Sociedad
Aguiar tenía orden de captura pero no fue detenido
Hoy, junto a otros dirigentes de ATE, se presentó en la Justicia. No obstante, sigue libre. Están imputados por destrozos a edificios públicos durante la protesta del gremio en mayo de este año en Cordero.

En un hecho sin precedentes, la Justicia rionegrina emitió una orden para detener a varios dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en relación al conflicto que mantuvieron los trabajadores municipales de la localidad de Contralmirante Cordero hace algunos meses. El sindicato manifestó que fueron sorprendidos por la decisión de la Jueza Sonia Martín quien -a pesar que los dirigentes Rodolfo Aguiar (Secretario General), Rosa Ñanco (Secretaría de Acción Política) y Dora Fernández (Secretaría General de la Seccional Norte) se presentaron hoy en el Juzgado Penal N° 2 de la Ciudad de Cipolletti a los efectos de designar abogado defensor y ponerse a derecho- igualmente comunicó a los mismos que no levantaría la orden de captura y que serían inmediatamente detenidos.
Para ATE, «se trata de la profundización en la provincia de la judicialización de la protesta social y la aceleración de las persecuciones sobre dirigentes sindicales. Tal urgencia para llevar al estrado a los trabajadores que reclaman por sus derechos, no se había advertido con anterioridad, ni se reitera frente a otros casos similares, lo que demuestra una total y plena subordinación de la Justicia al poder político».
El gremio exige que se aclare la situación procesal de los referidos dirigentes y que «cese la persecución judicial de la que están siendo objeto». Preocupa a ATE, además, que «estos hechos se sumen a la reciente detención y desaparición durante mas de 10 horas de otro dirigente del gremio en Allen, a pesar que no había cometido ninguna falta».
«El nivel de persecución judicial que existe en este momento en la provincia es inaudito. Nos quisieron obligar a declarar sin la presencia de un abogado defensor y ordenaron nuestra captura a pesar que hoy nos presentamos en el Juzgado por nuestra propia voluntad para ponernos a derecho», manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro. Agregó que «el código penal no fue creado para resolver los conflictos sociales. Los conflictos de esta naturaleza los debe resolver el poder político».
«Los jueces podrían detener a un narcotraficante o a algún violador algunas vez. Pero parece que en eso no se meten. Que el Gobernador los manda a hacer otra cosa», cuestionó con dureza Aguiar.
La entidad sindical considera que «la falta de independencia de la Justicia en estos momentos, implica un riesgo para todos los ciudadanos, ya que se están vulnerando derechos y garantías constitucionales esenciales, como ocurrió durante esta jornada con el intento de Sonia Martín de obligar a los imputados a prestar declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor».
Por último, desde ATE hacen responsables al Gobierno de la Provincia de Río Negro, a la Justicia Provincial y a la Policía, durante las próximas horas, por la salud y la integridad física de los mencionados referentes gremiales.
Comunicado del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Cipolletti
El Juzgado N° 2 de Cipolletti, a cargo de la jueza de instrucción Sonia Martín, informó que los imputados Rodolfo Aguiar, Dora Fernández y Rosa Ñanco fueron citados ante ese Tribunal en varias oportunidades, no cumpliendo con las presentaciones a pesar de estar notificados. Ante la conducta reticente y a fin de llevar a cabo las audiencias indagatorias (que debieron suspenderse en tres oportunidades) el Tribunal, tal como lo dispone el Código de Procedimiento Penal, debió decretar la rebeldía de los dirigentes y ordenar su captura, el 11 de octubre.
A la fecha, no habiéndose podido tomarles declaración indagatoria esa medida se mantiene vigente. Hoy, 17 de octubre, los imputados comparecieron sin abogado y no se sometieron al acto de indagatoria.
En esta causa los dirigentes están imputados no por la protesta sindical sino por el ataque a la comisaría de Contralmirante Cordero, el 19 de mayo de 2016.
Detalle de la cronología de las citaciones:
-El 26/05 se citó a Fernández y Aguiar y el 06/06 a Ñanco para que designaran abogado defensor.
– El 14/06 se los citó a los tres imputados a indagatoria para el 21/06. No comparecieron.
– El 29/06 se los volvió a citar para el 21/06.
– El 29/06 para el 01/07.
– El 07/07 para el 08/08.
– El 01/08 Fernández designó abogado.
– El 10/08 se fijó una nueva indagatoria para el 30/08.
– Los tres imputados solicitaron suspender la indagatoria para después del 12/09.
– El 29/08 se fijó para el 21/09.
– El 20/09 pidieron suspensión y no se les hizo lugar a lo solicitado. No comparecieron.
– El 11/10 se decretó la rebeldía y captura porque no se presentaron.
– El 13/10 se presentó la abogada de ATE adelantando que se presentarían el 3/11.
– Hoy 17/10 los imputados comparecieron sin abogado y no se sometieron al acto de indagatoria.
El hecho por el que están imputados Aguiar, Fernández y Ñanco (junto a veinte personas no identificadas), ocurrió el 19 de mayo de 2016, a las 11.44 horas, circunstancias en que los acusados se constituyeron en la parte exterior de la Comisaría N° 46 ubicada en Perito Moreno N° 40 de Contralmierante Cordero. Para la Justicia, «con conocimiento de que allí se encontraba el intendente Gustavo Pita y el secretario de Gobierno José Cofré y con el propósito de obligarlos ilegítimamente a entablar un diálogo en esos términos, respecto del reclamo laboral que encabezaban emplearon actos intimidatorios, arrojando piedras y huevos contra la Comisaría y el vehículo particular del Intendente, a la vez que le gritaban: «salí maricón»… «te cuida la policía Pita»… » filmás a los trabajadores…estás generando que repriman»».
En iguales circunstancias de tiempo y lugar, los nombrados «causaron destrozos en el frente del edificio oficial de la Comisaría N° 46, dañando con manchas de huevos el revoque y destruyendo los vidrios de las ventanas y de la puerta (en un total de cinco vidrios), todo de la parte frontal de la unidad, en venganza de la determinación adoptada por los funcionarios policiales de resguardar al intendente y al secretario de Gobierno».
Judiciales
Le vaciaron la cuenta con los ahorros de toda su vida con un cambio de chip en otra ciudad: Condenan a banco y telefónica
La víctima descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000.

Una jubilada de Viedma perdió varios millones de pesos en menos de una hora después de que delincuentes tomaran el control de su línea telefónica mediante un cambio fraudulento de chip. Con ese acceso ingresaron a su cuenta bancaria y realizaron ocho transferencias que vaciaron prácticamente todos sus ahorros. La Cámara de Apelaciones de la capital provincial concluyó que el fraude fue posible por fallas concurrentes en los sistemas de seguridad de dos prestadores de servicios.
La mujer tenía constituido un plazo fijo y el 13 de octubre de 2022 advirtió que su celular solo permitía realizar llamadas de emergencia. Horas más tarde, cuando intentó renovar esa inversión, descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000. El dinero había sido transferido mediante seis débitos inmediatos (DEBIN) y dos transferencias a personas desconocidas.
Frente a esa situación promovió una demanda por daños y perjuicios. Sostuvo que el cambio de la tarjeta SIM se había concretado sin verificar correctamente la identidad de quien lo solicitó y que, además, nadie advirtió una serie de operaciones bancarias completamente ajenas a su comportamiento habitual como clienta.
En primera instancia, el fuero Civil de Viedma responsabilizó únicamente a la empresa de telefonía. Entendió que el cambio fraudulento del chip había sido la causa adecuada del perjuicio y liberó de responsabilidad a la entidad financiera.
La Cámara confirmó que existió una falla en el procedimiento que permitió reemplazar la tarjeta SIM. Valoró que el cambio se autorizó desde una antena ubicada en Neuquén cuando apenas una hora y media antes la línea funcionaba normalmente en Viedma. También destacó que no existían registros que permitieran comprobar cómo se había validado la identidad de quien realizó esa gestión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la entidad financiera también incumplió su deber de seguridad. Señaló que las operaciones reunían numerosos indicadores de riesgo: la generación de un nuevo token, el alta de varios destinatarios desconocidos, ocho transferencias consecutivas en apenas 36 minutos, el vaciamiento casi total de la cuenta y montos incompatibles con el historial de la clienta. Pese a ello, no se activó ningún mecanismo de alerta, bloqueo o verificación.
La sentencia recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar sistemas de monitoreo basados en el perfil transaccional de cada cliente y destacó que ese control existe precisamente para detectar operaciones que, aunque se realicen con credenciales válidas, resulten completamente atípicas.
Con ese criterio, la Cámara concluyó que el fraude solo pudo concretarse por la concurrencia de dos incumplimientos. Por un lado, la autorización irregular del cambio de chip. Por otro, la ausencia de controles frente a movimientos claramente inusuales en la cuenta bancaria. En consecuencia, modificó el fallo de primera instancia, dejó sin efecto la obligación de la mujer de devolver el dinero recibido por la medida cautelar y extendió la condena en forma solidaria a Banco Patagonia y Telefónica Móviles Argentina.
También confirmó las indemnizaciones por daño emergente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo.
Río Negro
Con aumento incluido, la Provincia abonó sueldos y aguinaldo a estatales
Significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina.

El Gobierno de Río Negro realizó hoy (03/07) el pago unificado de salarios y del medio aguinaldo a todo el personal estatal de la provincia, con un 4,28% de aumento incluido.
Esta decisión, significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina e incluyó el 4,28% de aumento en los sueldos, impactando también en el aguinaldo. Se consolida así una evolución salarial por encima de la inflación acumulada en el semestre.
Durante la primera parte del año, los incrementos escalonados que sostuvo Río Negro alcanzaron un 16% de aumento, por encima de la inflación del 14,7% de acuerdo a datos del INDEC para los primeros cinco meses de 2026.
De esta manera, hoy percibieron sus haberes y el medio aguinaldo el personal de Salud Pública (guardias y horas extras); Policía de Río Negro; Servicio Penitenciario Provincial; docentes; porteros; personal comprendido en la Ley N° 1.844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; Poder Legislativo; Poder Judicial y Órganos de Control.
«Con el pago de salarios y aguinaldo de manera conjunta, Río Negro sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales de la provincia», indicaron desde la Provincia.
Río Negro
Río Negro avanza con la fiscalización ambiental del proyecto de GNL
El objetivo es que el proyecto avance con una presencia activa del Estado.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático fiscaliza en territorio, durante la ejecución del proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías, el cumplimiento ambiental asumido por la empresa.
Mientras Río Negro consolida una nueva etapa productiva vinculada al desarrollo energético, la Provincia mantiene una presencia técnica permanente para acompañar, controlar y verificar que cada avance del proyecto se realice bajo la normativa ambiental vigente.
El seguimiento alcanza las distintas etapas de ejecución, tanto en las obras terrestres como en la infraestructura marítima asociada al desarrollo de Gas Natural Licuado Flotante en el Golfo San Matías. El objetivo es claro: que el crecimiento energético avance con planificación, responsabilidad ambiental y control del Estado.

Control técnico en cada etapa
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación, lleva adelante inspecciones y controles en territorio para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos durante el proceso de evaluación del proyecto.
Las autorizaciones ambientales contemplan obligaciones específicas vinculadas al monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos y el seguimiento de las tareas que se desarrollan en las áreas intervenidas.
Además de las inspecciones en obra, la Provincia supervisa los procesos de recomposición ambiental en los sectores afectados por la construcción de infraestructura terrestre, con el fin de asegurar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los compromisos asumidos.

Desarrollo energético con responsabilidad ambiental
El proyecto contempla infraestructura clave para que Río Negro se consolide como punto estratégico de salida del GNL argentino al mundo, incluyendo obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro de soporte logístico en Puerto San Antonio Este.
En ese marco, el Gobierno Provincial sostiene una política que combina nuevas inversiones, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y protección de los recursos naturales que distinguen al Golfo San Matías y a toda la costa rionegrina.

El esquema de fiscalización se apoya en tres pilares: control integral durante todo el ciclo del proyecto, participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y capacidad del Estado para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Un Estado presente para cuidar el rumbo
La decisión del Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, es que las inversiones estratégicas avancen con reglas claras, planificación y presencia activa del Estado en cada etapa.
De esta manera, la Provincia reafirma que el desarrollo energético no es un hecho aislado, sino parte de un rumbo que busca transformar oportunidades en trabajo, infraestructura y futuro para los rionegrinos, sin resignar el cuidado ambiental ni la protección de los ecosistemas provinciales.





