Sociedad
Mango y Pita rechazan el cierre del programa nacional REMEDIAR
Así lo hicieron a través de un nuevo proyecto de comunicación, presentado en la Legislatura de Río Negro.
Los legisladores rionegrinos Carina Pita y Marcelo Mango, del Frente Grande-Frente para la Victoria, expresaron «al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud de la Nación el rechazo absoluto al cierre del Programa REMEDIAR».
«Esta decisión del gobierno de Mauricio Macri no es más que un nuevo paso, como sucede como PAMI, hacia al achicamiento del Estado. No implica otra cosa que achicar la conducción del nivel nacional sobre las estrategias de salud pública para avanzar en un proceso de privatización. Esta visión del sistema de salud tiene una profunda raíz ideológica neoliberal que entiende la salud como una mercancía y como un negocio, que se contrapone con la de un proyecto político que amplía y garantiza los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, entendiendo la salud como un derecho humano inalienable y al medicamento como un bien social», expresó el legislador rionegrino Mango.
Por su parte, Pita manifestó que «REMEDIAR seguramente tiene mucho por mejorar, porque fue un programa vertical pensado desde el nivel nacional para reducir brechas -entre las distintas provincias- que han sido difíciles de batallar. Pero este programa, fue eficiente para reducir los costos de los medicamentos por lo menos siete veces, también en garantizar la llegada federal a todos los rincones del país, y también como política sanitaria que orientaba las consultas al primer nivel de atención porque la disponibilidad de medicamentos allí claramente podía resolver problemas y bajaba la demanda de las guardias de los hospitales».
Así mismo, ambos legisladores destacaron que «durante los últimos años, gracias a las políticas públicas de acceso a medicamentos, se redujo la incidencia del gasto de bolsillo respecto de los otros componentes que hacen al gasto total en medicamentos. El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria muestra que se registró una reducción de su participación relativa del 65% (5.751 millones de pesos) en 2003 y al 52% (17.608 millones de pesos) en 2010. Esta tendencia argentina es contraria a la evolución en gran parte del mundo (…) si el programa REMEDIAR se cierra y la población queda sin cobertura gratuita de medicamentos -a modo de ejemplo- una persona de 60 años, diabética (10% de la población adulta) e hipertensa (33% de la población adulta) empezaría a gastar mensualmente de su bolsillo al menos $1075,20».
«Adicionalmente, a fines de 2014 se aprobó la ley nacional N° 27.113 que propició la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y desde comienzos de 2015, se impulsó una mayor participación de los laboratorios públicos en la provisión de medicamentos para el Programa Remediar. De esta manera, es de destacar que el 98% de las licitaciones públicas eran adjudicadas a laboratorios nacionales, promoviendo de esta manera la inversión y el desarrollo de la industria nacional», agregó el legislador rionegrino Marcelo Mango (FG-FpV).
«Por ello, estamos en condiciones de fundamentar que nuevamente -como en los 90- el Estado Nacional descentraliza la prevención y promoción de la salud sin transferir recursos. Esto implica que los medicamentos dejaran de ser comprados y distribuidos por el Estado Nacional y deberían ser garantizados por los Estados provinciales. Esta pérdida de rectoría del nivel central tiene múltiples antecedentes en procesos antipopulares. Como sucedió, por ejemplo, en el año 1994 cuando luego de la reforma constitucional el Estado Nacional se transfirieron -sin planificación ni presupuesto- los hospitales de casi todo el territorio nacional, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables como consecuencia de las asimetrías en los presupuestos provinciales», concluyeron los legisladores rionegrinos Pita y Mango.
¿Qué es el programa REMEDIAR y qué beneficios/derechos garantiza?
Los parlamentarios rionegrinos detallaron que «en Argentina los medicamentos son un bien social, es decir que no están regulados por la economía del mercado; por lo tanto son parte del universo de bienes y prestaciones que el Estado debe garantizar con su provisión y/o con la regulación y control de su producción y comercialización. Durante la última década, el Estado Nacional garantizó su accesibilidad mediante distintas estrategias. Una de las más importantes es el Programa REMEDIAR que funciona hace 13 años en la órbita del Ministerio de Salud. Desde la asunción de Mauricio Macri esta política viene reduciendo su ejecución y hace pocos días fue anunciado su futuro cierre».
«El programa Remediar surgió en el 2002 en el marco de un deterioro social y económico con una tasa de desempleo que trepó al 18% en octubre de 2002 y con más de la mitad de los argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza. Por primera vez en 15 años el consumo de medicamentos había bajado y en 2002 registraba una retracción del 22% interanual. En el contexto de la crisis política y socioeconómica con derrumbe del sistema cambiario y devaluación mediante, se alentó una vez más el aumento de los medicamentos. Por lo que aumentó el incremento de la demanda hacia el sector público», explicaron.
«Por otra parte, el Programa REMEDIAR representa una estrategia de capacitación de los equipos de salud en el uso racional de medicamentos en la atención primaria de la salud. Estas capacitaciones no sólo aumentan el nivel de conocimiento de los médicos sino que además democratizan los avances en la ciencia, siendo una de las pocas instancias de capacitación continua de los profesionales, llevada adelante por el Estado sin patrocinio de la industria farmacéutica. Esta estrategia repercute positivamente en la calidad de atención del sector público, y orienta al uso racional de medicamentos en cuanto a cantidad y calidad para hacer frente a la excesiva medicalización existente».
«Otro aspecto de relevancia es el impacto del Programa REMEDIAR en el gasto en medicamentos. Los medicamentos son bienes preferentes e inelásticos, es decir nunca pueden dejarse de comprar en contra de una indicación médica. Por lo que el alto precio provoca un impacto regresivo en los ingresos familiares, y dado que los sectores en situación de vulnerabilidad suelen ser los que más enfrentan problemas de salud, son los que deben gastar una mayor proporción de sus ingresos para acceder a los medicamentos. En este marco, el suministro por parte del Estado supone una transferencia que equilibra el gas-to entre los distintos sectores de la población, y permite ampliar y hacer más equitativo el acceso a los medicamentos, en particular, y a la salud, en general».
«Otro punto importante del Programa REMEDIAR es su relación e impacto en la producción pública de medicamentos. Buena parte de los medicamentos que adquiría el Programa REMEDIAR provenían de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, generándose un círculo virtuoso entre desarrollo industrial y tecnológico, producción pública de medicamentos, investigación, rectoría sanitaria, regulación de precios del mercado y garantía en el acceso a un bien social como es el medicamento. Hasta el momento, el programa compraba medicamentos al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico dependiente de la Provincia de Santa Fe), al LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales dependiente de la Municipalidad de Rosario), a Laboratorios Puntanos SE (dependiente de la provincia de San Luis) y al Laboratorio de Hemoderivados (dependiente de la Universidad Nacional de Córdo- ba). A su vez, la mayor parte de la producción de algunos de estos laboratorios públicos estaba destinada a satisfacer las compras del Programa REMEDIAR, de modo que si dejara de existir, se verían fuertemente afectados», concluyeron Pita y Mango.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
