Río Negro
La Legislatura sancionó los pliegos para llamar a licitación del agente financiero de la provincia
Por dos tercios, el oficialismo logró la aprobación del pliego para decidir quien será el agente financiero desde el año que viene. El FpV tuvo voto dividido.
La Legislatura de Río Negro sancionó, con modificaciones, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo por el que se aprueban los pliegos de bases y condiciones que regirán en la licitación pública nacional para seleccionar una entidad bancaria que actúe como Agente Financiero y Caja Obligada de la Provincia. La ley fue aprobada por 33 votos afirmativos contra 13 negativos, con voto dividido de la oposición.
En este sentido, la legisladora Arabela Carreras (JSRN), miembro informante del oficialismo, expresó que “en el pliego de licitación que estamos tratando, se implementaron fuertes exigencias para que la entidad bancaria que se convierta en el próximo Agente Financiero, sea un banco que actúe como herramienta financiera para el desarrollo de la Provincia.
El oferente ganador de la licitación, explicó Carreras, deberá instalar nuevas sucursales en todo el territorio de la Provincia y abrir cajeros automáticos en aquellas localidades que tengan más de 2000 rionegrinos. “Este gobierno está preocupado por llevar equidad e igualdad de servicios a toda la Provincia, por lo que hemos incluido cláusulas exigentes para resolver las quejas de ausencia de las entidades bancarias en distintos lugares de Río Negro.
Asimismo, explicó que “se le impondrá a la entidad bancaria algo inédito en la Provincia, como es el pago de un canon que nos parece justo y correcto en función de la defensa de los intereses de la provincia”.
“Se ha hecho un cálculo en el que la entidad bancaria hoy pagaría unos 18 millones de pesos anuales que ingresarán a las arcas provinciales a partir de el año próximo. Además, se dejará de pagar desde el Estado el mantenimiento de los cajeros automáticos, gasto que será afrontado por la entidad bancaria”, aseguró.
La miembro informante detalló que “entre el ahorro y los canon, se obtendrá un beneficio de unos 54 millones de pesos para las arcas del Estado, si a esto le sumamos los 206 millones de pesos que se volcarán en desarrollo, estamos imaginando que este podrá ser el principio de una Provincia distinta”.
Los agentes públicos, podrán acceder desde sus cuentas sueldos, a créditos diferenciales, y los que tengan deuda de créditos o en tarjetas, la entidad no podrá cobrarlas hasta que el empleado no perciba su sueldo, ya que actualmente esto genera intereses para los usuarios.
A su vez, en los pliegos se explícita que “aquellos municipios que opten por la entidad que actúe como Agente Financiero de la Provincia, contarán con los mismos beneficios, de descuentos, créditos, al igual que los empleados que gozarán del mismo beneficio que los estatales”.
“Sabemos que hay 9 o 10 entidades bancarias que cumplen con los requisitos para presentarse y esperamos que la que gane sea la que mayor beneficios traiga a los rionegrinos”, resaltó Carreras.
Por su parte, el legislador Alejandro Palmieri (JSRN) explicó que “se incorporaron modificaciones solicitadas por distintas bancadas para disminuir el plazo de colocación de sucursales y centros te atención, de esta manera durante los primeros 30 meses el adjudicatario deberá colocar al menos el 50 por ciento de las sucursales y centros de atención, y en los últimos 30 meses cumplir con el resto de las instalaciones”.
Aclaró además, que se trata sólo del pliego para abrir la licitación para elegir el agente financiero, “ni más ni menos”, es decir, que no incluye cuestiones internas del banco actual, normativa laboral o servicios.
La iniciativa prevé además, la creación de la comisión de Fiscalización de los Servicios Financieros y Bancarios para el Control, Fiscalización y Seguimiento de los servicios que se presten a la Provincia.
El contrato será por 10 años, con la posibilidad de prorrogar por 5 años más.
Bloque Juntos Somos Río Negro
Rodolfo Cufré destacó “el beneficio de que la Provincia pase de pagar a cobrar, algo que pocas provincias tienen”, además de la generación de sucursales y cajeros. Reivindicó el beneficio para que “los agentes públicos sean una vez más reconocidos por el gobierno provincial, ya que cuando se perdió el banco provincial, pasaron a ser clientes comunes”.
Viviana Germanier valoró el apoyo a empleados públicos que tendrán beneficios, al igual que el sector productivo en cuanto a créditos blandos.
Facundo López repasó los beneficios que incorpora el actual pliego y señaló que hoy “la provincia pierde dinero y los rionegrinos pierden sucursales y cajeros, pero la premura de esta gestión es mejorar día a día la vida de todos los rionegrinos por igual, estén donde estén, y sin importar el tamaño de la ciudad donde vivan”.
Juan Carlos Apud y Oscar Díaz manifestaron su gratificación, consideraron que incluye una mirada integradora que permitirá integrar a la Provincia, a partir del cambio en las exigencias para instalar sucursales y cajeros.
Ricardo Arroyo destacó lo referido a la territorialidad que aporta el proyecto y puso como ejemplo la ciudad de Lamarque, que cuando se perdió el banco de la provincia se perdió la herramienta financiera, se retrocedió y la gente tuvo que viajar en taxi hasta Choele Choel para cobrar su sueldo.
Bloque del Frente para la Victoria
María del Carmen Maldonado destacó el ahorro que podrá hacer la Provincia al recibir un canon y dejar de pagar el mantenimiento de los cajeros. Asimismo, recordó la pérdida del banco provincia que se encontraba destinado al desarrollo y a la producción de la Provincia y solicitó el trabajo para recuperar una entidad bancaria que sea de la Provincia.
Nicolás Rochas manifestó su oposición a la iniciativa y solicitó modificaciones en la conformación de la comisión fiscalizadora ya que “debería contar con una representación real de los empleados para que sea mas democrática y plural, con misiones y visiones especificas, atribuciones y una reunión cada 30 días”.
Mario Sabattella anticipó el voto negativo y se refirió al pliego, indicó que si bien incluye mejoras, no significa que sea un buen contrato si se tiene en cuenta las ganancias significativas que se va a llevar la entidad bancaria”.
Luis Albrieu se refirió al pliego que “es mejor y podría ser mucho mejor” si se incorporaran las propuestas de su bloque. Con respecto a la comisión fiscalizadora, se preguntó porqué se la convocaría ahora si antes no se lo hacía.
Marcelo Mango indicó que “podríamos haber aprovechado el pliego para darle más participación democrática, y para que frente a los avances del Estado, tenga nuestro pueblo mayores herramientas para defenderse. Además, criticó la cantidad de años que se establecen en el pliego para la contratación.
Graciela Holtz, Ariel Rivero y Elvis Williams adelantaron su voto favorable, valoraron que “el pliego, a diferencia del anterior, comprende la territorialidad” e incorpora sucursales y cajeros en lugares que hoy se encuentran alejados y desprotegidos. Finalmente, agradecieron al bloque del Frente para la Victoria por permitir la libertad de cada legislador a la hora de votar.
Alejandro Marinao criticó los plazos de concesión, cuestionó que sean 15 años incluida la prórroga, “si en los primeros 30 meses se harán seis sucursales y en los siguientes 30 meses los cinco restantes”, por lo que en los primeros cinco años se concluirán las exigencias.
Bloque ARI
Por su parte, Jorge Ocampos repasó aspectos que le generaban dudas y solicitó que se vuelvan a explicar algunos artículos modificados.
Bloque UCR
Soraya Yahuar destacó que “el pliego no describe al agente financiero que tenemos sino al que aspiramos”. La legisladora destacó los beneficios económicos que traerá el cobro de un canon, los créditos que se otorgarán a sectores productivos a tasas beneficiosas y las soluciones que se le podrán dar a los sectores productivos, económicos y comerciales. Asimismo, agradeció que se incorpore la modificación solicitada por su bloque para reducir la cantidad de años en que el oferente deberá instalar bancos y cajeros.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
