Luego de la reunión de Gabinete realizada este mediodía (24/06) en Viedma, la Provincia de Río Negro dio a conocer el calendario de pagos de los sueldos de junio y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Del 2 al 4 de julio, el Gobierno de Río Negro cancelará en forma conjunta los sueldos y el medio aguinaldo, inyectando de este modo en el bolsillo de los empleados estatales un total general de $83.447.411.955 entre los sueldos y el aguinaldo.

El cronograma de pagos comenzará el martes 2 de julio con las trabajadoras y los trabajadores de Salud, cuya totalidad alcanza los $13.092.112.729, y con la Policía que suma un total de $13.014.672.298. En tanto, el miércoles (3/07) será el turno de la Educación, a quienes se destinan $37.181.384.316.

El jueves (4/07) le corresponde a las empleadas y los empleados de la ley N° 1844, quienes reciben un total de $8.791.553.036 y de los poderes Legislativo, Judicial y órganos de control, que les corresponde $11.367.689.577.

“Esta medida se enmarca en el compromiso del Gobierno provincial de mantener la regularidad en el pago de haberes y beneficios, brindando estabilidad y previsibilidad a los trabajadores rionegrinos. Asimismo permite que se inyecte dinero en las distintas ciudades de la provincia, generando un significativo impacto económico de cara al mes de julio”, destacaron desde el Ejecutivo.

La Junta de Disciplina resolvió por unanimidad la cesantía de la doctora roquense Claudia Alejandra Elisandro, tras constatar que la profesional, quien había solicitado licencia por accidente de trabajo, emitió 65 certificados médicos durante dicho período, lo que constituye un uso indebido de la licencia y un incumplimiento de las normativas vigentes.

Elisandro, quien se desempeñaba en el Hospital López Lima de General Roca, fue cesanteada por el Gobierno de Río Negro debido a varias faltas graves cometidas durante el presente año.

Entre las causas de la cesantía también se destaca la inasistencia injustificada de la médica a su puesto de trabajo desde el 1 de febrero hasta el 29 de marzo de 2024. Durante este período, la profesional no proporcionó ninguna justificación válida para su ausencia, lo que llevó a la Junta de Disciplina a tomar medidas al respecto.

Además, se determinó que la doctora abandonó el tratamiento médico indicado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) Horizonte, lo cual constituye una falta grave a las obligaciones laborales y profesionales que le correspondían.

«El Gobierno de Río Negro ha intensificado el proceso de revisión del Estado y el control del ausentismo, con el objetivo de brindar un mejor servicio a los rionegrinos y reducir los costos de funcionamiento. La decisión de la Junta de Disciplina, basada en la gravedad de las faltas cometidas, busca garantizar la ética profesional y el compromiso de todos los miembros del equipo de salud del Hospital López Lima», destacaron desde el Ministerio de Salud.

«Esta medida refuerza el compromiso del Gobierno provincial con la transparencia y la eficiencia en el servicio público, asegurando que los profesionales cumplan con sus responsabilidades y mantengan los estándares necesarios para una atención de calidad a la comunidad», agregaron.

En el marco del control del ausentismo en dependencias del Estado provincial, la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, confirmó que detectaron muchos empleados y empleadas que estaban siendo atendidos por el mismo médico en distintas partes de Río Negro. «Los certificados psiquiátricos eran de los más caros», aseguró.

«Las Juntas Médicas de la provincia están bajo el ala de Función Pública y fue a través de ellas que se encendieron las primeras alarmas. En algunos casos se emitían hasta 20 o 30 certificados por día. Encontramos una fábrica de certificados que eran vendidos a las y los agentes públicos que los solicitaban», detalló Lastra.

El Gobierno provincial puso el ojo en la cantidad de certificados que llegaron a las áreas de recursos humanos de cada ministerio, provocando un marcado ausentismo en las áreas de trabajo. «El presentismo hace que se resientan servicios como los de Salud, Seguridad y Educación, por ejemplo», aseguró.

«Los certificados tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología. Los certificados psiquiátricos eran de los más caros», agregó Lastra.

Respecto a cuál es el mecanismo correcto, Lastra explicó que «si el certificado supera las 72hs de tratamiento, la Junta Médica debe hacer un monitoreo, llamar al empleado que lo presentó, convocarlo a que se apersone en sede de la Junta Médica y, eventualmente en algunos casos, ir hasta el domicilio a constatar el hecho que se notifica en el certificado».

A mediados de este mes, Alberto Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación. El Gobierno provincial detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales y también se descubrieron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.