Judiciales
Una mirada interdisciplinar en la contención de víctimas de abuso sexual
Desde el año 2007, la Oficina de Atención a la Víctima funciona en General Roca. Las estadísticas marcan que se han denunciado un total de 299 casos de abuso sexual y 366 vinculados con la violencia y delitos.
Las Oficinas de Asistencia a la Víctima (OFAVI), dependientes del Ministerio Público Fiscal, surgen como un espacio dentro del ámbito judicial destinado a acompañar a las victimas de delitos, en el marco de la legislación que sostienen los principios de dignidad, libertad e igualdad de las personas. Su propósito es brindar una respuesta integral a la problemática que plantea cualquier ciudadano que está atravesando una situación de victimización, intentando que la persona reciba una asistencia jurídica, psicológica, social y psicopedagógica en las diferentes etapas del proceso penal.
Desde el año 2007, esta oficina funciona en la ciudad de General Roca, como órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal, desarrollando un papel innovador en el ámbito judicial. Esta conformada por un equipo interdisciplinario integrado por las Licenciadas: en Psicopedagogía, Graciela Hussein; en Trabajo Social Forense, Gladyz Gzain y en Psicología, Virginia Ansola.
La asistencia se dirige a todo tipo de víctimas de delito – tanto directas como indirectas- especialmente a quienes hayan padecido circunstancias violentas con resultado de muerte, amenazas, lesiones graves, delitos de integridad sexual; de violencia de género.
Para cumplir ésto interviene, desde instancias previas a la denuncia, colaborando en la toma de decisiones oportunas siempre en resguardo de las personas, acompañando en las diversas instancias procesales, como por ejemplo, en las revisaciones médicas, en las Cámara Gesell, en las ruedas de reconocimiento, y en las audiencias de debate oral, colaborando en la comprensión de las sentencias.
«Durante todo ese proceso informamos, orientamos, acompañamos y asistimos a la víctima y a su entorno familiar con la idea de poderlos sostener emocionalmente. Transitamos con las víctimas desde el momento de la denuncia y con posterioridad al dictado de la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, porque no siempre las resultas judiciales van acompañadas de ese proceso personal que hace la víctima para reparar el daño sufrido”, destaca Gladys Gzain.
En los delitos de abuso sexual, la intervención de la oficina viene acompañada siempre del requerimiento del fiscal que solicita la intervención del equipo ante situaciones que considera de complejidad. El tratamiento posibilita también al equipo acompañar a las víctimas a un juicio y/o debate siempre desde la singularidad de la persona. El abordaje no solamente es penal, a partir de una denuncia sino también en organizar todo el dispositivo protector de la víctima.
Los informes de la Oficina en casos de abuso sexual constituyen una importante colaboración para los fiscales en las instancias del juicio oral, permitiendo realizar una valoración más acabada del estado de las personas. En este sentido Gzain aclara que «si bien los mismos no tienen la característica de pericial, aportan un valor científico desde un abordaje victimológico que implica la mirada de la víctima en el marco del proceso judicial y en su ámbito personal».
«Cuando un niño recurre a otras personas fuera de su ámbito familiar en búsqueda de ayuda, posiblemente es porque no encuentra a ningún adulto significativo que lo escuche en su propia familia, sobretodo cuando el que abusa es el propio padre y la madre no logra ubicarse en un lugar de contención, de protección. Eso para el niño, es desestructurante, desestabilizante, podría compararse como un «balazo en su psiquis», por las heridas que se producen y por el tiempo que llevará su cicatrización», remarca la psicóloga Ansola.
El creciente número de casos de abuso sexual que han sido judicializados y abordados desde la intervención del equipo de profesionales de la OFAVI, evidencia la trascendencia del trabajo desplegado por el organismo en los últimos años, logrando consolidar una fluida red de intercambio con otras instituciones que trabajan en la problemática y aportando a la justicia una mirada sensible y subjetiva en la atención a la víctima.
Desde enero de 2015 a la fecha han ingresado a la oficina un total de 299 causas de abuso sexual y 366 en casos vinculados con la violencia y delitos conexos muchas de ellas aún abiertas, mientras que otras ya han obtenido una sentencia.
Para mayor información y consultas acerca del funcionamiento y del trabajo que lleva a cabo la Oficina de Atención a la Víctima de la Segunda Circunscripción Judicial pueden dirigirse a la Calle San Luis 353, Planta Baja -en la ciudad de General Roca- o comunicarse al (0298) 4439900.
Judiciales
Cuatro muertos en Allen: Imputan al hombre que manejaba a más de 170 km/h y bajo efectos de alcohol y drogas
La Fiscalía lo acusó por homicidio culposo cuádruplemente agravado y presentó evidencia clave que incluye alcoholemia, pericias accidentológicas, videos y testimonios. Está detenido.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Axel Araneda, por el siniestro vial ocurrido el viernes (21/11) a la madrugada en Allen, donde cuatro personas perdieron la vida. Según la acusación, el imputado embistió con su camioneta a un vehículo detenido sobre la Ruta Nacional N° 22, lo arrastró más de 30 metros y provocó que se incendiara de inmediato.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 1204. La Fiscalía sostuvo que el acusado conducía una camioneta en sentido oeste-este «en forma imprudente y antirreglamentaria», bajo los efectos de estupefacientes, con alcoholemia positiva, utilizando su teléfono celular instantes antes y a una velocidad no menor a 170 km/h.
Producto del impacto, fallecieron en el acto dos mujeres -una de 60 y otra de 30 años- mientras que una niña y un niño murieron por inhalación de hollín dentro del rodado afectado, según la evaluación preliminar. Por estos hechos, se le atribuyó al acusado el delito de homicidio culposo cuádruplemente agravado por exceso de velocidad, consumo de estupefacientes, alcoholemia superior a 500 mg/l y por la cantidad de víctimas.
Durante la audiencia, la Fiscalía enumeró las pruebas reunidas: el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial, los elementos secuestrados dentro de la camioneta -entre ellos teléfonos celulares y un bidón-, los resultados de los allanamientos en la vivienda del imputado, donde se incautaron más dispositivos y armas de fuego, y la prueba de alcoholemia tomada tres horas después del siniestro, que igualmente arrojó un nivel elevado. También incorporó la estimación técnica del nivel de alcohol al momento del impacto y los exámenes toxicológicos.
Un testigo presencial afirmó haber sido sobrepasado por la camioneta del acusado mientras circulaba a 120 km/h y aseguró que el vehículo involucrado venía realizando múltiples maniobras de sobrepaso. El informe accidentológico confirmó que el impacto se produjo entre la parte frontal derecha de la camioneta y la parte posterior izquierda de la EcoSport siniestrada, y determinó una velocidad mínima superior a 170 km/h.
Además, la Fiscalía solicitó el congelamiento de un perfil de redes sociales donde Araneda habría publicado imágenes conduciendo minutos antes del choque y presentó un informe de cámaras de seguridad de un bar de Allen que muestran su presencia entre las 3 y las 5 de la madrugada.
Los querellantes adhirieron a toda la acusación. Por su parte, el abogado defensor cuestionó la formulación de cargos y señaló que el vehículo embestido estaba detenido sobre el carril, lo que, a su criterio, constituía la imprudencia inicial. También objetó el agravante por estupefacientes.
La Fiscalía respondió que la detención de la EcoSport estaba acreditada, pero que numerosos vehículos pudieron evitarla, algo que no ocurrió con el imputado debido a su estado y velocidad. Agregó que el testigo relató que el acusado no prestó ayuda y que inmediatamente realizó llamadas, lo que motivó el secuestro de celulares.
«Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal. La calificación atribuida coloca como único responsable penal a la persona imputada», afirmó la Fiscalía.
Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras avance la investigación.
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Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
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Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
