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«Seguiremos en las calles por paritarias libres, sin techo salarial»

Cetera, titular de UnTER, rechazó el piso del 18% anunciado por Weretilneck. «Vamos a seguir estando en la calle, queremos paritarias libres», sostuvo.

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Más de 2500 firmas de docentes de toda la provincia que rechazan la inscripción virtual para la ESRN avalan un petitorio para la no implementación de la reforma de la Escuela Secundaria en Río Negro y solicitan su urgente anulación. El documento fue entregado por representantes de la UnTER en la Coordinación Zonal de General Roca y en el Ministerio de Educación en Viedma, al finalizar el acto, luego de la marcha de los sindicatos por las calles de la ciudad y la concentración en la Legislatura provincial por la apertura de sesiones a cargo del gobernador el 1 de marzo.

Patricia Cetera, secretaria general de UnTER, en su intervención en el acto de cierre de la marcha de más de 700 trabajadores estatales señaló que “necesitábamos una convocatoria a Paritaria. Hemos llegado a este 1 de marzo con la apertura de las sesiones legislativas con un silencio de radio por parte de los representantes del pueblo. Silencio que no es menor cuando el gobernador (Alberto Weretilneck), a través de un Decreto, definió modificar el ciclo básico de nuestra ley de educación 4819. Ese sugestivo y cómplice silencio es el que venimos a denunciar”.

Además, la titular del gremio docente se refirió al presupuesto educativo y señaló que “no satisface lo mínimo. Tenemos todos los establecimientos educativos de la provincia en las condiciones más paupérrimas. No se ha hecho mantenimiento, ni siquiera la limpieza de los tanques y el ciclo lectivo inicia el 6 de marzo”.

En relación al reclamo docente nacional apuntó que “acá estamos para decirle al gobernador que si no pidió la paritaria nacional, nosotros si la pedimos. CTERA se hizo eco por lo tanto el 6 y 7 no empezamos las clases. Necesitamos que se cumpla la ley de financiamiento educativo, ley del 2005, que se sancionó luego de 1003 días de ayuno docente en la Carpa Blanca, para que cada docente sepa el monto de aumento del salario al iniciar el año”.

Cetera citó al ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, quien dijo “no hay escuelas nacionales, por lo tanto no hace falta una paritaria nacional”. Concepto que “ha sido ratificado por el gobernador, porque tampoco tenemos una paritaria provincial”.

La secretaria general de la UnTER dijo que “el reclamo es el sistema educativo de Río Negro en su conjunto. Vemos últimamente las leyes que se hacen en la Legislatura las desconoce el Ejecutivo y las olvida la justicia. Más allá de los actos administrativos, como ha determinado la Procuradora o el STJ, parece que tiene que haber un compañero o compañera que no perciba su salario, porque está fuera del sistema educativo, la nueva escuela secundaria no da garantías laborales, hasta que no tengamos a alguien que no pueda hacer frente al salario mínimo, la justicia no se va a hacer eco, ¡que lamentable!”, señaló.

Cetera expresó también que “nunca dijimos, como ha manifestado el Ministerio, que no queremos la reforma en el Nivel Medio. Trabajamos en función de modifica lo que existe en el Nivel Medio. Y digo lo que existe, porque hasta este momento, lo único que existe en Río Negro es la escuela secundaria que teníamos a diciembre y es la que ratificamos en esta instancia. Esta versión que más de 2000 compañeros, como ha dicho el Ministerio, se han inscrito en una forma tan falaz y carente de fundamentos legales, como es la inscripción online, nos ratifica las más de 2500 firmas que tenemos que la provincia ha dicho ‘no te anotes’, es un hecho”.

Al finalizar su discurso, la dirigente gremial docente aclaró “no nos vamos a enfrentar con la policía. Hay que hacerse cargo, de la paritaria que nosotros logramos reciben todos aumentos salariales”. Ratificó finalmente que “vamos a seguir estando en la calle, queremos paritarias libres y que este 17% o 18 % no nos sirve. Esto recién empieza y la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema

«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.

«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».

«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».

El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal

«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.

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Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.

«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.

Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.

El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud

La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.

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El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.

La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.

La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.

Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.

El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.

Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.

La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.

En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.

Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.

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