Río Negro
La Legislatura sancionó los pliegos para llamar a licitación del agente financiero de la provincia
Por dos tercios, el oficialismo logró la aprobación del pliego para decidir quien será el agente financiero desde el año que viene. El FpV tuvo voto dividido.
La Legislatura de Río Negro sancionó, con modificaciones, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se aprueban los pliegos de bases y condiciones que regirán en la licitación pública nacional para seleccionar una entidad bancaria que actúe como Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia. La ley fue aprobada por 33 votos afirmativos contra 13 negativos, con voto dividido de la oposición.
En este sentido, la legisladora Arabela Carreras (JSRN), miembro informante del oficialismo, expresó que “en el pliego de licitación que estamos tratando, se implementaron fuertes exigencias para que la entidad bancaria que se convierta en el próximo Agente Financiero, sea un banco que actúe como herramienta financiera para el desarrollo de la Provincia.
El oferente ganador de la licitación, explicó Carreras, deberá instalar nuevas sucursales en todo el territorio de la Provincia y abrir cajeros automáticos en aquellas localidades que tengan más de 2000 rionegrinos. “Este gobierno está preocupado por llevar equidad e igualdad de servicios a toda la Provincia, por lo que hemos incluido cláusulas exigentes para resolver las quejas de ausencia de las entidades bancarias en distintos lugares de Río Negro.
Asimismo, explicó que “se le impondrá a la entidad bancaria algo inédito en la Provincia, como es el pago de un canon que nos parece justo y correcto en función de la defensa de los intereses de la provincia”.
“Se ha hecho un cálculo en el que la entidad bancaria hoy pagaría unos 18 millones de pesos anuales que ingresarán a las arcas provinciales a partir de el año próximo. Además, se dejará de pagar desde el Estado el mantenimiento de los cajeros automáticos, gasto que será afrontado por la entidad bancaria”, aseguró.
La miembro informante detalló que “entre el ahorro y los canon, se obtendrá un beneficio de unos 54 millones de pesos para las arcas del Estado, si a esto le sumamos los 206 millones de pesos que se volcarán en desarrollo, estamos imaginando que este podrá ser el principio de una Provincia distinta”.
Los agentes públicos, podrán acceder desde sus cuentas sueldos, a créditos diferenciales, y los que tengan deuda de créditos o en tarjetas, la entidad no podrá cobrarlas hasta que el empleado no perciba su sueldo, ya que actualmente esto genera intereses para los usuarios.
A su vez, en los pliegos se explícita que “aquellos municipios que opten por la entidad que actúe como Agente Financiero de la Provincia, contarán con los mismos beneficios, de descuentos, créditos, al igual que los empleados que gozarán del mismo beneficio que los estatales”.
“Sabemos que hay 9 o 10 entidades bancarias que cumplen con los requisitos para presentarse y esperamos que la que gane sea la que mayor beneficios traiga a los rionegrinos”, resaltó Carreras.
Por su parte, el legislador Alejandro Palmieri (JSRN) explicó que “se incorporaron modificaciones solicitadas por distintas bancadas para disminuir el plazo de colocación de sucursales y centros te atención, de esta manera durante los primeros 30 meses el adjudicatario deberá colocar al menos el 50 por ciento de las sucursales y centros de atención, y en los últimos 30 meses cumplir con el resto de las instalaciones”.
Aclaró además, que se trata sólo del pliego para abrir la licitación para elegir el agente financiero, “ni más ni menos”, es decir, que no incluye cuestiones internas del banco actual, normativa laboral o servicios.
La iniciativa prevé además, la creación de la comisión de Fiscalización de los Servicios Financieros y Bancarios para el Control, Fiscalización y Seguimiento de los servicios que se presten a la Provincia.
El contrato será por 10 años, con la posibilidad de prorrogar por 5 años más.
Bloque Juntos Somos Río Negro
Rodolfo Cufré destacó “el beneficio de que la Provincia pase de pagar a cobrar, algo que pocas provincias tienen”, además de la generación de sucursales y cajeros. Reivindicó el beneficio para que “los agentes públicos sean una vez más reconocidos por el gobierno provincial, ya que cuando se perdió el banco provincial, pasaron a ser clientes comunes”.
Viviana Germanier valoró el apoyo a empleados públicos que tendrán beneficios, al igual que el sector productivo en cuanto a créditos blandos.
Facundo López repasó los beneficios que incorpora el actual pliego y señaló que hoy “la provincia pierde dinero y los rionegrinos pierden sucursales y cajeros, pero la premura de esta gestión es mejorar día a día la vida de todos los rionegrinos por igual, estén donde estén, y sin importar el tamaño de la ciudad donde vivan”.
Juan Carlos Apud y Oscar Díaz manifestaron su gratificación, consideraron que incluye una mirada integradora que permitirá integrar a la Provincia, a partir del cambio en las exigencias para instalar sucursales y cajeros.
Ricardo Arroyo destacó lo referido a la territorialidad que aporta el proyecto y puso como ejemplo la ciudad de Lamarque, que cuando se perdió el banco de la provincia se perdió la herramienta financiera, se retrocedió y la gente tuvo que viajar en taxi hasta Choele Choel para cobrar su sueldo.
Bloque del Frente para la Victoria
María del Carmen Maldonado destacó el ahorro que podrá hacer la Provincia al recibir un canon y dejar de pagar el mantenimiento de los cajeros. Asimismo, recordó la pérdida del banco provincia que se encontraba destinado al desarrollo y a la producción de la Provincia y solicitó el trabajo para recuperar una entidad bancaria que sea de la Provincia.
Nicolás Rochas manifestó su oposición a la iniciativa y solicitó modificaciones en la conformación de la comisión fiscalizadora ya que “debería contar con una representación real de los empleados para que sea mas democrática y plural, con misiones y visiones especificas, atribuciones y una reunión cada 30 días”.
Mario Sabattella anticipó el voto negativo y se refirió al pliego, indicó que si bien incluye mejoras, no significa que sea un buen contrato si se tiene en cuenta las ganancias significativas que se va a llevar la entidad bancaria”.
Luis Albrieu se refirió al pliego que “es mejor y podría ser mucho mejor” si se incorporaran las propuestas de su bloque. Con respecto a la comisión fiscalizadora, se preguntó porqué se la convocaría ahora si antes no se lo hacía.
Marcelo Mango indicó que “podríamos haber aprovechado el pliego para darle más participación democrática, y para que frente a los avances del Estado, tenga nuestro pueblo mayores herramientas para defenderse. Además, criticó la cantidad de años que se establecen en el pliego para la contratación.
Graciela Holtz, Ariel Rivero y Elvis Williams adelantaron su voto favorable, valoraron que “el pliego, a diferencia del anterior, comprende la territorialidad” e incorpora sucursales y cajeros en lugares que hoy se encuentran alejados y desprotegidos. Finalmente, agradecieron al bloque del Frente para la Victoria por permitir la libertad de cada legislador a la hora de votar.
Alejandro Marinao criticó los plazos de concesión, cuestionó que sean 15 años incluida la prórroga, “si en los primeros 30 meses se harán seis sucursales y en los siguientes 30 meses los cinco restantes”, por lo que en los primeros cinco años se concluirán las exigencias.
Bloque ARI
Por su parte, Jorge Ocampos repasó aspectos que le generaban dudas y solicitó que se vuelvan a explicar algunos artículos modificados.
Bloque UCR
Soraya Yahuar destacó que “el pliego no describe al agente financiero que tenemos sino al que aspiramos”. La legisladora destacó los beneficios económicos que traerá el cobro de un canon, los créditos que se otorgarán a sectores productivos a tasas beneficiosas y las soluciones que se le podrán dar a los sectores productivos, económicos y comerciales. Asimismo, agradeció que se incorpore la modificación solicitada por su bloque para reducir la cantidad de años en que el oferente deberá instalar bancos y cajeros.
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
Río Negro
Becas terciarias y universitarias: Requisitos para la inscripción
El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026
El próximo 11 de mayo comienzan las inscripciones para el Programa de Becas Terciarias/Universitarias 2026, un programa del Gobierno de Río Negro para acompañar a estudiantes de la provincia en su formación.
El Consejo Provincial de Becas definió los criterios de acceso a estas becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública y privada. El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026, y se fijó como requisito que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $1.129.800 netos.
Las y los estudiantes podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos donde deberán completar un formulario que estará habilitado en la fecha mencionada.
Posteriormente tendrán que entregar la documentación correspondiente en los Consejos Escolares al que pertenecen por lugar de residencia.
Para anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.
También tendrán que presentar constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.
Para más información, se pueden realizar consultas a [email protected].
