Judiciales
El STJ dio a conocer el fallo completo del caso Vera
Hace una semana el máximo órgano judicial de la provincia confirmó la condena de prisión perpetua al policía Jorge Villegas.
El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia dictada el 10 de marzo pasado por la Cámara Criminal Tercera de Roca y convalidó la condena de prisión perpetua impuesta al sargento de la Policía Rionegrina Jorge Villegas por el homicidio calificado del que fue víctima el joven Pablo Vera.
El máximo tribunal provincial declaró «mal concedido» el recurso de casación interpuesto por la defensa, en una sentencia dictada el pasado 22 de diciembre, con voto rector del juez Ricardo Apcarián y la adhesión de sus pares Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui.
El imputado fue condenado «como autor del delito de homicidio calificado por la calidad de autor y por la utilización de arma de fuego» a la pena de prisión perpetua e inhabilitación especial para ejercer cargos en fuerzas públicas policiales y/o de seguridad.
En su casación, la defensa -ejercida por entonces por el defensor particular Juan Luis Vincenty- cuestionó parte de la prueba incorporada, sostuvo que existió un «absurdo en la valoración de la prueba» y repudió la desestimación de la hipótesis defensista, por la cual se afirmaba que el disparo que dio muerte a Vera «se produjo en el marco de un forcejeo entre ambos, provocado por el acometimiento de la ulterior víctima con intenciones de despojar del arma ya cargada que Villegas blandía”.
En otro tramo la defensa alegó «un actuar justificado -legítima defensa de la propia vida- y, a todo evento, un estado de necesidad exculpante (art. 34 inc. 2º del Código Penal)» y sostuvo que existió «un error de juicio» al aplicar «la agravante ligada al abuso de la función policial», dado que el policía se encontraba de licencia y que «lo súbito y sorpresivo del desenlace, hace que pierda toda razonabilidad la estimación de que habría obrado con conciencia de abusar de su función o cargo».
Finalmente, solicitó en el recurso que se absuelva al imputado por aplicación del beneficio de la duda (art. 4 del Código Procesal Penal) y subsidiariamente la aplicación de una figura atenuada equiparable con un homicidio «culposo» por exceso en la legítima defensa (art. 35 del Código Penal). El STJ, en su sentencia, analizó y rechazó uno por uno los agravios de la defensa.
«Es obvio que ninguna racionalidad en el medio empleado, estado de necesidad o legitimidad en el ejercicio de la autoridad o cargo podría pretenderse para el supuesto del disparo con el arma de fuego reglamentaria, a corta distancia, por la espalda, con orificio de entrada en la zona occipital, para evitar la huida de la víctima que había sido sorprendida metros atrás e instantes antes, intentando sustraer el vehículo particular del imputado», se sostuvo en el fallo.
Además, el STJ convalidó el razonamiento de la jueza Laura Pérez, autora del voto rector de la condena dictada por la Cámara roquense, quien manifestó: “La corrida encuentra corroboración en las distancias que se han dado por probadas (…) Claramente, la distancia en que cayó el cuerpo hasta el auto, donde fue encontrada la víctima por Villegas, desvirtúa y descarta la posible existencia de un forcejeo y corrobora la versión de la corrida y que fue seguido hasta el lugar conde cayó».
Finalmente, el máximo tribunal provincial recalcó que la correcta desestimación de las causales de legítima defensa o estado de necesidad llevan necesariamente a rechazar también un posible «exceso» en esas figuras, descartándose en consecuencia el pedido subsidiario de una pena atenuada formulado por la defensa.
Cabe señalar que la condena aún no se encuentra firme, pues la defensa técnica tiene la posibilidad de interponer un Recurso Extraordinario Federal y eventualmente un Recurso de Queja. Por tal motivo, la actual detención del imputado responde a la medida cautelar de prisión preventiva confirmada por el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia del pasado 7 de julio.
El hecho
Al dictarse la condena se tuvo por acreditado que el 25 de septiembre de 2014, a las 06:50 hs. en la calle España de Roca, entre Isidro Lobo y Rohde, Villegas salió de su vivienda con su arma reglamentaria y «sorprendió en la calle a una persona (Pablo Vera) que se encontraba realizando actos ejecutivos a fin de robarle su automóvil». Al advertir la presencia del policía, Vera «sale corriendo, escapando del lugar, perseguido por Villegas, quien lo hacía con su arma reglamentaria en la mano y cargada, para aprehenderlo, ocasión en que a pocos metros, abusando de sus funciones, se produce un disparo por parte de Villegas». El disparo se produjo a una distancia no mayor a los 2,5 centímetros e impactó en la cabeza de Vera, «en zona occipital, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba (…) provocándole la muerte».
También se acreditó que entre el auto de Villegas y el lugar donde se produjo el disparo y la caída de Vera existía una distancia de entre 15 y 16 metros.
FALLO COMPLETO CASACIÓN VILLEGAS SOBRE HOMICIDIO CALIFICADO
Judiciales
Se entregó en Roca el joven acusado de asesinar de un disparo a un hombre en Allen
El imputado acudió por sus propios medios a la guardia de la Comisaría 3° y manifestó su intención de entregarse. Quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Allen.
Un hombre de 32 años murió ayer lunes (09/11) por la mañana en Allen tras recibir un disparo en el pecho. Por el homicidio, un joven de 25 años que permanecía prófugo se presentó voluntariamente este martes en la Comisaría 3° de General Roca, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
El hecho se conoció alrededor de las 6, cuando desde la guardia del Hospital Ernesto Accame informaron el ingreso de la víctima en estado crítico. Pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos, minutos más tarde confirmaron su fallecimiento a causa de la herida de arma de fuego en la zona torácica.
De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el hombre había sido auxiliado en la intersección del Pasaje Vecinal e Islas Malvinas y trasladado de urgencia al nosocomio local por allegados a bordo de un automóvil.
En el lugar trabajaron el fiscal Zornita, efectivos de la Comisaría 33°, personal de la Brigada de Investigaciones y Criminalística.
En tanto, el sospechoso, sobre quien pesaba una orden de detención vigente, se presentó este martes alrededor de las 11 en la guardia de la Comisaría 3°. El joven acudió por sus propios medios y manifestó su intención de entregarse al conocer que era buscado por el crimen ocurrido 24 horas antes.
Tras su presentación, el personal policial se comunicó con la Fiscalía Descentralizada de Allen, desde donde se dispuso notificar formalmente su aprehensión en el legajo judicial caratulado como homicidio agravado. También se dio intervención al Cuerpo de Investigación Judicial para el cotejo de antecedentes.
El imputado quedó alojado en una sede policial a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, se notificó a la Defensoría Oficial para garantizar su representación legal.
Judiciales
Juicio por abuso sexual: La Fiscalía pidió perspectiva de género y una resolución con enfoque en los derechos de la víctima
La fiscal Benatti pidió que se analice el contexto de vulnerabilidad de la víctima, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos. La defensa solicitó que el acusado sea condenado por estupro.
La Fiscalía solicitó a un Tribunal Colegiado que declare responsable penal a un hombre acusado por hechos de abuso sexual que comenzaron cuando la víctima tenía 12 años. El caso llegó a juicio varios años después de ocurrido y la acusación sostuvo que se trató de un ataque no consentido que derivó en un embarazo.
Durante los alegatos de clausura, la fiscal Celeste Benatti pidió a los jueces Gastón Martín, Maximiliano Camarda y Gastón Pierroni que analizaran el caso desde la perspectiva de una niña de 12 años en 2015. Planteó la necesidad de comprender cómo su vida y sus decisiones cotidianas quedaron atravesadas y subordinadas a las determinaciones de los adultos que la rodeaban.
La representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que la niña nunca eligió mantener una relación con el imputado ni quedar embarazada sin comprender siquiera lo que eso significaba. También señaló que debió continuar viviendo en un entorno donde su agresor seguía presente mediante un régimen de comunicación parental con el bebé que había tenido.
Benatti sostuvo que en aquel momento falló el sistema de protección y que la víctima quedó relegada, sin que nadie le preguntara verdaderamente qué había ocurrido ni qué quería para su vida. En ese sentido, pidió que el Tribunal resuelva con perspectiva de género y contemple el contexto sociofamiliar, la manipulación emocional ejercida sobre la niña y la normativa protectora vigente.
Entre las pruebas, la Fiscalía destacó una pericia genética realizada en el Laboratorio Regional de Genética Forense de Bariloche, que confirmó la paternidad respecto del hijo producto del abuso con un 99,99% de probabilidad. También mencionó el informe médico forense que estableció la fecha de concepción.
Los hechos juzgados ocurrieron en diciembre de 2015, cuando la víctima tenía 12 años y el imputado 18. La Fiscalía sostuvo que se trató de un ataque no consentido, en un contexto de profunda vulnerabilidad e invisibilización institucional y familiar.
La representante fiscal también recordó la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y el artículo 67 del Código Penal, referido a la suspensión de la prescripción en los casos de abuso sexual.
Por su parte, el defensor particular mantuvo la postura sostenida durante el debate y solicitó que su asistido sea condenado por la figura de estupro. El Tribunal informó que dará a conocer su resolución el miércoles 11 de noviembre a las 12.30 horas.
Judiciales
Violencia obstétrica: Condenaron a un anestesiólogo y a una clínica por el maltrato a una mujer durante una cesárea
Una mujer que llevaba 40 horas de trabajo de parto fue maltratada por un anestesiólogo antes de una cesárea. La Justicia reconoció el daño y condenó al profesional y al sanatorio a pagar una indemnización.
Una mujer que llevaba 40 horas en labores de parto y 8 horas con contracciones aceptó someterse a una cesárea en una clínica de Roca. Estaba agotada y los controles médicos comenzaban a detectar señales de riesgo para el bebé. Ante ese panorama, resignó su deseo de un parto natural y fue ingresada al quirófano.
Allí, cuando estaba a punto de aplicarle la anestesia epidural, el anestesiólogo le recriminó que lo hubieran convocado después de la medianoche, cuando él ya había terminado su jornada laboral. La mujer le respondió que no podía elegir el horario del nacimiento de su hijo. El profesional también hizo comentarios despectivos sobre abogados y jueces cuando supo que ella era abogada, en los momentos previos al nacimiento del bebé.
La mujer inició primero un proceso en el fuero de Familia, donde se reconoció que había sufrido violencia obstétrica. Esa decisión quedó firme luego de una apelación de los demandados ante la Cámara. Después presentó una demanda civil por los daños que le ocasionó el episodio.
El fuero Civil condenó al anestesiólogo y a la clínica a pagar una indemnización. La sentencia incluyó medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, entre ellas la entrega de información sobre sus derechos a las personas gestantes que ingresan a la clínica y la implementación de un procedimiento accesible para recibir y resolver reclamos.
Para resolver el caso, la magistrada aplicó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que reconoce la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género.
También consideró la Ley Nacional de Parto Respetado y la Ley de Derechos del Paciente. Citó, además, los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la violencia durante el embarazo, el parto y el posparto constituye una violación a los derechos humanos.
La sentencia también recuperó los estándares internacionales que identifican concepciones machistas y estereotipadas detrás de estas prácticas. Entre ellas, la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable del embarazo, la supuesta inferioridad de las mujeres, la creencia de que no pueden tomar decisiones adecuadas sobre sus procesos reproductivos y las concepciones que reducen sus cuerpos a objetos de placer sexual masculino.
En el ámbito provincial, la jueza destacó que Río Negro fue pionera con la Ley D 3263, que reemplazó el concepto de parto médico por el de parto humanizado. Esa norma reconoce a la persona gestante como protagonista del nacimiento y protege su derecho a un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos.
Otro aspecto central fue la evaluación del daño psicológico. Durante el proceso se presentaron dos pericias con conclusiones diferentes. La jueza otorgó mayor valor al informe del Cuerpo de Investigación Forense, que identificó angustia, ansiedad, sentimientos de desvalorización y otras consecuencias vinculadas con el episodio.
Estereotipos a la vista
Al analizar la conducta del anestesiólogo, la magistrada señaló que «el demandado debió conocer que se dirigía a una mujer que atravesaba el proceso de nacimiento de su hijo y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, el profesional dispensó un trato inadecuado a la paciente, cuando su especial posición de jerarquía y autoridad le imponía límites en el modo de relacionarse con su paciente, y no lo hizo, omitiendo la especial diligencia que le era exigible».
La jueza dedicó una parte de la sentencia a identificar y visibilizar los estereotipos que impactaron en el suceso.
Así, cuestionó que se atribuyera a la paciente responsabilidad por la duración del trabajo de parto y por el horario de la intervención, como si hubiera podido decidir cuándo debía nacer su hijo. También examinó el prejuicio que asocia la emocionalidad femenina con una menor capacidad para interpretar lo sucedido. Según explicó, el dolor, el cansancio o la angustia no habilitan a considerar que el relato de una mujer sea exagerado o poco confiable. Otro aspecto revelado fue la naturalización del maltrato dentro de los equipos de salud.
La sentencia también rechazó la expectativa de que una mujer deba reaccionar de una manera determinada frente a una situación de violencia. Finalmente, la magistrada examinó la desigualdad de poder propia de la relación entre profesionales de la salud y pacientes. Esa asimetría se profundiza durante el parto, cuando la persona depende de la asistencia médica para atravesar una intervención necesaria.
En sus conclusiones, la magistrada consideró que el anestesiólogo debía responder por su conducta porque vulneró el deber de brindar un trato digno y respetuoso y cometió un acto de violencia obstétrica.
También atribuyó responsabilidad a la clínica, ya que el profesional fue convocado por la institución. A su vez, la jueza consideró insuficientes las acciones de capacitación que la clínica había acreditado tras la intervención del fuero de Familia.
Garantía de no repetición
La condena no se limitó a la reparación económica. La clínica deberá elaborar y entregar a las pacientes una carta de derechos de las personas gestantes. La misma deberá ser escrita en lenguaje claro y accesible, con información sobre el trato digno, la participación en las decisiones médicas, el respeto de sus necesidades y preferencias y los canales para realizar consultas o reclamos.
También tendrá que implementar o adecuar un protocolo para recibir y responder denuncias por posibles situaciones de violencia obstétrica.
Las medidas deberán cumplirse dentro de los 60 días posteriores a que la sentencia quede firme, con acreditación documental y control judicial. La jueza sostuvo que la prevención requiere acciones institucionales efectivas y sostenidas, capaces de modificar prácticas y evitar nuevas vulneraciones de derechos.
