.G. detuvo la marcha de su camioneta frente a un taller mecánico ubicado en la calle Canario entre San Juan y Urquiza de Roca al advertir la presencia de su hermano. Presuntamente «descendió del rodado y con un arma de fuego tipo revólver (…) comenzó a gatillar varias veces apuntando directamente (…), no logrando salir los disparos». Luego le habría arrojado una botella de cerveza sin lograr lesionarlo y finalmente habría tomado un palo de madera con el que comenzó a golpear a la víctima «en todo su cuerpo, ocasionándole las lesiones graves certificadas».
Presuntas víctimas del primer hecho también resultaron dos hombres que estaban en el taller y que intentaron intervenir, a quienes A.N.G. habría amenazado «gatillándoles con el arma de la cual no salió el disparo», y una mujer que intentó escapar del lugar, a quien habría golpeado y efectuado «un disparo por la espalda sin lograr herirla».
El segundo hecho ocurrió minutos después, cuando A.N.G. presuntamente regresó en la camioneta al taller y «desde la ventanilla sacó un arma de fuego y efectuó tres disparos» hacia uno de los hombres que había intentado intervenir en la primera agresión, «sin lograr herir a persona alguna, impactando los disparos en la pared del taller y luego se retiró del lugar».
El tercer hecho habría ocurrido al día siguiente, alrededor de las 12.30, en la calle Churrinche casi San Juan, donde los hermanos volvieron encontrarse. El imputado circulaba en una moto de 200 cc y el denunciante en un automóvil, cada uno acompañado por una mujer. En esas circunstancias A.N.G. se habría acercado al vehículo y «se levantó la remera mostrando un arma de fuego que tenía en la cintura y amenazó de muerte» a los dos ocupantes del auto.
El primer hecho fue encuadrado en los delitos de «homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma; portación de arma de fuego de uso civil; amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones graves y abuso de armas, todo en concurso real». El segundo fue tipificado como «abuso de arma en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil», y el tercero como «amenazas calificadas por el uso de arma de fuego».
El juez Camarda dispuso la detención provisoria del imputado, situación que se volverá a evaluar en las próximas horas cuando se certifique la existencia o no de antecedentes penales computables y se formule en consecuencia el correspondiente dictamen de la Fiscalía.
Judiciales
Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado
El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.
El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.
El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.
La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
