Gremios
«Educación en Río Negro, como barco sin timonel»
UnTER acusa que mientras la ministra Silva dice una cosa en los medios de comunicación, sus funcionarios hacen lo contrario.
La inscripción virtual, último intento del gobierno para imponer su proyecto de la Nueva Escuela Secundaria en Río Negro, aparece en estos días como «una mala comedia de enredos», según el gremio docente UnTER. «Cada uno con su propio guión, pero el director no aparece. El problema es que el conflicto está en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. La Ministra Mónica Silva declara una cosa, sus funcionarios firman actas con UnTER con el mismo criterio, pero el vocal gubernamental Omar Ribodino hace lo contrario. Desde las Supervisiones se emiten notas múltiples opuestas a las directivas ministeriales. ¿El poder lo tiene Silva, Ribodino o funcionarias de tercera línea? ¿Con este mismo criterio discutieron el modelo de la ESRN, armaron el diseño curricular y el proyecto de trayectorias escolares? ¿En manos de quién se encuentra el destino de 70000 estudiantes secundarios y las garantías laborales de las y los docentes?», se preguntaron desde el sindicato.
UnTER denuncia esta «metodología impuesta con el único objetivo de desarticular la férrea oposición del colectivo docente a la ESRN, que se traduce, hasta el momento, en las más de 2500 negativas, firmadas en escuelas de toda la provincia, por acuerdo entre docentes, en asambleas o publicadas por las redes sociales, que incluyen el reclamo de docentes del CEM N° 58 de Los Menucos, que se encontraron, pese a su negativa incluidos en una Resolución emitida unilateralmente en la última sesión del CPE, con rechazo expreso de la vocal gremial docente, Sandra Schieroni».
«Exigimos al Ministerio que respete los compromisos firmados ante la Secretaría de Trabajo y que se organice de una vez. Es inadmisible tanto despropósito en áreas tan sensibles. Mientras que la ministra Silva, declara en los medios de Viedma que «si en el Consejo escolar no se inscriben la mitad más uno de los docentes, entonces en ese consejo escolar los docente han entendido que no están interesados y nosotros no aplicaremos la escuela», en paralelo, el vocal gubernamental Ribodino advierte, por las redes sociales, que quien no se inscriba perderá su puesto laboral, borrando con el codo el acta que firmó en la Secretaría de Trabajo el jueves 23 de febrero, en la que consta que «la ESRN se implementará en aquellos consejos escolares/asambleas impedidas donde la mitad mas uno del universo de docentes titulares e interinos soliciten la designación completando el formulario», enfatizaron desde UnTER.
Por otra parte, «desde algunas Supervisiones escolares se envían notas múltiples que son un burdo apriete al conjunto de docentes, como sucede con el documento firmada por las supervisoras de Educación Secundaria de las Zonas I, II y III Alto Valle Este I, por el cual instan a la inscripción online habilitada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, advirtiendo la posibilidad de quedar en disponibilidad o perder instancias de toma de cargo. Sin mencionar normativa que respalde esta afirmación, lo único que se puede entender es que es una orden de la Dirección de Nivel, aplicada bajo obediencia debida».
«Experiencia similar se vivió en Villa Regina, al momento de suspender la asamblea de concentración, cuando las supervisoras enviaron notas imperativas avaladas por los funcionarios, aún cuando el vocal gubernamental, Oscar Cifuentes, reconoció el error y se hizo cargo públicamente ante las y los docentes presentes», explicaron.
«Situación análoga viven docentes de la Línea Sur que reciben mensajes del coordinador de la Zona Sur, José Ramallo, con información falaz, por ejemplo se atreve a afirmar que el interino que se inscriba podrá titularizar mediante una simple capacitación, desconociendo el estatuto docente que determina la normativa de ingreso a la docencia».
«No sorprende el proceder de los funcionarios, si el de docentes que lograron llegar al máximo escalafón luego de años de lucha sindical para lograr la titularización de estos cargos con normas claras para el concurso de ascenso. Con esto se entiende, que optaron por ser funcionales al gobierno de turno, mientras que en otras Supervisiones se ponen del lado de sus compañeros y compañeras exigiendo el estricto cumplimiento de la Ley de Educación y el Estatuto docente independientemente de quién de la orden de desconocerlas».
«Advertimos que este accionar se encuadra en un acto de deslealtad patronal que deslegitima la intervención de la Secretaría de Trabajo, obstaculiza cualquier intento de continuar el diálogo para destrabar este conflicto y confirma, para preocupación del pueblo de Río Negro, que el derecho social a la educación no es una prioridad para este gobierno, sino una simple variable de ajuste y prenda de cambio en la interna ministerial».
«En defensa de la educación pública, UnTER continuará sus reclamos en todos los espacios que sean necesarios porque es inadmisible el juego perverso en el que quieren involucrar el destino de nuestros estudiantes ni de nuestros compañeros y compañeras y los responsables de esto deberán dar las explicaciones correspondiente y, si amerita, presentar la renuncia a un cargo que ostentan pero no saben honrar», concluyeron desde el gremio que lidera Patricia Cetera.
Gremios
Nuevo acuerdo salarial con trabajadores municipales de Roca
Se trata de un 11% para mayo, mismo porcentaje para junio y un 10% en julio.
El Poder Ejecutivo de General Roca y los gremios ATM, UPCN, SOYEN y ATE llegaron a un nuevo acuerdo salarial. Se trata de un incremento del 32% para los próximos tres meses.
Según informaron desde el Municipio, los trabajadores municipales percibirán un 11% de aumento en el básico de los sueldo del mes de mayo; mismo porcentaje con los salarios de junio; y un incremento del 10% con los haberes de julio.
Todos estos incrementos tienen carácter acumulativo.
La paritaria se dio en medio de una denuncia del gremio ATM, quien hizo público los salarios de las categorías más bajas de los trabajadores municipales. Incluso hubo mucha tensión en las últimas horas en las puertas del Municipio.
Gremios
ATE decidió movilizar a Techint este jueves
«Tenemos que poner en evidencia a quienes realmente gobiernan. Las principales decisiones ya no se toman en Balcarce 50», indicó Rodolfo Aguiar.
Luego de un extenso plenario federal con más de 1000 delegados de todo el país, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió por unanimidad realizar una nueva Jornada Nacional de Lucha este jueves (16/05) con movilización a la sede central de Techint, esgrimiendo que es donde realmente se toman las decisiones de Gobierno, y anunció que marcharán al Congreso el día que se trate la Ley Bases en el Senado.
«Llegó la hora de movilizarnos a la sede en la que realmente funciona el Gobierno. Las principales decisiones ya no se toman en Balcarce 50. Tenemos que poner en evidencia a quienes realmente gobiernan. Estamos frente a cuatro o cinco grupos empresarios que con sus fortunas tomaron por asalto el Poder Ejecutivo. El presidente, su hermana y una gran parte de quienes los rodean se han convertido en figuras decorativas», disparó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Tras la votación unánime en favor de la medida de fuerza, se resolvió concentrar el jueves (16/05) a las 12 en la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650, CABA) y movilizar desde allí a la sede de Techint con dirección en Bouchard 557. Además, cada una de las provincias y municipios definirán su propia modalidad de protesta.
Frente a los principales reclamos que ATE mantiene, entre los cuales se destacan los despidos masivos, el congelamiento de salarios y el intento de privatización de empresas públicas, el dirigente evaluó que «en esas empresas están los que redactaron el DNU y escribieron la Ley Bases, sustancias letales que intentan suministrarnos como sociedad. Despiden trabajadores, siguen desmantelando el Estado y destruyendo salarios y jubilaciones. En el sector público, la pérdida de salario real desde que asumió el presidente Milei alcanza el 26%».
«Paolo Rocca no sólo designó a la máxima autoridad de Trabajo en la Argentina para asegurarse una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y que genere el aumento de la explotación de los trabajadores y maximizar sus ganancias, sino que también aportó a varios funcionarios al resto del Gabinete nacional. Estamos ante un hecho inédito en el que distintos grupos económicos no se presentaron a las elecciones pero están ejerciendo el Gobierno», agregó el secretario general de ATE.
En esta línea, Aguiar completó «que el Gobierno no venga a hacer propaganda con la baja de la inflación y la teoría económica de la V, porque los trabajadores y jubilados ya cayeron y no van a rebotar».
«En un plenario federal, con más de 1000 dirigentes de toda la Argentina y por el voto unánime, hemos decidido profundizar nuestro plan de lucha para demandar una inmediata recomposición salarial, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y que se frene el cierre de organismo y las privatizaciones de empresas públicas», concluyó el referente estatal.
Gremios
ATE va al paro general este jueves y amplía la convocatoria a municipales y provinciales
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.
«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».
En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».
