Sociedad
La Fiscalía de Delitos formuló cargos contra Aguiar, Fernández y Ñanco
Aguardan que el titular de ATE declare este viernes. Es por los incidentes ocurridos en Contralmirante Cordero.
El fiscal Martín Pezzeta, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, formuló cargos contra un grupo de dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado y anticipó que no consentirá beneficios procesales para los imputados. Actualmente, la Fiscalía impulsa dos investigaciones: una por el ataque a la Comisaría de Contralmirante Cordero y otra por los destrozos en el Edificio Municipal de la misma localidad. En tanto se espera que el Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar, preste declaración el próximo viernes 11.
«Por la gravedad de los delitos, la intención de la Fiscalía es llegar a juicio, por eso adelantamos que no consentiremos la aplicación de beneficios procesales para los imputados, porque insistimos en que los hechos fueron graves», adelantó Pezzetta.
Además agregó que «desde la Fiscalía ofrecimos la realización del trámite mediante instrucción abreviada, intentando acortar los plazos procesales y llegar al juicio lo antes posible», sin embargo aclaró que el pedido fue desestimado por parte de la defensa.
La primer causa, que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 2, investiga el ataque a la Comisaría. En ella el representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Dora Noemí Fernández y Rosa Ñanco, ambas dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado. Según consta en la denuncia de la Fiscalía, «el hecho sucedió el día 19 mayo de 2016, en horas cercanas al mediodía, en momentos en que los dirigentes del gremio ATE se hicieron presentes ante la unidad policial para reclamar al intendente Gustavo Pita, que entablara un diálogo con ellos, respecto de un reclamo laboral. Ante la negativa del jefe comunal y encontrándose tan sólo dos policías mujeres de guardia, generaron múltiples destrozos en el edificio de la Comisaría N° 46, dañando con manchas de huevo el revoque del edificio y destruyendo vidrios, ventanas y la puerta principal».
El concurso de delitos para este hecho, según acusó el representante del Ministerio Público, sería coacción agravada por ser cometida en contra de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y daño agravado por ser cometido contra bienes del Estado.
Destrozos en el palacio municipal de Cordero
En cuanto a la segunda investigación – el ataque al Municipio que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 4 – el fiscal destacó que los delitos que se investigan son daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad y las lesiones de carácter graves que sufrió por un trabajador municipal.
En cuanto al hecho, Pezzetta indicó que «sucedió el 27 de mayo de 2016 cerca de las 13.10, cuando los dirigentes gremiales realizaban una protesta y reclamos al intendente municipal. En el lugar, se encontraban presentes policías e integrantes del grupo especial COER, intentado resguardarlo. El hecho se agravó cuando quienes encabezan la protesta comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el palacio municipal».
En este sentido, Pezzetta, agregó que durante el ataque se destruyeron una gran cantidad de los vidrios del Municipio, se destrozó el Salón de Usos Múltiples del edificio y se dañaron las puertas de accesos. «Los daños fueron importantísimos”.
Posteriormente los referentes sindicales «golpearon a personal policial, ocasionándoles lesiones que fueron acreditadas mediante certificaciones médicas». Por lo anterior, Pezzetta entendió que se había configurado el delito de atentado y resistencia contra la autoridad agravado y de lesiones.
En cuanto a las penas que contemplan los delitos imputados, se informó que Código Penal prevé penas entre 3 meses y 4 años de prisión para el daño agravado, entre 5 y 10 años para el caso de la coacción agravada y de seis meses a dos años el atentado y resistencia a la autoridad agravado.
Roca
Extienden el corte de agua en la zona norte de Roca: Será hasta las 21 horas
La interrupción del servicio alcanza a barrios como Tiro Federal, Noroeste, Aeroclub y Barrio Nuevo.
La empresa Aguas Rionegrinas informó que debieron extender la interrupción del servicio de agua potable en la zona norte de General Roca y que la normalización comenzaría recién a partir de las 21 horas.
El corte del agua se debe a la reparación de una bomba de gran importancia ubicada en los filtros rápidos de la intersección de calles Maipú y Gelonch, un punto clave para la distribución del suministro en ese sector.
En un primer momento, estaba previsto que el servicio se restableciera desde las 16 horas, pero los trabajos demandaron más tiempo, por lo que se decidió extender la interrupción.
El área afectada comprende el sector ubicado al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, alcanzando a barrios como Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub, entre otros.
Desde la empresa provincial recomendaron hacer un uso racional del recurso, cuidar las reservas domiciliarias y, en caso de no contar con tanque, almacenar agua en recipientes previamente lavados.
Para consultas, continúa habilitada la línea gratuita 0800-999-24827 y el WhatsApp 2920-402808.
Roca
Aguas Rionegrinas trabaja en una reparación y hay corte en la zona norte
El suministro comenzaría a normalizarse desde las 16 horas.
Vecinos de la zona norte de Roca se ven afectados este lunes (04/05) por un corte en el suministro de agua potable debido a trabajos que lleva adelante Aguas Rionegrinas.
La empresa explicó que se trata de la reparación de una bomba instalada en los filtros rápidos ubicados en Maipú y Gelonch, fundamentales para el abastecimiento del sector.
El corte alcanza a los barrios ubicados al norte del Canal Principal de Riego y al oeste de calle Maipú, incluyendo Nuevo, Tiro Federal, Noroeste y Aeroclub.
De acuerdo a lo informado, el servicio comenzará a normalizarse en forma paulatina desde las 16 horas, una vez finalizadas las tareas.
Mientras tanto, desde Aguas Rionegrinas solicitan a los usuarios hacer un uso responsable del agua disponible y resguardar las reservas domiciliarias. También se recomienda almacenar agua en recipientes limpios en caso de no contar con tanque.
Ante dudas o consultas, se puede llamar al 0800-999-24827 o comunicarse vía WhatsApp al 2920-402808.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
