Río Negro
Ministros y legisladores de Juntos apuran detalles del «Plan Castello»
Buscan que se apruebe la Ley que permite conseguir el financiamiento de entre 500 y 600 millones de dólares.
Legisladores del oficialismo rionegrino se reunieron durante dos horas con miembros del gabinete provincial para avanzar en los detalles de la Ley que se prepara para poner en marcha el denominado «Plan Castello», buscando apurar los tiempos en la presentación de inquietudes e iniciativas, de modo tal de aprovechar los mejores momentos del mercado para conseguir el financiamiento.
Asistieron, además de los diputados provinciales de Juntos Somos Río Negro, el secretario de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, y el ministro de Economía, Isaías Kremer.
También se avanzó en la definición de que una porción del fondo que se obtenga, será distribuido de manera directa a los Municipios, aunque desde Economía aclararon que resta precisar el mecanismo de distribución y repago por parte de las comunas, en función a la capacidad financiera de cada uno.
En todo momento, reafirmaron los presentes que se «trata de un plan de desarrollo que está por encima de los localismos y que tiene como meta incrementar la actividad económica de la provincia», lo que para Kremer significará «mejorar nuestro producto bruto provincial». Acotó además que «ver crecer a la provincia es lo importante».
«La participación de todos los intendentes en las reuniones de la última semana, fue muy importante en la búsqueda de los consensos necesarios, por lo que ahora son tiempos para avanzar en aspectos técnico-operativos y que el Ejecutivo dé forma al proyecto de Ley que se enviará a la Legislatura», sostuvo el presidente del Bloque de JSRN, Alejandro Palmieri.
Se coincidió en orientar los esfuerzos a «mejorar la matriz productiva de la provincia», ya que según explicó el ministro Kremer «hay una carencia de 30 o 40 años de un plan de este tipo en Río Negro».
Por su parte, Di Giácomo indicó que «se trata de un proyecto integral para desarrollar la provincia y cada una de sus regiones».
También quedó claro que «se están dando los pasos finales en la definición de los proyectos, los que determinarán el monto preciso del financiamiento, pero las estimaciones iniciales indican que rondará entre los 500 y 600 millones de dólares», comentaron los funcionarios.
«No se trata de hipotecar el futuro, más bien lo contrario, de querer ir para adelante, de hacer crecer la provincia con una mirada estratégica a pesar de la crisis», expresó la legisladora de Catriel, Viviana Germanier, mientras que el barilochense Alfredo Martín resaltó que una de las metas «es poder diversificar el horizonte productivo de la provincia, aprovechando las ventajas comparativas que Río Negro hoy presenta, y potenciar actividades económicas en las que queda mucho por crecer, como el sector turístico, agrícola y ganadero, entre otros».
Con el compromiso de avanzar en las definiciones finales de proyectos y cuestiones operativas, se repasaron los plazos, y se estima que la gestión de la emisión de los bonos, una vez aprobada la Ley, insumirá unos 6 meses. Teniendo en cuenta esos tiempos, consideraron importante que tanto el gobierno provincial, como los intendentes en la parte que les corresponde, avancen en las definiciones de las obras prioritarias a ser incluidas en el proyecto de Ley que el Ejecutivo pretende enviar a la Legislatura en algunas semanas.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Río Negro
Rutas 6 y 8: Histórico pavimento urbano para El Cuy
Será la primera Comisión de Fomento de Río Negro en contar con pavimento urbano.
El Gobierno de Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el marco de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8.
En este contexto, Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta N° 6, junto con la iluminación de ambas banquinas, lo que transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana. Ya comenzaron los movimientos de suelo y la construcción de dársenas de giro y colectoras, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial.
El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.
La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas N° 6 y N° 8, a lo que se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura.
Un corredor que integra y proyecta desarrollo
El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Cada obra responde a un plan: mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
