Judiciales
Una mirada interdisciplinar en la contención de víctimas de abuso sexual
Desde el año 2007, la Oficina de Atención a la Víctima funciona en General Roca. Las estadísticas marcan que se han denunciado un total de 299 casos de abuso sexual y 366 vinculados con la violencia y delitos.
Las Oficinas de Asistencia a la Víctima (OFAVI), dependientes del Ministerio Público Fiscal, surgen como un espacio dentro del ámbito judicial destinado a acompañar a las victimas de delitos, en el marco de la legislación que sostienen los principios de dignidad, libertad e igualdad de las personas. Su propósito es brindar una respuesta integral a la problemática que plantea cualquier ciudadano que está atravesando una situación de victimización, intentando que la persona reciba una asistencia jurídica, psicológica, social y psicopedagógica en las diferentes etapas del proceso penal.
Desde el año 2007, esta oficina funciona en la ciudad de General Roca, como órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal, desarrollando un papel innovador en el ámbito judicial. Esta conformada por un equipo interdisciplinario integrado por las Licenciadas: en Psicopedagogía, Graciela Hussein; en Trabajo Social Forense, Gladyz Gzain y en Psicología, Virginia Ansola.
La asistencia se dirige a todo tipo de víctimas de delito – tanto directas como indirectas- especialmente a quienes hayan padecido circunstancias violentas con resultado de muerte, amenazas, lesiones graves, delitos de integridad sexual; de violencia de género.
Para cumplir ésto interviene, desde instancias previas a la denuncia, colaborando en la toma de decisiones oportunas siempre en resguardo de las personas, acompañando en las diversas instancias procesales, como por ejemplo, en las revisaciones médicas, en las Cámara Gesell, en las ruedas de reconocimiento, y en las audiencias de debate oral, colaborando en la comprensión de las sentencias.
«Durante todo ese proceso informamos, orientamos, acompañamos y asistimos a la víctima y a su entorno familiar con la idea de poderlos sostener emocionalmente. Transitamos con las víctimas desde el momento de la denuncia y con posterioridad al dictado de la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, porque no siempre las resultas judiciales van acompañadas de ese proceso personal que hace la víctima para reparar el daño sufrido”, destaca Gladys Gzain.
En los delitos de abuso sexual, la intervención de la oficina viene acompañada siempre del requerimiento del fiscal que solicita la intervención del equipo ante situaciones que considera de complejidad. El tratamiento posibilita también al equipo acompañar a las víctimas a un juicio y/o debate siempre desde la singularidad de la persona. El abordaje no solamente es penal, a partir de una denuncia sino también en organizar todo el dispositivo protector de la víctima.
Los informes de la Oficina en casos de abuso sexual constituyen una importante colaboración para los fiscales en las instancias del juicio oral, permitiendo realizar una valoración más acabada del estado de las personas. En este sentido Gzain aclara que «si bien los mismos no tienen la característica de pericial, aportan un valor científico desde un abordaje victimológico que implica la mirada de la víctima en el marco del proceso judicial y en su ámbito personal».
«Cuando un niño recurre a otras personas fuera de su ámbito familiar en búsqueda de ayuda, posiblemente es porque no encuentra a ningún adulto significativo que lo escuche en su propia familia, sobretodo cuando el que abusa es el propio padre y la madre no logra ubicarse en un lugar de contención, de protección. Eso para el niño, es desestructurante, desestabilizante, podría compararse como un «balazo en su psiquis», por las heridas que se producen y por el tiempo que llevará su cicatrización», remarca la psicóloga Ansola.
El creciente número de casos de abuso sexual que han sido judicializados y abordados desde la intervención del equipo de profesionales de la OFAVI, evidencia la trascendencia del trabajo desplegado por el organismo en los últimos años, logrando consolidar una fluida red de intercambio con otras instituciones que trabajan en la problemática y aportando a la justicia una mirada sensible y subjetiva en la atención a la víctima.
Desde enero de 2015 a la fecha han ingresado a la oficina un total de 299 causas de abuso sexual y 366 en casos vinculados con la violencia y delitos conexos muchas de ellas aún abiertas, mientras que otras ya han obtenido una sentencia.
Para mayor información y consultas acerca del funcionamiento y del trabajo que lleva a cabo la Oficina de Atención a la Víctima de la Segunda Circunscripción Judicial pueden dirigirse a la Calle San Luis 353, Planta Baja -en la ciudad de General Roca- o comunicarse al (0298) 4439900.
Judiciales
Enfrentan penas de prisión efectiva por un intento de robo en una vivienda
La banda utilizó una camioneta robada y con patente adulterada.
El Ministerio Público Fiscal pidió que los tres hombres ya declarados responsables penales como autores de tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, cumplan penas que van de los 5 años y medio hasta los 7 años de prisión efectiva.
El hecho que resultó probado fue el ocurrido en octubre de 2024 en General Roca, cuando forzaron el portón de ingreso de una vivienda y no lograron apoderarse de ningún elemento debido a la intervención de personal policial.
Los tres imputados llegan a esta etapa del juicio de cesura cumpliendo prisión preventiva en el marco de este y otro legajo que investiga una presunta asociación ilícita.
Concretamente, en la audiencia de hoy (11/05), la Fiscalía mencionó como prueba que los tres cuentan con antecedentes penales computables por delitos cometidos contra la propiedad y que continúan siendo investigados por hechos similares.
Es así que para uno de ellos solicitó la pena de 5 años y 6 meses de prisión, para otro la misma cantidad de tiempo y que se le revoque la condicionalidad de otra condena, y para el último, una pena unificada de 9 años comprensiva de la que le corresponde en este legajo fiscal, que es de 7 años.
«Los hombres concretaron este hecho haciendo una vigilancia previa de la casa de la víctima y de su familia, es decir haber premeditado su accionar, además utilizaron una camioneta sustraída en Neuquén y que le adulteraron su chapa patente», detalló la fiscal.
Luego, dos de los imputados, asistidos por sus defensores particulares hicieron uso de la palabra, y tras esto, los tres abogados solicitaron la misma pena, es decir, dos años y seis meses.
El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer su sentencia el próximo lunes 18 de mayo a las 12.00.
Judiciales
Autorizan a una mujer a donar un riñón a su amigo, que lleva 12 años en diálisis y espera un trasplante
La ley exige autorización judicial cuando el donante no tiene vínculo familiar ni convivencial con el receptor.
Se conocieron hace más de 10 años y forjaron una profunda amistad. Se acompañaron en momentos de crisis y construyeron un vínculo con rasgos de familiaridad que se sostuvo en el tiempo. Él ya convivía con un diagnóstico que con los años derivó en una insuficiencia renal terminal y en una vida atada a la diálisis. Su estado es grave y desde hace tiempo espera un donante. En ese contexto, ella tomó una decisión fuerte: ofrecerle uno de sus riñones.
Pero su voluntad no es suficiente: los estudios debían confirmar compatibilidad, los equipos médicos debían validar la intervención y, además, la ley imponía un límite: sin vínculo familiar, el trasplante requería autorización judicial. Con todos los informes a favor, el caso llegó al fuero de Familia de Bariloche. La jueza analizó las pericias médicas, psicológicas y sociales, evaluó el vínculo entre ambos y autorizó la donación.
El planteo se presentó como una medida autosatisfactiva, una vía excepcional que permite obtener una respuesta urgente cuando no hay otra alternativa eficaz. El objetivo fue concreto: remover el obstáculo legal que impide, en principio, la donación entre personas sin parentesco. La ley de trasplantes limita estos casos a vínculos familiares o convivenciales, con la intención de evitar cualquier forma de comercialización de órganos. Fuera de ese esquema, la intervención judicial resulta indispensable.
En ese marco, también intervinieron organismos especializados. El INCUCAI señaló que los trasplantes con donante vivo sin vínculo familiar solo pueden realizarse de manera excepcional y con autorización judicial, y remarcó la necesidad de garantizar la voluntariedad, el carácter altruista y la gratuidad de la donación. En la misma línea, CUCAI Río Negro avaló esos criterios y destacó que el procedimiento debe cumplir con todos los requisitos médicos y legales vigentes.
Para resolver, la Unidad Procesal de Familia reunió una batería de pruebas. Los estudios médicos confirmaron que existía compatibilidad y que el trasplante representaba la mejor alternativa terapéutica. También se determinó que el receptor no presentaba contraindicaciones para atravesar la intervención.
Las evaluaciones psicológicas indicaron que ambos comprenden el alcance del procedimiento, sus riesgos y sus implicancias. En el caso de la donante, se destacó la capacidad de decidir con autonomía, con un nivel de madurez adecuado y sin interferencias externas. Los informes descartaron la presencia de presiones o condicionamientos que pudieran afectar su voluntad.
Las pericias sociales reforzaron ese cuadro. Describieron una relación previa, estable y verificable, con cercanía y participación compartida en distintos momentos de sus vidas. También señalaron la inexistencia de intereses económicos o beneficios indirectos, un punto central en este tipo de procesos.
Durante la audiencia, la mujer ratificó su decisión y explicó sus motivos. Expuso que su única intención era mejorar la calidad de vida de su amigo. La jueza dejó constancia de que podía revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, sin consecuencias.
Con ese conjunto de elementos, la magistrada concluyó que se trataba de un caso excepcional en el que correspondía apartarse de la restricción legal. La autorización habilita la donación, aunque el procedimiento queda sujeto al cumplimiento de todos los requisitos médicos, controles y condiciones establecidos por la normativa vigente.
Judiciales
El Ministerio de Salud pidió que el anestesiólogo condenado no vuelva a trabajar en hospitales públicos de la provincia
La medida se conoció tras las protestas de familiares de Valentín y el apartamiento de Atencio Krause dispuesto por la dirección del nosocomio roquense.
El Ministerio de Salud de Río Negro solicitó formalmente a la Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación que se abstenga de asignar al médico Mauricio Javier Atencio Krause para prestar servicios en hospitales públicos de la provincia.
La decisión se conoció este viernes (08/05) y se da luego de la fuerte repercusión social generada por la presencia del anestesiólogo en el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde había retomado guardias pese a haber sido condenado en primera instancia por la muerte de Valentín, ocurrida en julio de 2024.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida busca «resguardar el adecuado funcionamiento institucional» de los hospitales públicos y preservar un ámbito de «tranquilidad, confianza y contención» tanto para pacientes como para trabajadores del sistema de salud.
El pedido se fundamenta en el impacto público y social que provocó el caso. Según se indicó oficialmente, la eventual presencia de Atencio Krause en efectores públicos podría afectar el normal desarrollo de las actividades asistenciales y generar malestar tanto en la comunidad como en el personal sanitario.
No obstante, el Ministerio aclaró que la resolución «no implica un pronunciamiento sobre la capacidad técnico-profesional» del anestesiólogo ni sobre sus responsabilidades penales o civiles, cuestiones que continúan bajo análisis de la Justicia.
La polémica se intensificó en las últimas horas luego de que familiares y vecinos realizaran un escrache frente al Hospital López Lima al conocerse que el profesional había retomado funciones en quirófano. Además, la directora del nosocomio, Susana Marezi, confirmó públicamente que ordenó apartarlo del establecimiento por una cuestión «estrictamente ética».
Atencio Krause fue condenado por homicidio culposo e inhabilitado para ejercer la medicina por 7 años y 6 meses. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme y continúa en instancia de revisión judicial, legalmente no tenía impedimentos para continuar trabajando.
