Río Negro
Primera reunión en Legislatura por nueva Ley de Tierras Fiscales
Fue presentado este miércoles en la Comisión de Planificación de la Legislatura el proyecto que cuenta con acuerdo de ministros. Se prevé para el 25 de octubre un encuentro dedicado a escuchar a representantes de los pueblos originarios.
La comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo se reunió este mediodía con el propósito de avanzar en la discusión y análisis de dos proyectos de ley. En primer lugar trató una iniciativa de los legisladores Elvin Williams y María del Carmen Maldonado, que promueve la creación de un Comité Intermunicipal del Brazo Sur del Río Negro -CIBSUR-, que involucra a los municipios de Lamarque, Pomona y Luis Beltrán.
Posteriormente debatió un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial que promueve la creación del Código de Tierras Fiscales y de un Fondo de Administración, Funcionamiento e Incentivo al Personal de la Dirección de Tierras Fiscales.
“Se trata de una modificación a la Ley de Tierras”, indicó el presidente de la Comisión, para cuya presentación ante la comisión legislativa convocó al director de Tierras, Diego Lauri, quien asistió acompañado por el asesor de ese organismo, Enrique Álvarez Costa.
También participaron representantes de agrupaciones ambientalistas y representantes de comunidades de los pueblos originarios quienes plantearon sus posturas y oposición a la iniciativa oficial.
Para la interpretación y aplicación de esta ley, el Ejecutivo establece como principio fundamental el concepto que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social, con la premisa de que la tierra sea propiedad del hombre que la trabaja; el crecimiento, desarrollo y diversificación productiva; el ordenamiento metódico y racional de las tierras fiscales provinciales; y la integración y armónico desarrollo de la Provincia, en el plano económico, político y social.
Para ambos proyectos, el presidente de la Comisión, Alfredo Martín, prevé invitar para el martes 25 de octubre a todos los sectores institucionales, actores o sectores sociales que deseen expresarse “y trabajar todo el tiempo que requiera cada iniciativa para alcanzar el consenso legislativo necesario antes de llevarlos al recinto”, por lo que anticipó que durante esta jornada no se emitirían dictámenes.
Hugo Aranea, representante de los pueblos originarios que participó activamente en el debate, explicó que“nosotros vemos con mucha preocupación” los alcances del proyecto del nuevo Código de Tierras.
En primer lugar, aclaró que para la comunidad, “no existen tierras fiscales sino territorios de los pueblos originarios, sobre los cuales se fundó el Estado” y partiendo de este concepto destacó que al tratarse de lugares habitados por congregaciones originarias “sus organizaciones deben participar en el debate” tomando en cuenta que se intenta “cambiar el régimen de tierras y la matriz productiva”.
“En la medida que vamos desentrañando el proyecto, vemos que el espíritu es ceder a los grandes grupos económicos y peligrosamente se amplían las posibilidades productivas, pasamos de lo forestal agrícola-ganadero a incorporar el tema petrolero, el minero y de las grandes industrias del turismo. Esto implica el desplazamiento de las comunidades y mayores problemas para el pueblo en general”, evaluó.
De acuedo a lo explicado por Aranea, el pedido de participación está basado en la incorporación en la Constitución Nacional del artículo 75, que “reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y nos genera un derecho que acá no se tuvo en cuenta”.
Por su parte, el titular de la comisión, Alfredo Martín, aclaró que en la reunión de hoy solo estaba previsto la exposición del proyecto por parte de las autoridades de Tierras y que la “discusión del proyecto se abrirá en las siguientes reuniones”, como también que hay un compromiso de no llevar el debate al recinto“hasta existe un acuerdo con todos los bloques”.
Para Martín, el proyecto es necesario y también perfectible. “Esta ley fue varias veces retocada y no dio la respuesta necesaria a los sectores de menores recursos”, explicó.
Entre algunos puntos que plantea el proyecto, el legislador destacó que “estoy de acuerdo con ponerle restricciones al dominio, para -por ejemplo- evitar otro caso Lewis, quien le compró las tierras a una familia que poseía las tierras porque se las había cedido el estado”.
Por otra lado, el titular de la comisión destacó que “el espíritu de ley es entregar las tierras a los municipios pequeños y a las comisiones de fomento” y también pretende ampliar los factores productivos, dado que “originariamente las tierras deben estar al servicio de la actividad agropecuaria, la ganadería y la agricultura, pero hoy debemos incluir al turismo, a la minería menor, a la pesca y a otras alternativas que les permitan a los pobladores mejorar sustancialmente sus ingresos”.
Desarrollo del brazo Sur del río Negro
Por su parte, el legislador Williams, respecto de la primera de las iniciativas discutidas en el seno de la Comisión, puntualizó que el CIBSUR “responde a una problemática integral. La primera medida sería el saneamiento ecológico del brazo sur del río Negro, para después potenciar el tema del agua en cuestiones productivas ya que hoy corremos el riesgo de que muchas actividades puedan caer” por escasez del vital elemento.
“También nos proponemos potenciar y definir otras actividades, como la turística, y más hectáreas para la agricultura para que a la hora de tomar créditos nacionales o internacionales contemos ya con elementos para definir la toma de decisiones”.
“Estamos hablando de 140 kilómetros de costa, con un río que se asemeja a un humedal, por lo que el SIBSUR tendrá que trabajar con organismos como el DPA, secretaría de Ambiente, Turismo y Pesca, tanto para los vecinos como para los turistas que quieran visitarnos”, señaló el legislador Williams.
Durante la exposición ante sus pares, el parlamentario comparó la zona del Valle Medio con otras del Provincia y del país que han desarrollado políticas públicas que en idéntico sentido avanzan hacia el crecimiento del turismo, la agricultura y la navegación a partir de la mejor utilización de sus recursos hídricos.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
