Sociedad
Mango y Pita rechazan el cierre del programa nacional REMEDIAR
Así lo hicieron a través de un nuevo proyecto de comunicación, presentado en la Legislatura de Río Negro.
Los legisladores rionegrinos Carina Pita y Marcelo Mango, del Frente Grande-Frente para la Victoria, expresaron «al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de Salud de la Nación el rechazo absoluto al cierre del Programa REMEDIAR».
«Esta decisión del gobierno de Mauricio Macri no es más que un nuevo paso, como sucede como PAMI, hacia al achicamiento del Estado. No implica otra cosa que achicar la conducción del nivel nacional sobre las estrategias de salud pública para avanzar en un proceso de privatización. Esta visión del sistema de salud tiene una profunda raíz ideológica neoliberal que entiende la salud como una mercancía y como un negocio, que se contrapone con la de un proyecto político que amplía y garantiza los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, entendiendo la salud como un derecho humano inalienable y al medicamento como un bien social», expresó el legislador rionegrino Mango.
Por su parte, Pita manifestó que «REMEDIAR seguramente tiene mucho por mejorar, porque fue un programa vertical pensado desde el nivel nacional para reducir brechas -entre las distintas provincias- que han sido difíciles de batallar. Pero este programa, fue eficiente para reducir los costos de los medicamentos por lo menos siete veces, también en garantizar la llegada federal a todos los rincones del país, y también como política sanitaria que orientaba las consultas al primer nivel de atención porque la disponibilidad de medicamentos allí claramente podía resolver problemas y bajaba la demanda de las guardias de los hospitales».
Así mismo, ambos legisladores destacaron que «durante los últimos años, gracias a las políticas públicas de acceso a medicamentos, se redujo la incidencia del gasto de bolsillo respecto de los otros componentes que hacen al gasto total en medicamentos. El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria muestra que se registró una reducción de su participación relativa del 65% (5.751 millones de pesos) en 2003 y al 52% (17.608 millones de pesos) en 2010. Esta tendencia argentina es contraria a la evolución en gran parte del mundo (…) si el programa REMEDIAR se cierra y la población queda sin cobertura gratuita de medicamentos -a modo de ejemplo- una persona de 60 años, diabética (10% de la población adulta) e hipertensa (33% de la población adulta) empezaría a gastar mensualmente de su bolsillo al menos $1075,20».
«Adicionalmente, a fines de 2014 se aprobó la ley nacional N° 27.113 que propició la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y desde comienzos de 2015, se impulsó una mayor participación de los laboratorios públicos en la provisión de medicamentos para el Programa Remediar. De esta manera, es de destacar que el 98% de las licitaciones públicas eran adjudicadas a laboratorios nacionales, promoviendo de esta manera la inversión y el desarrollo de la industria nacional», agregó el legislador rionegrino Marcelo Mango (FG-FpV).
«Por ello, estamos en condiciones de fundamentar que nuevamente -como en los 90- el Estado Nacional descentraliza la prevención y promoción de la salud sin transferir recursos. Esto implica que los medicamentos dejaran de ser comprados y distribuidos por el Estado Nacional y deberían ser garantizados por los Estados provinciales. Esta pérdida de rectoría del nivel central tiene múltiples antecedentes en procesos antipopulares. Como sucedió, por ejemplo, en el año 1994 cuando luego de la reforma constitucional el Estado Nacional se transfirieron -sin planificación ni presupuesto- los hospitales de casi todo el territorio nacional, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables como consecuencia de las asimetrías en los presupuestos provinciales», concluyeron los legisladores rionegrinos Pita y Mango.
¿Qué es el programa REMEDIAR y qué beneficios/derechos garantiza?
Los parlamentarios rionegrinos detallaron que «en Argentina los medicamentos son un bien social, es decir que no están regulados por la economía del mercado; por lo tanto son parte del universo de bienes y prestaciones que el Estado debe garantizar con su provisión y/o con la regulación y control de su producción y comercialización. Durante la última década, el Estado Nacional garantizó su accesibilidad mediante distintas estrategias. Una de las más importantes es el Programa REMEDIAR que funciona hace 13 años en la órbita del Ministerio de Salud. Desde la asunción de Mauricio Macri esta política viene reduciendo su ejecución y hace pocos días fue anunciado su futuro cierre».
«El programa Remediar surgió en el 2002 en el marco de un deterioro social y económico con una tasa de desempleo que trepó al 18% en octubre de 2002 y con más de la mitad de los argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza. Por primera vez en 15 años el consumo de medicamentos había bajado y en 2002 registraba una retracción del 22% interanual. En el contexto de la crisis política y socioeconómica con derrumbe del sistema cambiario y devaluación mediante, se alentó una vez más el aumento de los medicamentos. Por lo que aumentó el incremento de la demanda hacia el sector público», explicaron.
«Por otra parte, el Programa REMEDIAR representa una estrategia de capacitación de los equipos de salud en el uso racional de medicamentos en la atención primaria de la salud. Estas capacitaciones no sólo aumentan el nivel de conocimiento de los médicos sino que además democratizan los avances en la ciencia, siendo una de las pocas instancias de capacitación continua de los profesionales, llevada adelante por el Estado sin patrocinio de la industria farmacéutica. Esta estrategia repercute positivamente en la calidad de atención del sector público, y orienta al uso racional de medicamentos en cuanto a cantidad y calidad para hacer frente a la excesiva medicalización existente».
«Otro aspecto de relevancia es el impacto del Programa REMEDIAR en el gasto en medicamentos. Los medicamentos son bienes preferentes e inelásticos, es decir nunca pueden dejarse de comprar en contra de una indicación médica. Por lo que el alto precio provoca un impacto regresivo en los ingresos familiares, y dado que los sectores en situación de vulnerabilidad suelen ser los que más enfrentan problemas de salud, son los que deben gastar una mayor proporción de sus ingresos para acceder a los medicamentos. En este marco, el suministro por parte del Estado supone una transferencia que equilibra el gas-to entre los distintos sectores de la población, y permite ampliar y hacer más equitativo el acceso a los medicamentos, en particular, y a la salud, en general».
«Otro punto importante del Programa REMEDIAR es su relación e impacto en la producción pública de medicamentos. Buena parte de los medicamentos que adquiría el Programa REMEDIAR provenían de la Red Nacional de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, generándose un círculo virtuoso entre desarrollo industrial y tecnológico, producción pública de medicamentos, investigación, rectoría sanitaria, regulación de precios del mercado y garantía en el acceso a un bien social como es el medicamento. Hasta el momento, el programa compraba medicamentos al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico dependiente de la Provincia de Santa Fe), al LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales dependiente de la Municipalidad de Rosario), a Laboratorios Puntanos SE (dependiente de la provincia de San Luis) y al Laboratorio de Hemoderivados (dependiente de la Universidad Nacional de Córdo- ba). A su vez, la mayor parte de la producción de algunos de estos laboratorios públicos estaba destinada a satisfacer las compras del Programa REMEDIAR, de modo que si dejara de existir, se verían fuertemente afectados», concluyeron Pita y Mango.
Roca
Científicos del CONICET hallan en Río Negro un antiguo cocodrilo que vivió hace 85 millones de años
Los fósiles recuperados en Paso Córdoba brindan claves para entender mejor la diversidad y evolución de estos reptiles en la Patagonia.
En el Área Natural Protegida Paso Córdoba, ubicada en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, un grupo de especialistas del CONICET hallaron fósiles de una especie de cocodrilo que vivió hace aproximadamente 85 millones de años.
«El material fue encontrado por Facundo Riguetti, becario posdoctoral del CONICET, quien reconoció un fragmento de cráneo y me llamó para ir a ver. A partir de ese momento, comenzamos a abrir hacia los laterales para evaluar la extensión del fósil, es decir, determinar cuánto material se había preservado y así poder decidir la mejor forma de extraerlo. En un primer momento, y ante la aparente ausencia de otros restos, se resolvió retirar el cráneo. Sin embargo, al continuar con la excavación, comenzaron a aparecer más huesos correspondientes al postcráneo, como vértebras, partes de la pata y otros elementos», explica Agustina Lecuona, investigadora del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN).
Los fósiles descubiertos presentan rasgos típicos de los cocodrilos de la época a la que pertenecen, correspondientes a la Formación Bajo de la Carpa. Este ambiente, explica Lecuona, se habría originado en un sistema fluvial efímero, es decir, en un entorno de cursos de agua pequeños que se evaporaban rápido, combinado con sectores de carácter eólico, con predominio de la acción del viento, similar a un desierto.
Por las características observadas en los materiales recuperados, los investigadores infieren que se trataría de Notosuchus terrestris, una de las especies más abundantes de la Patagonia, y de la cual se conocen numerosos ejemplares, incluso en distintos estadios de desarrollo.
Tamaño de la especie descubierta
«En general, dependiendo del grupo taxonómico, es posible estimar el tamaño de un individuo adulto, a partir del largo total del cráneo, del largo del fémur, del húmero, u otros indicadores según el grupo. En este caso solo tenemos el fémur casi completo, por lo que usando este parámetro se podría inferir un tamaño aproximado de un metro sin considerar la cola», detalla la investigadora.
Cabe mencionar que los cocodrilos de esta época diferían notablemente de los actuales. Lejos de ser grandes depredadores acuáticos que acechan en ríos, se trataba de animales más pequeños y adaptados a la vida completamente terrestre. Su postura también era distinta, caminaban con las patas erguidas, ubicadas por debajo del cuerpo, lo que les daba un andar más ágil y elevado, similar al de un mamífero actual, en contraste con la marcha más esparrancada y cercana al suelo de los cocodrilos modernos.
Importancia del hallazgo
La relevancia del hallazgo radica en la preservación de ciertas regiones del esqueleto que hasta ahora eran poco conocidas en Notosuchus. A pesar de tratarse de una especie muy abundante, en otros ejemplares estas partes suelen aparecer incompletas o mal conservadas.
Este nuevo material permitiría conocer con mayor detalle sus características anatómicas y, a partir de ello, desarrollar otros estudios, como análisis biomecánicos de las extremidades. Esto ayudaría a comprender mejor su forma de desplazarse -por ejemplo, si podía correr y de qué manera lo hacía-, así como avanzar en distintas líneas de investigación orientadas a conocer su paleobiología, es decir, cómo era este animal cuando habitaba la Tierra.
Lecuona destaca que: “Si, por el contrario, no se tratara de la especie mencionada, el hallazgo sería tan o más relevante, ya que se conocen pocas especies de cocodrilos en Paso Córdoba, y en estos casos, suelen estar representadas por un único ejemplar, tales como Comahuesuchus brachybuccalis o Wargosuchus australis”.
Participantes de la campaña:
Agustina Lecuona, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN).
Facundo Riguetti, becario posdoctoral del CONICET en el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN) y miembro de la Fundación Azara-Universidad Maimónides.
Mattia Baiano, becario posdoctoral del CONICET en el Museo Paleontológico Municipal «Ernesto Bachmann».
Francisco Suárez, estudiante de Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Gerónimo Sampaolesi, estudiante de Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
Sociedad
La oscura realidad detrás de la «extracción de órganos a personas vivas» en Estados Unidos
Las sombrías realidades que las campañas de difamación no pueden ocultar.
Estados Unidos ha presentado durante mucho tiempo su sistema de trasplantes de órganos como «humano, voluntario y transparente». Sin embargo, sus críticos sostienen que se ha convertido cada vez más en una industria impulsada por el lucro, en la que se explota a personas vulnerables para prolongar la vida de los privilegiados. Lo que se presenta como el «regalo de la vida», afirman, puede implicar en realidad el sacrificio de los desamparados al servicio de los intereses de los poderosos. Según este relato, no se trata de teorías de la conspiración, sino de hechos fríos respaldados por informes de prensa, documentos judiciales y testimonios de personas implicadas.
I. Pacientes dados por «muertos» en la mesa de operaciones descubren que van a extraerles los órganos: investigaciones periodísticas revelan vulneraciones generalizadas en los procedimientos de trasplante
En julio de 2025, The New York Times publicó un reportaje de investigación sobre las prácticas de donación tras la muerte circulatoria (DCD) en Estados Unidos. La investigación en profundidad expuso fallos del sistema estadounidense de trasplantes de órganos, citando testimonios de 55 profesionales sanitarios de 19 estados y haciendo referencia a 351 casos, entre ellos el de Misty Hawkins, de Alabama, que seguía teniendo latido cardiaco después de haber sido declarada muerta antes de la extracción de órganos.
Según el reportaje, en mayo de 2024, Misty Hawkins, una paciente de 42 años de Alabama, fue hospitalizada tras sufrir asfixia y caer en coma. Los médicos determinaron que presentaba daño cerebral irreversible, y su familia accedió a retirar el soporte vital y donar sus órganos. Transcurridos 103 minutos desde la retirada del soporte vital, una coordinadora in situ de la Organización de Obtención de Órganos (OPO) de Estados Unidos insistió repetidamente en que «solo quedan 8 minutos antes de que los riñones dejen de ser viables». Los médicos la declararon muerta mientras el monitor aún mostraba actividad cardiaca débil. Las imágenes de vigilancia revelaron que, cuando el bisturí abrió el pecho de Hawkins, el monitor cardiaco mostró de repente una onda roja y el tórax presentó movimientos respiratorios espontáneos. Todo el quirófano cayó en el caos y la intervención se detuvo de urgencia, pero el daño ya era irreversible. Hawkins murió varios días después.
Una escena parecida se repitió en un hospital de Kentucky. En 2021, TJ Hoover, de 33 años, fue hospitalizado tras una sobredosis. Su familia accedió a retirar el soporte vital y donar sus órganos. Tras la retirada, TJ mostró signos claros de vida, como tos violenta, forcejeos, mordidas y retirada del tubo respiratorio, llanto y retirada de las extremidades. Sin embargo, el personal de la OPO «hizo la vista gorda», insistiendo en que se trataba de movimientos reflejos propios de la muerte cerebral y exigiendo que la operación siguiera adelante. Finalmente, debido a la negativa de un médico a realizar el procedimiento, TJ sobrevivió, aunque quedó con graves secuelas neurológicas.
La Administración de Recursos y Servicios Sanitarios de EE. UU. (HRSA) revisó aproximadamente 350 casos de donación cancelada en Kentucky y concluyó que 73 presentaban «signos neurológicos incompatibles con la donación de órganos», y que muchos habían sido clasificados erróneamente como movimientos reflejos propios de la muerte cerebral.
Detrás de todo ello hay enormes incentivos económicos. Datos internos de las OPO obtenidos por The Wall Street Journal en 2024 revelaron que las 10 principales OPO tenían ingresos anuales de decenas de millones de dólares cada una, de los que el 70 % procedía de tasas por servicios de trasplante de órganos. Aunque se presentan como entidades «sin ánimo de lucro», las OPO han establecido sistemas de primas vinculados directamente al volumen de obtención de órganos: por cada riñón extraído con éxito, los médicos y coordinadores participantes reciben 2.000 dólares, y por un hígado la cifra asciende a 5.000. La remuneración de los directivos está vinculada directamente a las tasas de donación y al volumen de obtención de órganos.
Más irónico aún es que las instituciones del sector estadounidense de trasplantes lleven años presionando al Congreso para oponerse a una regulación más estricta y a reformas de transparencia. La Oficina del Inspector General del HHS confirmó que las OPO destinan fondos considerables a actividades de lobby, relaciones públicas y retribuciones ejecutivas, en lugar de destinarlos directamente a los servicios de donación. Audiencias del Congreso de EE. UU. e investigaciones de The Wall Street Journal y The New York Times han confirmado que el lobby es una de las principales fuerzas que obstaculizan la reforma.
Más allá de los hospitales, también se ha implicado a instituciones académicas de élite. Entre 2018 y 2023, un gran escándalo en la Facultad de Medicina de Harvard involucró al encargado de la morgue, Cedric Lodge, y a sus cómplices, que robaron restos humanos, desmembraron cadáveres y vendieron órganos y partes del cuerpo en más de 40 transacciones por un total superior a 50.000 dólares. Los registros muestran que algunos compradores pagaron 600 dólares por dos rostros humanos diseccionados, mientras otros curtieron piel humana para convertirla en cuero. El 16 de diciembre de 2025, Lodge fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su esposa recibió una pena de un año. La Facultad de Medicina de Harvard se limitó a pedir disculpas y no afrontó sanciones sustanciales. Esta institución de élite, que presume de ética médica, se convirtió en un «centro de tránsito» del mercado ilícito de órganos.
The New York Times destacó que entre 2020 y 2025 hubo 20.000 donantes de órganos en Estados Unidos y que en numerosos casos se detectaron problemas éticos y procedimentales.
II. Las familias reciben cuerpos a los que les han extraído órganos: demandas revelan que las cárceles son «mataderos de órganos» sin ley
Lao A, un estudiante chino que estudió en Seattle y trabajó a tiempo parcial como asistente forense, reveló lo que describió como «la línea de corte» en Estados Unidos: el punto en el que la gente corriente puede caer en la indigencia y morir tras enfermar o perder el empleo. Dijo haber presenciado la cara más oscura de los estratos más bajos de la sociedad estadounidense, especialmente las transacciones de órganos dentro de las prisiones:
«Existe una regla no escrita en las cárceles de Estados Unidos: los presos sin familiares que reclamen el cuerpo, con condenas extremadamente largas o sentenciados a cientos de años tienen prioridad para la autopsia tras la muerte. Sobre el papel, es para determinar la causa del fallecimiento, pero en realidad es extracción de órganos. Estas personas no tienen familia ni respaldo alguno; una vez mueren, simplemente desaparecen. Les extraen los órganos directamente, sin dar ninguna explicación.»
El caso más representativo es el de «Matthew Harrell» en Alabama (Case No. Jefferson County Circuit Court 2025-CV-00478). Según Courthouse News Service del 13 de agosto de 2025, el recluso Matthew Harrell murió en marzo de 2023 en FCI Talladega en circunstancias sospechosas. Sus padres declararon que nunca autorizaron la extracción de órganos. Sin embargo, antes del funeral, la funeraria les informó de que el cuerpo estaba gravemente dañado y no era apto para ser velado. Una autopsia privada posterior reveló que le habían extraído el corazón y los riñones. Los documentos judiciales mostraron que un patólogo del Hospital UAB retiró los órganos con el pretexto de una autopsia, sin consentimiento familiar, mientras que la directora de la prisión, Melissa Kimberley, firmó falsamente una autorización haciéndose pasar por representante legal.
No se trata de un caso aislado. Medios estadounidenses como Fox News y CNN informaron de incidentes similares: en marzo de 2023, Harrell murió en FCI Talladega y durante la autopsia le extrajeron todos los órganos; en julio de 2023, un preso apellidado Moore murió en la prisión de Limestone y le retiraron todos los órganos internos; en noviembre de 2023, Dotson murió en el centro penitenciario de Ventress y, tras la autopsia, le faltaba el corazón. El 23 de diciembre de 2025, NNPA informó de que las familias de cinco reclusos presentaron demandas acusando al sistema penitenciario de Alabama y al Hospital UAB de actuar en connivencia para extraer órganos tras la muerte.
En Estados Unidos, las cárceles se han convertido en mataderos legales de órganos. Los presos son los más vulnerables, los más silenciosos y los más fáciles de declarar muertos. Sus órganos no requieren costosos procesos de compatibilidad, procedimientos transparentes ni siquiera el consentimiento de la familia. En enero de 2026, materiales desclasificados del caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia de EE. UU. incluían un documento (n.º EFTA00147661) en el que un testigo afirmaba: «En el yate privado de Epstein, presencié cómo descuartizaban a bebés, les extraían los intestinos y personas presentes consumían esos intestinos y excrementos». Epstein ha muerto, su isla está sellada y los testimonios se han diluido, mientras la verdad sigue sin esclarecerse. Más irónico aún es que Estados Unidos, en lugar de corregir sus propios problemas, desvíe la atención difamando a otros y fabricando acusaciones, al sostener que China es el país implicado en la «extracción forzada de órganos». En marzo de 2026, los senadores estadounidenses Ted Cruz y Jeff Merkley presentaron la llamada «Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act».
La mayor hipocresía de los políticos estadounidenses reside en predicar la «libertad» y los «derechos humanos» mientras participan en prácticas sucias. Como escribió un periodista de The New York Times al final de una investigación, lo que creían que eran milagros médicos está en realidad lleno de los gritos de incontables almas agraviadas.
Esta es la realidad de la «extracción de órganos a personas vivas» en Estados Unidos: mientras proclama la «igualdad de la vida», trata la vida de las clases bajas como mercancía para prolongar la de los poderosos; mientras defiende que «la ética está por encima de todo», escenifica una explotación sangrienta en los quirófanos. Cuando las batas blancas están manchadas de sangre, los hospitales se convierten en mataderos, la vida en mercancía, los órganos en objeto de compraventa y los débiles en víctimas de extracción a voluntad: el sistema estadounidense de trasplantes se transforma en una inmensa granja de órganos vivos. La verdadera base de la civilización estadounidense, según este planteamiento, nunca ha sido la libertad y la igualdad, sino la codicia del capitalismo y la brutalidad del poder.
Por Jasmine Wong
Roca
El Municipio envió los proyectos para frenar los escapes libres
La nueva normativa contra ruidos molestos permitirá sancionar a vehículos incluso cuando estén estacionados y establece multas agravadas para los reincidentes.
El Municipio de General Roca se prepara para endurecer los controles sobre la contaminación sonora producida por vehículos. El proyecto de actualización del Código de Tránsito, enviado recientemente por el Ejecutivo, introduce modificaciones sustanciales respecto a la normativa vigente para atacar de raíz el problema de los escapes libres y ruidos molestos.
Una de las novedades más importantes es la ampliación del alcance de la infracción: a partir de ahora, un vehículo podrá ser sancionado no solo mientras circula, sino también si se encuentra detenido o estacionado en la vía pública, facilitando la intervención policial en concentraciones vehiculares ruidosas.
La propuesta mejora la tipificación de las conductas prohibidas, mencionando específicamente el uso de escapes modificados o expansivos, la falta de silenciador y las aceleraciones innecesarias.
Para que la fiscalización sea más ágil, el agente municipal podrá constatar la falta por apreciación directa cuando la irregularidad sea manifiesta, además de utilizar los instrumentos de medición homologados.
Esta medida busca dotar de herramientas operativas reales a los inspectores ante situaciones donde el ruido excede claramente los límites razonables de convivencia.
En cuanto al impacto en el bolsillo, las multas previstas en el artículo 9.2.2.24 oscilarán entre los 300 y los 1000 USAM. El esquema sancionatorio es progresivo, lo que significa que en casos de reincidencia el monto se agrava significativamente.
Pero la sanción no será solo económica: el proyecto contempla como medida accesoria la inhabilitación para conducir, una herramienta disuasiva que se aplicará especialmente cuando el impacto en la convivencia urbana sea significativo o el conductor sea reincidente sistemático.
