Gremios
«Educación en Río Negro, como barco sin timonel»
UnTER acusa que mientras la ministra Silva dice una cosa en los medios de comunicación, sus funcionarios hacen lo contrario.
La inscripción virtual, último intento del gobierno para imponer su proyecto de la Nueva Escuela Secundaria en Río Negro, aparece en estos días como «una mala comedia de enredos», según el gremio docente UnTER. «Cada uno con su propio guión, pero el director no aparece. El problema es que el conflicto está en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. La Ministra Mónica Silva declara una cosa, sus funcionarios firman actas con UnTER con el mismo criterio, pero el vocal gubernamental Omar Ribodino hace lo contrario. Desde las Supervisiones se emiten notas múltiples opuestas a las directivas ministeriales. ¿El poder lo tiene Silva, Ribodino o funcionarias de tercera línea? ¿Con este mismo criterio discutieron el modelo de la ESRN, armaron el diseño curricular y el proyecto de trayectorias escolares? ¿En manos de quién se encuentra el destino de 70000 estudiantes secundarios y las garantías laborales de las y los docentes?», se preguntaron desde el sindicato.
UnTER denuncia esta «metodología impuesta con el único objetivo de desarticular la férrea oposición del colectivo docente a la ESRN, que se traduce, hasta el momento, en las más de 2500 negativas, firmadas en escuelas de toda la provincia, por acuerdo entre docentes, en asambleas o publicadas por las redes sociales, que incluyen el reclamo de docentes del CEM N° 58 de Los Menucos, que se encontraron, pese a su negativa incluidos en una Resolución emitida unilateralmente en la última sesión del CPE, con rechazo expreso de la vocal gremial docente, Sandra Schieroni».
«Exigimos al Ministerio que respete los compromisos firmados ante la Secretaría de Trabajo y que se organice de una vez. Es inadmisible tanto despropósito en áreas tan sensibles. Mientras que la ministra Silva, declara en los medios de Viedma que «si en el Consejo escolar no se inscriben la mitad más uno de los docentes, entonces en ese consejo escolar los docente han entendido que no están interesados y nosotros no aplicaremos la escuela», en paralelo, el vocal gubernamental Ribodino advierte, por las redes sociales, que quien no se inscriba perderá su puesto laboral, borrando con el codo el acta que firmó en la Secretaría de Trabajo el jueves 23 de febrero, en la que consta que «la ESRN se implementará en aquellos consejos escolares/asambleas impedidas donde la mitad mas uno del universo de docentes titulares e interinos soliciten la designación completando el formulario», enfatizaron desde UnTER.
Por otra parte, «desde algunas Supervisiones escolares se envían notas múltiples que son un burdo apriete al conjunto de docentes, como sucede con el documento firmada por las supervisoras de Educación Secundaria de las Zonas I, II y III Alto Valle Este I, por el cual instan a la inscripción online habilitada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, advirtiendo la posibilidad de quedar en disponibilidad o perder instancias de toma de cargo. Sin mencionar normativa que respalde esta afirmación, lo único que se puede entender es que es una orden de la Dirección de Nivel, aplicada bajo obediencia debida».
«Experiencia similar se vivió en Villa Regina, al momento de suspender la asamblea de concentración, cuando las supervisoras enviaron notas imperativas avaladas por los funcionarios, aún cuando el vocal gubernamental, Oscar Cifuentes, reconoció el error y se hizo cargo públicamente ante las y los docentes presentes», explicaron.
«Situación análoga viven docentes de la Línea Sur que reciben mensajes del coordinador de la Zona Sur, José Ramallo, con información falaz, por ejemplo se atreve a afirmar que el interino que se inscriba podrá titularizar mediante una simple capacitación, desconociendo el estatuto docente que determina la normativa de ingreso a la docencia».
«No sorprende el proceder de los funcionarios, si el de docentes que lograron llegar al máximo escalafón luego de años de lucha sindical para lograr la titularización de estos cargos con normas claras para el concurso de ascenso. Con esto se entiende, que optaron por ser funcionales al gobierno de turno, mientras que en otras Supervisiones se ponen del lado de sus compañeros y compañeras exigiendo el estricto cumplimiento de la Ley de Educación y el Estatuto docente independientemente de quién de la orden de desconocerlas».
«Advertimos que este accionar se encuadra en un acto de deslealtad patronal que deslegitima la intervención de la Secretaría de Trabajo, obstaculiza cualquier intento de continuar el diálogo para destrabar este conflicto y confirma, para preocupación del pueblo de Río Negro, que el derecho social a la educación no es una prioridad para este gobierno, sino una simple variable de ajuste y prenda de cambio en la interna ministerial».
«En defensa de la educación pública, UnTER continuará sus reclamos en todos los espacios que sean necesarios porque es inadmisible el juego perverso en el que quieren involucrar el destino de nuestros estudiantes ni de nuestros compañeros y compañeras y los responsables de esto deberán dar las explicaciones correspondiente y, si amerita, presentar la renuncia a un cargo que ostentan pero no saben honrar», concluyeron desde el gremio que lidera Patricia Cetera.
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ATE exigió un examen médico psicofísico para conocer el estado de salud de Milei
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», apuntó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que no exista, que lo realice inmediatamente. Además, el sindicato impulsará una iniciativa para que a partir del 2027 quienes se postulen a cargos electivos deban realizar un examen médico preocupacional y presentar un apto psicofísico para ejercer sus cargos.
«Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, apuntó que «es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado. Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional».
«Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función. Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas. La mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos», agregó.
«Y no tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional», completó Aguiar.
En este marco, el dirigente estatal explicó que «estamos ejerciendo el derecho a la información pública y el acceso ciudadano a la información estatal, derechos que están amparados en las leyes, en la Constitución Nacional y además en los tratados internacionales».
«Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también examen psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del año que viene. Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a suceder», concluyó el titular de ATE Nacional.
La intimación de ATE se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura.
En su pedido, el sindicato aclaró que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona directamente la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. Es en este marco que se lo insta al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
Cabe destacar que ATE, en su requerimiento, deja en manifiesto que no busca acceder a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos. sino que únicamente busca saber si existe una evaluación y cuál fue su conclusión: apto/no apto.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado «apto» o «no apto», sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
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ATE lanza paro y movilización al PAMI el martes a las 13 ante la crisis y colapso de la obra social de los jubilados
«Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Aguiar.
A raíz de la profunda crisis que atraviesa el PAMI que incluye una deuda con prestadores de más de 500.000 millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro con movilización a la sede central de la obra social (Av. Corrientes 655, CABA) el martes 8 a las 13 y paraliza actividades en todo el país.
«Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien también es trabajador de PAMI.
En este marco, apuntó que «el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación. En los últimos dos años murieron 45 mil adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones. Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados».
«No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnere su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud. Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En las últimas horas se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, muy ligada a Santiago Caputo. En simultáneo, también se dio la baja de Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, quien aún no tiene sustituto definido.
El sindicato denuncia que la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados. «Una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En 2024, el Gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año», aseguraron desde ATE.
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Para Aguiar, «el Consejo del Salario es inservible, una puesta en escena para convalidar los acuerdos entre empresarios y el Gobierno»
«El Consejo del Salario es la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores», indicó el titular de ATE Nacional.
Finalizada la reunión del Consejo del Salario Mínimo en la que los empresarios propusieron un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio».
«El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación», agregó el dirigente estatal.
En esta línea, cargó directamente contra el ámbito tripartito que reúne a trabajadores, empresarios y el Poder Ejecutivo. «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. ¿El Consejo existe? Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer», indicó.
«Este organismo nació para garantizar dignidad y no pobreza legal como sucede hoy. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne sólo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», agregó Aguiar.
En referencia a la intención del Ejecutivo de implementar un salario mínimo garantizado de 1 millón de pesos para los convenios privados, apuntó que «y ahora queda claro que el Gobierno acaba de inventar un salario mínimo paralelo con el objetivo de frenar la actualización de las asignaciones sociales como la AUH y otros programas».
Cabe recordar que, según el último informe del INDEC, la línea de pobreza en la Argentina se ubica en $1.564.716 y la de indigencia en $708.016.
