Un nuevo Frente de Sindicatos Unidos integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos sindicatos nucleados en las distintas centrales obreras definió un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral que contemplará una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en la ciudad de Rosario (Santa Fe) el martes 10 de febrero.

«A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado. Con esta reforma no nos vamos a dejar humillar, vamos a reaccionar con dureza hasta que se caiga completa. Milei cruzó una línea roja de la que será muy difícil volver. No hay que descartar que la reforma laboral sea para el presidente lo que la previsional fue para Macri. No vaya a ser cosa de que con el empecinamiento en destruir a los sindicatos y los trabajadores, empiece el tiempo de descuento para el oficialismo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Si el Gobierno quiere discutir una reforma de verdad, que realmente solucione la crisis del mercado de trabajo, tiene que empezar de cero y hacer lo que no hizo: convocar a los trabajadores», detalló. Participaron también de la reunión la CTA Autónoma y de los Trabajadores.

En referencia a la decisión de movilizar a las provincias, el dirigente apuntó que «tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. Se trata de una reforma laboral que no va en contra de los trabajadores, directamente va en contra de la Argentina. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos. Además, se les va a volver en contra. La reforma fiscal encubierta en esta iniciativa termina de desfinanciar y fundir a las provincias».

«Respetamos todas las posturas, pero no coincidimos con la idea de dialogar con el objetivo de modificar algunos artículos. Esta iniciativa contiene 136 puntos y todos perjudican a los trabajadores. Aunque recuperemos cuatro o cinco puntos, igual perderíamos por goleada. Tampoco creemos que se pueda pensar que una vez aprobada, la posterior declaración de inconstitucionalidad sea una posibilidad para los trabajadores. La última vez que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó 13 años para hacerlo. No podemos esperar ese tiempo. Con esta reforma, en meses desaparecemos», agregó Aguiar.

«No existe un solo indicador que esté a favor de los argumentos que exponen Bullrich y el Gobierno. Esta ley no va a crear nuevos puestos de empleo, y menos aún que estos sean de calidad. La modernización que nos están proponiendo es más precarización y más explotación. Si la reforma se aprueba, nuestro destino será trágico, el destino de todo el pueblo será de tragedia. Tenemos que salir a la calle y levantar nuestra voz», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Todos los sindicatos trabajaron en la elaboración de un documento que será difundido públicamente e incluirá los ejes del debate y las principales resoluciones.

Cabe recordar que Aguiar ya había mantenido reuniones previas con sus pares de la UOM, Abel Furlán, y de Aceiteros, Daniel Yofra, en la que expresaron la voluntad de las bases trabajadoras para marchar contra el proyecto que impulsa el Gobierno nacional. Además, ATE junto a sindicatos estatales realizarán un paro con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado, previsto para el 11 de febrero.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un grave hecho de corrupción por parte de las autoridades de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA): contrataron un sistema de gestión administrativo por 7 millones de dólares, significando 1066,7% de sobreprecio con respecto al software ya utilizado y que cumple las mismas funciones. Esto se suma a la denuncia ya realizada por una licitación a medida de una empresa de limpieza con un sobreprecio de 140%.

«Estamos frente a un hecho de corrupción mayúsculo. Hay autoridades que han ejecutado actos que están prohibidos por las leyes y además se han violentado todos los procedimientos administrativos internos en la empresa. Este uso indebido, ilícito de las funciones públicas causan un grave perjuicio para el Estado. Estos sobreprecios que superan el 1000% tienen que ser investigados a fondo. No se puede descartar que se hayan exigido retornos», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, cuestionó que «¿Cómo se explica pagar 7 millones de dólares por un sistema cuyo costo no debiera superar los 600.000? ¿O aumentar la erogación más de un 140% para el servicio de limpieza cuando no se ha construido una nueva planta, no se ha alquilado ningún nuevo edificio ni se abrieron nuevas oficinas? Acá es evidente que estamos frente a funcionarios que se creen impunes. Es la única posibilidad de que se materialicen estas graves irregularidades sin pensar que los propios trabajadores no las van a advertir».

«No tenemos que descartar que este accionar delictivo pretenda cumplir una doble finalidad: por un lado, apropiarse de recursos públicos, pero por el otro, contribuir al vaciamiento de la empresa para su venta. Es decir, desfinanciar para privatizar», agregó el dirigente estatal.

«Desde el sindicato demandamos que en estos dos casos se paralicen todas las tramitaciones administrativas antes de que los perjuicios sean mayores y que rápidamente se deslinden responsabilidades. No vamos a aceptar que sancionen o desplacen a algunos trabajadores para quitarse responsabilidad. No vamos a aceptar chivos expiatorios», concluyó Rodolfo Aguiar.

Licitaciones con sobreprecios

El sindicato apuntó que las autoridades del organismo que preside Demián Reidel no justificaron la razón por la cual compraron un programa, el SAP S/4HANA, cuyo costo de 7 millones de dólares es 11,6 veces mayor al actual (600.000 dólares) y que no representa mejoras significativas.

Este caso se suma a la otra denuncia del sindicato por licitación armada a medida de un solo proveedor, LX Argentina, con un sobreprecio de más del 140% con respecto al servicio preexistente: $10.783.900.000 del nuevo contrato frente a los $4.493.300.000

Se dispuso de un pliego a medida con criterios de contratación inéditos para ese área (como tener ocho años de antigüedad o contar con una dotación de entre 300 y 600 empleados), cosa que hizo caer a 7 de las 9 empresas oferentes por no cumplir con los requisitos técnicos. Por otro lado, la propia Administradora del Contrato de Limpieza, Camila Marina, comunicó en reiteradas ocasiones a las autoridades que los montos ofertados «no son razonables» al compararlos con el servicio actual.

El hecho de que el Directorio de NASA haya decidido apartar de sus cargos al gerente General, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, eleva la sospecha sobre la intencionalidad y los objetivos de estas irregularidades. En este marco, ATE exige una auditoría completa de todos los servicios contratados y los procesos de licitación.

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amenazara con despedir al 20% de los trabajadores de este sector en febrero y realizar un gran recorte presupuestario, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «esta decisión atenta contra la eficacia del Estado» y disparó: «Es mentira que quieran ahorrar. Son medidas que van a impactar sobre los derechos de toda la sociedad. El Estado seguirá perdiendo su capacidad de respuesta. Mintieron. No está recortando privilegios, siguen desmantelando servicios esenciales».

«Están recortando gastos en el Estado para favorecer a los sectores concentrados de la economía como ocurrirá con las 150 empresas a las que quieren bajarles el impuesto a las ganancias. Recortan porque priorizan el pago de la deuda externa. El ajuste siempre es sobre los más débiles, mientras que los sectores más ricos siguen acumulando», agregó el dirigente de ATE.

En esta línea, Aguiar explicó que «estas cesantías son ilegales. Los empleados públicos tenemos estabilidad. Las tenemos que resistir. No pueden seguir dejando familias en la calle en este contexto de crisis. El Estado está tirando a la basura a trabajadores con años de experiencia y altamente calificados. Pretenden despedir personal técnico y especializado que será muy difícil y costoso de poder reemplazar».

Una de las áreas que podría verse afectada por la ‘motosierra’ del Gobierno es la Administración de Parques Nacionales. En referencia a esto, el referente estatal señaló que «no existen argumentos reales. Ninguna de las áreas de la Jefatura están superpobladas. Por el contrario, son los propios informes oficiales los que dan cuenta que la dotación de personal se encuentra muy por debajo de la requerida. El caso paradigmático es que con los incendios en la Patagonia y en el resto país se descubrió que solamente hay 391 brigadistas cuando debieran ser 700. Es decir, solo la mitad para cubrir 5 millones de hectáreas».

«Ya sabemos lo que hizo Adorni en la Secretaría de Comunicación. No va a despedir para ahorrar, sino para reemplazar, hacer lugar para llenar nuevas áreas de militantes libertarios», sentenció el secretario general de ATE Nacional y concluyó con que «lo tenemos que impedir. Los trabajadores no somos un número en una planilla de Excel. Si intenta cumplir con esta amenaza de recortar, la conflictividad rápidamente va a aumentar».

En este sentido, el sindicato también decidió convocar a su Secretariado Nacional a los efectos de definir medidas de acción directa.

Según las estimaciones del sindicato, de los 3000 trabajadores que hay bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, que abarca las secretarías de Asuntos Estratégicos; Coordinación Legal y Administrativa; Ejecutiva; Comunicación y Medios; Innovación, Ciencia y Tecnología; y Ambiente y Turismo, son más de 500 los puestos de trabajo que podrían verse afectados.