Judiciales
Juraron Referencistas y un Juez Laboral en Roca
Además, el vocal del STJ, Sergio Barotto, reconoció a jueces jubilados.
El vocal del Superior Tribunal de Justicia Sergio Barotto tomó juramento ayer al mediodía en Roca a los Abogados Referencistas que comenzarán a cumplir funciones en los Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de los fueros Civil y Laboral de la Segunda Circunscripción. En el mismo acto prestó juramento y se reincorporó a la tarea judicial el juez jubilado Edgardo Juan Albrieu, designado en forma transitoria como vocal de la Sala II de la Cámara del Trabajo de Roca. Además, prestó juramento la nueva Defensora de Pobres y Ausentes N° 3 de Roca, Ana María Streindenberger, recientemente designada por el Consejo de la Magistratura.
Como Referencistas se incorporaron, previo concurso público de oposición y antecedentes, los abogados María Belén Ayerra (a la Sala I de la Cámara del Trabajo), Romina Daniela Merino (a la la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería), Andrea Fernanda Vesciglio (al Juzgado Civil Nº 1 de Roca), Eloy Luis Eduardo Valdez (al Juzgado Civil Nº 3 de Roca), Guadalupe Anahí Villanueva (al Juzgado Civil Nº 5) y Damián Aguirre (al Juzgado Civil Nº 9).
Además juraron los Referencistas Emilce María Belén Tello (al Juzgado Civil Nº 31 de Choele Choel) y Néstor Ariel Fernández (al Juzgado Civil Nº 21 de Villa Regina).
Reconocimiento a jueces jubilados
En el acto, que se realizó en el Salón Auditorio de la Ciudad Judicial ante más de 100 personas, el juez Barotto hizo un especial «reconocimiento al Dr. Albrieu y en su persona a todos los otros jueces jubilados que hemos reincorporado a las funciones» por necesidades del servicio de Justicia, como fueron los magistrados Susana Burgos, César López Meyer, Aldo Rolando, Carlos Larroulet y Emilio Meheuech. «Podrá decirse que es una obligación legal, pero sin embargo ninguno de ellos tuvo el más mínimo reparo para emprender esta tarea, difícil por cierto, que es volver a prestar funciones cuando han transitado tantos años de trabajo», indicó el vocal del STJ.
Por la celeridad judicial
Sobre el rol de los Referencistas, Barotto destacó su tarea «de apoyo a los jueces que están en la trinchera». «Tenemos la política de combatir lo que, en mi humilde entender, es la gran crítica que tiene la sociedad hacia nosotros, que es la demora en los trámites judiciales», sostuvo. Así, la incorporación de estos profesionales -concursados para las cuatro Circunscripciones Judiciales- brindará «apoyo directo a los jueces para que puedan confeccionar de una manera más rápida sus sentencias».
El juez delegado del STJ destacó que estos abogados «pertenecen al Cuerpo de Referencistas y Relatores del Poder Judicial» y que a partir de su ingreso se realizarán auditorías para constatar «las mejoras que en cada organismo debería provocar la incorporación de estos funcionarios».
«Esto es muy importante, porque el esfuerzo económico y organizativo que implica este tipo de medidas es enorme, por lo cual esto va a funcionar ‘a resultado’: el Superior Tribunal de Justicia monitoreará la actividad desplegada en cada organismo, evaluará si hay mejora o no a partir de la incorporación de los referencistas y tomará decisiones en función de esos resultados», precisó Barotto.
Judiciales
Declararon culpable a una ex auxiliar de un CAINA por amenazar a niños institucionalizados en Roca
Con esta resolución, ya son dos las personas declaradas responsables por los hechos ocurridos entre abril de 2021 y septiembre de 2023 en un Centro de Atención Integral, dependiente de la SENAF.
El Tribunal interviniente declaró responsable penal a una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca, al hacer lugar a la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal.
Durante el juicio quedó acreditado, según la acusación fiscal, que la imputada amenazó a niños y niñas que se encontraban institucionalizados. De esta manera, las dos personas investigadas en la causa ya fueron declaradas responsables penales.
En noviembre del año pasado, el otro imputado reconoció ser coautor del delito de amenazas y autor de abuso simple agravado por ser el encargado de la guarda, todo en concurso real. Actualmente se encuentra cumpliendo la condena impuesta.
Durante los alegatos, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca Álvarez solicitaron que la mujer fuera declarada responsable penal por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora, planteo que fue aceptado por el Tribunal.
Según la investigación, ambos auxiliares asistenciales habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023, vulnerando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Además, habrían amenazado a los menores para evitar que denunciaran los hechos.
La defensa de la imputada sostuvo durante el juicio que la situación debía ser tratada en el ámbito administrativo y no en la Justicia penal. La audiencia de cesura de pena fue programada para el próximo 31 de agosto.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Judiciales
Imputaron al conductor de la camioneta por la muerte de Jairo Lavacara en Guerrico
El Ministerio Público Fiscal atribuyó al joven de 22 años una maniobra negligente al girar en U sobre una calle rural de Guerrico.
La Justicia imputó este martes (07/07) a un joven de 22 años por el choque ocurrido el domingo (05/07) por la tarde en una calle rural de Guerrico, que terminó con la muerte de Jairo Agustín Lavacara, el motociclista de 19 años oriundo de General Roca.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado conducía una Volkswagen Tiguan y que, alrededor de las 18.15, se encontraba detenido sobre la banquina en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi. Según la acusación, inició una maniobra de giro en U «sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria», interponiéndose en la trayectoria de varias motocicletas que circulaban por el lugar.
Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una Honda CRV 250 conducida por Lavacara no logró evitar la colisión contra el lateral izquierdo de la camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.
El fiscal Ricardo Romero atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, calificación que fue aceptada por la jueza de Garantías María Gadano, quien tuvo por formulados los cargos e inició formalmente la investigación penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran el acta de procedimiento confeccionada por la Comisaría 54° de Allen, testimonios de personas que viajaban en la Tiguan, la documentación del vehículo, la póliza de seguro, la licencia de conducir del imputado, el resultado negativo del test de alcoholemia, el informe técnico del Gabinete de Criminalística y las fotografías obtenidas durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro.
Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos y destacó que su asistido permaneció en el lugar del hecho, dio aviso a la Policía e intentó asistir a la víctima tras el choque.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que el imputado deba presentarse periódicamente en una comisaría, mantener el domicilio informado ante la Justicia, conservar su número telefónico, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y no mantener contacto con familiares o allegados de la víctima.
La jueza hizo lugar al pedido fiscal, impuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
