Sociedad
Mango y Pita rechazan el cierre del programa nacional REMEDIAR
Así lo hicieron a través de un nuevo proyecto de comunicación, presentado en la Legislatura de Río Negro.
Los legisladores rionegrinos Carina Pita y Marcelo Mango, del Frente Grande-Frente para la Victoria, expresaron «al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud de la Nación el rechazo absoluto al cierre del Programa REMEDIAR».
«Esta decisión del gobierno de Mauricio Macri no es más que un nuevo paso, como sucede como PAMI, hacia al achicamiento del Estado. No implica otra cosa que achicar la conducción del nivel nacional sobre las estrategias de salud pública para avanzar en un proceso de privatización. Esta visión del sistema de salud tiene una profunda raíz ideológica neoliberal que entiende la salud como una mercancía y como un negocio, que se contrapone con la de un proyecto político que amplía y garantiza los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, entendiendo la salud como un derecho humano inalienable y al medicamento como un bien social», expresó el legislador rionegrino Mango.
Por su parte, Pita manifestó que «REMEDIAR seguramente tiene mucho por mejorar, porque fue un programa vertical pensado desde el nivel nacional para reducir brechas -entre las distintas provincias- que han sido difíciles de batallar. Pero este programa, fue eficiente para reducir los costos de los medicamentos por lo menos siete veces, también en garantizar la llegada federal a todos los rincones del país, y también como política sanitaria que orientaba las consultas al primer nivel de atención porque la disponibilidad de medicamentos allí claramente podía resolver problemas y bajaba la demanda de las guardias de los hospitales».
Así mismo, ambos legisladores destacaron que «durante los últimos años, gracias a las políticas públicas de acceso a medicamentos, se redujo la incidencia del gasto de bolsillo respecto de los otros componentes que hacen al gasto total en medicamentos. El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria muestra que se registró una reducción de su participación relativa del 65% (5.751 millones de pesos) en 2003 y al 52% (17.608 millones de pesos) en 2010. Esta tendencia argentina es contraria a la evolución en gran parte del mundo (…) si el programa REMEDIAR se cierra y la población queda sin cobertura gratuita de medicamentos -a modo de ejemplo- una persona de 60 años, diabética (10% de la población adulta) e hipertensa (33% de la población adulta) empezaría a gastar mensualmente de su bolsillo al menos $1075,20».
«Adicionalmente, a fines de 2014 se aprobó la ley nacional N° 27.113 que propició la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y desde comienzos de 2015, se impulsó una mayor participación de los laboratorios públicos en la provisión de medicamentos para el Programa Remediar. De esta manera, es de destacar que el 98% de las licitaciones públicas eran adjudicadas a laboratorios nacionales, promoviendo de esta manera la inversión y el desarrollo de la industria nacional», agregó el legislador rionegrino Marcelo Mango (FG-FpV).
«Por ello, estamos en condiciones de fundamentar que nuevamente -como en los 90- el Estado Nacional descentraliza la prevención y promoción de la salud sin transferir recursos. Esto implica que los medicamentos dejaran de ser comprados y distribuidos por el Estado Nacional y deberían ser garantizados por los Estados provinciales. Esta pérdida de rectoría del nivel central tiene múltiples antecedentes en procesos antipopulares. Como sucedió, por ejemplo, en el año 1994 cuando luego de la reforma constitucional el Estado Nacional se transfirieron -sin planificación ni presupuesto- los hospitales de casi todo el territorio nacional, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables como consecuencia de las asimetrías en los presupuestos provinciales», concluyeron los legisladores rionegrinos Pita y Mango.
¿Qué es el programa REMEDIAR y qué beneficios/derechos garantiza?
Los parlamentarios rionegrinos detallaron que «en Argentina los medicamentos son un bien social, es decir que no están regulados por la economía del mercado; por lo tanto son parte del universo de bienes y prestaciones que el Estado debe garantizar con su provisión y/o con la regulación y control de su producción y comercialización. Durante la última década, el Estado Nacional garantizó su accesibilidad mediante distintas estrategias. Una de las más importantes es el Programa REMEDIAR que funciona hace 13 años en la órbita del Ministerio de Salud. Desde la asunción de Mauricio Macri esta política viene reduciendo su ejecución y hace pocos días fue anunciado su futuro cierre».
«El programa Remediar surgió en el 2002 en el marco de un deterioro social y económico con una tasa de desempleo que trepó al 18% en octubre de 2002 y con más de la mitad de los argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza. Por primera vez en 15 años el consumo de medicamentos había bajado y en 2002 registraba una retracción del 22% interanual. En el contexto de la crisis política y socioeconómica con derrumbe del sistema cambiario y devaluación mediante, se alentó una vez más el aumento de los medicamentos. Por lo que aumentó el incremento de la demanda hacia el sector público», explicaron.
«Por otra parte, el Programa REMEDIAR representa una estrategia de capacitación de los equipos de salud en el uso racional de medicamentos en la atención primaria de la salud. Estas capacitaciones no sólo aumentan el nivel de conocimiento de los médicos sino que además democratizan los avances en la ciencia, siendo una de las pocas instancias de capacitación continua de los profesionales, llevada adelante por el Estado sin patrocinio de la industria farmacéutica. Esta estrategia repercute positivamente en la calidad de atención del sector público, y orienta al uso racional de medicamentos en cuanto a cantidad y calidad para hacer frente a la excesiva medicalización existente».
«Otro aspecto de relevancia es el impacto del Programa REMEDIAR en el gasto en medicamentos. Los medicamentos son bienes preferentes e inelásticos, es decir nunca pueden dejarse de comprar en contra de una indicación médica. Por lo que el alto precio provoca un impacto regresivo en los ingresos familiares, y dado que los sectores en situación de vulnerabilidad suelen ser los que más enfrentan problemas de salud, son los que deben gastar una mayor proporción de sus ingresos para acceder a los medicamentos. En este marco, el suministro por parte del Estado supone una transferencia que equilibra el gas-to entre los distintos sectores de la población, y permite ampliar y hacer más equitativo el acceso a los medicamentos, en particular, y a la salud, en general».
«Otro punto importante del Programa REMEDIAR es su relación e impacto en la producción pública de medicamentos. Buena parte de los medicamentos que adquiría el Programa REMEDIAR provenían de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, generándose un círculo virtuoso entre desarrollo industrial y tecnológico, producción pública de medicamentos, investigación, rectoría sanitaria, regulación de precios del mercado y garantía en el acceso a un bien social como es el medicamento. Hasta el momento, el programa compraba medicamentos al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico dependiente de la Provincia de Santa Fe), al LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales dependiente de la Municipalidad de Rosario), a Laboratorios Puntanos SE (dependiente de la provincia de San Luis) y al Laboratorio de Hemoderivados (dependiente de la Universidad Nacional de Córdo- ba). A su vez, la mayor parte de la producción de algunos de estos laboratorios públicos estaba destinada a satisfacer las compras del Programa REMEDIAR, de modo que si dejara de existir, se verían fuertemente afectados», concluyeron Pita y Mango.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
