Sociedad
Aguiar tenía orden de captura pero no fue detenido
Hoy, junto a otros dirigentes de ATE, se presentó en la Justicia. No obstante, sigue libre. Están imputados por destrozos a edificios públicos durante la protesta del gremio en mayo de este año en Cordero.
En un hecho sin precedentes, la Justicia rionegrina emitió una orden para detener a varios dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en relación al conflicto que mantuvieron los trabajadores municipales de la localidad de Contralmirante Cordero hace algunos meses. El sindicato manifestó que fueron sorprendidos por la decisión de la Jueza Sonia Martín quien -a pesar que los dirigentes Rodolfo Aguiar (Secretario General), Rosa Ñanco (Secretaría de Acción Política) y Dora Fernández (Secretaría General de la Seccional Norte) se presentaron hoy en el Juzgado Penal N° 2 de la Ciudad de Cipolletti a los efectos de designar abogado defensor y ponerse a derecho- igualmente comunicó a los mismos que no levantaría la orden de captura y que serían inmediatamente detenidos.
Para ATE, «se trata de la profundización en la provincia de la judicialización de la protesta social y la aceleración de las persecuciones sobre dirigentes sindicales. Tal urgencia para llevar al estrado a los trabajadores que reclaman por sus derechos, no se había advertido con anterioridad, ni se reitera frente a otros casos similares, lo que demuestra una total y plena subordinación de la Justicia al poder político».
El gremio exige que se aclare la situación procesal de los referidos dirigentes y que «cese la persecución judicial de la que están siendo objeto». Preocupa a ATE, además, que «estos hechos se sumen a la reciente detención y desaparición durante mas de 10 horas de otro dirigente del gremio en Allen, a pesar que no había cometido ninguna falta».
«El nivel de persecución judicial que existe en este momento en la provincia es inaudito. Nos quisieron obligar a declarar sin la presencia de un abogado defensor y ordenaron nuestra captura a pesar que hoy nos presentamos en el Juzgado por nuestra propia voluntad para ponernos a derecho», manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro. Agregó que «el código penal no fue creado para resolver los conflictos sociales. Los conflictos de esta naturaleza los debe resolver el poder político».
«Los jueces podrían detener a un narcotraficante o a algún violador algunas vez. Pero parece que en eso no se meten. Que el Gobernador los manda a hacer otra cosa», cuestionó con dureza Aguiar.
La entidad sindical considera que «la falta de independencia de la Justicia en estos momentos, implica un riesgo para todos los ciudadanos, ya que se están vulnerando derechos y garantías constitucionales esenciales, como ocurrió durante esta jornada con el intento de Sonia Martín de obligar a los imputados a prestar declaración indagatoria sin la presencia de un abogado defensor».
Por último, desde ATE hacen responsables al Gobierno de la Provincia de Río Negro, a la Justicia Provincial y a la Policía, durante las próximas horas, por la salud y la integridad física de los mencionados referentes gremiales.
Comunicado del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Cipolletti
El Juzgado N° 2 de Cipolletti, a cargo de la jueza de instrucción Sonia Martín, informó que los imputados Rodolfo Aguiar, Dora Fernández y Rosa Ñanco fueron citados ante ese Tribunal en varias oportunidades, no cumpliendo con las presentaciones a pesar de estar notificados. Ante la conducta reticente y a fin de llevar a cabo las audiencias indagatorias (que debieron suspenderse en tres oportunidades) el Tribunal, tal como lo dispone el Código de Procedimiento Penal, debió decretar la rebeldía de los dirigentes y ordenar su captura, el 11 de octubre.
A la fecha, no habiéndose podido tomarles declaración indagatoria esa medida se mantiene vigente. Hoy, 17 de octubre, los imputados comparecieron sin abogado y no se sometieron al acto de indagatoria.
En esta causa los dirigentes están imputados no por la protesta sindical sino por el ataque a la comisaría de Contralmirante Cordero, el 19 de mayo de 2016.
Detalle de la cronología de las citaciones:
-El 26/05 se citó a Fernández y Aguiar y el 06/06 a Ñanco para que designaran abogado defensor.
– El 14/06 se los citó a los tres imputados a indagatoria para el 21/06. No comparecieron.
– El 29/06 se los volvió a citar para el 21/06.
– El 29/06 para el 01/07.
– El 07/07 para el 08/08.
– El 01/08 Fernández designó abogado.
– El 10/08 se fijó una nueva indagatoria para el 30/08.
– Los tres imputados solicitaron suspender la indagatoria para después del 12/09.
– El 29/08 se fijó para el 21/09.
– El 20/09 pidieron suspensión y no se les hizo lugar a lo solicitado. No comparecieron.
– El 11/10 se decretó la rebeldía y captura porque no se presentaron.
– El 13/10 se presentó la abogada de ATE adelantando que se presentarían el 3/11.
– Hoy 17/10 los imputados comparecieron sin abogado y no se sometieron al acto de indagatoria.
El hecho por el que están imputados Aguiar, Fernández y Ñanco (junto a veinte personas no identificadas), ocurrió el 19 de mayo de 2016, a las 11.44 horas, circunstancias en que los acusados se constituyeron en la parte exterior de la Comisaría N° 46 ubicada en Perito Moreno N° 40 de Contralmierante Cordero. Para la Justicia, «con conocimiento de que allí se encontraba el intendente Gustavo Pita y el secretario de Gobierno José Cofré y con el propósito de obligarlos ilegítimamente a entablar un diálogo en esos términos, respecto del reclamo laboral que encabezaban emplearon actos intimidatorios, arrojando piedras y huevos contra la Comisaría y el vehículo particular del Intendente, a la vez que le gritaban: «salí maricón»… «te cuida la policía Pita»… » filmás a los trabajadores…estás generando que repriman»».
En iguales circunstancias de tiempo y lugar, los nombrados «causaron destrozos en el frente del edificio oficial de la Comisaría N° 46, dañando con manchas de huevos el revoque y destruyendo los vidrios de las ventanas y de la puerta (en un total de cinco vidrios), todo de la parte frontal de la unidad, en venganza de la determinación adoptada por los funcionarios policiales de resguardar al intendente y al secretario de Gobierno».
Río Negro
Río Negro abonó la totalidad de los salarios al personal estatal
Este martes cobraron todos los trabajadores públicos rionegrinos.
El Gobierno Provincial concretó hoy (02/06) el pago de sueldos al personal de la Administración Pública, «ratificando la política sostenida de previsiblidad, con un orden financiero que permite llevar certezas a estatales de Río Negro», destacaron desde el Ejecutivo.
«De esta manera, se sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales», agregaron.
Percibieron sus haberes personal de la Salud Pública, con guardias y horas extras; Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial; docentes y porteros; agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, y los poderes Legislativo y Judicial junto a organismos de control.
Judiciales
Quisieron cobrarle una deuda en dólares, pero la firma del pagaré era falsa
El fuero Civil ordenó una pericia caligráfica y el estudio determinó que la rúbrica estampada en el documento era falsa.
Una mujer de Cipolletti enfrentó un intento de cobro por una suma en dólares a través de un pagaré. Ella se opuso a la ejecución, negó que la firma fuera suya y el fuero Civil ordenó una pericia caligráfica. El estudio determinó que la rúbrica estampada en el documento era falsa, por lo que se rechazó el reclamo y se dejó sin efecto la sentencia monitoria dictada al inicio del trámite.
El reclamo fue promovido por un hombre que poseía un pagaré. En una primera etapa, el trámite avanzó con una sentencia monitoria. Luego, la mujer se presentó en el expediente y planteó una excepción de falsedad de título, una defensa prevista en el Código Procesal Civil y Comercial para discutir la autenticidad del documento utilizado como base de una ejecución.
En su presentación, la mujer sostuvo que la firma atribuida a ella no le pertenecía. También negó haber mantenido trato con la persona que reclamó el pago y desconoció la existencia de la deuda. El planteo abrió el análisis sobre la validez del pagaré presentado para exigir el cobro.
La contraparte no contestó el traslado de esa defensa. Ante esa situación, el fuero Civil dispuso la producción de prueba y ordenó una pericia caligráfica. La medida tuvo como objetivo examinar la firma cuestionada y comparar sus características con material indubitado de la mujer.
El informe técnico marcó varios puntos. La perita indicó que no resultaba posible determinar la antigüedad relativa de las inscripciones ni establecer si la firma y el resto del contenido del pagaré se realizaron en el mismo momento. También señaló que se utilizaron dos instrumentos escriturales distintos y que el completado del documento revelaba una secuencia de plasmación.
La conclusión central fue categórica: «La firma estampada en el documento base de la presente acción no fue realizada de puño y letra» por la mujer. En otros términos, según el dictamen, esa firma no le pertenecía. La pericia no recibió impugnaciones ni pedidos de explicaciones.
La resolución del fuero Civil destacó que, en los procesos ejecutivos, la excepción de falsedad de título puede plantearse cuando se cuestiona una adulteración del documento. En el caso de la firma, la falsedad puede configurarse si se acredita que la rúbrica inserta en el instrumento no pertenece a la persona contra la cual se dirige el reclamo.
El fallo también recordó que la pericia caligráfica resulta una prueba fundamental cuando se discute la autenticidad de una firma. Aunque ese dictamen no obliga de manera automática a quien decide, la resolución indicó que no corresponde apartarse de sus conclusiones sin fundamentos.
En este expediente, el informe fue considerado claro, preciso y ajustado a las exigencias procesales. La resolución valoró que la especialista detalló la metodología empleada, el instrumental científico utilizado, la bibliografía de base y los materiales de cotejo.
Con esos elementos, el fuero Civil hizo lugar a la excepción de falsedad de título presentada por la mujer. En consecuencia, rechazó la ejecución promovida en su contra y dejó sin efecto la sentencia monitoria. También dispuso que, una vez firme la resolución, se levante el embargo trabado sobre sus fondos.
Roca
Retuvieron 45 vehículos en una semana de controles de tránsito en Roca
8 vehículos fueron retenidos por delegar la conducción a menores de edad y 7 por generar ruidos molestos.
Los operativos de control de tránsito realizados en General Roca durante la última semana finalizaron con 93 actas de infracción labradas y la retención preventiva de 45 vehículos por distintas irregularidades.
Según informó el Municipio, los procedimientos fueron llevados adelante por inspectores de Tránsito entre el lunes (25/05) y el domingo (31/05) en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial tanto en el sector urbano como en la zona rural.
Como resultado de los controles, se detectaron 10 casos de alcoholemia positiva. Además, se procedió al secuestro preventivo de 33 motocicletas y 12 automóviles.
De acuerdo con el detalle oficial, 7 vehículos fueron retenidos por alcoholemia positiva, otros 7 por generar ruidos molestos, 8 por delegar la conducción a menores de edad y 23 por falta de documentación obligatoria.
Las infracciones más recurrentes estuvieron relacionadas con la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro, falta de chapa patente y circulación en contramano.
Desde la Dirección de Tránsito recordaron que en la ciudad se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación alcohólica superior a cero.
La normativa contempla multas que van desde los 1.000 hasta los 3.000 USAM, equivalentes actualmente a entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.
Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar el consumo de alcohol antes de conducir y recomendaron designar un conductor responsable para prevenir siniestros viales y proteger la seguridad de toda la comunidad.
