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La CTA cuestiona alza de combustibles y anticipa una nueva escalada inflacionaria

«Los precios del combustible se trasladan al costo del transporte y desde este a los precios de los productos mayoristas y minoristas, perjudicando notablemente a las clases populares», reclamaron desde la central obrera.

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Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro cuestionaron la nueva alza del precio de los combustibles, aprobado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Durante los primeros días de la semana, los surtidores del país experimentarán un incremento del 8%, lo que, para la central obrera disparará una nueva escalada inflacionaria.

“Es una verdad de Perogrullo decir que, el aumento del combustible repercute inmediatamente en todos los precios. Los transportistas ya señalan que el ocho por ciento de aumento significará, por lo menos, un aumento de tres puntos en el costo del transporte y esto se trasladará directamente a los precios de la Canasta Familiar”, cuestionó Aldo Capretti, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro.

En tanto que su par, Manuel Hermida completó que “en el 2016, los combustibles aumentaron un 31 por ciento y la inflación estuvo por encima del 40 por ciento. Para este año se proyecta una suba mayor al 23 de las naftas, lo que demuestra que, de ninguna manera, la inflación estará por debajo de ese porcentaje, lo que deberá ser contemplado en todas las discusiones paritarias”.

Desde la Central Obrera advierten que «si los gobiernos nacional y provincial no cambian rápidamente el rumbo económico -lo que se descarta de plano- durante el año en curso los trabajadores continuarán perdiendo parte de su, ya empobrecido, poder adquisitivo».

«Como ha sucedido históricamente, los precios del combustible se trasladan al costo del transporte y desde este a los precios de los productos mayoristas y minoristas, perjudicando notablemente a las clases populares, asalariados y jubilados que no tienen capacidad de ahorro y viven día a día», concluyó Hermida.

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Para ATE, «el Impuesto a las Ganancias volvió como un impuesto a los pobres»

Una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo.

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Luego de la restitución de la categoría más baja del Impuesto a las Ganancias a través del Decreto N° 652/24, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cargó contra el Gobierno de Javier Milei. «Restablecieron Ganancias y el Presidente que se iba a cortar el brazo no se cortó ni una uña. Además, volvió como un impuesto a los pobres. A diferencia del régimen anterior, la brecha entre el costo de la Canasta Básica y el mínimo no imponible es ínfima», indicó.

«El régimen de recaudación impositiva experimenta un verdadero retroceso y además va a contramano de lo que pasa en el resto del mundo. Mientras a nivel global se discute un impuesto para a los grandes patrimonios, en la Argentina el paquete fiscal que se aprueba le quita peso tributario a los grandes patrimonios y le suma carga de impuestos a los trabajadores y jubilados», apuntó.

Según el último informe de la Junta Interna de ATE en INDEC, una familia necesita $1.362.029 para no ser pobre, mientras que con el nuevo régimen el mínimo no imponible pasó a ser de $1.494.000 de bolsillo. Es decir que apenas $131.971 separan la línea de la pobreza con el pago de Ganancias.

«Este es un tributo inconstitucional. Además, en esta nueva fase el número de estatales alcanzados es mayor. No sólo porque disminuye el mínimo no imponible, sino porque han quitado regímenes especiales como el diferencial de Zona Patagónica, que elevaba un 22% el piso imponible, y también porque se han eliminado deducciones. Por otro lado, luego de la reglamentación, en esta nueva versión claramente se afectan autonomías provinciales y municipales. La vigencia de normas locales que eximían parte del salario de los trabajadores han sido eliminadas», detalló el dirigente estatal.

El sindicato informó que más de 20.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional pasarán a ser alcanzados por el gravamen, lo que representa casi el 16% de la planta, a lo que se les suman los empleados de organismos descentralizados como PAMI (12.600), ANSES (12.600), AFIP (21.600), Yacimientos Carboníferos Río Turbio -YCRT, el cuál se ve notablemente afectado por la eliminación del diferencial de Zona Patagónica- (2.000), entre otros. Además, se suman casi 30.000 trabajadores de las administraciones provinciales patagónicas que en su mayoría prestan servicios en el sector salud.

Ante esta situación, Rodolfo Aguiar evaluó que «sin la complicidad de las fuerzas políticas que levantaron la mano en el Congreso, y algunos sectores sindicales que miran para otro lado, se podría haber evitado el aumento de la regresividad del sistema tributario”. “Estamos cada vez más lejos de que en la Argentina paguen más impuestos los que más tienen. Deberían pagar más impuestos quienes mayor capacidad contributiva tengan», agregó.

«Vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas no sólo para explorar la vía judicial, sino también para definir medidas de acción directa que nos permitan rechazar la imposición de este tributo absolutamente ilegal», concluyó el referente nacional.

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Tras el rechazo de la última oferta salarial, el Gobierno convocó a UnTER a paritarias

Weretilneck y la ministra Campos analizaron el retorno a clases y anunciaron la continuidad de las negociaciones salariales con el gremio docente.

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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, mantuvieron un encuentro en el que analizaron el retorno al período ordinario de 225.061 estudiantes rionegrinos, pertenecientes a 978 establecimientos escolares.

En este marco, anunciaron la convocatoria del gobierno al gremio docente UnTER para una paritaria el próximo viernes (26/07). La pasada semana, en un Congreso realizado en Roca, el sindicato rechazó la última oferta salarial del Gobierno pero decidió no convocar a medidas de fuerza, lo cual fue considerado un buen gesto por parte de la cartera educativa, ya que la relación venía muy tensionada tras jornadas de paro y descuento en los haberes para los maestros que adhirieran.

Ambos funcionarios destacaron el normal inicio de clases en toda la provincia, «garantizando de esta manera el funcionamiento del sistema educativo provincial con los servicios de mantenimiento, insumos, transporte y alimentos en óptimas condiciones». Durante el receso escolar, se llevaron a cabo convenios de mantenimiento y obras menores en las escuelas. Sólo dos escuelas, entre ellas el CET N° 17 de Roca, no pudieron comenzar las actividades.

«El trabajo en mantenimiento es algo que nunca se termina, siempre se continúa trabajando. Pero cuando nosotros más podemos intervenir profundamente en las escuelas es durante los recesos, por lo que se estuvo trabajando fuertemente e interviniendo en todos los edificios para que estén abiertos y en condiciones para recibir a nuestros estudiantes, docentes y personal de servicio», explicó la ministra Campos.

A estos trabajos ya realizados, se suma la aprobación de obras en 18 municipios por una suma superior a 500 millones de pesos, que se desarrollarán en distintas localidades.

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UnTER rechazó la propuesta del Gobierno pero no realizarán medidas de fuerza

De esta manera el lunes retornarán las clases con normalidad tras el receso invernal.

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El Congreso de UnTER que se realizó en Roca resolvió rechazar por insuficiente la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro. No obstante, las Seccionales del sindicato docente decidieron no llevar a cabo medidas de fuerza.

De esta manera, a pesar del rechazo a la oferta salarial, el gremio no realizará paro el próximo lunes (22/07), moción que habían llevado algunas Seccionales al Congreso. Por ende, el regreso a las clases se dará con normalidad tras el receso invernal.

UnTER ahora espera una nueva convocatoria a paritarias para acordar un nuevo aumento salarial para los docentes.

Por su parte, ATE y UPCN, en el marco de las negociaciones en la Mesa de la Función Pública, si aceptaron las condiciones ofrecidas por el Gobierno rionegrino.

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