Río Negro
La Legislatura sancionó los pliegos para llamar a licitación del agente financiero de la provincia
Por dos tercios, el oficialismo logró la aprobación del pliego para decidir quien será el agente financiero desde el año que viene. El FpV tuvo voto dividido.
La Legislatura de Río Negro sancionó, con modificaciones, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se aprueban los pliegos de bases y condiciones que regirán en la licitación pública nacional para seleccionar una entidad bancaria que actúe como Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia. La ley fue aprobada por 33 votos afirmativos contra 13 negativos, con voto dividido de la oposición.
En este sentido, la legisladora Arabela Carreras (JSRN), miembro informante del oficialismo, expresó que “en el pliego de licitación que estamos tratando, se implementaron fuertes exigencias para que la entidad bancaria que se convierta en el próximo Agente Financiero, sea un banco que actúe como herramienta financiera para el desarrollo de la Provincia.
El oferente ganador de la licitación, explicó Carreras, deberá instalar nuevas sucursales en todo el territorio de la Provincia y abrir cajeros automáticos en aquellas localidades que tengan más de 2000 rionegrinos. “Este gobierno está preocupado por llevar equidad e igualdad de servicios a toda la Provincia, por lo que hemos incluido cláusulas exigentes para resolver las quejas de ausencia de las entidades bancarias en distintos lugares de Río Negro.
Asimismo, explicó que “se le impondrá a la entidad bancaria algo inédito en la Provincia, como es el pago de un canon que nos parece justo y correcto en función de la defensa de los intereses de la provincia”.
“Se ha hecho un cálculo en el que la entidad bancaria hoy pagaría unos 18 millones de pesos anuales que ingresarán a las arcas provinciales a partir de el año próximo. Además, se dejará de pagar desde el Estado el mantenimiento de los cajeros automáticos, gasto que será afrontado por la entidad bancaria”, aseguró.
La miembro informante detalló que “entre el ahorro y los canon, se obtendrá un beneficio de unos 54 millones de pesos para las arcas del Estado, si a esto le sumamos los 206 millones de pesos que se volcarán en desarrollo, estamos imaginando que este podrá ser el principio de una Provincia distinta”.
Los agentes públicos, podrán acceder desde sus cuentas sueldos, a créditos diferenciales, y los que tengan deuda de créditos o en tarjetas, la entidad no podrá cobrarlas hasta que el empleado no perciba su sueldo, ya que actualmente esto genera intereses para los usuarios.
A su vez, en los pliegos se explícita que “aquellos municipios que opten por la entidad que actúe como Agente Financiero de la Provincia, contarán con los mismos beneficios, de descuentos, créditos, al igual que los empleados que gozarán del mismo beneficio que los estatales”.
“Sabemos que hay 9 o 10 entidades bancarias que cumplen con los requisitos para presentarse y esperamos que la que gane sea la que mayor beneficios traiga a los rionegrinos”, resaltó Carreras.
Por su parte, el legislador Alejandro Palmieri (JSRN) explicó que “se incorporaron modificaciones solicitadas por distintas bancadas para disminuir el plazo de colocación de sucursales y centros te atención, de esta manera durante los primeros 30 meses el adjudicatario deberá colocar al menos el 50 por ciento de las sucursales y centros de atención, y en los últimos 30 meses cumplir con el resto de las instalaciones”.
Aclaró además, que se trata sólo del pliego para abrir la licitación para elegir el agente financiero, “ni más ni menos”, es decir, que no incluye cuestiones internas del banco actual, normativa laboral o servicios.
La iniciativa prevé además, la creación de la comisión de Fiscalización de los Servicios Financieros y Bancarios para el Control, Fiscalización y Seguimiento de los servicios que se presten a la Provincia.
El contrato será por 10 años, con la posibilidad de prorrogar por 5 años más.
Bloque Juntos Somos Río Negro
Rodolfo Cufré destacó “el beneficio de que la Provincia pase de pagar a cobrar, algo que pocas provincias tienen”, además de la generación de sucursales y cajeros. Reivindicó el beneficio para que “los agentes públicos sean una vez más reconocidos por el gobierno provincial, ya que cuando se perdió el banco provincial, pasaron a ser clientes comunes”.
Viviana Germanier valoró el apoyo a empleados públicos que tendrán beneficios, al igual que el sector productivo en cuanto a créditos blandos.
Facundo López repasó los beneficios que incorpora el actual pliego y señaló que hoy “la provincia pierde dinero y los rionegrinos pierden sucursales y cajeros, pero la premura de esta gestión es mejorar día a día la vida de todos los rionegrinos por igual, estén donde estén, y sin importar el tamaño de la ciudad donde vivan”.
Juan Carlos Apud y Oscar Díaz manifestaron su gratificación, consideraron que incluye una mirada integradora que permitirá integrar a la Provincia, a partir del cambio en las exigencias para instalar sucursales y cajeros.
Ricardo Arroyo destacó lo referido a la territorialidad que aporta el proyecto y puso como ejemplo la ciudad de Lamarque, que cuando se perdió el banco de la provincia se perdió la herramienta financiera, se retrocedió y la gente tuvo que viajar en taxi hasta Choele Choel para cobrar su sueldo.
Bloque del Frente para la Victoria
María del Carmen Maldonado destacó el ahorro que podrá hacer la Provincia al recibir un canon y dejar de pagar el mantenimiento de los cajeros. Asimismo, recordó la pérdida del banco provincia que se encontraba destinado al desarrollo y a la producción de la Provincia y solicitó el trabajo para recuperar una entidad bancaria que sea de la Provincia.
Nicolás Rochas manifestó su oposición a la iniciativa y solicitó modificaciones en la conformación de la comisión fiscalizadora ya que “debería contar con una representación real de los empleados para que sea mas democrática y plural, con misiones y visiones especificas, atribuciones y una reunión cada 30 días”.
Mario Sabattella anticipó el voto negativo y se refirió al pliego, indicó que si bien incluye mejoras, no significa que sea un buen contrato si se tiene en cuenta las ganancias significativas que se va a llevar la entidad bancaria”.
Luis Albrieu se refirió al pliego que “es mejor y podría ser mucho mejor” si se incorporaran las propuestas de su bloque. Con respecto a la comisión fiscalizadora, se preguntó porqué se la convocaría ahora si antes no se lo hacía.
Marcelo Mango indicó que “podríamos haber aprovechado el pliego para darle más participación democrática, y para que frente a los avances del Estado, tenga nuestro pueblo mayores herramientas para defenderse. Además, criticó la cantidad de años que se establecen en el pliego para la contratación.
Graciela Holtz, Ariel Rivero y Elvis Williams adelantaron su voto favorable, valoraron que “el pliego, a diferencia del anterior, comprende la territorialidad” e incorpora sucursales y cajeros en lugares que hoy se encuentran alejados y desprotegidos. Finalmente, agradecieron al bloque del Frente para la Victoria por permitir la libertad de cada legislador a la hora de votar.
Alejandro Marinao criticó los plazos de concesión, cuestionó que sean 15 años incluida la prórroga, “si en los primeros 30 meses se harán seis sucursales y en los siguientes 30 meses los cinco restantes”, por lo que en los primeros cinco años se concluirán las exigencias.
Bloque ARI
Por su parte, Jorge Ocampos repasó aspectos que le generaban dudas y solicitó que se vuelvan a explicar algunos artículos modificados.
Bloque UCR
Soraya Yahuar destacó que “el pliego no describe al agente financiero que tenemos sino al que aspiramos”. La legisladora destacó los beneficios económicos que traerá el cobro de un canon, los créditos que se otorgarán a sectores productivos a tasas beneficiosas y las soluciones que se le podrán dar a los sectores productivos, económicos y comerciales. Asimismo, agradeció que se incorpore la modificación solicitada por su bloque para reducir la cantidad de años en que el oferente deberá instalar bancos y cajeros.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
Judiciales
Obra social deberá cubrir intervención facial en proceso de transición de género
La rinoplastía feminizante fue considerada parte del proceso de adecuación corporal por el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó una sentencia que ordenó garantizar la cobertura integral para una cirugía de rinoplastía feminizante solicitada por una afiliada a una obra social, en el marco de su proceso de adecuación corporal conforme a su identidad de género.
El caso llegó al máximo tribunal provincial a partir de la apelación presentada por la Provincia contra una sentencia de amparo que había reconocido el derecho de la afiliada a acceder a distintas intervenciones vinculadas con su proceso de transición. El recurso cuestionaba únicamente la cobertura de la rinoplastía feminizante.
Al analizar el planteo, el Superior Tribunal señaló que el debate central se vincula con el alcance del derecho a la identidad de género y con la interpretación de la normativa que regula las intervenciones médicas destinadas a adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida.
La sentencia recordó que la Ley N° 26.743 de Identidad de Género reconoce ese derecho como un derecho humano fundamental. Establece que las personas mayores de edad pueden acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, incluida la genitalidad, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. Además, la norma dispone que las prestaciones vinculadas con estos tratamientos deben ser garantizadas por los efectores del sistema de salud.
En ese marco, el máximo Tribunal destacó que la reglamentación del artículo 11 de la ley enumera distintas cirugías vinculadas con los procesos de adecuación corporal, pero aclara expresamente que ese listado es de carácter «meramente enunciativo y no taxativo».
Para el Superior Tribunal, este punto resulta determinante para resolver el caso, ya que implica que la cobertura de las intervenciones no se limita exclusivamente a las prácticas detalladas en la reglamentación. En consecuencia, la evaluación de cada pedido debe realizarse considerando el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género.
La sentencia también analizó la indicación médica incorporada al expediente. Según el informe profesional, la rinoplastía feminizante forma parte del proceso de afirmación de género y se vincula con la necesidad de adecuar ciertos rasgos faciales a la identidad autopercibida, con impacto en el bienestar psicológico y en la calidad de vida.
Desde esa perspectiva, el tribunal señaló que el derecho a la salud debe interpretarse en sentido amplio, conforme al concepto adoptado por la Organización Mundial de la Salud, que comprende el bienestar físico, mental y social de las personas.
El fallo también remarcó que el proceso de adecuación corporal puede involucrar distintas intervenciones que, en conjunto, integran un abordaje médico destinado a armonizar la identidad de género con las características físicas de la persona. Así, confirmó la obligación de cobertura de la obra social.
Agro
Avanza la limpieza de colectores clave para el riego en el Alto Valle
Actualmente ya se completaron 15,5 kilómetros de limpieza, lo que representa un avance cercano al 40% de la intervención prevista.
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y junto a los consorcios de riego, avanza con la limpieza de los colectores pluviales de la 6° y 7° zona al norte de Cervantes, Mainqué e Ingeniero Huergo. Los trabajos ya alcanzan un 40% de ejecución sobre un sistema clave para la producción.
Los trabajos son ejecutados por el DPA en conjunto con los consorcios de riego de la región y forman parte de las acciones permanentes de mantenimiento de la infraestructura hídrica que sostiene la producción frutícola del Valle.
Este sistema de colectores cumple una función fundamental en el manejo hídrico de la zona: recolecta y conduce los aportes pluviales desde el sector norte hasta su descarga en el río, permitiendo mantener la napa freática en niveles adecuados para los cultivos y eliminar los excesos de riego.
El conjunto de colectores tiene una extensión aproximada de 40 kilómetros. Actualmente ya se completaron 15,5 kilómetros de limpieza, lo que representa un avance cercano al 40% de la intervención prevista.
El inspector del DPA, Fernando Casares, explicó que «este sistema recolecta y conduce los aportes pluviales de la zona norte hasta su descarga en el río y es fundamental para mantener la freática en niveles adecuados para los cultivos y eliminar los excesos de riego».
Estas tareas se inscriben en el plan permanente de mantenimiento del sistema hídrico provincial, una infraestructura clave para el desarrollo productivo del Alto Valle.
