Río Negro
Ministros rionegrinos analizaron con Vialidad Nacional alternativas para la Ruta 22 sobre Roca
Tras el encuentro, Di Giácomo aseguró que “no habrá ningún muro en el cruce de la Avenida Roca con la 22”.
Los ministros de Gobierno, Luis Di Giácomo; y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri, se reunieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y un equipo de profesionales y técnicos del organismo. Allí, analizaron las alternativas del proyecto de obra de la autopista en la Ruta Nacional N° 22 en su paso por General Roca, acordándose en principio que “no habrá ningún muro en el cruce de la Avenida Roca con la 22”, que era la principal objeción de los vecinos de esa ciudad del Alto Valle.
Di Giácomo adelantó que “en 30 o 60 días los equipos técnicos armarán los planos y maquetas y se realizará una audiencia pública para que la comunidad tome total conocimiento de las distintas alternativas posibles”.
“Después del encuentro que tuvimos en Viedma con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, habíamos concertado este encuentro con el equipo técnico de Vialidad Nacional”, manifestó Di Giácomo.
Asimismo, el funcionario explicó que “se nos mostraron los distintos proyectos y manifestamos las objeciones que básicamente hay de la comunidad de General Roca respecto que en un principio aparecía que se iba a construir un murallón a lo largo de la Ruta 22 que dividía el norte del sur y además iba a figurar una suerte de sube y baja a través de los distintos puentes”.
“La autopista tiene condiciones de seguridad que implican al momento de hacer las obras que, donde hay espacio de ancho, se pueden realizar subidas y bajadas sin mayores problemas, pero, donde queda más angosta, no hay más remedio que hacer los puentes que vimos en algunas de las ciudades”, expresó.
Destacó que “se avanzó respecto a que no habrá ningún muro en el cruce de la Avenida Roca con la 22, sino apenas un talud, de hecho la ruta allí ya está sobreelevada, y esto va a quedar urbanísticamente como una línea pasante sin ningún inconveniente”.
“Quedaron en resolver las alternativas para los dos núcleos de conflicto que serían las entradas por la Mendoza y por San Juan, y en función de eso definimos también que el ingreso de camiones por la Jujuy estuviera garantizado en cuanto a los radios de giro y demás, comunicándonos con la circunvalación, es decir, conectando la Ruta 22 con el Parque Industrial I, Parque Industrial II, Ruta 6 y aeropuerto”, indicó Di Giácomo.
Además, el ministro subrayó que “hay que encontrar una solución, soluciones viables, porque la autopista hay que verla como un todo integral que empieza en Chichinales y termina en la conexión con Neuquén”.
“Los técnicos de Vialidad demostraron la inviabilidad de una propuesta que había hecho el Intendente de General Roca de cruces de las calles Mendoza y San Juan por encima de la autopista, ya que implicarían hacer una serie de expropiaciones en lugares donde hay vecinos viviendo y además están constreñidos por los canales de riego y de drenaje que hay sobre esas arterias que no se pueden tocar”, aseguró.
Para concluir Di Giácomo expresó que “pensamos que la audiencia pública es un buen lugar para debatir las cosas con seriedad y todos van a poder opinar, los vecinos, las instituciones, los productores, toda la gente interesada”.
Por último, explicó que “al principio de la charla el personal de Vialidad nos manifestó que cuando plantearon hace largos años la traza por la barda norte, fueron los propios intendentes, incluso el de General Roca, que exigieron que el proyecto fuera por la actual de la Ruta 22 sobre el Alto Valle”.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
