Río Negro
Ministros y legisladores de Juntos apuran detalles del «Plan Castello»
Buscan que se apruebe la Ley que permite conseguir el financiamiento de entre 500 y 600 millones de dólares.
Legisladores del oficialismo rionegrino se reunieron durante dos horas con miembros del gabinete provincial para avanzar en los detalles de la Ley que se prepara para poner en marcha el denominado «Plan Castello», buscando apurar los tiempos en la presentación de inquietudes e iniciativas, de modo tal de aprovechar los mejores momentos del mercado para conseguir el financiamiento.
Asistieron, además de los diputados provinciales de Juntos Somos Río Negro, el secretario de Obras Públicas, Alejandro Echarren, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, y el ministro de Economía, Isaías Kremer.
También se avanzó en la definición de que una porción del fondo que se obtenga, será distribuido de manera directa a los Municipios, aunque desde Economía aclararon que resta precisar el mecanismo de distribución y repago por parte de las comunas, en función a la capacidad financiera de cada uno.
En todo momento, reafirmaron los presentes que se «trata de un plan de desarrollo que está por encima de los localismos y que tiene como meta incrementar la actividad económica de la provincia», lo que para Kremer significará «mejorar nuestro producto bruto provincial». Acotó además que «ver crecer a la provincia es lo importante».
«La participación de todos los intendentes en las reuniones de la última semana, fue muy importante en la búsqueda de los consensos necesarios, por lo que ahora son tiempos para avanzar en aspectos técnico-operativos y que el Ejecutivo dé forma al proyecto de Ley que se enviará a la Legislatura», sostuvo el presidente del Bloque de JSRN, Alejandro Palmieri.
Se coincidió en orientar los esfuerzos a «mejorar la matriz productiva de la provincia», ya que según explicó el ministro Kremer «hay una carencia de 30 o 40 años de un plan de este tipo en Río Negro».
Por su parte, Di Giácomo indicó que «se trata de un proyecto integral para desarrollar la provincia y cada una de sus regiones».
También quedó claro que «se están dando los pasos finales en la definición de los proyectos, los que determinarán el monto preciso del financiamiento, pero las estimaciones iniciales indican que rondará entre los 500 y 600 millones de dólares», comentaron los funcionarios.
«No se trata de hipotecar el futuro, más bien lo contrario, de querer ir para adelante, de hacer crecer la provincia con una mirada estratégica a pesar de la crisis», expresó la legisladora de Catriel, Viviana Germanier, mientras que el barilochense Alfredo Martín resaltó que una de las metas «es poder diversificar el horizonte productivo de la provincia, aprovechando las ventajas comparativas que Río Negro hoy presenta, y potenciar actividades económicas en las que queda mucho por crecer, como el sector turístico, agrícola y ganadero, entre otros».
Con el compromiso de avanzar en las definiciones finales de proyectos y cuestiones operativas, se repasaron los plazos, y se estima que la gestión de la emisión de los bonos, una vez aprobada la Ley, insumirá unos 6 meses. Teniendo en cuenta esos tiempos, consideraron importante que tanto el gobierno provincial, como los intendentes en la parte que les corresponde, avancen en las definiciones de las obras prioritarias a ser incluidas en el proyecto de Ley que el Ejecutivo pretende enviar a la Legislatura en algunas semanas.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
Río Negro
Becas terciarias y universitarias: Requisitos para la inscripción
El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026
El próximo 11 de mayo comienzan las inscripciones para el Programa de Becas Terciarias/Universitarias 2026, un programa del Gobierno de Río Negro para acompañar a estudiantes de la provincia en su formación.
El Consejo Provincial de Becas definió los criterios de acceso a estas becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública y privada. El monto de las mismas estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026, y se fijó como requisito que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $1.129.800 netos.
Las y los estudiantes podrán inscribirse a través de la página web del Ministerio de Educación y Derechos Humanos donde deberán completar un formulario que estará habilitado en la fecha mencionada.
Posteriormente tendrán que entregar la documentación correspondiente en los Consejos Escolares al que pertenecen por lugar de residencia.
Para anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.
También tendrán que presentar constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.
Para más información, se pueden realizar consultas a [email protected].
Política
Río Negro desregula farmacias y amplía el acceso a medicamentos
Elimina restricciones y suma nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.
La Legislatura de Río Negro sancionó la ley impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck que desregula el sistema de farmacias, eliminando restricciones y sumando nuevas herramientas digitales que buscan garantizar una mejor atención y más accesibilidad a los medicamentos.
«La nueva ley reconoce una realidad que cambió y actualiza el sistema para responder a las demandas actuales, ampliando la libertad de elección y facilitando el acceso a un servicio esencial, con más competencia, innovación y mejores respuestas para los rionegrinos», destacó el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis.
Entre las nuevas herramientas digitales, se destacan la implementación obligatoria de la receta electrónica y la incorporación de la telefarmacia, lo que permitirá gestionar prescripciones de manera digital y acceder a medicamentos mediante envíos seguros y trazables.
En este sentido, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, explicó que «buscamos simplificar y ampliar el acceso. Con esta ley vamos a tener menos barreras para su instalación y herramientas modernas como la receta electrónica y el envío a domicilio. Esto significa que cada vecino va a poder acceder a sus medicamentos de forma más rápida, más cómoda y segura».
Otro de los avances es la posibilidad de prescripción diferida de hasta seis meses para personas con enfermedades crónicas, evitando la necesidad de renovar recetas de manera mensual y facilitando la continuidad de los tratamientos.
Se habilita la apertura del régimen de propiedad. Esto permite que personas físicas o jurídicas puedan ser titulares de farmacias, pero manteniendo la obligatoriedad de la Dirección Técnica a cargo de un farmacéutico matriculado para asegurar estándares de calidad y seguridad sanitaria.
Finalmente, la norma fortalece a la Productora Farmacéutica Rionegrina (PROFARSE), habilitándola a proveer directamente a farmacias locales. Esto permitirá optimizar la red de abastecimiento y contribuir a precios más accesibles para la población, consolidando un sistema más eficiente y cercano.
