Sociedad
Mango y Pita rechazan el cierre del programa nacional REMEDIAR
Así lo hicieron a través de un nuevo proyecto de comunicación, presentado en la Legislatura de Río Negro.

Los legisladores rionegrinos Carina Pita y Marcelo Mango, del Frente Grande-Frente para la Victoria, expresaron «al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud de la Nación el rechazo absoluto al cierre del Programa REMEDIAR».
«Esta decisión del gobierno de Mauricio Macri no es más que un nuevo paso, como sucede como PAMI, hacia al achicamiento del Estado. No implica otra cosa que achicar la conducción del nivel nacional sobre las estrategias de salud pública para avanzar en un proceso de privatización. Esta visión del sistema de salud tiene una profunda raíz ideológica neoliberal que entiende la salud como una mercancía y como un negocio, que se contrapone con la de un proyecto político que amplía y garantiza los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, entendiendo la salud como un derecho humano inalienable y al medicamento como un bien social», expresó el legislador rionegrino Mango.
Por su parte, Pita manifestó que «REMEDIAR seguramente tiene mucho por mejorar, porque fue un programa vertical pensado desde el nivel nacional para reducir brechas -entre las distintas provincias- que han sido difíciles de batallar. Pero este programa, fue eficiente para reducir los costos de los medicamentos por lo menos siete veces, también en garantizar la llegada federal a todos los rincones del país, y también como política sanitaria que orientaba las consultas al primer nivel de atención porque la disponibilidad de medicamentos allí claramente podía resolver problemas y bajaba la demanda de las guardias de los hospitales».
Así mismo, ambos legisladores destacaron que «durante los últimos años, gracias a las políticas públicas de acceso a medicamentos, se redujo la incidencia del gasto de bolsillo respecto de los otros componentes que hacen al gasto total en medicamentos. El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria muestra que se registró una reducción de su participación relativa del 65% (5.751 millones de pesos) en 2003 y al 52% (17.608 millones de pesos) en 2010. Esta tendencia argentina es contraria a la evolución en gran parte del mundo (…) si el programa REMEDIAR se cierra y la población queda sin cobertura gratuita de medicamentos -a modo de ejemplo- una persona de 60 años, diabética (10% de la población adulta) e hipertensa (33% de la población adulta) empezaría a gastar mensualmente de su bolsillo al menos $1075,20».
«Adicionalmente, a fines de 2014 se aprobó la ley nacional N° 27.113 que propició la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y desde comienzos de 2015, se impulsó una mayor participación de los laboratorios públicos en la provisión de medicamentos para el Programa Remediar. De esta manera, es de destacar que el 98% de las licitaciones públicas eran adjudicadas a laboratorios nacionales, promoviendo de esta manera la inversión y el desarrollo de la industria nacional», agregó el legislador rionegrino Marcelo Mango (FG-FpV).
«Por ello, estamos en condiciones de fundamentar que nuevamente -como en los 90- el Estado Nacional descentraliza la prevención y promoción de la salud sin transferir recursos. Esto implica que los medicamentos dejaran de ser comprados y distribuidos por el Estado Nacional y deberían ser garantizados por los Estados provinciales. Esta pérdida de rectoría del nivel central tiene múltiples antecedentes en procesos antipopulares. Como sucedió, por ejemplo, en el año 1994 cuando luego de la reforma constitucional el Estado Nacional se transfirieron -sin planificación ni presupuesto- los hospitales de casi todo el territorio nacional, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables como consecuencia de las asimetrías en los presupuestos provinciales», concluyeron los legisladores rionegrinos Pita y Mango.
¿Qué es el programa REMEDIAR y qué beneficios/derechos garantiza?
Los parlamentarios rionegrinos detallaron que «en Argentina los medicamentos son un bien social, es decir que no están regulados por la economía del mercado; por lo tanto son parte del universo de bienes y prestaciones que el Estado debe garantizar con su provisión y/o con la regulación y control de su producción y comercialización. Durante la última década, el Estado Nacional garantizó su accesibilidad mediante distintas estrategias. Una de las más importantes es el Programa REMEDIAR que funciona hace 13 años en la órbita del Ministerio de Salud. Desde la asunción de Mauricio Macri esta política viene reduciendo su ejecución y hace pocos días fue anunciado su futuro cierre».
«El programa Remediar surgió en el 2002 en el marco de un deterioro social y económico con una tasa de desempleo que trepó al 18% en octubre de 2002 y con más de la mitad de los argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza. Por primera vez en 15 años el consumo de medicamentos había bajado y en 2002 registraba una retracción del 22% interanual. En el contexto de la crisis política y socioeconómica con derrumbe del sistema cambiario y devaluación mediante, se alentó una vez más el aumento de los medicamentos. Por lo que aumentó el incremento de la demanda hacia el sector público», explicaron.
«Por otra parte, el Programa REMEDIAR representa una estrategia de capacitación de los equipos de salud en el uso racional de medicamentos en la atención primaria de la salud. Estas capacitaciones no sólo aumentan el nivel de conocimiento de los médicos sino que además democratizan los avances en la ciencia, siendo una de las pocas instancias de capacitación continua de los profesionales, llevada adelante por el Estado sin patrocinio de la industria farmacéutica. Esta estrategia repercute positivamente en la calidad de atención del sector público, y orienta al uso racional de medicamentos en cuanto a cantidad y calidad para hacer frente a la excesiva medicalización existente».
«Otro aspecto de relevancia es el impacto del Programa REMEDIAR en el gasto en medicamentos. Los medicamentos son bienes preferentes e inelásticos, es decir nunca pueden dejarse de comprar en contra de una indicación médica. Por lo que el alto precio provoca un impacto regresivo en los ingresos familiares, y dado que los sectores en situación de vulnerabilidad suelen ser los que más enfrentan problemas de salud, son los que deben gastar una mayor proporción de sus ingresos para acceder a los medicamentos. En este marco, el suministro por parte del Estado supone una transferencia que equilibra el gas-to entre los distintos sectores de la población, y permite ampliar y hacer más equitativo el acceso a los medicamentos, en particular, y a la salud, en general».
«Otro punto importante del Programa REMEDIAR es su relación e impacto en la producción pública de medicamentos. Buena parte de los medicamentos que adquiría el Programa REMEDIAR provenían de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, generándose un círculo virtuoso entre desarrollo industrial y tecnológico, producción pública de medicamentos, investigación, rectoría sanitaria, regulación de precios del mercado y garantía en el acceso a un bien social como es el medicamento. Hasta el momento, el programa compraba medicamentos al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico dependiente de la Provincia de Santa Fe), al LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales dependiente de la Municipalidad de Rosario), a Laboratorios Puntanos SE (dependiente de la provincia de San Luis) y al Laboratorio de Hemoderivados (dependiente de la Universidad Nacional de Córdo- ba). A su vez, la mayor parte de la producción de algunos de estos laboratorios públicos estaba destinada a satisfacer las compras del Programa REMEDIAR, de modo que si dejara de existir, se verían fuertemente afectados», concluyeron Pita y Mango.
Roca
El Municipio aseguró que la Fiesta de la Manzana dejó más de $10.000 millones en la economía local
El neto total invertido por la comuna roquense fue de $2.372 millones.

La Fiesta Nacional de la Manzana cerró su edición 2026 con un balance «altamente positivo», según evaluó el Municipio de Roca. La nueva disposición del predio y las condiciones climáticas favorables generaron el marco ideal para que miles de personas disfrutaran durante las tres jornadas.
Desde la organización destacaron la diversidad de propuestas artísticas, la integración de los espacios y la fluidez en la circulación dentro del predio. También se subrayó el operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del evento, que permitió un desarrollo sin incidentes de gravedad pese a la masividad.
En el plano económico, se estima que el movimiento generado en la ciudad y el Alto Valle superó los 10.000 millones de pesos, con fuerte repercusión en los sectores hotelero, gastronómico, turístico, comercial y de servicios.
La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora de la FNM, destacó el trabajo del personal municipal, fuerzas de seguridad, salud y bomberos. «El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro», expresó.
En cuanto a los números oficiales, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos.
Entre los principales ingresos se contabilizaron la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).
Respecto a los egresos, las mayores partidas se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales y preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem se incluyó la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro por $113.382.700, con el objetivo de reforzar la seguridad sin afectar el servicio en la ciudad.
Judiciales
Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.

Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
Roca
Alcohol cero en Roca: Detectaron infracciones y retuvieron motos y autos
Se confeccionaron 121 actas y se detectaron 9 casos de alcoholemia positiva.

Como ocurre semanalmente, inspectores municipales de Tránsito realizaron controles en diferentes sectores de General Roca con el objetivo de preservar la seguridad vial, tanto en la zona rural como en el centro.
Los operativos, desarrollados entre el lunes (16/02) y el domingo (22/02), arrojaron como resultado la confección de 121 actas, de las cuales 9 fueron por alcoholemia positiva. En esos casos se procedió a la retención preventiva de 6 vehículos.
Además, se concretaron otras 4 retenciones por distintas infracciones, lo que elevó el total a 10 vehículos retenidos: 8 motos y 2 automóviles. Según se informó, las faltas más frecuentes fueron la ausencia de licencia de conducir y de seguro obligatorio.
Desde el Municipio recordaron que se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.





