Río Negro
El Hospital de Roca cuenta por primera vez con un tomógrafo propio
Con la presencia del gobernador Weretilneck, se llevó adelante el acto de presentación. El gobernador destacó que «esta inversión permitirá, desde ahora, ahorrar más de $3.000.000 por año».
Con una inversión de más de $4.000.000 del Gobierno de Río Negro, el Hospital Regional Francisco López Lima cuenta con un tomógrafo computado. Se suma a los nuevos equipos de rayos, mamógrafo, equipo de arco en C, ecógrafo y digitalizadoras, que totalizan casi $10.000.000.
Los equipos fueron inaugurados hoy por el gobernador Alberto Weretilneck, quien junto al ministro de Salud, Fabián Zgaib; autoridades de la cartera sanitaria y del nosocomio roquense realizaron una recorrida, donde se supervisó el avance y puesta en funcionamiento de algunas de las obras ejecutadas en la institución.
Se trata de un tomógrafo computado ($4.132.147), un equipo de RX ($682.500), mamógrafo GBA-Mamógrafo HF-2000 ($1.065.000), un equipo de Arco en “C” ($1.900.500), una digitalizadora compatible con mamografía $710.000, una digitalizadora convencional con impresora ($572.000) y un ecógrafo de última generación ($578.179).
En primera instancia, el mandatario visitó el sector donde funciona el flamante tomógrafo, acompañado también por el ministro de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; los secretarios de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren y de Medios, Guillermo Campetti; la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz; la directora del hospital, Delia Duarte y los legisladores Alejandro Palmieri y Tania Lastra.
Se trata del segundo equipo de estas características instalado en la provincia, siendo el primero el del hospital “Ramón Carrillo” de Bariloche, mientras que el tercero quedará instalado en el hospital “Artémides Zatti” de Viedma en el transcurso del próximo mes.
Posteriormente, el mandatario se dirigió a los sectores de Rayos, Ecógrafo, Mamografía, Quirófanos y Odontología, donde dialogó con los profesionales de las áreas y supervisó el funcionamiento del equipamiento y mejoras edilicias. “Estamos viviendo un momento histórico para la Salud de la provincia en general, y para el hospital López Lima en particular en lo que hace a los avances y a la innovación que la digitalización de imágenes permite”, aseveró Weretilneck.
En dicho sentido destacó la importancia del tomógrafo en el trabajo cotidiano de los profesionales, especialmente en lo que hace a la rapidez y automaticidad de los estudios, e indicó que a partir de ahora cualquier urgencia que ingrese a la guardia o cualquier paciente del área de internación no deberá ser trasladado a clínicas privadas, sino que se podrá atender dentro del mismo nosocomio “de manera rápida e inmediata”, disminuyendo riesgos y costos, y otorgando a los profesionales la posibilidad de conocer al instante las conclusiones del estudio.
“El hospital ejecuta más de 1500 tomografías por año a pacientes derivados de diferentes localidades de la provincia, lo que permitirá, desde ahora, ahorrar más de $3.000.000 por año, lo que se traducirá en recuperar la inversión hecha en dos años y medio”, explicó.
El Gobernador subrayó además la importancia de la digitalización de las imágenes, e indicó que hasta ahora, para el revelado de las placas radiográficas tradicionales no solo se empleaban materiales altamente contaminantes, sino que cualquier inconveniente durante el estudio exigía su repetición.
“La digitalización permite no sólo no utilizar más líquidos contaminantes, sino que otorga la posibilidad de ver en tiempo real todo el resultado y, de ser necesario, trasmitirlo vía Internet a especialistas ubicados en otro lugar, lo que se traduce en diagnósticos más claros y rápidos”, indicó.
Weretilneck celebró la posibilidad de contar con equipamiento de esta tecnología en los cinco quirófanos y destacó la “jerarquía” que los mismos le otorgan al hospital.
Los quirófanos cuentan con la última tecnología en mesa de anestesia y cirugía, y desde hace una semana se encuentran en total funcionamiento.
Cabe destacar que el nosocomio local, además de las cirugías tradicionales, desde hace un tiempo se ha transformado en cabecera en la realización de cirugías neuroquirúgicas a partir de la implementación de tecnología de neurorobótica.
Además, el área de Odontología, en funcionamiento desde hace dos meses aproximadamente, se ejecutó en dos etapas. Las mismas incluyeron la refacción general del sector, la instalación de tres sillones odontológicos nuevos y la ampliación de todo el sector donde se realizan prácticas de prevención, donde además se instaló la sala de estar de los odontólogos.
El edificio presentaba un deterioro general propio de la antigüedad y de un mantenimiento deficiente, ya que nunca había sido reacondicionado, demandando una inversión de más de $1.900.000.
El servicio funcionaba en un pasillo continuo, y hace dos años se inició el diseño proyectando consultorios independientes blindados para poder hacer prácticas de radiología, sala de esterilización nueva y un espacio de atención primaria y de enseñado de cepillado para los pacientes en sala de espera.
Luego de recorrer las instalaciones, Weretilneck destacó la jerarquía del hospital local y recordó que en el lapso de este año la inversión en tecnología en el nosocomio fue de $9.500.000, mientras que la inversión general del Ministerio fue de $35.000.000.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
