Judiciales
Juraron Referencistas y un Juez Laboral en Roca
Además, el vocal del STJ, Sergio Barotto, reconoció a jueces jubilados.
El vocal del Superior Tribunal de Justicia Sergio Barotto tomó juramento ayer al mediodía en Roca a los Abogados Referencistas que comenzarán a cumplir funciones en los Juzgados de Primera Instancia y Cámaras de los fueros Civil y Laboral de la Segunda Circunscripción. En el mismo acto prestó juramento y se reincorporó a la tarea judicial el juez jubilado Edgardo Juan Albrieu, designado en forma transitoria como vocal de la Sala II de la Cámara del Trabajo de Roca. Además, prestó juramento la nueva Defensora de Pobres y Ausentes N° 3 de Roca, Ana María Streindenberger, recientemente designada por el Consejo de la Magistratura.
Como Referencistas se incorporaron, previo concurso público de oposición y antecedentes, los abogados María Belén Ayerra (a la Sala I de la Cámara del Trabajo), Romina Daniela Merino (a la la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería), Andrea Fernanda Vesciglio (al Juzgado Civil Nº 1 de Roca), Eloy Luis Eduardo Valdez (al Juzgado Civil Nº 3 de Roca), Guadalupe Anahí Villanueva (al Juzgado Civil Nº 5) y Damián Aguirre (al Juzgado Civil Nº 9).
Además juraron los Referencistas Emilce María Belén Tello (al Juzgado Civil Nº 31 de Choele Choel) y Néstor Ariel Fernández (al Juzgado Civil Nº 21 de Villa Regina).
Reconocimiento a jueces jubilados
En el acto, que se realizó en el Salón Auditorio de la Ciudad Judicial ante más de 100 personas, el juez Barotto hizo un especial «reconocimiento al Dr. Albrieu y en su persona a todos los otros jueces jubilados que hemos reincorporado a las funciones» por necesidades del servicio de Justicia, como fueron los magistrados Susana Burgos, César López Meyer, Aldo Rolando, Carlos Larroulet y Emilio Meheuech. «Podrá decirse que es una obligación legal, pero sin embargo ninguno de ellos tuvo el más mínimo reparo para emprender esta tarea, difícil por cierto, que es volver a prestar funciones cuando han transitado tantos años de trabajo», indicó el vocal del STJ.
Por la celeridad judicial
Sobre el rol de los Referencistas, Barotto destacó su tarea «de apoyo a los jueces que están en la trinchera». «Tenemos la política de combatir lo que, en mi humilde entender, es la gran crítica que tiene la sociedad hacia nosotros, que es la demora en los trámites judiciales», sostuvo. Así, la incorporación de estos profesionales -concursados para las cuatro Circunscripciones Judiciales- brindará «apoyo directo a los jueces para que puedan confeccionar de una manera más rápida sus sentencias».
El juez delegado del STJ destacó que estos abogados «pertenecen al Cuerpo de Referencistas y Relatores del Poder Judicial» y que a partir de su ingreso se realizarán auditorías para constatar «las mejoras que en cada organismo debería provocar la incorporación de estos funcionarios».
«Esto es muy importante, porque el esfuerzo económico y organizativo que implica este tipo de medidas es enorme, por lo cual esto va a funcionar ‘a resultado’: el Superior Tribunal de Justicia monitoreará la actividad desplegada en cada organismo, evaluará si hay mejora o no a partir de la incorporación de los referencistas y tomará decisiones en función de esos resultados», precisó Barotto.
Judiciales
La Justicia ratificó la prisión preventiva para la banda acusada de 12 violentos robos en la región
Tras el fallo, continúan vigentes las calificaciones y medidas cautelares dictadas luego de los allanamientos simultáneos del 13 de noviembre, que derivaron en la detención de los 5 acusados.
El juez de juicio no hizo lugar este martes (09/12) a los agravios presentados por las defensas particulares de los 5 imputados señalados por la Fiscalía como integrantes de una asociación ilícita que habría perpetrado 12 hechos delictivos en el Alto Valle. Con esta decisión, se mantienen en pie tanto la acusación fiscal como la calificación legal y las prisiones preventivas solicitadas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.
La formulación de cargos había tenido lugar el pasado 13 de noviembre, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. En aquella audiencia, el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por 4 meses para todos los imputados.
Según la acusación, el grupo actuaba bajo un modus operandi reiterado y minucioso: realizaban tareas previas de vigilancia sobre objetivos seleccionados, utilizaban uno o dos vehículos sustraídos para trasladarse y irrumpían violentamente por accesos traseros, trepando paredones y techos. En el interior, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes.
También se llevaban elementos de valor como oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares- y los DVR de cámaras de seguridad, para borrar registros de su ingreso.
Los 12 hechos imputados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 11 en General Roca y uno en Allen.
Además de la acusación por integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos delitos según su presunta participación en cada caso: robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda, en algunos episodios agravado por escalamiento, y privación ilegítima de la libertad con violencia. Algunos enfrentan también cargos por robo y hurto de vehículos.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que «estas 5 personas se dedicaban a trabajar de esto: hay una selectividad de objetivos, un análisis prolijo de las víctimas y una estrategia definida para concretar los hechos».
La fiscal jefa agregó que la conducta «supera la mera actuación plural circunstancial» y que los hechos «han conmocionado a la sociedad», sin descartar que puedan surgir nuevas evidencias o involucrados.
Con el rechazo de los agravios, la situación procesal de los 5 acusados continúa sin modificaciones y se mantienen las medidas cautelares establecidas por el juez de Garantías.
Judiciales
Un adolescente, una mamá y dos papás: Un fallo de Roca admite la triple filiación
El joven solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
Un adolescente vive desde los 4 años con su mamá y el esposo de ella. Desde entonces, comparte la vida cotidiana en familia y mantiene un vínculo muy fuerte con el hombre. Esa figura paterna lo acompaña en todos sus proyectos de vida, le brinda amor y contención.
Comparten intereses como el dibujo y la actividad física. Pero un hecho fortaleció aún más ese lazo: la pareja adoptó a un niño y la familia creció con la llegada de un hermanito. El adolescente sintió que era momento de cambiar su apellido, pero finalmente solicitó la adopción por integración.
Su padre biológico, con quien mantiene una relación más esporádica, comprendió el profundo deseo de su hijo y no se opuso al cambio de apellido. En relación con la adopción, expresó que desea seguir siendo el padre del chico y que este continúe contando con él, aunque sea como «papá suplente».
El adolescente solicitó al Poder Judicial constituir una triple filiación, es decir, mantener un vínculo jurídico con su padre biológico y su padre de crianza, junto a su madre.
El fuero de Familia de Roca aceptó el requerimiento del joven y declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil y Comercial, el cual establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales.
La aplicación literal del artículo «colocaría al adolescente en posición de elegir entre sus dos figuras paternas, cuando los tres adultos involucrados desean permanecer en su vida, acompañando su crecimiento y desarrollo, todos ellos desde un rol de afecto, cariño, amor y contención, como lo han hecho toda la vida», argumentó la jueza.
El fallo otorgó la adopción integrativa plena del adolescente, manteniendo a su vez el vínculo jurídico con el padre biológico. También autorizó la modificación del nombre del joven, respetando así su derecho a la identidad y su voluntad.
La sentencia analiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha receptado la noción de familias en plural, ya que sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos no impone un concepto cerrado de familia ni protege un único modelo tradicional.
«De este modo, se brinda un estándar de protección amplio que busca garantizar un derecho filial que responda a la identidad de las personas que integran el grupo familiar. En ese contexto, la noción de socioafectividad resulta clave para comprender el proceso de desbiologización de los vínculos filiales».
El fallo recuerda también que la adopción por integración siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen. Ese efecto dependerá de si el adoptado posee un doble o un simple vínculo filial. En el caso del adolescente del Alto Valle, tiene doble vínculo filial, y su intención -al igual que la de los adultos involucrados- fue sumar un vínculo más.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
