Sociedad
La Fiscalía de Delitos formuló cargos contra Aguiar, Fernández y Ñanco
Aguardan que el titular de ATE declare este viernes. Es por los incidentes ocurridos en Contralmirante Cordero.

El fiscal Martín Pezzeta, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, formuló cargos contra un grupo de dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado y anticipó que no consentirá beneficios procesales para los imputados. Actualmente, la Fiscalía impulsa dos investigaciones: una por el ataque a la Comisaría de Contralmirante Cordero y otra por los destrozos en el Edificio Municipal de la misma localidad. En tanto se espera que el Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, preste declaración el próximo viernes 11.
«Por la gravedad de los delitos, la intención de la Fiscalía es llegar a juicio, por eso adelantamos que no consentiremos la aplicación de beneficios procesales para los imputados, porque insistimos en que los hechos fueron graves», adelantó Pezzetta.
Además agregó que «desde la Fiscalía ofrecimos la realización del trámite mediante instrucción abreviada, intentando acortar los plazos procesales y llegar al juicio lo antes posible», sin embargo aclaró que el pedido fue desestimado por parte de la defensa.
La primer causa, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 2, investiga el ataque a la Comisaría. En ella el representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Dora Noemí Fernández y Rosa Ñanco, ambas dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado. Según consta en la denuncia de la Fiscalía, «el hecho sucedió el día 19 mayo de 2016, en horas cercanas al mediodía, en momentos en que los dirigentes del gremio ATE se hicieron presentes ante la unidad policial para reclamar al intendente Gustavo Pita, que entablara un diálogo con ellos, respecto de un reclamo laboral. Ante la negativa del jefe comunal y encontrándose tan sólo dos policías mujeres de guardia, generaron múltiples destrozos en el edificio de la Comisaría N° 46, dañando con manchas de huevo el revoque del edificio y destruyendo vidrios, ventanas y la puerta principal».
El concurso de delitos para este hecho, según acusó el representante del Ministerio Público, sería coacción agravada por ser cometida en contra de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y daño agravado por ser cometido contra bienes del Estado.
Destrozos en el palacio municipal de Cordero
En cuanto a la segunda investigación – el ataque al Municipio que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 4 – el fiscal destacó que los delitos que se investigan son daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad y las lesiones de carácter graves que sufrió por un trabajador municipal.
En cuanto al hecho, Pezzetta indicó que «sucedió el 27 de mayo de 2016 cerca de las 13.10, cuando los dirigentes gremiales realizaban una protesta y reclamos al intendente municipal. En el lugar, se encontraban presentes policías e integrantes del grupo especial COER, intentado resguardarlo. El hecho se agravó cuando quienes encabezan la protesta comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el palacio municipal».
En este sentido, Pezzetta, agregó que durante el ataque se destruyeron una gran cantidad de los vidrios del Municipio, se destrozó el Salón de Usos Múltiples del edificio y se dañaron las puertas de accesos. «Los daños fueron importantísimos”.
Posteriormente los referentes sindicales «golpearon a personal policial, ocasionándoles lesiones que fueron acreditadas mediante certificaciones médicas». Por lo anterior, Pezzetta entendió que se había configurado el delito de atentado y resistencia contra la autoridad agravado y de lesiones.
En cuanto a las penas que contemplan los delitos imputados, se informó que Código Penal prevé penas entre 3 meses y 4 años de prisión para el daño agravado, entre 5 y 10 años para el caso de la coacción agravada y de seis meses a dos años el atentado y resistencia a la autoridad agravado.
Policiales
Un joven murió tras ser atropellado en pleno centro de Roca
La víctima circulaba en bicicleta y fue colisionada por un Volkswagen Gol. Fue en la esquina de 9 de Julio y España.

Un hombre que circulaba en bicicleta murió este jueves (03/09) en Roca tras ser atropellado por un Volkswagen Gol, que conducía un joven. Producto de la colisión, la víctima falleció en el acto.
El siniestro vial ocurrió en la esquina de calles 9 de Julio y España. Fue cerca de las 16.30 horas.
Hasta el momento, no se estableció cómo ocurrió el accidente ni cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el impacto. No obstante, testigos señalaron que el joven que circulaba en bicicleta descendió desde la vereda hacia la calle y no fue percibido por el conductor del automóvil, que no alcanzó a frenar.

En el lugar del hecho se montó un importante operativo, con la intervención de efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y una ambulancia del SIARME.
La zona permanecía cortada al tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes y avanzaban las pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.

La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
Roca
Avanza la obra del conector vial de calle Güemes entre Jujuy y Mendoza
Los trabajos se desarrollan actualmente sobre el carril este, mientras que la próxima semana se prevé avanzar con el restante.

El Municipio de General Roca continúa con la ejecución de la obra Conector Vial calle Gral. M. M. Güemes, entre Jujuy y Mendoza, una intervención incluida en el Plan de Conectividad e Infraestructura Vial.
Actualmente, desde Mendoza hacia Jujuy se avanza con la ejecución de un paño de hormigón de aproximadamente 25 metros de longitud. En esta primera etapa, los trabajos se desarrollan sobre el carril este.
Para la próxima semana está prevista la ejecución del carril restante, dando continuidad a las tareas de pavimentación en el sector. Paralelamente, continúan los trabajos correspondientes a los sectores de estacionamiento sobre calle Güemes, en ambos lados de la calzada.
La obra contempla la ejecución de carpeta asfáltica, cordón cuneta, cordón central y badenes, además de sectores de estacionamiento conformados con adoquines sobre el sector norte de la traza principal.
El proyecto también incluye la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir el riesgo de anegamientos.
A esto se suma infraestructura complementaria para los sistemas de riego y alumbrado público, además de conexiones de servicios que permitirán evitar futuras intervenciones sobre la nueva calzada.





