Río Negro
Río Negro, Neuquén y la Nación ratificaron su compromiso con el saneamiento de los ríos de la región
Ampliarán la planta de líquidos cloacales de General Roca, Cipolletti y Bariloche; y construirán una nueva en Choele Choel.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó el compromiso de su gobierno, del de la vecina provincia de Neuquén y de la Nación para realizar las medidas necesarias para el saneamiento de los ríos de la región. Destacó que la futura puesta en marcha de las plantas de tratamientos de líquidos cloacales en Choele Choel, y la ampliación de las existentes en General Roca, Cipolletti y Bariloche, entre otras, marcarán un verdadero cambio en la materia.
En tal sentido, el mandatario rescató que los informes oficiales, realizados por prestigiosas instituciones en la materia, dan cuenta que no hay en los ríos de la región, presencia de hidrocarburos ni residuos de la actividad petrolera. No obstante, se reconoce que el principal problema en algunos sectores es el vertido de líquidos cloacales crudos sin tratamiento, para lo cual ya se está trabajando para dar respuestas en el corto y mediano plazo.
En diálogo con LU19, rescató que “toda la información que hay sobre la sanidad del río, los lugares donde está bien y donde está mal es pública y provista por el Departamento Provincial de Aguas, que siempre hace más de 20 años viene tomando las distintas mediciones con todos los protocolos de actuación; y los resultados fueron analizados dos prestigiosas instituciones como el CIATI y la Universidad Nacional del Comahue”.
En este aspecto, dejó en claro que la información que provee la provincia sobre el estado de los ríos es la más seria, responsable y transparente. “Así como decimos que en el río no hay contaminación que tenga que ver con la actividad hidrocarburífera o con derivados del gas y petróleo, sí se reconoce que producto de la ausencia de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, hay ciertas zonas del río que presentan algún grado de contaminación”, sostuvo el Mandatario.
Agregó que “en este sentido, Río Negro, Neuquén y Nación están trabajando en la búsqueda de financiamiento para ejecutar las obras cloacales que están faltando, para que no vuelquen líquidos sin tratar al río y a partir de ahí mejorar su estado”.
Weretilneck recordó que “actualmente Cipolletti tira prácticamente la mitad de los líquidos cloacales de la ciudad sin tratamiento al río. Para revertir esta situación estamos previendo para junio aproximadamente el llamado a licitación para la obra final de la planta cloacal de esta ciudad. Se trata de las piletas para tratar el restante 50% y las cañerías impulsoras. Se están haciendo los últimos aprontes al pliego y el proyecto ejecutivo”, dijo.
Citó también la situación de la falta de capacidad de la planta de tratamiento es General Roca, siendo ésta otra obra incluida en el paquete de licitaciones a realizarse. En tanto, en el caso de Choele Choel, actualmente tira el 100% de líquidos crudos al río, pero actualmente se está ejecutando la obra de la planta de tratamiento de los líquidos, los cuales una vez tratados serán reutilizados para un plan de forestación. Esta se suman a otras plantas que ya se encuentran proyectadas en el marco del plan de obras públicas provinciales.
Lo propio sucede con la ampliación de la planta de San Carlos de Bariloche, cuya licitación se abrirá el 20 de febrero próximo, la cual cambiará sustancialmente la situación actual.
En este marco, el gobernador Weretilneck destacó la importancia del encuentro realizado este jueves en Neuquén entre autoridades de esa provincia y de Río Negro para coordinar acciones, “porque el río debe tratarse en conjunto”, dijo.
“Dialogar con Neuquén es importante, porque el río no está impactado en Isla Jordán solamente por Cipolletti, sino también por Plottier y algunas ciudades de esa provincia. Por eso es tan importante el trabajo en conjunto entre las Provincias, Nación y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.
Respecto de la presentación de distintos recursos de Amparo sobre esta temática, Weretilneck consideró que “es positivo que la gente se preocupe por el río y el medio ambiente, porque es preocuparse por el futuro”.
“No obstante, está claro que en este aspecto la Provincia nunca ocultó información y ha tenido en claro lo que se debe hacer para sacar al río de la situación en la que está. Por ello hemos avanzado en conseguir el financiamiento para las obras y tener certezas de la salud del río. Descartar presencia de hidrocarburos es un punto importante, así como plantear una pauta de trabajo a partir de identificar el problema en las plantas cloacales”, manifestó finalmente.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
