Río Negro
Ministros y legisladores de Juntos apuran detalles del «Plan Castello»
Buscan que se apruebe la Ley que permite conseguir el financiamiento de entre 500 y 600 millones de dólares.
Legisladores del oficialismo rionegrino se reunieron durante dos horas con miembros del gabinete provincial para avanzar en los detalles de la Ley que se prepara para poner en marcha el denominado «Plan Castello», buscando apurar los tiempos en la presentación de inquietudes e iniciativas, de modo tal de aprovechar los mejores momentos del mercado para conseguir el financiamiento.
Asistieron, además de los diputados provinciales de Juntos Somos Río Negro, el secretario de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, y el ministro de Economía, Isaías Kremer.
También se avanzó en la definición de que una porción del fondo que se obtenga, será distribuido de manera directa a los Municipios, aunque desde Economía aclararon que resta precisar el mecanismo de distribución y repago por parte de las comunas, en función a la capacidad financiera de cada uno.
En todo momento, reafirmaron los presentes que se «trata de un plan de desarrollo que está por encima de los localismos y que tiene como meta incrementar la actividad económica de la provincia», lo que para Kremer significará «mejorar nuestro producto bruto provincial». Acotó además que «ver crecer a la provincia es lo importante».
«La participación de todos los intendentes en las reuniones de la última semana, fue muy importante en la búsqueda de los consensos necesarios, por lo que ahora son tiempos para avanzar en aspectos técnico-operativos y que el Ejecutivo dé forma al proyecto de Ley que se enviará a la Legislatura», sostuvo el presidente del Bloque de JSRN, Alejandro Palmieri.
Se coincidió en orientar los esfuerzos a «mejorar la matriz productiva de la provincia», ya que según explicó el ministro Kremer «hay una carencia de 30 o 40 años de un plan de este tipo en Río Negro».
Por su parte, Di Giácomo indicó que «se trata de un proyecto integral para desarrollar la provincia y cada una de sus regiones».
También quedó claro que «se están dando los pasos finales en la definición de los proyectos, los que determinarán el monto preciso del financiamiento, pero las estimaciones iniciales indican que rondará entre los 500 y 600 millones de dólares», comentaron los funcionarios.
«No se trata de hipotecar el futuro, más bien lo contrario, de querer ir para adelante, de hacer crecer la provincia con una mirada estratégica a pesar de la crisis», expresó la legisladora de Catriel, Viviana Germanier, mientras que el barilochense Alfredo Martín resaltó que una de las metas «es poder diversificar el horizonte productivo de la provincia, aprovechando las ventajas comparativas que Río Negro hoy presenta, y potenciar actividades económicas en las que queda mucho por crecer, como el sector turístico, agrícola y ganadero, entre otros».
Con el compromiso de avanzar en las definiciones finales de proyectos y cuestiones operativas, se repasaron los plazos, y se estima que la gestión de la emisión de los bonos, una vez aprobada la Ley, insumirá unos 6 meses. Teniendo en cuenta esos tiempos, consideraron importante que tanto el gobierno provincial, como los intendentes en la parte que les corresponde, avancen en las definiciones de las obras prioritarias a ser incluidas en el proyecto de Ley que el Ejecutivo pretende enviar a la Legislatura en algunas semanas.
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Judiciales
El STJ declaró abstracta la acción de amparo contra el Código Procesal Penal en Río Negro
Fue sancionada la Ley el pasado 18 de diciembre en la Legislatura.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró abstracta la acción de amparo presentada contra el tratamiento del proyecto de ley que sancionó el Código Procesal Constitucional. La decisión sostuvo que el objeto de la acción quedó sin efecto, ya que la Legislatura provincial abordó el tema en una sesión extraordinaria realizada el 18 de diciembre de 2024.
La acción, presentada por un grupo de ciudadanos el 17 de diciembre, planteaba que el proyecto imponía limitaciones a derechos fundamentales como la salud, el medio ambiente y el consumo, afectando además herramientas legales como el amparo colectivo. Sin embargo, el STJ destacó que no se acreditaron los requisitos indispensables para la procedencia de este tipo de acción, como la urgencia, la gravedad del daño o la inexistencia de otras vías legales para resolver la cuestión.
El dictamen del Procurador General también había considerado que la acción resultaba formalmente improcedente. Señaló que no se demostraba un obrar ilegal o arbitrario por parte de los poderes Ejecutivo o Legislativo, y que la cuestión estaba siendo tratada por el Poder Legislativo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Además, subrayó que el juez que recibió el amparo, y luego lo remitió al STJ, omitió analizar detalladamente los requisitos formales de la acción, lo que habría permitido advertir la falta de fundamentos para su admisibilidad.
En esa línea, el STJ recordó que, según su doctrina y la de la Corte Suprema de la Nación, no corresponde conocer o resolver cuestiones que se vuelven abstractas, ni asumir competencias propias de otros poderes del Estado. Reiteró que las acciones de amparo exigen acreditar condiciones estrictas como urgencia y daño irreparable, lo que no se verificó en este caso.
Asimismo, enfatizó que el amparo no debe ser utilizado como un mecanismo para obstaculizar el ejercicio regular de las funciones legislativas. Finalmente, el fallo dispuso no imponer costas, considerando las particularidades del caso y las deficiencias en el planteo inicial.
Judiciales
A través de un fallo judicial, un niño podrá viajar a Chile con su abuela para participar de un torneo de fútbol
La Justicia requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti resolvió autorizar el viaje de un niño de 12 años a la República de Chile para participar en un torneo de fútbol infantojuvenil. La solicitud fue presentada por su madre, quien requirió suplir el consentimiento del progenitor, con quien el menor no mantiene contacto desde hace una década.
El fallo, dictado por el Juzgado de Familia N° 7, permitirá que el niño viaje acompañado de su abuela materna entre el 20 y el 31 de enero de 2025. Durante ese período, el menor participará en el evento deportivo en la ciudad de Angol y se alojará en un albergue local. Según la presentación judicial, esta actividad busca promover el desarrollo recreativo del niño y no incluye un cambio de residencia permanente.
En su resolución, el tribunal enfatizó el principio del interés superior del niño, previsto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la legislación nacional vigente. Citó, además, disposiciones del Código Civil y Comercial que requieren el consentimiento expreso de ambos progenitores para la salida del país, salvo en casos excepcionales.
El fallo destacó que el progenitor del niño no ha mantenido contacto con él durante los últimos diez años y que su paradero es desconocido. Esta conducta, que fue calificada como abandono, no puede ser motivo para menoscabar los derechos del menor. Por ello, el juzgado decidió suplir el consentimiento paterno y autorizar la salida del país, en resguardo del interés superior del niño.
También se tomaron en cuenta pruebas testimoniales y el dictamen favorable de la Defensora de Menores, quien subrayó la importancia de priorizar el bienestar del niño. El fallo resaltó el derecho del menor al esparcimiento y la recreación, cuestión que se materializa en la participación de actividades deportivas.
La jueza dispuso que esta autorización no habilita una radicación definitiva en el extranjero. La mamá del niño, impulsó la acción judicial a través de abogados particulares con la suficiente antelación para poder coordinar la logística del viaje.
