Judiciales
Comenzó juicio a ex jefe del Gabinete de Criminalística de la Policía por filtración de datos
Está acusado de revelar hechos reservados, como actas accidentológicas e información referida a siniestros viales, a un perito particular en beneficio propio o de un tercero.
Con la declaración de los primeros cuatro testigos comenzó este lunes en General Roca el juicio oral y público en el que se investiga si un ex jefe de la Delegación Roca del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro cometió los delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
El debate se desarrolla ante la Cámara Criminal Primera, integrada por los jueces Daniel Tobares, Emilio Stadler y Oscar Gatti, este último en calidad de subrogante. La acusación está a cargo del Fiscal de Cámara Andrés José Nelli, en tanto que la defensa del imputado, subcomisario Claudio Rodríguez Gilabert, es ejercida por los abogados particulares Patricia Espeche y Marcial Peralta.
De acuerdo con la requisitoria fiscal de elevación a juicio, se imputa a Rodríguez Gilabert que a partir de julio de 2012 y mientras estuvo al frente del Gabinete de Criminalística local, «reveló hechos y actuaciones reservados», como actas accidentológicas e información referida a siniestros viales, a un perito particular, haciendo uso de informes y constataciones «abonados por la administración pública», en «beneficio propio o de un tercero».
La Fiscalía encuadró los hechos en los delitos previstos en los artículos 249 y 265 del Código Penal. El primero reprime multa e inhabilitación especial de un mes a un año al «funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio» y el segundo establece penas de prisión «de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua» al «funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».
En el inicio de la audiencia el imputado escuchó la lectura de la imputación y luego optó por abstenerse de brindar declaración indagatoria, por lo que se incorporó como prueba el descargo que había efectuado oportunamente, en la etapa de instrucción.
Finalmente el Tribunal escuchó la declaración de cuatro de los cinco testigos citados para la audiencia, todos ellos efectivos policiales de distintos agrupamientos y jerarquías que prestan o prestaron servicios en el área de Criminalística. El quinto testigo previsto no pudo ser ubicado en su domicilio y se reiteró su citación para este martes 14 de febrero, cuando se prevé continuar el desarrollo del juicio oral y público con más declaraciones testimoniales.
Las demás audiencias de continuación del debate están previstas para los días jueves 16 y jueves 23 de febrero.
Judiciales
Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.
Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
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Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
